El requisito de hacer la distinción entre personas civiles y combatientes, así como la prohibición de perpetrar ataques contra la población civil o de perpetrar ataques indiscriminados, constituyen el núcleo del derecho humanitario. Además de la prohibición explícita de todos los actos encaminados a aterrorizar a la población civil (art. 51, párr. 2, Protocolo I; y art. 13, párr. 2, Protocolo II), el DIH proscribe los siguientes actos, que pueden asemejarse a ataques terroristas:

• ataques contra la población civil y los bienes de carácter civil (arts. 51, párr. 2, y 52, Protocolo I; 13, Protocolo II);
• ataques indiscriminados (art. 51, párr. 4, Protocolo I)
• ataques contra los lugares de culto (art. 53, Protocolo I; art. 16, Protocolo II);
• ataques contra obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas (art. 56, Protocolo I; art. 15, Protocolo II);
• toma de rehenes (art. 75, Protocolo I; art. 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra; y art. 4, párr. 2b, Protocolo II);
• homicidio de personas que no participan, o que han dejado de participar, en las hostilidades (art. 75, Protocolo I; art. 3 común a los cuatro Convenios; art 4, párr. 2a, Protocolo II).

Además de prohibir los mencionados actos, el derecho humanitario estipula normas para la represión de la violación de estas prohibiciones y prevé mecanismos para la aplicación de estas obligaciones, que están mucho más desarrolladas que cualquier obligación actualmente vigente a tenor de convenios internacionales para la prevención y la sanción del terrorismo.