La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (en adelante, la Convención) proporciona un marco completo para acabar con el sufrimiento que causan estas armas. Las obligaciones esenciales que contiene están destinadas a eliminar las minas antipersonal (AP) y prestar asistencia a las víctimas de minas y las comunidades afectadas por ellas.

Cada Estado Parte en la Convención se compromete a:

Ÿ nunca y bajo ninguna circunstancia emplear, desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a cualquiera, directa o indirectamente, minas AP o ayudar, estimular o inducir, de una manera u otra, a cualquiera a ello (artículo 1);

Ÿ destruir o asegurar la destrucción de todas las existencias de minas AP que le pertenezcan o posea, o que estén bajo su jurisdicción o control, en un plazo de 4 años, a partir de la entrada en vigor de la Convención para ese Estado (artículos 1 y 4);

Ÿ destruir o asegurar la destrucción de todas las minas AP colocadas en zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o control, en un plazo de 10 años a partir de la entrada en vigor de la Convención para ese Estado y, hasta que se efectúe esa destrucción, marcar y vigilar todas las zonas minadas donde se sepa o se sospeche que haya minas (artículo 5);

Ÿ si está en condiciones de hacerlo, proporcionar asistencia para la destrucción de las existencias de minas AP, limpieza de zonas minadas y programas de sensibilización al peligro de las minas, así como para el cuidado, la rehabilitación y la reintegración económica y social de las víctimas de las minas (artículo 6);

Ÿ presentar un informe al Secretario General de las Naciones Unidas no más tarde de 180 días después de la entrada en vigor de la Convención para ese Estado, y luego anualmente, a más tardar el 30 de abril de cada año (artículo 7);

Ÿ dar acceso a las misiones de determinación de hechos autorizadas de conformidad con el artículo 8, y facilitar su labor;

Ÿ imponer sanciones penales para prevenir y reprimir cualquier actividad prohibida por esta Convención, cometida por personas o en territorio bajo su jurisdicción o control (artículo 9);
Para cumplir sus obligaciones dimanantes de la Convención, los Estados Partes deben tomar una serie de medidas –legislativas, administrativas y de otra índole– para hacer efectiva la Convención.

La disposición esencial relativa a la aplicación legal de la Convención es el artículo 9, en el que se estipula que:

“Cada uno de los Estados Partes adoptará todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que procedan, incluyendo la imposición de sanciones penales, para prevenir y reprimir cualquier actividad prohibida a los Estados Partes conforme a esta Convención, cometida por personas o en territorio bajo su jurisdicción o control.”

La finalidad de esta carpeta informativa es ayudar a los Estados a elaborar una legislación que permita aplicar la Convención. En ella se determinan los elementos necesarios para elaborar esas leyes.

Varios Estados pertenecientes tanto a la tradición del derecho civil como del derecho anglosajón han promulgado una normativa para cumplir sus obligaciones convencionales. Esto puede lograrse mediante la aprobación de unas leyes nuevas o independientes o modificando las disposiciones existentes en el derecho nacional. La carpeta informativa se centra en las normas legales independientes; se adjuntan como ejemplos a la presente carpeta leyes aprobadas por España, Francia, Mali, Nueva Zelanda, el Reino Unido y Trinidad y Tobago (en las lenguas originales).