En 2008, el CICR suministró víveres y utensilios domésticos a más de 73.000 desplazados, es decir un 10% más que en 2007. Este aumento se debe en parte a que el CICR y la Cruz Roja Colombiana han mejorado su capacidad para llegar a las familias desplazadas en el departamento de Nariño, en el sudoeste del país, región afectada por el conflicto. No obstante, también se ha incrementado el número de familias que huye debido a la presencia de nuevos grupos armados en algunas zonas del país, lo cual ha ocasionado nuevos enfrentamientos por el control del territorio.

"Desgraciadamente demasiados civiles siguen siendo el blanco de los portadores de armas en Colombia", dijo Christophe Beney, jefe de la delegación del CICR en ese país. "En 2008, el CICR registró más de 1.600 presuntas violaciones del derecho internacional humanitario, entre ellas 300 ejecuciones sumarias, 205 ataques directos contra civiles, 289 desapariciones y 83 casos de desplazamiento forzado. Estas cifras ponen claramente en evidencia que las partes en el conflicto no velan lo suficiente por que sus combatientes respeten y protejan a los civiles y a las personas que ya no participan en las hostilidades".

Según sus modalidades de trabajo habituales, el CICR comunicó confidencialmente a las partes en el conflicto concernidas su preocupación por estas presuntas violaciones del derecho internacional humanitario, a fin de que se ponga término a tales prácticas y no vuelvan a repetirse.

En 2008, para salvar su vida, miles de familias en las zonas rurales se vieron obligadas a abandonar su casa y todas sus pertenencias, y tratar de rehacer su vida en otro lugar, a menudo en los barrios pobres urbanos. Dos de cada tres personas desplazadas que reciben ayuda del CICR dicen que han recibido amenazas de muerte, y una de cada diez ha sido amenazada de reclutamiento forzoso en un grupo armado.

"Dejé mi campo hace dos años, porque no quería cooperar con el grupo armado que controlaba nuestro pueblo", dijo Abelardo Antonio en el departamento de Putumayo. "Diferentes grupos armados pasan por nuestra aldea; cuando algunos deciden quedarse una noche, nos da mucho miedo, y no sé qué hacer para proteger a mis hermanas", dijo Ignacia María, que vive en una zona afectada por el conflicto en el departamento de Nariño.

"Es preocupante también que el 50% de las personas que reciben ayuda del CICR son niños y adolescentes y que en el 20% de los hogares, el único sostén de la familia es la madre. Las mujeres y los niños son particularmente vulnerables a la explotación y a los abusos sexuales cuando se ven forzados al desplazamiento.

A medida que los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y los grupos armados se han ido desplazando hacia las zonas montañosas y de selva más remotas, así como hacia la costa del Pacífico, las comunidades indígenas y afrodescendientes se han visto duramente afectadas. Muchas de ellas tienen muy pocas posibilidades de salir adelante en las zonas urbanas, donde las minorías étnicas a menudo tienen que hacer frente a la estigmatización. En 2008, el 22% de las familias asistidas por el CICR pertenecían a minorías étnicas.

El CICR despliega actividades en Colombia desde 1969. Su principal objetivo es que todos los grupos armados respeten mejor el derecho internacional humanitario, en particular, para que los civiles puedan estar así mejor protegidos. Actualmente, la Institución cuenta con 377 colaboradores en 14 oficinas en todo el país.