El examen de la eficacia de las sanciones como medio para fomentar un mayor respeto del derecho humanitario tiene distintas facetas: en primer lugar, el fortalecimiento del respeto de la ley; en segundo lugar, la sanción en sí, y en tercer lugar, las características de los perpetradores. La situación de los grupos armados se analiza por separado. La autora también examina la justicia transicional como mecanismo complementario, analiza el problema de cómo atender a las víctimas y, por último, formula propuestas para ayudar a las partes a establecer un sistema de sanciones capaz de ejercer una influencia duradera en el comportamiento de los portadores de armas y lograr un mayor respeto del derecho internacional humanitario. (en inglés)

El general (retirado) Jean-René Bachelet pronunció este discurso de apertura en la Reunión Interregional sobre el papel de las sanciones en el fortalecimiento del respeto del derecho internacional humanitario, celebrada en Ginebra entre el 15 y el 17 de noviembre de 2007.

Durante más de treinta años, la principal tarea de la Comisión de Derecho Internacional fue codificar la responsabilidad del Estado. Inicialmente, la CDI atribuía mayor importancia a la reparación económica que a las sanciones penales. Sin embargo, en el decenio de 1990, la responsabilidad individual por violaciones graves del derecho humanitario se transformó en uno de los temas centrales del derecho internacional. Este nuevo enfoque pone de manifiesto las discrepancias entre las prácticas nacionales y la jurisprudencia internacional en lo que respecta a la índole y la magnitud de las sanciones, el papel de las víctimas y la responsabilidad de las entidades no estatales, incluidas las empresas privadas y las organizaciones internacionales. (en inglés)

En este artículo, el respeto del derecho internacional humanitario por los combatientes se examina desde el punto de vista psicosocial. Según esta perspectiva, las identidades sociales derivadas de la pertenencia a determinados grupos sociales establecen normas y valores que las personas utilizan para interpretar los acontecimientos, formar sus opiniones y decidir su conducta. Los autores postulan que las identidades colectivas son particularmente dominantes en situaciones de conflicto, y que influyen poderosamente en las decisiones de los combatientes a la hora de respetar o infringir el derecho internacional humanitario. (en inglés)

En este artículo, se examina la forma de prevenir la violencia masiva y las sanciones que se aplican una vez cometidos los hechos. Pero, en lugar de adoptar un enfoque clásico, centrado en los actores estatales como soldados, oficiales o dirigentes políticos, que actúan dentro de una cadena de mando legítima, el autor examina el comportamiento de los actores no estatales, basando sus reflexiones en los casos de cuatro ex milicianos serbios que tomaron parte en hechos de violencia masiva en ex Yugoslavia.

En este artículo, el autor plantea dos cuestiones fundamentales. La primera se relaciona con la idea actualmente vigente de que el castigo, concebido como la pérdida de libertad, tiene efectos positivos en la prevención del comportamiento ilícito. Es posible demostrar que, en los hechos, el efecto preventivo de las sanciones es limitado y que, en lo que respecta a la prevención global, es posible que las sanciones tengan un efecto disuasivo cuando el comportamiento ilícito es resultado de una decisión racional basada en un análisis de costo/beneficio. Sin embargo, hay una amplia gama de factores, desde el apoyo grupal hasta factores situacionales y sistémicos, que pueden contrarrestar el efecto amenazador de la sanción. La segunda cuestión tiene que ver con la posibilidad de aplicar formas de lucha contra el crimen que no sean estigmatizadoras. Unos pocos ejemplos tomados del ámbito de la antropología jurídica parecen indicar que existen alternativas viables. Pero la transferencia de un proceso de resolución de problemas no occidental y autóctono a contextos culturales distintos es problemática y debe realizarse con extrema precaución. (en inglés)

El derecho internacional humanitario (DIH) impone a los superiores el deber de velar por que sus subordinados respeten las normas de ese ordenamiento jurídico. En este artículo, el autor examina, desde la perspectiva práctica y jurídica, algunas de las cuestiones planteadas por la aplicación y la evolución de esta forma de responsabilidad.

Los efectos de las sanciones disciplinarias militares en el respeto del derecho internacional humanitario dependen de la medida en que los principios de esa rama del derecho hayan sido integrados en las normas disciplinarias de las fuerzas armadas, así como del grado de responsabilidad en que incurre el comandante que da una orden que infringe el derecho internacional humanitario o que no impone el respeto del DIH. Mientras que las fuerzas armadas responden a un firme principio de obediencia, el respeto del derecho internacional humanitario depende fundamentalmente del oficial superior, cuya responsabilidad puede acarrearle sanciones impuestas por tribunales penales internacionales, en el marco de un sistema judicial que pretende hacer de las sanciones un medio eficaz para fomentar el respeto del derecho internacional humanitario. (en inglés)

A pesar de la difundida opinión de que el castigo de las personas que infringen el derecho internacional humanitario es un instrumento importante para mejorar el cumplimiento de la ley, la obligación de los grupos armados de imponer sanciones y sus posibilidades de hacerlo han merecido poca o ninguna atención. En el presente artículo, se examinan las características de los grupos armados que influyen en su voluntad y capacidad de aplicar el derecho internacional humanitario y castigar a los miembros que lo infringen. Las autoras adoptan un enfoque global de las sanciones y analizan distintos métodos para sancionar a los miembros de grupos armados, incluidas las sanciones disciplinarias, las sanciones penales impuestas por el Estado y las sanciones penales aplicadas por el propio grupo. (en inglés)

Los crímenes de guerra se cuentan entre los crímenes más graves; por esta razón, las cortes y los tribunales internacionales tienen competencia para juzgarlos y castigarlos. Sin embargo, por más graves que sean, no es lícito aplicar a los autores de esos crímenes castigos que excedan los límites que impone el respeto de los derechos humanos. El autor considera que, cuando se enjuicia y condena a los perpetradores de crímenes de guerra, es preciso atenerse a los principios inherentes al estado de derecho, como los que aplica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (la legalidad y la proporcionalidad, entre otros). (en inglés)

En este artículo, se examinan las dificultades que surgen a la hora de hacer efectivas las sanciones por infracciones del derecho internacional humanitario. La aplicación de las sanciones suele analizarse exclusivamente a través del prisma del derecho internacional, sin prestar suficiente atención a la complejidad y la diversidad de los ordenamientos jurídicos internos. El autor analiza la influencia de la repartición de competencias dentro del Estado con respecto a la aplicación de sanciones; la amplia interpretación de las propias facultades por parte de los organismos regionales o internacionales y la creación de órganos nuevos o específicos encargados de procesar, y si procede, sancionar las violaciones graves del derecho humanitario.

Presentando como ejemplo el caso de la Comisión de Equidad y Reconciliación de Marruecos, el autor postula que la justicia transicional es, por definición, el ámbito en el que se cruzan la ética y las razones de Estado, el deseo de justicia y el equilibrio de poder. Allí precisamente residen tanto la fuerza como la ambigüedad que caracterizan a la justicia de transición. El enfoque adoptado en el caso de Marruecos, que no incluyó sanciones, limitó la eficacia de la Comisión, puesto que no estableció la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas ni creó un ambiente más favorable a la reforma democrática. (en inglés)

La justicia transicional se propone a la vez restablecer la dignidad de las víctimas, construir una situación de confianza entre beligerantes y alentar los cambios institucionales necesarios para crear una nueva relación dentro de la sociedad, todo ello con el objeto de instaurar el estado de derecho sin recurrir a prácticas que equivalen a la impunidad total o parcial. Sin embargo, en las situaciones posteriores a los conflictos, los gobiernos también afrontan otras necesidades urgentes. En este artículo, se analiza la relación entre esas necesidades y los mecanismos de la justicia de transición, y se realiza una evaluación crítica de la influencia que esas necesidades ejercen sobre las formas que adopta la justicia en las situaciones posteriores a los conflictos. (en inglés)

La participación de las víctimas en los procesos penales es un fenómeno relativamente novedoso. Si bien existe, hasta cierto punto, la tradición de la participación de la víctima como "parte civil" en los procesos penales de algunas jurisdicciones nacionales, en los juicios penales internacionales esa intervención constituye una novedad. Los redactores del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) optaron por establecer un mecanismo de participación de las víctimas en términos más bien generales. Aunque el Estatuto se considera un instrumento importante y eficaz, que permite oír la voz de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario, hay aspectos sustantivos y detalles del procedimiento que distan de haberse resuelto. En este artículo, se analizan algunos de los aspectos más significativos, en particular si la participación de la víctima puede influir, y cómo, en la sentencia y la sanción. (en inglés)

La creciente atención que se presta a las "víctimas" en el marco de los procesos penales no parece alcanzar para satisfacer sus necesidades, ni en los sistemas de justicia penal nacionales ni en el régimen internacional. En este último, las dificultades que afrontan las víctimas se ven agravadas por factores específicos derivados del enjuiciamiento y el castigo de crímenes masivos a nivel internacional. Desde esta perspectiva, los autores señalan que la finalidad principal del derecho penal es condenar o absolver al acusado, y sugieren que tal vez sería conveniente dejar a otras entidades la tarea de atender a las víctimas.

En este informe, se presenta un análisis de las penas aplicables a los crímenes internacionales (crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio) que abarca 64 países. La muestra es satisfactoria en términos de distribución geográfica y comprende tanto países con sistemas de justicia basados en la tradición romano-germánica como países que utilizan el sistema jurídico del "common law".

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