Andrew Bearpark es director general de la Asociación Británica de Empresas de Seguridad Privadas, asociación comercial independiente que representa a las principales compañías del sector especializado en seguridad privada y gestión de riesgos en Reino Unido. El objetivo de la asociación es mejorar el nivel de desempeño de sus miembros y de esta nueva actividad en general, y garantizar el cumplimiento de las normas y principios del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

El autor, en su examen de la evolución histórica del papel y del estatuto jurídico de las empresas militares, echa luz sobre el actual resurgimiento de la violencia organizada por particulares bajo la forma de empresas militares privadas, así como sus repercusiones generales en el derecho internacional humanitario.

La amenaza que suponen para los derechos humanos los actores no estatales es motivo de creciente preocupación. El autor pasa revista a las obligaciones internacionales de los beligerantes, los movimientos de liberación nacional y los grupos insurgentes; examina la creciente demanda de que esos grupos armados respeten las normas de derechos humanos y analiza algunas de las opciones que permitirían obligar a las empresas militares privadas a responder por las violaciones de los derechos humanos que cometan. El tema desarrollado en el presente artículo es la exigencia cada vez mayor de que todos los actores no estatales respeten los principios del derecho internacional de los derechos humanos.

En los últimos años, se ha observado un aumento en el número de empresas militares y de seguridad privadas (EMP y ESP) que operan en situaciones de conflicto armado, así como un cambio en la índole de sus actividades que las aproxima cada vez más al centro de las operaciones militares y que, a menudo, las pone en contacto con las personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Se afirma, con frecuencia, que hay un vacío jurídico en lo tocante a sus actividades. Sin embargo, en situaciones de conflicto armado, hay una rama del derecho que reglamenta tanto las actividades del personal de las EMP y las ESP como las responsabilidades de los Estados que las contratan. Además, otros Estados también tienen un papel que desempeñar en el fomento del respeto del derecho internacional humanitario por estas empresas. En este artículo, se examinan algunas de las principales cuestiones jurídicas que plantea la actividad de las EMP y las ESP en situaciones de conflicto armado, como el estatuto del personal de estas empresas y sus responsabilidades en el marco del derecho internacional humanitario, las responsabilidades de los Estados que las contratan, y las responsabilidades de los Estados en cuyo territorio las EMP y las ESP se constituyen o realizan sus actividades (en inglés).

Cada vez más, los Estados contratan empresas militares privadas para actuar en zonas afectadas por conflictos armados. La idea que predomina en la comunidad internacional es que sería conveniente reglamentar la actividad de esas empresas. Teniendo en cuenta la gran confusión que reina en torno del estatuto del personal de las empresas militares privadas en el marco del derecho internacional humanitario, la autora explica las leyes que se aplican a los mercenarios, los combatientes y los civiles y procura determinar si el personal de las empresas militares privadas entra en alguna de esas categorías. La autora demuestra que el concepto del mercenario no sirve para reglamentar estas compañías, y que es poco probable que pueda atribuirse el estatuto de combatiente a muchos de sus empleados. Además, examina las posibles consecuencias de otorgar a esos empleados el estatuto de civiles conforme al derecho internacional humanitario, y las repercusiones que esa medida tendría en la posibilidad de reglamentar a las empresas con eficacia.

En las guerras actuales, el papel de las empresas privadas es cada vez más importante. Tradicionalmente, el análisis del derecho aplicable a los actores privados en los conflictos armados se inicia con una investigación del derecho que se aplica a los mercenarios. El crecimiento de la actividad militar privada invita, como tal, a reconsiderar el enfoque convencional aplicado a los mercenarios en el marco del derecho internacional. En este artículo se hace una evaluación crítica del derecho convencional que se aplica a los mercenarios, así como un examen de la medida en que pueden aplicarse a los actores privados las definiciones jurídicas de la figura del "mercenario". La autora demuestra que el derecho internacional humanitario protege incluso a los mercenarios.

En este artículo, el autor echa un vistazo crítico a los riesgos teóricos que representa la actividad de las empresas militares y de seguridad privadas con respecto a las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, junto con los factores que las incentivan a respetar esas normas.

La utilización de las empresas militares y de seguridad privadas y las actividades que éstas desarrollan, especialmente en zonas de conflicto, plantean cuestiones clave: la responsabilidad por sus actos y la forma de controlarlas. Sin embargo, este tema todavía se aborda raramente en las legislaciones nacionales. En primer lugar, como contratantes de esas empresas, los Estados tienen un papel que desempeñar. La adopción de normas y procedimientos de selección, contratación y supervisión cuidadosamente elaborados podría ayudar a promover el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de las empresas y los miembros de su personal. En segundo lugar, los Estados que utilizan esas empresas dentro y fuera de sus fronteras podrían contemplar la adopción de reglamentos destinados a fortalecer el control y promover la responsabilización. En vista de este fenómeno, por lo general, escasamente reglamentado, el autor analiza diversas opciones de la contratación y la reglamentación de estas empresas.

El hecho de que, en la gran mayoría de los casos, las violaciones del derecho internacional humanitario sean enjuiciadas por tribunales penales no significa que esas violaciones no imputan también la responsabilidad civil. En este artículo, el autor analiza el concepto de la responsabilidad civil de las empresas que cometen violaciones del derecho internacional humanitario, y ofrece un panorama de las diferentes cuestiones jurídicas suscitadas por este concepto y por su aplicación tanto en los sistemas basados en el derecho continental europeo como en el "common law".