Objetivo final 1.2. Creación de una barrera eficaz contra la impunidad, mediante la combinación de los tratados internacionales y la legislación nacional en materia de represión de las violaciones del derecho internacional humanitario y establecimiento de un sistema equitativo de reparaciones
8. Sobre la base del principio de jurisdicción universal, los Estados tienen la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido o haber dado orden de cometer infracciones graves (por ejemplo, crímenes de guerra), y deben hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad (artículos 49/50/129 y 146 de los cuatro Convenios de Ginebra, respectivamente; artículo 85 Protocolo I). Los Estados podrán también entregar a estas personas a otro Estado para que sean juzgadas (aut dedere aut punire). En todas las circunstancias, los acusados “se beneficiarán de garantías de procedimientos y de defensa apropiadas.” Con respecto de otras violaciones de los Convenios de Ginebra y los Protocolos adicionales, cada Alta Parte Contratante tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para garantizar la represión de éstas. De acuerdo con el artículo 14 del Protocolo enmendado sobre minas de 1996, los Estados deben tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas y de otra índole, para prevenir y reprimir las violaciones cometidas por personas o en territorios sujetos a su jurisdicción o control. Estas medidas incluyen la imposición de sanciones penales a las personas que causen deliberadamente la muerte o lesiones graves a civiles, y la comparecencia de esas personas ante la justicia. En virtud del artículo 9 de la Convención de Ottawa de 1997 sobre la prohibición de minas antipersonal, los Estados están obligados a tomar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que procedan, incluyendo la imposición de sanciones penales, para prevenir y reprimir cualquier actividad prohibida por este tratado que haya sido cometida por personas o en territorio bajo su jurisdicción o control.
La creación de los dos tribunales ad hoc para ex Yugoslavia y Ruanda fue un primer paso importante para poner coto a la impunidad de los criminales de guerra. De acuerdo con los respectivos Estatutos, los Estados tienen el deber de acatar las solicitudes de arresto y entrega o de traslado de los acusados a los tribunales internacionales. Dado que hay Estados que pocas veces aplican el sistema de represión penal en el plano nacional, la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, siguiendo recomendaciones de la Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra y del Grupo Intergubernamental de Expertos para la Protección de las Víctimas de la Guerra, en su resolución 2, insta a los Estados a:

9. La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja reafirma en la resolución 2, la norma derivada del artículo 91 del Protocolo I, de que toda Parte en conflicto armado que viole el derecho internacional humanitario, estará obligada a indemnizar si hubiere lugar a ello. Los artículos 51, 52, 131 y 148 de los cuatro Convenios de Ginebra, respectivamente en virtud de los cuales ningún Estado Parte puede exonerarse, ni exonerar a otro Estado Parte, de las responsabilidades en que haya incurrido él mismo u otro Estado Parte a causa de las infracciones previstas en los Convenios, contienen el mismo principio. La obligación se aplica a todas las Partes en conflicto. De este modo, no se hace distinción entre el vencedor y el vencido, ni entre la Parte que se supone haya recurrido a la fuerza ilegalmente y la Parte que se supone haya ejercido su derecho de legítima defensa.
La indemnización solamente hará lugar si resulta imposible restituir en especie o restablecer la situación existente antes de la violación. Tal reparación es, usualmente, una suma de dinero que tiene que corresponder sea al valor del objeto cuya restitución es imposible sea a la indemnización proporcional a la pérdida sufrida. Si la indemnización se valora en términos de bienes materiales, nunca ésta consistirá en bienes culturales (Protocolo de La Haya del 14 de mayo de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, Sección I, párrafo 3).
Estas normas conforman el marco jurídico de las reparaciones previstas en el derecho de los conflictos armados. Sin embargo, no existen principios o directrices generalmente aceptados sobre los mecanismos o procedimientos apropiados para el ejercicio de los derechos por parte de las víctimas (por ejemplo, situación de las víctimas, competencia de los tribunales, etc.). Desde principios de la década de 1990, expertos independientes recibieron el mandato de la Comisión de Derechos Humanos de redactar tales principios y directrices. A finales de 1999 será presentado el informe final con vistas a ser aprobado por la Asamblea General de la ONU. Son necesarias extensas consultas entre Gobiernos interesados, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales para lograr directrices con aceptación universal que reflejen las variadas culturas y tradiciones jurídicas del mundo. En años recientes se han realizado considerables esfuerzos. Ahora es el momento de lograr resultados que sean aplicables y que respeten el derecho internacional humanitario en vigor.
En lo relativo a la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) en materia de reparaciones, el artículo 75 del Estatuto estipula que la Corte establecerá principios aplicables a la reparación y, sobre esta base, pueda determinar el alcance y la magnitud de los daños, pérdidas o perjuicios causados a las víctimas o a sus causahabientes. La CPI podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en la que indique reparación adecuada, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación. No obstante, hay que destacar que nada de lo dispuesto en este artículo puede interpretarse en perjuicio de los derechos de las víctimas con arreglo al derecho interno o al derecho internacional (artículo 75 (6) de los Estatutos de la CPI).

Objetivo final 1.3. Aceptación universal del derecho internacional humanitario y adopción por los Estados de todas las medidas necesarias en el plano nacional para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones convencionales

11. Asimismo, es necesario hacer énfasis en la amplia difusión y plena aplicación de éstas a nivel nacional. La aplicación es el mayor reto que enfrenta hoy día el derecho internacional. El problema de llevar a acciones las obligaciones jurídicas de los Estados, es común a todas las áreas del derecho internacional. Hay, no obstante, un contraste particularmente marcado entre las normas altamente desarrolladas del derecho humanitario, muchas de las cuales gozan de aceptación universal, y las reiteradas violaciones de estas normas en los conflictos en todo el mundo.
Si bien se han creado una serie de mecanismos internacionales para promover el cumplimiento del derecho internacional humanitario, los Estados, por sí mismos, tienen la responsabilidad principal de aplicarlos. Según los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales, los Estados tienen claras obligaciones de garantizar la aplicación y el respeto del derecho humanitario, así como de adoptar una serie de medidas legislativas y administrativas a nivel nacional a este fin.
La promoción de las medidas nacionales de aplicación ha sido una preocupación durante mucho tiempo del CICR y del Movimiento en su conjunto. Ha sido incluida en los órdenes del día de numerosas conferencias internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La Asamblea General de las Naciones Unidas examina cada dos años el estado de cumplimiento de los Protocolos adicionales, y también ha ampliado el alcance de ciertas resoluciones para incluir estatutos de otros instrumentos del derecho humanitario y las medidas de aplicación nacional y de promoción en general.
La aplicación del derecho internacional humanitario supone una serie de medidas. Primero, los tratados del derecho humanitario tienen que incluirse en el derecho interno o nacional. Segundo, los Estados tienen que garantizar que sus leyes impongan sanciones en caso de:

12. En 1995, el CICR creó una unidad especial, el Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario, a fin de asesorar a los Gobiernos en cuanto a la ratificación de los tratados de derecho humanitario y a las medidas nacionales necesarias para cumplir plenamente sus obligaciones en virtud del derecho humanitario. Se creó el Servicio tras la recomendación del Grupo Intergubernamental de Expertos para la Protección de las Víctimas de la Guerra (Ginebra, enero de 1995) - posteriormente aprobada por la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Ginebra, diciembre de 1995)– de que el CICR reforzara su capacidad de asesorar y asistir a los Estados en los esfuerzos de éstos por aplicar y difundir el derecho humanitario.
El Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario del CICR tiene como objetivo asistir a los Estados en sus esfuerzos por aplicar el derecho a nivel nacional. En muchos Estados, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja también poseen la capacidad de prestar asistencia y asesoramiento. El Servicio trabaja siempre en estrecha cooperación con la Sociedad Nacional del país en cuestión.
Las tres prioridades principales del Servicio de Asesoramiento han sido promover la ratificación de los tratados de derecho humanitario, promover la aplicación nacional de las obligaciones dimanantes de estos tratados y recopilar información sobre las medidas de aplicación nacional, así como facilitar su intercambio.
Desde su creación, el Servicio ha establecido relaciones con representantes de más de 100 países de todo el mundo. Se han organizado seminarios nacionales y zonales sobre la aplicación del derecho humanitario en más de 50 países, y más de 70 Gobiernos han recibido asesoramiento acerca de la legislación y de aspectos relacionados con ésta. Se han convocado reuniones de expertos sobre comisiones nacionales para la aplicación del derecho humanitario (Ginebra, 1996), sobre medidas nacionales para reprimir las violaciones del derecho humanitario en los sistemas jurídicos civiles (Ginebra, 1997) y sobre el fortalecimiento del derecho humanitario en los países que se rigen por el derecho anglosajón (Ginebra, 1998). A la luz de los debates sostenidos durante estas reuniones, el Servicio de Asesoramiento trazó principios rectores que sirven de orientación práctica a los legisladores en diferentes asuntos.
Se está realizando una compilación de leyes y documentos relativos a los pasos emprendidos por los Estados con vistas a aplicar el derecho humanitario a nivel nacional. Para facilitar el intercambio de información, se utilizan sistemas tradicionales y electrónicos de registro. Se ha creado un catálogo electrónico de todos los documentos, los cuales se han clasificado por tema y por país, y pueden ser consultados por cualquier parte interesada. Además, se encuentra en elaboración una base de datos sobre las medidas nacionales con miras a la aplicación del derecho humanitario. Con esta base de datos, la cual constituye una extensión de la base de datos general sobre derecho humanitario, es posible comparar las medidas nacionales adoptadas por los Estados, y las disposiciones pertinentes del derecho humanitario. El CICR tiene la intención de posibilitar el acceso a nivel mundial a todos estos datos a través de una tecnología moderna de información. No obstante, es preciso realizar vastos trabajos para recabar, analizar y actualizar la información. En julio de 1999, el CICR ha puesto a disposición un nuevo CD-ROM sobre derecho internacional humanitario, el cual, por primera vez, incluye medidas nacionales de aplicación de unos 20 países. Esta información también se puede obtener a través del sitio del CICR en Internet (www.icrc.org).

13. En un esfuerzo por salvaguardar las garantías concedidas a las víctimas de conflictos armados, el artículo 90 del Protocolo adicional I de los Convenios de Ginebra de 1949, estipula la creación de una Comisión Internacional de Encuesta. La Comisión declaró que está dispuesta a investigar las violaciones del derecho humanitario que tienen lugar en los conflictos armados no internacionales, siempre que todas las Partes involucradas consientan su investigación. No obstante, a pesar del gran potencial de la Comisión y de la calidad de sus miembros, a ésta no se le ha solicitado que ejerza sus responsabilidades desde su creación en 1991. Hasta el 15 de julio de 1999, solamente 55 Estados Partes en el Protocolo adicional I habían reconocido su competencia. Los Estados deben reexaminar la posibilidad de aceptar la competencia de la Comisión, y las Partes en conflicto armado deben examinar sistemáticamente la utilidad y la viabilidad de recurrir a la Comisión para esclarecer hechos o facilitar el respeto del derecho internacional humanitario mediante sus buenos oficios, incluso en las situaciones de conflictos armados no internacionales.

Objetivo final 1.4. Integración, por todos los Estados, del derecho internacional humanitario en los procedimientos y en la formación de las fuerzas armadas y de seguridad y promoción de este derecho entre las organizaciones pertinentes, órganos profesionales e instituciones de enseñanza

15. La experiencia demuestra que tras el desencadenamiento de un conflicto armado, es generalmente demasiado tarde para enseñar a las fuerzas armadas y de seguridad a respetar el derecho humanitario. Las prioridades operativas monopolizan la atención de éstas, y para modificar los procedimientos, reglamentos y el comportamiento se requiere tiempo y atención.
No obstante, el conocimiento y el respeto del derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas armadas y de seguridad no bastan si la sociedad en general y las principales entidades que toman decisiones tampoco se sensibilizan con este tema y si no existe el compromiso político y un medio que propicie el respeto el derecho humanitario.
Los conflictos actuales revelan una serie de tendencias que plantean nuevos retos en cuanto a la conducción de las hostilidades, al respeto del derecho humanitario y a la acción humanitaria. Por ejemplo:

16. Más que nunca, la promoción del derecho humanitario consistirá en realizar análisis precisos y en observar cuidadosamente las tendencias para reorientar las estrategias y métodos. Otra tendencia principal es el examen crítico de los resultados obtenidos a través de la identificación de las mejores prácticas y la definición de normas profesionales.
Es importante garantizar que los grupos destinatarios incluyan a los actores clave de todos los conflictos actuales: potencias zonales y todos los países involucrados en conflictos, fuerzas armadas participantes en operaciones de mantenimiento o de restablecimiento de la paz, etc. Adicionalmente, los actores irregulares y privados serán objeto de atención particular, debido al aumento que han experimentado y a su participación, frecuentemente polémica, en los conflictos actuales.
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja también reforzará su compromiso de promover la enseñanza del derecho humanitario y sus principios en escuelas, universidades y otras estructuras educativas pertinentes, tales como organizaciones juveniles.
A medida que esta tarea se haga más compleja, el Movimiento en el futuro buscará más alianzas con otras instituciones especializadas, con vistas a multiplicar su repercusión y a adquirir habilidades especializadas.
Los Estados deben contribuir a este enfoque elevando su compromiso de promover el derecho humanitario, y facilitando y apoyando el trabajo de sus Sociedades Nacionales y del CICR en este campo.
El Movimiento está convencido de que los Estados deben activamente:

Objetivo Final 1.5. Término de la tragedia humana causada por las minas terrestres y establecimiento de un control eficaz de la disponibilidad de armas y municiones

18. Los Estados tienen la obligación de analizar la licitud de las armas que pretenden utilizar. Este principio, que se refiere a armas nuevas, está contenido en el artículo 36 del Protocolo adicional I de los Convenios de Ginebra de 1949. Una razón por la que un arma puede ser considerada ilegal, es que cause “males superfluos o sufrimientos innecesarios”. El Proyecto SIrUS es un intento de dar objetividad al concepto jurídico de “males superfluos y sufrimientos innecesarios”, y pretende, de esta forma, facilitar el análisis acerca de la licitud de las armas. El proyecto toma su nombre de lo que tiene como objetivo prevenir: males superfluos o sufrimientos innecesarios (en inglés: Superfluous Injury or Unnecessary Suffering=SIrUS).
Desde 1868, el principio de que el único propósito legítimo de la guerra es el de debilitar las fuerzas militares de un oponente, ha sido un elemento aceptado del derecho internacional humanitario [1]. En esa época se acordó que este propósito se cumpliría al poner fuera de combate a combatientes enemigos y que sería sobrepasado por el empleo de armas que agravarían inútilmente los sufrimientos de los hombres puestos fuera de combate, o bien harían su muerte inevitable [2]. Este principio ha sido reafirmado en varios instrumentos internacionales en forma de una prohibición del empleo de armas, proyectiles y materias y métodos de hacer la guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios [3]. En 1996, la Corte Internacional de Justicia declaró que esta norma constituye uno de los principios inviolables del derecho internacional consuetudinario y una norma fundamental que deben observar todos los Estados [4].
Pese a la clara definición de la índole de esta prohibición, frecuentemente su aplicación ha sido difícil o incluso no se ha intentado, debido a lo complicado que resulta a los abogados, diseñadores de armas y dirigentes políticos determinar el grado de los daños causados al ser humano o de los sufrimientos infligidos. Las valoraciones de si un arma específica causa males superfluos o sufrimientos innecesarios, con frecuencia se han basado, principalmente, en influencias subjetivas, muchas veces guiadas por el generalizado repudio público a un arma en particular, en vez de por la ponderación de si los efectos del arma deben pesar más que la necesidad militar.
El concepto de “males superfluos y sufrimientos innecesarios” [5] se refiere a los efectos dependientes del diseño que determinadas armas surten en la salud. De hecho, la prohibición se refiere a armas de tal índole que causen [6] estos efectos. Si bien gran parte del derecho humanitario tiene el propósito de proteger a las personas civiles de los efectos de los conflictos armados, esta norma del derecho internacional consuetudinario constituye una de las pocas medidas dirigidas a proteger a los combatientes de ciertas armas que son consideradas aborrecibles o que infligen más sufrimiento que el necesario para lograr su propósito militar.
El Proyecto SIrUS surgió de un simposio organizado por el CICR, en 1996, sobre la profesión médica y los efectos de las armas. Este proyecto ha sido desarrollado por un grupo de expertos por solicitud del CICR. El proyecto identifica hechos objetivos acerca de las lesiones causadas por armas empleadas en conflictos armados en décadas recientes. Estos hechos pueden ayudar a los políticos a hacer valoraciones sobre la licitud de las armas en virtud del derecho internacional humanitario [7]
El Proyecto SIrUS ha sido refrendado por una parte cada vez mayor de la comunidad médica internacional. En octubre de 1998, la Asociación Médica Mundial exhortó a todas sus asociaciones médicas nacionales a refrendar los criterios contenidos en el Proyecto SIrUS. Hasta abril de 1999 trece asociaciones médicas nacionales y otras 16 instituciones médicas habían refrendado el Proyecto SIrUS. Al refrendar este proyecto, estas instituciones reconocen la validez del estudio y recomiendan que sus conclusiones sean utilizadas al determinar qué armas causan ‘males superfluos o sufrimientos innecesarios’.
El proyecto SIrUS : un estudio sobre los efectos de las armas
El grupo de expertos que trabajó en el Proyecto SIrUS, del cual la mayoría de sus miembros eran profesionales de la salud, recopiló datos relativos a los efectos de armas empleadas en conflictos durante los últimos 50 años. Estos datos fueron tomados tanto de publicaciones médicas militares, como de la base de datos del CICR sobre 26.636 personas lesionadas por armas. En relación con las diferentes causas de las lesiones, se obtuvo la siguiente información:

19. Debido a que la transferencia internacional de armas, especialmente de armas portátiles, se ha hecho más fácil, la promoción del derecho internacional humanitario se ha hecho mucho más difícil. La proliferación de armas en manos de actores nuevos y, con frecuencia, sin disciplina, ha avanzado más rápidamente que los esfuerzos por garantizar el cumplimiento de las normas básicas de la guerra. El resultado son niveles espantosos de violencia innecesaria y una serie de imágenes horrendas que amenazan con inmunizar al público y a los que toman decisiones contra las constantes violaciones del derecho humanitario. En ausencia de una vigorosa acción por limitar la disponibilidad de armas y municiones de estilo militar, los responsables de formar a los combatientes en las leyes de conflictos armados, tienen poca esperanza de poderlos capacitar para hacer la guerra. El precio que hay que pagar es elevado en términos de sufrimiento humano, trastornos sociales y económicos y la carga que representa la intervención cuando la comunidad internacional decide actuar.
Reconociendo estas tendencias, el Grupo Intergubernamental de Expertos para la Protección de las Víctimas de la Guerra (enero de 1995) y la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja exhortaron al CICR a que, en base a informaciones de primera mano que le sean accesibles, examine la medida en que la disponibilidad de armas contribuye a la proliferación y a la agudización de violaciones del derecho internacional humanitario en caso de conflicto armado, así como a la agravación de la situación de las poblaciones civiles. El Consejo de Delegados, en dos ocasiones recientes, también exigió que se estudiase y esclareciese el cometido y la actitud del Movimiento en relación con la cuestión de la transferencia de armas. Esta solicitud fue hecha en Ginebra en 1985 (resolución 2.8) y reiterada en Sevilla en 1997 (resolución 8.4). La resolución de Sevilla también expresó preocupación por el fácil acceso a una amplia variedad de armas, especialmente armas portátiles que tienen los combatientes y las personas civiles que desconocen las disposiciones del derecho internacional humanitario, así como su frecuente empleo contra la población civil, en violación de los principios humanitarios básicos. El cometido y la posición del Movimiento sobre este asunto deberán ser esclarecidos en el Consejo de Delegados, en octubre de 1999, poco antes de la XXVII Conferencia Internacional.
Acatando la solicitud formulada por la XXVI Conferencia Internacional, el CICR, desde 1996, ha tratado, a través de diferentes métodos, de sacar experiencias acerca de los efectos de la disponibilidad de armas en la población civil. El CICR ha realizado dos estudios de caso que analizan información obtenida de su amplia base de datos sobre pacientes tratados en sus hospitales y por sus equipos médicos. Estos estudios proporcionan una visión única acerca de la naturaleza de las lesiones causadas por armas, en dos contextos en que ha trabajado el CICR. Que sepamos, estos son unos de los pocos estudios sistemáticos que se han publicado acerca de la naturaleza de las lesiones causadas por armas en la población local de sociedades afectadas por guerras.
Además, se realizó una encuesta entre delegados veteranos del CICR con una experiencia colectiva, desde 1989, de 41 misiones en escenarios de conflicto o posteriores a conflictos en cuatro continentes. El objetivo era conocer las percepciones del personal del CICR acerca del grado de disponibilidad entre diversos sectores poblacionales dados, la naturaleza de los incidentes relacionados con armas en que han participado personas civiles y la repercusión directa de la disponibilidad de armas en las operaciones del CICR sobre el terreno. Las percepciones y conclusiones del CICR aparecen publicadas en el estudio La disponibilidad de armas y la situación de las personas civiles en conflictos armados, el cual está siendo enviado a Estados y Sociedades Nacionales como base para el debate en la XXVII Conferencia Internacional.
El estudio del CICR pone de relieve el alto precio que han pagado las poblaciones civiles en conflictos recientes. Los casos de lesiones entre personas civiles son más que las ocurridas entre combatientes en muchos conflictos internos y étnicos, y han aumentado en el transcurso del siglo paralelamente al desarrollo de nuevas tecnologías militares. Las enfermedades, el hambre y el abuso aumentan, cuando los organismos humanitarios, incluido el CICR, son directamente agredidos y tienen que suspender operaciones o retirarse de un país. El sufrimiento puede continuar, con frecuencia durante años, después de finalizados los conflictos, toda vez que la disponibilidad de armas engendra una “cultura de violencia”, que socava las leyes y amenaza los esfuerzos de reconciliación entre antiguas partes beligerantes. Esto quedó vivamente ilustrado en un estudio de caso del CICR que demostró que los casos de lesiones relacionados con armas disminuyeron solamente en el 33% durante los 18 meses posteriores al fin de las hostilidades en una región dada, donde siguió permitida la circulación de armas.
Aunque el estudio del CICR no sugiere que solamente la disponibilidad de armas sea una causa de las violaciones del derecho internacional humanitario o del deterioro de la situación de las personas civiles, éste sí indica que la transferencia incontrolada de armas y municiones puede aumentar las tensiones, elevar el número de lesiones entre las personas civiles y prolongar la duración de los conflictos. Entre las conclusiones principales está la de que los patrones actuales de transferencia de armas portátiles y armas ligeras y de las correspondientes municiones, debido a que está en gran medida fuera del control internacional, debe ser un tema de urgente preocupación humanitaria. Mientras que la principal responsabilidad del cumplimiento del derecho internacional humanitario recae en los usuarios de armas, los Estados y las empresas que se dedican a producirlas y exportarlas, tienen un grado de responsabilidad política, moral y, en algunos casos, jurídica ante la comunidad por el uso que se hace de sus armas y municiones. Al mismo tiempo, deberán redoblarse los esfuerzos por enseñar y promover el derecho humanitario, para que los portadores de armas comprendan las normas básicas de éste y sepan que sus propias comunidades esperan de ellos el respeto de dicho derecho.
La comunidad internacional ha promulgado en recientes décadas importantes prohibiciones y limitaciones en cuanto a la transferencia de armas químicas, biológicas y nucleares, sistemas de proyectiles y elementos de estas tecnologías. Ciertas regiones geográficas han establecido controles acerca de la transferencia de sistemas principales de armas convencionales. No obstante, hasta hace poco se prestó poca atención a la transferencia de armas portátiles y armas ligeras, las cuales han infligido la mayor parte de las muertes y heridas en conflictos recientes. El estudio del CICR exhorta a los Gobiernos, organizaciones regionales y organizaciones no gubernamentales concernidas con el desarrollo de limitaciones de la transferencia de armas, a reconocer que el derecho internacional humanitario frecuentemente constituye el cuerpo de leyes más apropiado al propósito antes mencionado, para el cual se transfieren las armas de estilo militar y las municiones. La propuesta de que los criterios basados en las consideraciones del derecho humanitario deberían convertirse en un importante componente de toda limitación nueva de la disponibilidad de armas que se elabore en los próximos años, será un importante tema de discusión en la XXVII Conferencia Internacional.
El CICR considera que al pedir respeto por el derecho internacional humanitario a los que se arman, los Estados brindarán una importante contribución a la protección de las población civil contra el indescriptible sufrimiento que han infligido los conflictos en el transcurso de este siglo. De esta forma reforzarán significativamente las bases tanto para una paz duradera como para el imperio de la ley en la sociedad, cada vez más global, en que vivimos.

2. ACCIÓN HUMANITARIA EN TIEMPO DE CONFLICTO ARMADO Y OTROS DESASTRES

Objetivo final 2.1. Intervención eficaz en las situaciones de desastre mediante una mejor preparación en los planos nacional e internacional

3. Según predicciones de comunidades científicas y de reaseguramiento, realizadas sobre la base del respetado trabajo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambios Climáticos, los desastres provocados por fenómenos naturales aumentarán significativamente en el próximo decenio, tanto en lo que se refiere a su número como a su intensidad. En un mundo donde casi mil millones de personas viven en precarias viviendas en barrios urbanos no planificados, donde la deforestación debilita seriamente los medios ecológicos de defensa contra fenómenos naturales severos, donde el calentamiento de la atmósfera hace que estos fenómenos sean más frecuentes, pero más difíciles de pronosticar, la humanidad se ve cada vez más amenazada por las fuerzas de la naturaleza, a la vez que las altera.
Al calentamiento de la atmósfera ya se atribuyen tormentas y precipitaciones muy intensas en muchas zonas costeras. En comparación con el decenio de 1960, el decenio pasado vio triplicarse el número de desastres naturales de consideración, lo que costó nueve veces más a las economías del mundo.
Los datos sobre intervenciones en casos de desastre por parte de la Federación Internacional en el decenio de 1990, respaldan las preocupaciones acerca del aumento de la amenaza de los desastres naturales. En 1998, la Federación Internacional asistió a unas 5,8 millones de personas afectadas por los así llamados desastres naturales. En 1997, la cifra fue de 6,2 millones, casi el doble del promedio de los años anteriores, habida cuenta de que la Federación Internacional asiste a un total de 16,4 millones de personas cada año.
En respuesta a esta amenaza, el Movimiento considera que tiene que adaptar correspondientemente sus sistemas de preparación para casos de desastre y de intervención en ellos. Las Sociedades Nacionales necesitan abogar por la elaboración de planes nacionales de preparación para casos de desastre más coordinados, así como participar en este proceso. Los sistemas de intervención en casos de desastre naturales deben ser capaces de operar, tanto a nivel local dentro de la Sociedad Nacional, como a nivel internacional, para permitir a la Sociedad pedir ayuda rápidamente a la Federación Internacional.
Muchas de las predicciones generales acerca de los cambios climáticos y ambientales aún tienen que ser investigadas adecuadamente desde el punto de vista de sus posibles consecuencias sobre la frecuencia y los efectos de los desastres, especialmente cuando se trata de diferenciar estas consecuencias por regiones. Como parte de su actual programa de preparación para casos de desastre, la Federación Internacional, por consiguiente, propone promover un debate dentro de la comunidad internacional, en colaboración con importantes instituciones en la esfera del clima y del medio ambiente, acerca de las posibles consecuencias de los cambios climáticos sobre los patrones de desastres y de las repercusiones de dichas consecuencias en los sistemas de preparación por casos de desastre y de intervención en ellos.

Objetivo final 2.2. Mecanismos consolidados de cooperación y coordinación entre los Estados, el Movimiento y demás agentes humanitarios

5. Basados en la experiencia de haber redactado el Código de Conducta del Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y las ONG para el socorro en caso de desastre y el deseo expresado por muchas instituciones humanitarias de que de se haga una formulación más clara acerca de las implicaciones prácticas del Código, La Federación Internacional, con la cooperación del Comité de Gestión de Asistencia Humanitaria, InterAction, el CICR, el Consejo Internacional de Entidades Benéficas (ICVA) y VOICE, se dieron a la tarea, en 1997, de recopilar un conjunto de normas mínimas que rija el trabajo humanitario operativo. El resultado, la Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta humanitaria en casos de desastre (publicada en diciembre de 1998 por el Proyecto Esfera), tiene como propósito solucionar problemas que surgen en el sistema en cuanto a la protección de la vida y la dignidad de las personas afectadas por desastres, al brindar un marco jurídico a la asistencia y la responsabilidad humanitarias. Más de 200 instituciones (de Gobiernos, organismos y programas de la ONU, componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y ONG) han colaborado para mejorar las prácticas basadas en principios y acciones fundamentales.
El Proyecto Esfera, el cual continúa desarrollándose, tiene como propósito vincular los principios humanitarios y los derechos humanos fundamentales a normas mínimas en materia de abastecimiento de agua y saneamiento, nutrición, ayuda alimentaria, refugios, asentamientos y planificación de emplazamientos y servicios de salud.
La elaboración, a través del Proyecto Esfera o iniciativas similares, de normas básicas para la acción humanitaria, parte de la base de que el acceso a las víctimas, la seguridad y la disponibilidad de recursos para la asistencia humanitaria, son factores limitantes, cuyo control está, fundamentalmente, en manos de los Estados. En este sentido, el establecimiento de tales normas mínimas o su reconocimiento por parte de los Gobiernos, nunca puede exonerar a éstos de sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario.
El Movimiento cuenta con los Estados para respaldar los esfuerzos por desarrollar normas mínimas para la prestación de asistencia humanitaria y tiene en cuenta las normas desarrolladas por el Proyecto Esfera.

6. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se ha esforzado consecuentemente por desarrollar actividades y mecanismos apropiados para enfrentar las cambiantes necesidades que emanan de los conflictos.
Los Convenios de Ginebra de 1949 contienen disposiciones cuyo propósito es proteger a las víctimas de la guerra, incluso después del cese de las hostilidades. El CICR participa en una amplia gama de actividades, tales como la liberación y repatriación de prisioneros de guerra y detenidos civiles, la búsqueda de desaparecidos y la reunión de familias separadas por los conflictos, el retorno a sus hogares de personas desplazadas, contribución a la desmovilización y reubicación de fuerzas armadas. La difusión del derecho internacional humanitario y de los principios humanitarios no cesan cuando finalizan las hostilidades. Las actividades educativas en este ámbito pueden y deben crear o fortalecer las bases para una paz duradera.
Muchas Sociedades Nacionales participan activamente en programas que caen dentro de la rúbrica de reducción de conflictos y rehabilitación posterior al conflicto, tales como:

7. La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Ginebra, 1995), acogió con satisfacción la actualización y enmienda de los Principios y normas para el socorro en casos de desastre, que ofrecen un marco para la coordinación del trabajo de las Sociedades Nacionales durante las operaciones internacionales de socorro, así como el Código de Conducta relativo al socorro en casos de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y las ONG, que ha sido un instrumento fundamental para coordinar, en un sentido más amplio, la acción humanitaria. En 1997, la Asamblea General de la Federación Internacional aprobó una Política de intervención en situaciones de emergencia, la cual ofrece orientación acerca del propósito, la naturaleza y la duración de las acciones de socorro de las Sociedades Nacionales y de la Federación Internacional.
Estas iniciativas políticas condujeron a notables mejoras en la eficacia y efectividad de las acciones de socorro. No obstante, la coordinación aún sigue siendo un reto dentro de una comunidad tan diversa y global.

Objetivo final 2.3. Atención a los derechos y las necesidades urgentes de las personas más vulnerables como primera prioridad de la acción humanitaria

9. El desplazamiento forzado con frecuencia va aparejado a la pérdida de fuentes de vida y a graves amenazas a la seguridad de las personas concernidas. Esto es particularmente cierto en el caso de los desplazados internos, los cuales han sido desarraigados de su medio, pese a mantenerse dentro de las fronteras de su país, pero es también, muy frecuentemente, el caso de los refugiados.
Los patrones de desplazamiento han cambiado durante la pasada década, en la medida en que el número de desplazados internos ha alcanzado y, actualmente, incluso sobrepasado el número de refugiados. A pesar de que este fenómeno puede explicarse, hasta cierta medida, por factores tales como la distancia de las fronteras o el criterio de que existe seguridad en los entornos que resultan familiares, es probable que también refleje una nueva tendencia alarmante: la no disponibilidad de otras alternativas, debido a la creciente renuencia de los Estados a abrir sus fronteras a aquellos que huyen de las guerras y de la persecución.
Independientemente de las responsabilidades de brindar protección conferidas a las organizaciones internacionales para este fin, se ha reconocido de forma general que todas las organizaciones humanitarias, al realizar sus actividades, deben prestar la debida atención a la protección de las necesidades de las personas desplazadas. Como resultado, todos los componentes del Movimiento, incluidas las Sociedades Nacionales y la Federación Internacional, tendrán que garantizar que éstos comprendan sus cometidos y responsabilidades por lo que atañe a la función de protección.
A pesar de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados tiene el cometido fundamental de garantizar protección y asistencia a los refugiados y a los solicitantes de asilo, también se ha reconocido que las Sociedades Nacionales y la Federación Internacional tienen una responsabilidad especial en lo que respeta a estos grupos. En concordancia con su tarea de asistir y proteger a los más vulnerables de la sociedad, las Sociedades Nacionales y la Federación Internacional han realizado durante décadas importantes actividades en favor de éstos. Además de programas de asistencia humanitaria, estas actividades han incluido tradicionalmente la movilización humanitaria en favor de refugiados y personas que piden asilo, tanto con respecto de las autoridades nacionales como de la sociedad en general.
Muchos casos recientes, en que los refugiados y los solicitantes de asilo han experimentado graves problemas, testimonian la continua relevancia de estos esfuerzos y demuestran la necesidad de reforzar y desarrollar más las actividades pertinentes. Por tanto, es necesario no sólo recordar constantemente a los Estados sus obligaciones jurídicas en lo que se refiere a los refugiados y los solicitantes de asilo, sino también promover la comprensión y la solidaridad con estos grupos vulnerables entre el público general. Las Sociedades Nacionales poseen condiciones particularmente favorables para realizar esta tarea. Partiendo del hecho de que a los problemas de los refugiados también les es inherente un carácter internacional, la Federación Internacional tiene que desempeñar una función importante en cuanto a respaldar el trabajo de las Sociedades Nacionales y a brindar un canal a través del cual se puedan compartir y coordinar los esfuerzos de las Sociedades Nacionales.

10. En sus primeros 45 años de existencia, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó resoluciones acerca de sanciones económicas en sólo dos casos: Rhodesia (1966) y Sudáfrica (1977). Desde finales de la Guerra Fría, el Consejo de Seguridad de la ONU ha recurrido cada vez más a sanciones económicas colectivas, tanto en tiempo de paz como de conflicto armado.
A pesar de que la Carta de las Naciones Unidas permite sanciones como una declaración de principio general, está claro que existen límites para el grado de sufrimiento que las sanciones pueden causar legítimamente, y que los Estados y la ONU están obligados a observar los principios del derecho internacional humanitario, el derecho de los derechos humanos y las consideraciones elementales de humanidad al determinar, controlar y revisar un régimen de sanción. Al evaluar un régimen particular de sanción, es necesario considerar las consecuencias humanitarias de las sanciones, lo cual dependerá de factores tales como la índole de las sanciones, el sufrimiento causado por éstas y la atención que prestarán a las necesidades humanitarias de la población del Estado a que va dirigida.
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja muestra preocupación por las sanciones, particularmente por las sanciones comerciales generales, debido a sus consecuencias humanitarias. A través de sus operaciones sobre el terreno, el Movimiento ha podido observar las graves consecuencias humanitarias que tienen algunos de los regímenes de sanciones mencionados anteriormente. Las sanciones pueden repercutir adversamente no sólo en la situación humanitaria de la población del Estado sancionado, sino también en la prestación de asistencia humanitaria.
El Movimiento y los Estados expresaron su preocupación por las consecuencias de las sanciones a través de la Resolución 4.F de la XXVI Conferencia Internacional. Esta resolución exhortó a que los Estados, cuando conciban, impongan y revisen sanciones económicas, consideren las eventuales repercusiones negativas de dichas sanciones con respecto a la población civil y en terceros Estados, a que evalúen y controlen las repercusiones que tienen a corto y largo plazo para las personas más vulnerables y a brindar socorro a los grupos más vulnerables en sus territorios. La resolución hace un llamamiento a los Estados a que permitan operaciones humanitarias de socorro, y exhorta al CICR, a la Federación Internacional y a Sociedades Nacionales a que contribuyan a la reducción de las repercusiones perniciosas de las sanciones en la situación humanitaria de la población civil, mediante la determinación de los consiguientes efectos y el suministro de asistencia a las personas más vulnerables, de conformidad con el respectivo cometido.
En los últimos años, el Movimiento ha actuado en respuesta a las sanciones económicas en cierto número de ocasiones. El CICR y la Federación Internacional, a través de sus operaciones en países afectados, han contribuido directamente a aliviar el sufrimiento de la población civil, mediante la prestación de asistencia humanitaria. Sociedades Nacionales de países afectados por sanciones, han actuado frecuentemente como conducto a través del cual se presta esta asistencia.
En sus relaciones con los Estados, el Movimiento ha abogado insistentemente por la inclusión de exenciones humanitarias adecuadas al régimen de sanción, en términos de las necesidades de la población y de las exigencias del derecho internacional humanitario, los derechos humanos y consideraciones elementales de humanidad.
En sus contactos con los involucrados en un régimen especial de sanción –los Estados suministradores, el Estado afectado por la sanción, el Consejo de Seguridad de la ONU y el comité de sanción– el Movimiento proporciona información detallada acerca de la situación humanitaria de la población en el país en cuestión, incluidas las dificultades causadas o exacerbadas por la imposición de sanciones económicas, y sostiene discusiones con los organismos responsables de la aplicación de la sanción, para garantizar que los procedimientos de exención humanitarios funcionen satisfactoriamente y posibiliten a las organizaciones humanitarias prestar asistencia a la población del Estado sancionado.
El CICR también recuerda a la comunidad internacional que las sanciones impuestas durante el período de conflicto armado, tienen que respetar las disposiciones pertinentes del derecho internacional humanitario (prohibición de hacer padecer hambre a personas civiles, la obligación de las Partes en conflicto y de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra y en sus Protocolos adicionales, de permitir el suministro de determinados bienes y la prestación de asistencia de socorro).
En años recientes, la comunidad internacional, la ONU, los Estados, las ONG y personalidades académicas han ganado cada vez más conciencia acerca de las repercusiones negativas de las sanciones económicas generales sobre la población civil del país sancionado, y existe un amplio consenso acerca de que se deben evitar o limitar lo más posible estas consecuencias.
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja acoge con beneplácito esta creciente toma de conciencia, y respalda todos los esfuerzos y medidas que tengan como propósito aliviar el sufrimiento de la población civil que viva en condiciones de régimen de sanciones económicas generales. Hace énfasis en la necesidad de que estos regímenes de sanciones incluyan exenciones humanitarias apropiadas en cuanto a las necesidades de la población civil y acordes con el derecho internacional humanitario y otros instrumentos pertinentes, así como que la repercusión humanitaria del régimen de sanción sea supervisada de cerca y se le hagan a éste los ajustes necesarios.

Objetivo final 2.4 Comprensión de los respectivos cometidos de los agentes políticos, militares y humanitarios, y protección del personal humanitario

12. Ha habido un aumento marcado de las situaciones de violencia, las cuales desestabilizan los métodos tradicionales de acción y ponen en más peligro que antes la estabilidad física y mental del personal de socorro (por ejemplo, la desintegración de las estructuras del Estado, la ilegalidad o anarquía, el bandidaje, la criminalidad, los grupos de la mafia). Los enfoques acerca del trabajo sobre el terreno, basado en el acuerdo entre las Partes en conflicto, se han hecho menos eficaces. En situaciones en que se ha debido llamar la menor atención posible, incluso hasta se ha cuestionado el uso del emblema protector de la cruz roja y de la media luna roja. Por tanto, es de vital importancia que la comunidad de Estados enfrente este problema y emprenda todas las medidas necesarias en el plano nacional e internacional, para facilitar más el acceso de las organizaciones humanitarias a las víctimas de conflictos con la adecuada seguridad.
Las causas posibles de la actual inseguridad son muchas, desde la desintegración del Estado hasta la carencia de respeto por los principios humanitarios. La desintegración del Estado comienza a tener lugar cuando un Gobierno ya no mantiene el control real sobre un territorio dado o sobre la población. Esta desintegración también puede presentar diferentes niveles de intensidad, y su alcance geográfico puede variar. En circunstancias en que el Gobierno ya no es capaz de ejercer su autoridad ni el monopolio sobre el empleo de la fuerza, cualquier persona puede adquirir armas ligeras o pesadas, provocando así la proliferación de verdaderos “ejércitos privados”. Se expande el caos y el crimen, los grupúsculos no tienen ningún control real sobre sus miembros y, con frecuencia, las relaciones de mando son paralelas y no son fácilmente identificables, en vez de estar bien establecidas. Ya no existen representantes ni negociadores válidos. La falta de seguridad es entonces un problema grave.
En muchos contextos no se reconocen los principios humanitarios; en vez de ello, se considera que se contraponen a las causas de la guerra. Al igual que otras organizaciones que trabajan con el mismo fin, la Cruz Roja y la Media Luna Roja son consideradas como un enemigo, debido a que tienen como propósito brindar ayuda y protección a la otra parte, a la que han representado como un demonio y no han podido –aún– destruir. Este actor de la ayuda humanitaria corre el riesgo de ser considerado como un testigo indeseado de los sucesos que ocurren sobre el terreno, pues puede informar acerca de lo que ha visto, y se debe hacer todo lo posible por impedir su trabajo.
Igualmente, las nuevas formas de conflicto presentan mayores peligros para la seguridad. El recurso legal a la fuerza y su empleo por parte de entidades reconocidas tiende a convertirse en una esfera cada vez más privada, escapando al control de las estructuras establecidas para ejercerlo dentro de un marco constitucional. Por ejemplo, en el caso de conflictos relacionados con el narcotráfico y los carteles de la droga, se requiere extremo cuidado cuando se trabaja en áreas controladas por estos grupos; las actividades relacionadas con la protección y la asistencia después de operaciones militares o policiales, son particularmente peligrosas, puesto que pueden ser consideradas como una amenaza a ciertos intereses y, por ende, riesgosas desde el punto de vista de la seguridad.
También existe una tendencia muy fuerte y habitual al aumento de los actos de puro bandidaje, incluidas la amenaza, la exigencia de pago de rescate y la extorsión, los cuales también pueden afectar al personal humanitario. Estos actos parten de grupos fuertemente armados, cuyo único propósito es enriquecerse, o sobrevivir. El peligro se manifiesta en ataques contra objetivos móviles o asaltos y secuestros. Frecuentemente el bandidaje es el resultado de la mala ejecución de un proceso de paz, la cual deja a los combatientes sin otro contexto o recurso que no sea sus armas, las cuales no les son retiradas a pesar de los compromisos de desarme.
Finalmente, cabe mencionar el poder oculto de las compañías privadas de seguridad y las posibles ambigüedades de sus medidas de seguridad, así como las fuerzas armadas del ejército regular y de la policía. Las compañías privadas y su personal de seguridad (evidentemente carente de todo conocimiento sobre el derecho o los principios humanitarios) representa una forma de privatización de la guerra por razones económicas; para éstos las actividades humanitarias pueden parecer contrarias a sus propios intereses.
Como se indica en el capítulo anterior, el CICR y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en conjunto, tienen la intención de proseguir sus esfuerzos por resolver los problemas de seguridad y por continuar asistiendo a las víctimas de guerra de acuerdo con las normas humanitarias. Teniendo en cuenta y aceptando los riesgos irreducibles e inherentes de cualquier actividad sobre el terreno, las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tomarán todas las medidas de protección activas (para individuos y estructuras), así como medidas pasivas de protección al medio ambiente, para reducir los riesgos lo más posible.
El Movimiento ha establecido una clara política de no depender de escolta armada. Esta política sigue sirviendo de directriz. Debe hacerse notar que en algunas ocasiones de conflicto, el CICR trabaja junto a tropas de mantenimiento y de restablecimiento de la paz, cuyo mandato frecuentemente abarca la protección del personal humanitario. Estos mandatos, a menudo imprecisos, mezclan el objetivo político y los recursos militares bajo un manto humanitario, crean áreas de confusión que inciden negativamente en la aceptabilidad y, por ende, en la seguridad de las actividades humanitarias neutrales e independientes. No obstante, el empleo de la fuerza puede crear un medio ambiente favorable para la realización de operaciones humanitarias. Es importante no confundir un “medio ambiente seguro” con la “protección del personal humanitario”. En algunos casos, resulta evidente que el personal humanitario necesita acción enérgica que le posibilite realizar su trabajo. Ésta, sin embargo, debe realizarse de tal forma que se garanticen condiciones de trabajo aceptables, tales como un medio ambiente seguro y no la asignación de escoltas o guardias.
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja brinda un buen ejemplo de trabajo humanitario en red, al unir los recursos locales y el conocimiento de la Sociedad Nacional con la experiencia específica de sus componentes internacionales. La diversificación de los contactos locales, así como la mayor capacidad de análisis para evaluar las percepciones externas, fomentarán la aceptación del trabajo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y, en particular, favorecerán la participación operativa del CICR en favor de las víctimas de la violencia armada. Cuando la índole del riesgo es el resultado de la falta de comprensión o del cuestionamiento de los métodos de trabajo, el CICR, en cooperación con la Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja local, seguirá abogando por el diálogo continuo con todas las Partes. Tal diálogo es imprescindible para obtener garantías en lo que respecta al personal y a las infraestructuras.
No obstante, es casi imposible brindar protección en caso de ataques deliberados. Este es un riesgo inaceptable al que hay que poner límite: una respuesta puede ser la suspensión de las actividades o el retiro del personal agredido. Al mismo tiempo, este retiro o evacuación puede resultar un riesgo adicional temporal en algunos casos, mientras que quedarse puede significar incluso ataques más violentos. Por consiguiente, la decisión de retirar personal expatriado de ayuda tiene que compensarse con otras formas de lograr eficacia. Asimismo, se deberán determinar los criterios y la forma de la presencia del personal. Dentro del Movimiento Internacional, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja pueden desempeñar en esto una importante función. Sin embargo, si se dejan solas, sin el respaldo, por ejemplo, del CICR, éstas pueden ser sometidas a presión o a riesgos inaceptables. Debe mantenerse e, incluso, intensificarse el diálogo entre las organizaciones humanitarias y los jefes políticos y militares involucrados en una situación de conflicto, para así brindar al personal humanitario, tanto nacional como expatriado, un medio ambiente satisfactorio y seguro que le posibilite cumplir su misión.
De acuerdo con el derecho internacional humanitario, el personal humanitario posee estatuto civil y, por consiguiente, goza de protección general contra los peligros que emanan de las operaciones militares. El hecho de que no puedan ser agredidos, es una norma básica consuetudinaria, y su violación, por ende, constituye un crimen de guerra. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional incluye como crimen de guerra los ataques intencionalmente dirigidos contra el personal, las instalaciones, el material, las unidades o los vehículos involucrados en una misión de asistencia humanitaria o de mantenimiento de la paz, en concordancia con la Carta de las Naciones Unidas.
Además, en dependencia de ciertas condiciones, varias disposiciones del derecho internacional conceden protección especial. Por tanto, tiene que protegerse y respetarse al personal que participa en operaciones de socorro y al personal de la protección civil. Estos últimos se reconocen por un signo distintivo internacional (triángulo equilátero azul sobre fondo naranja). El Protocolo II de la Convención de 1980 de las Naciones Unidas sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales, exige que los Estados tomen medidas específicas para proteger contra los efectos de minas a las fuerzas y misiones de mantenimiento de la paz de la ONU, a misiones del CICR, de Sociedades Nacionales o de su Federación Internacional, así como de otras organizaciones humanitarias.
Por último, dentro de los límites que establece el derecho internacional humanitario y la legislación nacional, los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja gozan de protección especial y pueden emplear el emblema distintivo de la cruz roja y de la media luna roja. El empleo pérfido del emblema distintivo de la cruz roja y de la media luna roja o de otros signos protectores reconocidos por los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, constituye un crimen de guerra.
El Movimiento no puede exponer sus actividades ni a su personal a riesgos que estén fuera de los que se consideran aceptables. Como ya se ha expresado, el diálogo continuo con las contrapartes en el terreno e instrumentos eficaces de análisis son factores imprescindibles y decisivos en el establecimiento de estos límites. No obstante, es responsabilidad de los Estados y las Partes en conflicto respetar y proteger las actividades humanitarias. Por tanto, es imprescindible poner fin a la impunidad que prevalece en esta esfera, haciendo comparecer ante las cortes competentes a aquellos que cometan actos de violencia contra el personal humanitario.

3. ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA PARA MEJORAR LA VIDA DE LAS PERSONAS VULNERABLES

Objetivo Final 3.1 Mejoramiento de la salud de las personas vulnerables mediante una mayor cooperación entre Estados y Sociedades Nacionales

2. Incumbe a los Gobiernos la responsabilidad general de los servicios sanitarios en sus respectivos países, pero son multitud los actores y socios, incluidos los propios interesados, que intervienen e inciden en la salud de la población. El objetivo de “Salud para Todos” se logrará sólo si todos los implicados trabajan conjuntamente.
Un activo de valor incalculable de la Federación Internacional y de las Sociedades Nacionales son los millones de voluntarios que ayudan a la población y a las comunidades a nivel básico, tanto en la actividad diaria como en situaciones de emergencia. Constituyen un recurso enorme que se debe explotar plenamente para brindar una mejor asistencia a la población más vulnerable.
Aunque a menudo los voluntarios y el personal de la Sociedad Nacional son una parte indispensable de los servicios sanitarios y sociales nacionales, no pueden actuar de manera eficaz sin el apoyo técnico, político y económico de los Gobiernos y/o de las organizaciones internacionales. Las Sociedades Nacionales necesitan este apoyo para ampliar sus servicios a determinadas zonas y comunidades —incluidas algunas zonas deprimidas de importantes ciudades— que, de no ser así, podrían ver reducido su acceso a tales servicios.

3. A pesar de los notables logros alcanzados en el sector sanitario a lo largo de este siglo, algunas enfermedades infecciosas nuevas como el VIH/SIDA y el Ébola, y otras contagiosas que están reapareciendo, como la tuberculosis y la malaria, están ganando terreno. Aunque las sociedades industrializadas no son inmunes, las enfermedades contagiosas afectan en mayor medida a los más pobres y desfavorecidos. El analfabetismo, la pobreza, la malnutrición, las condiciones de vida deficientes, y la insuficiencia o incluso la carencia absoluta de instalaciones e infraestructuras sanitarias y de higiene, unidos a la falta de información, son factores que aumentan la exposición de la población a las enfermedades infecciosas y su contagio.
Con el apoyo y los recursos necesarios, la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales pueden, a través de sus amplias redes nacionales, ayudar en la lucha contra las enfermedades mediante programas de educación e información, y promoviendo modos de vida sanos. Las secciones de juventud de las Sociedades Nacionales son particularmente eficaces para educar a sus pares, los jóvenes, en la prevención del VIH/SIDA y demás enfermedades transmitidas sexualmente. Este enfoque es igualmente válido para combatir la tuberculosis, la malaria y otras enfermedades que se pueden prevenir con la vacunación.
En numerosas ocasiones la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales han dado prueba de su eficacia en el control de brotes epidémicos. Recientemente, desempeñaron un papel activo durante el brote del Ébola en Gabón y en la República Democrática del Congo (ex Zaire), en la lucha contra la difteria en las repúblicas de la ex Unión Soviética, y en numerosos países del mundo entero que se vieron afectados por epidemias de cólera, meningitis y encefalitis japonesa.

4. En la mayoría de las situaciones de emergencia, la rapidez de la respuesta inicial y de la asistencia puede ser crucial para la supervivencia de las víctimas y la magnitud de los daños físicos producidos en la zona afectada. En los casos de inundaciones y terremotos, en general, durante las primeras 48 horas son los propios miembros de la comunidad y los vecinos quienes desempeñan las labores de asistencia. Este período ha de aprovecharse por todos los medios, pues es cuando el índice de supervivencia es el más elevado; después, a medida que pasan los días, comienzan a disminuir rápidamente las posibilidades de supervivencia.
Los primeros auxilios, si se practican con rapidez, también juegan un papel importante a la hora de salvar vidas y reducir el riesgo de lesiones irreversibles o incapacitantes producidas en accidentes (en el hogar, el centro de trabajo o la carretera), catástrofes naturales o situaciones de emergencia médica (por ejemplo, ataques al corazón). En tiempo de conflicto, los primeros auxilios son también cruciales para el bienestar de las víctimas.
La formación en primeros auxilios es un método eficaz, de bajo coste, para reducir los riesgos para la salud y los accidentes diarios que afectan al conjunto de la población; constituye así mismo una respuesta oportuna. Aunque los conocimientos de primeros auxilios pueden ser provechosos para cualquiera, lo son especialmente para algunos colectivos como los automovilistas, escolares y jóvenes, trabajadores de la industria, voluntarios de la comunidad y policía.
Las Sociedades Nacionales poseen una dilatada experiencia como proveedores, únicos o principales, de formación en primeros auxilios en sus respectivos países. Seguirán ofreciendo este servicio, pero un mayor reconocimiento y cooperación por parte de los Gobiernos facilitaría notablemente su trabajo. Si se incluyera la enseñanza de primeros auxilios en los planes de estudios, en todos los niveles, las Sociedades Nacionales podrían ampliar sistemáticamente su experiencia y pericia a todas las autoridades educativas del país. De igual modo, si se exigiera una formación en primeros auxilios para obtener el permiso de conducir, se garantizaría una enseñanza preventiva en primeros auxilios a un mayor número de personas, en su propio beneficio y en el de otras personas necesitadas.

5. La importancia de los primeros auxilios para los conductores cobra aún mayor dimensión si se considera que en opinión de la OMS para el año 2020 los accidentes de carretera serán la tercera causa de mortalidad, precedida sólo por las enfermedades cardiovasculares y la depresión. Además, según los informes del Banco Mundial, en los países en vía de desarrollo, los costes en pérdidas de vidas humanas, y los daños a la propiedad y a la salud causados por los accidentes de carretera, superan con creces el importe total de las ayudas y préstamos internacionales percibidos por dichos países.
Para mejorar la seguridad vial y reducir el número de accidentes, y sus efectos adversos, es necesario que los Gobiernos se comprometan y tomen decisiones. Las Sociedades Nacionales son idóneas para ayudar a los Gobiernos a formular y desarrollar políticas, y para divulgar la información pertinente al conjunto de la sociedad y, en especial, a todas las categorías de usuarios de la carretera.
En el mundo desarrollado, el incremento del parque automovilístico lleva aparejado, en general, un aumento de vehículos más seguros. En los países en desarrollo, contrariamente, el incremento se traduce en un mayor número de motocicletas u otros vehículos de dos ruedas que son significativamente más peligrosos. Las carreteras en mal estado, la ausencia de la necesaria normativa vial, la falta de rigor en la aplicación de las leyes existentes y el incumplimiento de las normas y reglamentos de tráfico son los principales causas de esta situación.
Las Sociedades Nacionales son unos socios inapreciables de los Gobiernos en la difusión de información vial y la formación de los usuarios, en especial los niños; una actividad que puede ayudar a reducir notablemente el número de accidentes en carretera.

6. Los servicios de transfusión de sangre y productos sanguíneos son una parte esencial de la asistencia sanitaria; un modo establecido de tratar pacientes deficientes en uno o varios componentes sanguíneos.
Las políticas nacionales de salud deberían, por tanto, contemplar la organización de los servicios de transfusión de sangre. Allá donde las autoridades sanitarias no acometan esta tarea ni la deleguen en una organización como la Cruz Roja o la Media Luna Roja, se implantarán bancos de sangre comerciales con criterios propios. Esto podría conducir a la explotación de donantes y pacientes, e incrementar los riesgos de contagio de enfermedades a causa de transfusiones de sangre.
Las transfusiones son una parte importante de los servicios de salud modernos. Son vitales para el tratamiento de traumas, las complicaciones en el parto y el cáncer; posibilitan igualmente intervenciones quirúrgicas en condiciones seguras. Los programas de sangre exigen un compromiso serio en términos de recursos económicos y humanos. La sangre es un bien que se ha de compartir con aquellos cuya salud o vida depende de la disponibilidad, seguridad y uso adecuado del producto. De ahí que la política nacional en materia de sangre debiera estar regulada por ley y, preferentemente, sujeta a un programa nacional de sangre.
La responsabilidad final del programa de sangre es competencia de la administración. Su apoyo debería ser imparcial y redundar en estabilidad. Las autoridades sanitarias nacionales pueden delegar parte o el conjunto de su responsabilidad en las actividades del programa de sangre en uno o varios organismos gubernamentales, o en organizaciones no gubernamentales como la Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja respectiva, respetando no obstante su autonomía. Además, convendría establecer una comisión nacional de sangre, ampliamente representativa, que supervise la política en la materia.
Se podría formalizar la delegación de responsabilidades y la fórmula de recuperación de costos en un convenio documentado o contrato suscrito por el Ministerio de Sanidad y la ONG designada.
El organismo competente sólo puede cumplir con la responsabilidad de los servicios de sangre y garantizar su prestación si el estado asigna los recursos económicos y materiales correspondientes. El organismo habría de garantizar, por su parte, que cuenta con la política, los procedimientos y el personal adecuados para desarrollar con éxito sus actividades.
Aunque un programa de sangre sostenible desde el punto de vista económico puede exigir unas cuantiosas inversiones iniciales, a largo plazo, puede ser interesante para todos. En algunos países en desarrollo, no obstante, el programa puede necesitar subvenciones estatales por un periodo indefinido, convirtiéndose en una carga para el presupuesto estatal de sanidad, difícil de justificar en tiempos de crisis económica. Esto podría desembocar en el cierre de servicios de transfusión de sangre vitales.
Un programa de sangre debería tratar de generar ingresos mediante la recuperación de costos, y asegurarse, de este modo, su mantenimiento y autonomía financiera. Esto dotaría igualmente a los programas de la debida flexibilidad para responder con prontitud a las necesidades cambiantes.
Los objetivos de un programa de transfusión de sangre deberían consistir en proveer productos sanguíneos de calidad, cuando se necesitan, y gestionar eficazmente sus recursos y su pericia. La amplia red comunitaria de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es idónea para fomentar la donación voluntaria, no remunerada de sangre, su extracción, procesamiento y la distribución de productos sanguíneos.

Objetivo final 3.2 Nuevas iniciativas para atender a las necesidades de las personas vulnerables y reducir la discriminación y la violencia en la comunidad.

8. Los Estados pueden ayudar por distintas vías a los esfuerzos del Movimiento en materia de comunicación y difusión. Pueden, en particular, facilitar el acceso de las Sociedades Nacionales, la Federación Internacional o el CICR a las escuelas y universidades para que expongan y difundan los Principios Fundamentales. En este punto no se trata sólo de sensibilizar a los estudiantes acerca de la organización —en qué consiste y qué hace— sino igualmente de proponerles los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja como tema para reflexionar en torno a cómo pueden actuar los individuos con respecto a los demás miembros de su comunidad. Los ideales de respeto del ser humano y de no discriminación, en razón de la nacionalidad, raza, creencia religiosa, clase u opinión política son cruciales en este ámbito de la difusión.
Aunque la promoción de los Principios Fundamentales se centra en las escuelas y universidades, también es vital para el Movimiento la que realiza fuera del sistema educativo oficial. El uso de la tecnología apropiada y el contacto con la juventud y con los colectivos de la comunidad también son aspectos importantes del trabajo futuro del Movimiento.

9. Los servicios que las Sociedades Nacionales prestan en el marco de los programas sanitarios y sociales son una parte importante, y muy arraigada, de la contribución del Movimiento. En términos financieros, el valor global y el coste de dichos programas supera, con creces, incluso los programas dedicados a los desastres y los conflictos. No obstante, las necesidades y prioridades diarias de estos servicios cambian, y es esencial que las Sociedades Nacionales revisen sus actividades para asegurarse de que siguen siendo pertinentes a la luz de los Principios Fundamentales.
Cabría formularse, por consiguiente, algunas preguntas, en ocasiones nada fáciles, tales como ¿brindan de verdad los programas asistencia sin incurrir en discriminación? ¿tratan por igual temas de prevención y de paliación? ¿se despliegan esfuerzos específicos para garantizar el respeto del ser humano y fomentar la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos? El Movimiento, en general, y las Sociedades Nacionales, en particular, pueden dar por sentado que todo lo que hacen merece la pena ya que de una manera u otra todos los servicios prestados por los programas brindan asistencia a alguien. Pero los principios contienen un reto más difícil que impone la revisión permanente de los programas para evaluar su pertinencia en función de las necesidades prioritarias.
Es importante garantizar que los programas encarnan los principios en acción no sólo en el contexto diario; han de granjear a la Sociedad Nacional la credibilidad y el reconocimiento que sustentarán su actuación en caso de desastre o conflicto.

10. Muchos países están actualmente aquejados por la tragedia de los niños de la calle aunque la magnitud del problema difiere según los casos.
Se trata principalmente de un fenómeno urbano. En opinión de los expertos, para el año 2015 el 56% de la población mundial será urbana (el 45% en 1994), por lo que cabe esperar que aumente el número de niños de la calle.
Los niños de la calle se solían encontrar en América Latina y Asia pero el fenómeno se ha extendido a África y Europa oriental. Los países occidentales también están afectados aunque tienden a minimizar la situación.
Al principio se pensaba que sólo la pobreza empujaba a los niños a vivir en la calle pero la realidad es mucho más compleja. Aunque la pobreza es uno de los aspectos, lo más frecuente es que converjan varios factores como familias desestructuradas, violencia doméstica, colapso de los servicios sociales, fracaso escolar o sucesos esporádicos como los desastres naturales o los conflictos armados. Por consiguiente un niño rara vez va a parar a la calle repentinamente; lo hace gradualmente. Los niños de la calle siguen siendo con demasiada frecuencia víctimas de la ignorancia y la desinformación; ello contribuye a la violación de sus derechos.
La tragedia de los niños de la calle afecta a casi todos los países. Los niños están privados de muchos de sus derechos, de ahí que su futuro esté seriamente amenazado. Se les ha de ayudar no sólo para que no caigan en la delincuencia sino también para que conserven su dignidad, un derecho fundamental del que debería gozar todo ser humano.
Basándose en los derechos del niño, un número creciente de Sociedades Nacionales y la Federación Internacional han elaborado programas para los niños de la calle. Esta acción responde a uno de los Principios Fundamentales del Movimiento, a saber, el principio de humanidad de: “proteger la vida y la salud, así como hacer respetar a la persona humana”.
Para aumentar la eficacia de estos programas muchas Sociedades Nacionales trabajan en colaboración con otras organizaciones. Necesitan igualmente el apoyo de los Gobiernos a quienes incumbe la responsabilidad de garantizar a todos los niños un crecimiento en condiciones adecuadas. En el caso de los niños de la calle, los Gobiernos deberían mejorar su situación resolviendo sus necesidades específicas y apoyando a las Sociedades Nacionales y a la Federación Internacional en el desarrollo de sus actividades y mediación.
Las acciones de las Sociedades Nacionales adoptan distintas formas. Se llevan a cabo en zonas rurales y urbanas, especialmente en los barrios donde viven las familias más desfavorecidas. Están destinadas no sólo a los niños sino al conjunto de la comunidad y cubren distintos ámbitos como:

11. La labor realizada por las Sociedades Nacionales acerca de la discriminación y la violencia social es de capital y creciente importancia en el mundo actual. Los temas en este ámbito pueden incluir la eventual discriminación de refugiados y solicitantes de asilo, personas enfermas o discapacitadas, marginados o comunidades minoritarias. Numerosas Sociedades Nacionales han iniciado, igualmente, nuevos programas para tratar el tema de la violencia social, en colaboración con sus Gobiernos respectivos, otras organizaciones de su comunidad y los medios de comunicación. Esto refleja una mayor conciencia del fenómeno de la violencia como algo que exige una atención diaria en muchas comunidades. Esta parte del programa no sólo pretende intensificar el compromiso individual de las Sociedades Nacionales en los esfuerzos realizados en su propia comunidad; se propone, igualmente, aumentar la cooperación en el seno del Movimiento para compartir ideas y experiencias a la hora de abordar los temas de la discriminación y la violencia en la comunidad. Tiene que ver, por tanto, con el desarrollo del conocimiento y las capacidades del Movimiento en su conjunto, para hallar la mejor respuesta al desafío creciente de la violencia y la discriminación que aqueja al mundo.

Objetivo final 3.3. Aumento de la capacidad de las Sociedades Nacionales y asociación eficaz con los Estados

13. Al igual que otras muchas organizaciones establecidas, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja está interesado en una representación adecuada de todos los grupos sociales, en particular de mujeres, jóvenes y grupos étnicos minoritarios en sus estructuras directivas y de funcionamiento. El Movimiento pretende, en especial, involucrar a sus colectivos más importantes en la toma de decisiones, y corregir un cierto desequilibrio entre el dominio de los hombres en las estructuras administrativas y la usual predominancia de jóvenes y mujeres en las estructuras operativas.
a) La participación de los interesados directos en la toma de decisiones se puede producir en distintas esferas de una Sociedad Nacional y de sus programas. Se ilustran tres de ellos a continuación.
Primero, en la administración, que trata de representar a los principales interesados directos y de tomar decisiones estratégicas en su interés. Los miembros de los órganos directivos son elegidos por un amplio número de socios entre los cuales personas interesadas y voluntarios. Estos dirigentes o mandatarios han de tomar decisiones en favor de al menos tres grupos de interesados directos: las personas más vulnerables que pueden beneficiarse de los programas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, los donantes, y los voluntarios y el personal de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Unos órganos directivos eficaces y responsables harán que la Sociedad Nacional cobre mayor legitimidad a los ojos de la población de un país y de su Gobierno.
El segundo nivel se refiere a la gestión y ejecución de los programas. Aquí los interesados pueden participar e influir en las decisiones relativas a la elaboración y ejecución del programa, y en desempeñar las tareas concretas requeridas. Así, los programas tendrían como objetivo prioritario los intereses de los beneficiarios y no sólo el de los interesados directos. La ejecución de los programas podría igualmente contar con la participación de las personas más adecuadas y aceptables en opinión de los beneficiarios.
El tercer nivel concierne a los programas de desarrollo comunitario. Aquí es importante establecer un equilibrio entre los foros tradicionales y legítimos, y los procedimientos de tomas de decisiones, al tiempo que se vela por que las opiniones de todos los sectores de la comunidad estén debidamente representadas y recogidas.
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja pretende asegurar una mayor participación e implicación en la toma de decisiones en todos los niveles de actuación. A grandes rasgos, se pueden seguir dos estrategias para lograrlo. La primera consiste en suprimir las barreras impuestas a los grupos infrarepresentados; la segunda, en fomentar activamente la participación de dichos grupos y garantizar una representación equitativa de los grupos interesados clave en los órganos de toma de decisiones. Estas dos estrategias no son incompatibles. No obstante, tendrán repercusiones en la organización de las Sociedades Nacionales que las adopten.
Los Gobiernos pueden apoyar una mayor implicación y participación de la juventud, las mujeres y los grupos étnicos mediante:

14. El anterior apartado 12 (b) versa sobre la importancia del voluntariado y el interés de que los Estados brinden su ayuda para el desarrollo del voluntariado.
a) Frente a los significativos cambios políticos y sociales, las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja necesitan conocer mejor los retos suscitados por el voluntariado. A grandes rasgos, son dos los retos que se plantean. El primero guarda relación con la naturaleza y el propósito de la labor del voluntariado: ¿en qué medida es útil y adecuado en las distintas estructuras políticas, sociales y económicas? y ¿cómo encaja en los objetivos estratégicos del Movimiento? El segundo se refiere a la gestión de los programas que conllevan voluntariado: habida cuenta de los cambios políticos y sociales ¿cómo se puede reclutar y apoyar mejor a los voluntarios?
En este contexto, se hace necesario el desarrollo de estudios y políticas para que la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales alcancen una mejor comprensión de los retos a los que se enfrentan y de las estrategias, capacidades, estructuras, actividades y culturas organizativas que han de fomentar para afrontar los retos que plantea el voluntariado moderno.

Notas
1. Incluso antes de 1868, la prohibición de armas venenosas había formado parte de antiguos derechos de la guerra en India, Grecia, Roma y Oriente Medio, debido a sus excesivos efectos. El "Código Lieber” de 1863 para las fuerzas federales de la guerra civil de los EE.UU., también “excluyó completamente” estos medios de hacer la guerra por la misma razón.

2. Declaración de San Petersburgo de 1868 con el objeto de prohibir el uso de determinados proyectiles, en tiempo de guerra (San Petersburgo, Rusia), por la cual se renuncia a la utilización de proyectiles explosivos de un peso inferior a 400 gramos.

3. Protocolo adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949, artículo 35, inciso 2.

4. Licitud de la amenaza o del uso de armas nucleares, Opinión Consultiva, Corte Internacional de Justicia. La Haya, 8 de julio de 1996, No. 95, párrafo 79.

5. Ambos términos son traducciones del concepto único francés maux superflus, contenido en el Reglamento de La Haya de 1899 y 1907 (art. 23 e). El término francés abarca ambos elementos.

6. Este término es traducido del original francés propres à causer, el cual es la única versión auténtica del Reglamento de La Haya de 1899 y 1907 (art. 23 e). Este término fue traducido incorrectamente al inglés como “calculated to cause” en el Reglamento de La Haya de 1907 (IV), lo cual introdujo un elemento subjetivo acerca de la intención del diseñador del arma. Este error fue corregido cuando se confirmó el término original “of a nature to cause” en el Protocolo adicional II de los Convenios de Ginebra de 1977, art. 35, inciso 2.

7. Protocolo adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949, art. 36.

8. Véase el apartado C de este documento.