Las fuerzas armadas deben respetar el derecho internacional humanitario (DIH) en todo momento; se supone que estudian ese derecho a lo largo de su formación. El CICR ayuda a los Estados a asumir esa responsabilidad, en particular pone sus expertos a disposición para que los ayuden a elaborar programas de formación en DIH o en derecho de los conflictos armados, como suelen llamarlo.

Además, presta ese apoyo para la formación de los servicios de policía y de otras fuerzas de seguridad que intervienen en situaciones donde la población civil puede estar en peligro. Entre los grupos destinatarios de esas actividades, se cuentan los grupos armados organizados que participan en conflictos armados no internacionales, pues ellos también están vinculados por el DIH.

Las actividades del CICR tienen una finalidad muy práctica: tratar de prevenir las violaciones del derecho, a fin de mejorar la seguridad de los civiles, los heridos, los prisioneros, y de garantizar a las organizaciones humanitarias un acceso más seguro a las víctimas.

El CICR dialoga desde 2004 con las compañías militares y de seguridad privadas. ¿Cuál es la finalidad de ese diálogo?

El CICR desea entablar un diálogo con todas las instituciones y las personas que pueden tener influencia en los conflictos armados y su conducción, sobre todo con los portadores de armas. La tendencia creciente a confiar tareas militares a empresas especializadas ha hecho que un número mayor de colaboradores de esas compañías estén en contacto directo con personas protegidas por el derecho internacional humanitario, en particular con los civiles, y los prisioneros o detenidos. Por consiguiente, el CICR debe seguir manteniendo el diálogo con esas organizaciones.

La finalidad es, principalmente, mejorar la protección y la asistencia que se presta a las personas afectadas por conflictos armados y promover el DIH. Más específicamente, el CICR procura lograr que las compañías militares y de seguridad privadas, así como sus empleados, respeten el DIH, y conozcan y comprendan el cometido, las actividades y las modalidades de trabajo del CICR.

El jefe de una compañía militar y de seguridad privada declaró públicamente que ese tipo de compañías deben respetar los Convenios de Ginebra. ¿Otros directivos también lo han hecho?

Los inicios del diálogo fueron alentadores. Tanto los Estados como las compañías militares y de seguridad privadas estaban abiertos al diálogo con el CICR.

Los Estados que emplean compañías de seguridad privadas de ese tipo comprenden que esa tercerización de las tareas militares y de seguridad no los exime de sus obligaciones dimanantes del DIH. Esas compañías también reconocieron que tienen obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario. En realidad, son muchas las que piden cierta reglamentación de sus actividades por parte del Estado.

¿Cuáles son las principales preocupaciones del CICR con respecto a las actividades de las compañías militares y de seguridad privadas?
Nuestra principal preocupación es que respeten el DIH. También nos preocupa el hecho de que el recurso creciente a los guardias privados puede erosionar la distinción fundamental entre civiles y combatientes, pues a veces no se sabe a cuál de esas dos categorías pertenecen esas personas. En el DIH, esa diferenciación es capital, tanto para la conducción de las operaciones militares, como para la labor humanitaria en el terreno.

Otra cuestión importante es determinar en qué medida las compañías militares y de seguridad privadas cuentan con sistemas de mando y de control, como los que tienen las fuerzas armadas regulares. Y si no los tienen, saber qué influencia ello tiene en la conducta de los agentes privados.

¿Cómo ve el futuro? ¿Los delegados del CICR van a dar cursos al personal de las compañías militares y de seguridad privadas?
Dispensar una enseñanza sobre el contenido y la aplicación del DIH a los empleados de las compañías militares y de seguridad privadas es una responsabilidad que incumbe esencialmente a las compañías mismas y a los Estados que las emplean.

De ninguna manera el CICR debe reemplazar a la compañía o al Estado, pero estamos dispuestos a dialogar sobre la posibilidad de asesorarlos sobre la manera de cumplir esa responsabilidad.