El 17 de diciembre de 1996, un comando del MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru) tomó por asalto la residencia del embajador de Japón en Lima (Perú), durante un coctel ofrecido por el embajador a unos 600 invitados con ocasión del cumpleaños del Emperador del Japón. El jefe de la delegación del CICR se encontraba entre los invitados.

La toma de rehenes se prolongó por más de 4 meses y no terminó hasta el 22 de abril de 1997, cuando las fuerzas gubernamentales liberaron a los rehenes tomando por asalto la residencia.

Preocupado por la situación de los rehenes, el CICR ofreció inmediatamente sus servicios para actuar como intermediario neutral entre el gobierno peruano y los asaltantes, en el marco de su derecho de iniciativa humanitaria ratificado por los Estados y tal como figura en los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Esta oferta de servicios fue aceptada por el gobierno peruano y el comando del MRTA.

En las horas que siguieron a la ocupación de la residencia por el comando del MRTA, el 17 de diciembre de 1996, el CICR solicitó y facilitó la liberación de las mujeres, los ancianos, los enfermos y el personal del embajador del Japón. El 26 de enero, se habían liberado 549 rehenes bajo los auspicios del CICR. El comando mantuvo como rehenes a 72 personas hasta el día de su liberación, el 22 de abril de 1997.

Las actividades del CICR en favor de los rehenes

A lo largo de toda la crisis de los rehenes, el CICR procuró aportar asistencia y protección a los rehenes detenidos por el comando del MRTA. Se unió a un pequeño equipo de la Cruz Roja Japonesa (en cuyo interior había un médico) que, bajo su responsabilidad, se encargaba más particularmente de los rehenes japoneses y de sus familias, así como de las relaciones con los medios de comunicación japoneses.

Con la autorización del gobierno del Perú y del comando del MRTA, el CICR se encargó cotidianamente de:

• restablecer el contacto familiar entre los rehenes y sus allegados, a través de mensajes cruz roja (se intercambiaron 9.000 mensajes);
• alimentar a los rehenes (dos comidas cocinadas diarias, alimentos secos para el desayuno y los refrigerios, bebidas varias, agua caliente en termos para que los rehenes pudieran hacer té, café y sopas);
• velar por la salud de los rehenes: desde finales del mes de enero de 1997, se contó además con la participación de médicos peruanos y peruano-japoneses autorizados por el Gobierno del Perú y el MRTA para atender a los rehenes y a sus retenedores. El CICR solicitó, por razones médicas, la liberación de algunos rehenes y, en efecto, el comando del MRTA liberó a 12 de ellos, bajo los auspicios del CICR;
• proporcionar a los rehenes productos de higiene y la ropa de cama necesaria;
• abastecer a los rehenes en agua (la electricidad había sido cortada el 19 de diciembre de 1996, y la residencia del embajador había quedado privada de agua desde entonces);
• suministrar a los rehenes material y productos de limpieza y fumigar para su desinfección los locales de la residencia del embajador;
• garantizar la evacuación de los desechos;
• proporcionar un apoyo moral a los rehenes;
• suministrar a los rehenes juegos y libros.

La asistencia del CICR en favor de los rehenes

El CICR obtuvo sistemáticamente la autorización del Gobierno peruano antes de proceder a la distribución regular de cada categoría de bienes destinados a los rehenes (alimentos, libros, agua, mensajes cruz roja, ...).

Las partidas de asistencia que el CICR conseguía para los rehenes se preparaban en los locales de la delegación del CICR antes de ser encaminadas -por el CICR mismo- cerca de la residencia del embajador del Japón. Allí, toda asistencia traída por el CICR era sometida al control de los representantes del Gobierno del Perú (la Policía Nacional del Perú), apostados al exterior de la residencia. Esta asistencia era transportada posteriormente por los delegados del CICR al interior de la residencia, en donde se entregaba directamente a los miembros del comando del MRTA encargados de controlarla antes de distribuirla a los rehenes.

El CICR se encargaba, asimismo, de recibir de las familias de los rehenes o de terceras personas objetos personales (por ejemplo, ropa) o donaciones para los rehenes. Estos bienes le eran entregados en los locales de su delegación en Lima, donde miembros del CICR los controlaban antes de someterlos al control de la Policía Nacional del Perú, y posteriormente del comando del MRTA.

Entre dos y tres veces diarias, el CICR entregaba asistencia a los rehenes.

Los miembros del CICR no eran los únicos que tenían acceso a los rehenes y a sus retenedores. Los miembros de la Comisión de Garantes (véase más abajo), así como médicos peruanos y peruano-japoneses visitaban regularmente a los rehenes, llevando a veces también objetos personales para éstos. En dos ocasiones, ingresaron periodistas a la residencia en donde entrevistaron y filmaron a algunos de los rehenes y de los tomadores de rehenes.

Papel de intermediario neutral y participación en la Comisión de Garantes

Durante las primeras semanas de la toma de rehenes, el CICR desempeñó asimismo el papel de intermediario entre el Gobierno peruano y el comando del MRTA, lo cual les permitió intercambiarse mensajes.

Desde mediados de enero de 1997, el CICR aceptó participar en una comisión de observadores de las negociaciones entre el Gobierno del Perú y el comando del MRTA, denominada "Comisión de Garantes"; su mandato era contribuir a la búsqueda de una solución negociada para la crisis. Fuera del CICR, la Comisión de Garantes estaba compuesta por un representante de la Iglesia católica, un representante del Gobierno japonés y un representante del Gobierno canadiense. El papel del CICR al interior de esta comisión estaba exclusivamente limitado a las cuestiones humanitarias (asistencia y protección de los rehenes, así como su salud física y moral), y a la organización de los aspectos logísticos que permitieran las reuniones entre las partes (puesta a disposición de un local bajo la protección del emblema de la cruz roja, transporte de los representantes del MRTA hacia un local en un vehículo señalado con el emblema de la cruz roja).

La Comisión de Garantes desempeñó su papel de observador durante las 10 reuniones que, entre el 11 de febrero y el 12 de marzo, celebraron los representantes del Gobierno del Perú y los del comando del MRTA. A partir de esta fecha, la Comisión de Garantes comenzó a desempeñar un papel de mediador, reuniéndose por separado con las partes, y el CICR, prácticamente, cesó de participar en sus trabajos; su presencia sólo fue solicitada por las partes en otras dos ocasiones, cuando se discutían cuestiones humanitarias.

La resolución de la crisis de los rehenes y las acusaciones contra el CICR

Poco antes de la liberación de los rehenes, el Gobierno peruano notificó al CICR que consideraba al jefe adjunto de la delegación del CICR en el Perú persona non grata, invocando una pérdida de confianza hacia este colaborador del CICR. De conformidad con la costumbre, el delegado fue retirado del Perú; no obstante, el CICR hizo saber que, a falta de elementos precisos, consideraba que, en modo alguno, su delegado se había salido del marco de la misión que se le había confiado.

El 22 de abril de 1997, un comando de las fuerzas armadas peruanas lanzó un asalto contra los tomadores de rehenes y liberó a las personas retenidas por estos últimos en la residencia del embajador japonés. Durante esta operación militar encontraron la muerte un rehén (de los 72 que estaban aún retenidos), dos miembros de las fuerzas armadas y todos los miembros (14) del comando del MRTA.

Poco después, el Presidente de la República del Perú informó a los medios de comunicación que el asalto militar contra el comando del MRTA había sido preparado gracias a la introducción en la residencia del embajador del Japón de material de espionaje; este material había sido camuflado en la ropa y en los libros destinados a los rehenes. Precisó que ninguno de los garantes, de los médicos ni de los miembros del CICR se había ofrecido voluntariamente para introducir este material de espionaje.

Ante las acusaciones que, durante toda la crisis, le hicieron algunos medios de comunicación, el CICR recordó que había actuado de buena fe y con total transparencia, sometiendo sistemáticamente la asistencia destinada a los rehenes al control de la Policía Nacional del Perú y a la del comando del MRTA.

El CICR considera que durante toda la toma de rehenes, cumplió con el papel que le incumbía a una institución humanitaria, neutral, imparcial e independiente, trabajando para aliviar el sufrimiento y la angustia de los rehenes y de sus familias, e intentando resolver los problemas humanitarios a los que estaban confrontadas estas víctimas.