Las minas antipersonal y otros restos explosivos de guerra siguen representando una amenaza y causando muertes y discapacidades  mucho tiempo después de terminadas las hostilidades. Además, impiden la reconstrucción y el desarrollo económico una vez terminados los conflictos. Las minas antipersonal causan heridas horrendas, como la pérdida de los miembros, y sus víctimas suelen ser civiles. Los sobrevivientes quedan discapacitados de por vida y necesitan asistencia a largo plazo.

Los Gobiernos han respondido a la crisis humanitaria causada por las minas antipersonal y los restos explosivos de guerra a través de la prohibición de esas armas consagrada en la Convención de 1997 sobre la prohibición de las minas antipersonal y de la adopción del Protocolo de 2003 donde se establecen  responsabilidades respecto de la remoción de los restos de guerra después de las hostilidades. Junto con el Protocolo de 1996, donde se incluyen restricciones al empleo de las minas antivehículo, estos tratados constituyen el marco jurídico internacional para evitar el sufrimiento humano causado por las minas antipersonal y los restos explosivos de guerra.

Las personas afectadas por este tipo de armas necesitan asistencia médica de por vida y ayuda para su rehabilitación y reinserción económica. Por otro lado, se necesita adoptar medidas para evitar nuevas víctimas. Para ello, el CICR presta asistencia para la atención de emergencias, la atención hospitalaria y la rehabilitación física en países afectados por minas. En cooperación con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, el CICR apoya la adopción de medidas preventivas para proteger a las personas de los efectos de las minas antipersonal y las municiones sin estallar, incluidas medidas para facilitarles el acceso, en condiciones de seguridad, a los alimentos, el agua potable y otros servicios de primera necesidad.

Véase también: