En este artículo, se retoman los debates librados antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la contienda en torno a la moralidad de un ataque contra ciudades. Se intenta examinar la argumentación moral y su contexto histórico, desde el decenio de 1940 hasta la actualidad. La doctrina de los "daños incidentales", según la cual los ataques contra fábricas del enemigo estaban permitidos aunque costaran la vida y los bienes de la población civil, rápidamente sobrepasó los límites de la noción original. Tras la guerra, el lanzamiento de las bombas atómicas se convirtió en un tema de por sí, que debía considerarse sin tener en cuenta el recurso que antes se había hecho a los bombardeos convencionales, aunque éstos hubieran causado las mismas destrucciones. En la cuestión de saber qué fuerza contra la población civil estaba justificada han predominado dos impedimentos: la resistencia de los comentaristas alemanes a que se piense que hacen la apología del Tercer Reich y el hecho de que Estados Unidos se muestre reacio a dar la impresión de que difama a los que libraban la "guerra buena".

En 1868 se adoptó la "Declaración de San Petersburgo", que, en sus consideraciones iniciales, establecía ya con clarividencia el principio rector de la prohibición de los "males superfluos" y de los "sufrimientos inútiles" en los conflictos armados. El alcance de esta declaración, inicialmente destinada a prohibir el uso de determinados proyectiles en tiempo de guerra, ha constituido una de las principales bases sobre las cuales la comunidad internacional ha venido realizando, desde entonces, múltiples intentos destinados a prohibir o limitar el empleo de ciertas armas que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.

Este artículo se basa en una constatación simple: existen muy pocas disposiciones contenidas en convenciones internacionales que versen sobre el jus in bello consagradas en forma exclusiva a los asuntos de la guerra aérea, ningún tratado o convención sobre derecho internacional humanitario se refiere en forma exclusiva a las víctimas de la guerra aérea, aún cuando hay un cierto número de referencias en disposiciones, reglas y principios consignados en otros contextos y que son aplicables en esta materia.