El juez Philippe Kirsch (Canadá) es presidente de la Corte Penal Internacional en La Haya y se desempeña en la Sala de Apelaciones de esa instancia. Es miembro del colegio de abogados de la provincia de Québec y fue nombrado Consejero de la Reina en 1988.

Los mecanismos de la justicia de transición se han ido transformando en uno de los vectores de la mundialización, con el objetivo de estabilizar, pacificar y brindar seguridad a poblaciones enteras.Estos mecanismos pueden desempeñar un papel fundamental en sociedades desgarradas por conflictos sangrientos, pero es necesario que contribuyan con eficacia a la voluntad de los actores locales de tomar el destino en sus propias manos y elaborar salvaguardias políticas e institucionales que prevengan la perpetración de nuevos crímenes en masa.

El objetivo de la presente relación es examinar la variedad de los tribunales penales internacionales e internacionalizados existentes e identificar las diferencias y similitudes que hay entre ellos.

El derecho internacional humanitario es la rama del derecho positivo internacional consuetudinario y convencional cuyos propósitos son limitar los medios y métodos de hacer la guerra y proteger a las víctimas de conflictos armados. Las infracciones graves de sus normas constituyen crímenes de guerra que corresponderá juzgar a los Estados soberanos y de los que los individuos pueden ser hallados directamente responsables. Sin embargo, si un Estado no puede o no quiere juzgarlos, los crímenes pueden ser enjuiciados por tribunales penales internacionales establecidos por tratados o por una decisión vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En esta breve descripción de la situación jurídica y política actual, se refleja el estado del derecho a comienzos del siglo XXI, y no la labor de un solo día o el resultado de una sola empresa. Por el contrario, es el resultado del mayor grado de conciencia que ha tomado la comunidad internacional, ante los horrores de la guerra y el sufrimiento indescriptible que se ha infligido a la humanidad en el transcurso de la historia, de que la violencia debe tener límites establecidos por el derecho y de que los responsables deben ser castigados, a fin de disuadir a quienes podrían verse tentados de sobrepasarlos.

Antes del establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI), la atención de la comunidad internacional se centraba en temas como el significado del establecimiento de la Corte, la importancia de aplicar una justicia penal internacional y la fecha en que el Estatuto de Roma podría entrar en vigor. Una vez instaurada la Corte, la atención fue pasando a cuestiones prácticas, es decir si podría funcionar normalmente y cumplir su misión histórica.

El continente africano ha sido el escenario de muchos de los conflictos de nuestra época, donde se han cometido violaciones del derecho internacional humanitario, pero, a través de la labor del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, el Tribunal Especial para Sierra Leona y la Corte Penal Internacional, los Estados africanos han demostrado su intención de enjuiciar a los responsables de esas graves infracciones. Hacia finales de 2005, el Tribunal Penal Internacional para Rwanda celebró su undécimo aniversario, el Tribunal Especial para Sierra Leona cumplió su cuarto año, y la Corte Penal Internacional tenía ya más de tres años y medio. En el presente artículo, se pasa revista a las actividades de esos órganos y se muestra que la administración de justicia por parte de jurisdicciones internacionales es un proceso largo y complejo, por lo general (en inglés).

Si bien se ha dicho y escrito mucho sobre la creación de los tribunales penales internacionales y su contribución al desarrollo del derecho internacional humanitario, se han efectuado pocos estudios sobre la persecución internacional en sí. En este artículo, el autor pasa revista a las evoluciones recientes en las instituciones de justicia penal internacional, prestando particular atención a los límites que recientemente se han impuesto al poder discrecional de los fiscales internacionales (en inglés).

En este artículo, se analizan los problemas que la República de Croacia, como país en transición, ha debido afrontar en los procedimientos contra crímenes de guerra. Una de las principales características de las guerras que recientemente se han librado en el territorio de ex Yugoslavia es que todas las partes, independientemente de los motivos políticos o de otra índole que las impulsaron a librar un conflicto armado, cometieron crímenes de guerra, aunque en grados diferentes. La falta de voluntad política es la principal razón por la cual los tribunales nacionales, incluidos los de la República de Croacia, no enjuiciaron los crímenes de guerra, de conformidad con los estándares internacionalmente reconocidos. La comunidad internacional respondió estableciendo el Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia (TPIY), cuyos principales objetivos son administrar justicia, hacer justicia a las víctimas y determinar la verdad histórica. Implícitamente, a pesar de las oposiciones a su labor por motivos políticos y de otra naturaleza, el TPIY está ayudando a definir los criterios jurídicos y éticos adecuados para una sociedad democrática, en los países establecidos en el territorio de ex Yugoslavia. Esto es particularmente importante porque todos esos países aspiran a ser miembros de la Unión Europea. La labor del TPIY y los procedimientos ante los tribunales nacionales son un importante catalizador jurídico, político y moral para poder ingresar en la Unión Europea. Esto queda totalmente confirmado por el ejemplo de la República de Croacia (en inglés).

En este artículo, se examina el papel de las organizaciones humanitarias en el contexto de los procedimientos judiciales que se efectúan a nivel mundial, el cual fue modificado por el establecimiento de tribunales penales internacionales. Muestra las luchas y las tensiones que las organizaciones humanitarias afrontan cuando, por un lado, prestan protección y asistencia a las víctimas de conflictos y otras situaciones de violencia y, por otro, contribuyen a la lucha contra la impunidad en casos de violaciones graves del derecho internacional humanitario. La autora propone algunos elementos para un marco operacional que podría contribuir a alcanzar esos ambiciosos objetivos.

Los días 12 y 13 de septiembre de 2005, Suiza inició consultas informales sobre la realización de una conferencia diplomática para tratar la adopción de un Tercer Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra (en inglés).

Crónica semestral de legislación y jurisprudencia nacionales, julio-diciembre de 2005 (en inglés).

Adquisiciones recientes del Centro de Información y Documentación, CICR