I. Introducción

La Conferencia de Expertos Gubernamentales sobre la aplicación nacional del derecho internacional humanitario y de las convenciones interamericanas relacionadas se celebró en San José, Costa Rica, los días 6, 7 y 8 de marzo de 2001. (Agenda en Anexo 1)

Esta Conferencia se organizó con el fin de facilitar el cumplimiento de la resolución AG/RES. 1706 (XXX O/00) de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada en Windsor (Canadá) (Anexo 2). En dicha resolución se subrayó la necesidad de fortalecer las normas que protegen la vida y la dignidad de la persona humana en todas las circunstancias mediante la aceptación universal del derecho internacional humanitario (DIH) y su más amplia difusión y aplicación nacional.

La Conferencia, que estaba dirigida específicamente a los Estados miembros de la OEA, fue convocada por invitación del secretario general de esa Organización tras una iniciativa regional auspiciada por su Secretaría General, el Gobierno de Canadá, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia de la República de Costa Rica y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Su principal finalidad era promover la aplicación tanto de los tratados de DIH como de las convenciones interamericanas relacionadas, en particular las que se refieren a la protección y la seguridad de la persona.

Mediante su ratificación, los Estados Partes se comprometieron a velar por que se conozcan y respeten los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977. Asimismo, en el plano regional, varias convenciones interamericanas buscan garantizar la mejor protección posible de la persona, inclusive durante conflictos armados. Por su dinámica y su desarrollo continuo, el derecho internacional humanitario y el derecho interamericano de protección de la persona se han convertido en un complejo conjunto de normas relativas a una gran variedad de problemas. No cabe duda de la complejidad que caracteriza también el proceso de aplicación de los instrumentos que lo conforman, así como del denso entramado de normas consuetudinarias que lo completan en el ordenamiento jurídico interno de los países.

Partiendo de esta constatación, los objetivos específicos de la Conferencia eran los siguientes:

- Servir de apoyo a los países del continente en su labor de desarrollar, en el derecho interno, los principios y normas de aplicación de dichos instrumentos internacionales y regionales.

- Contribuir a fortalecer las competencias internas de los Estados con miras a favorecer el respecto de la normativa que éstos contienen.

- Proporcionar información sobre los avances recientes en materia de justicia penal internacional y, particularmente, con respecto a la Corte Penal Internacional.

- Promover el intercambio de información sobre leyes y otras disposiciones adoptadas en esas materias entre entidades (comisiones nacionales para la aplicación del DIH en especial) establecidas para facilitar y coordinar el proceso de adopción de normas.

La sesión se articuló alrededor de la relación y los puntos convergentes entre las convenciones interamericanas y los instrumentos de DIH, así como los esfuerzos emprendidos en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos y otras instituciones del sistema interamericano con miras a promover el DIH y apoyar su aplicación en la práctica. Se comentaron los contactos e intercambios de cooperación en este ámbito entre la OEA y el CICR. Se examinaron también el funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la relación existente en los países latinoamericanos entre el derecho internacional y derecho interno. La sesión concluyó con un análisis crítico de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

En la introducción del tema se mencionaron las resoluciones aprobadas cada año por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en relación con el derecho internacional humanitario. La primera fue la adoptada en la Asamblea de Belén de 1994 (AG/RES. 1270 XXIV O/94). Seguidamente se mencionaron las convenciones interamericanas relacionadas con el DIH, especificadas por el Departamento de Cooperación y Difusión Jurídica, en particular las siguientes:

- Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969);

- Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte (1990);

- Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985);

- Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994);

- Protocolo a la Convención sobre los Deberes y Derechos de los Estados en Caso de Luchas Civiles (1957);

- Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia internacional (1971).

La señora Matamoros comentó el largo camino recorrido por el Comité Internacional de la Cruz Roja y las alianzas estratégicas realizadas por esa Institución con organismos de las Naciones Unidas y regionales, en particular la Organización de la Unidad Africana, el Consejo de Europa, el Comité Jurídico Consultivo Asiático-africano, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Sociedad Africana de Derecho Internacional y Comparado, la Liga de los Estados Árabes, la Organización de la Conferencia Islámica, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la OEA. Recordó que la Asamblea General de la OEA aprobó la primera resolución sobre el “Respeto del Derecho Internacional Humanitario” (1994) 23 años después de la apertura de la primera oficina del CICR en América Latina. Subrayó que las resoluciones aprobadas en 1994 y 1995 sirvieron de base para el Acuerdo de Cooperación que firmó el CICR con el secretario general en 1996 y que, desde ese año y de forma ininterrumpida, la Asamblea General había aprobado resoluciones en las que se insta a los Estados miembros a ratificar los instrumentos de DIH, difundir ese derecho y promulgar leyes nacionales para que dichos instrumentos entren en vigor y se prevengan conculcaciones de los mismos. En las resoluciones mencionadas se pide asimismo a los Estados que establezcan comités nacionales de asesoramiento para facilitar y coordinar estas tareas. Se explicó que las siete resoluciones aprobadas hasta la fecha han propiciado un compromiso cada vez mayor de los Estados miembros de la OEA respecto del DIH.

La ponente señaló que, en su informe al Consejo Permanente sobre el cumplimiento de la resolución 1706 (Canadá, junio de 2000), el secretario general se refirió particularmente al artículo 5 en el que se solicita a los Estados que, al poner en práctica las normas del DIH, presten especial atención a los siguientes aspectos:

- Mayor difusión posible del DIH entre las fuerzas armadas y de seguridad mediante programas oficiales de instrucción, etc.
- Promulgación de la legislación penal necesaria para sancionar a los autores de los crímenes de guerra y otras conculcaciones graves del DIH.
- Promulgación de legislación para regular el uso de los emblemas protegidos por el DIH y sancionar los abusos.
- Obligación, cuando se estudie, fabrique, adquiera o adopte una nueva arma, de determinar si su empleo es contrario al DIH y, en tal caso, no aprobar su uso por las fuerzas armadas y de seguridad, ni fabricarla con otros fines.
Se mencionó que, en 1998, se invitó al CICR a dialogar con las representaciones de los Estados miembros de la OEA en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. En el acuerdo de cooperación firmado en 1996 por ambas instituciones, la Secretaría General de la OEA se comprometió a cooperar en asuntos de interés común para toda América, especialmente en los ámbitos de fomento y difusión del DIH, de la adopción de medidas para mejorar la aplicación de este derecho y de apoyo a la acción humanitaria del CICR, así como a patrocinar reuniones conjuntas.

Con referencia a las premisas de la percepción estatal del DIH, se subrayó que su normativa es reconocida, aceptada y valorada en los 34 países miembros de la OEA. Con independencia de la diversidad histórica, cultural, jurídica o de coyuntura política de las naciones del hemisferio, existe un consenso total acerca de los valores, principios y reglas que conforman este cuerpo de derecho.

La ponente opinó que se debían buscar nuevas formas de asistencia, apoyo y colaboración entre el CICR y la OEA para dinamizar la tarea emprendida y que debían aprovecharse las instancias importantes para el desarrollo del derecho penal internacional, la cooperación judicial y un mejor entendimiento conceptual del DIH en las Américas. Asimismo, debería utilizarse el espacio que ofrecen las reuniones de ministros de Justicia de las Américas en las cuales, por ejemplo, los temas de extradición y cooperación judicial tienen ya una importancia establecida. Señaló que el Comité Jurídico Interamericano cuenta con programas educativos en DIH y que el tema de la Corte Penal Internacional y el DIH tiene gran preponderancia.

En el ámbito de los derechos humanos, se mencionaron la Comisión y la Corte Interamericana como instituciones que a su vez aplican y fiscalizan el respeto de la normativa del DIH. Se enfatizó que la coyuntura de los conflictos armados internos ha hecho que el DIH y el derecho internacional de los derechos humanos se fundan con regularidad en un solo cuerpo normativo en beneficio de las víctimas de conflictos armados.

Finalmente, se puntualizó que la Comisión Interamericana de Mujeres y el Instituto Interamericano del Niño son instituciones de la OEA con áreas de acción que revisten singular importancia para el CICR, ya que velan por poblaciones generalmente vulnerables en conflictos armados internos o internacionales.

A continuación, el doctor Cassel se refirió a los deberes estatales según el Pacto de San José y al funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comentó que, en la década de 1980, el Estado tenía el deber de comparecer delante de la Corte Interamericana, pero no lo hacía, y que la situación cambió en los años noventa, como lo testimonia un fallo de la Corte Interamericana en 1991 contra Honduras.

Recordó que la Corte Interamericana ya se había consolidado y que dicha consolidación estaba garantizada por todos los Estados que habían ratificado los convenios, los tratados y las resoluciones interamericanas, con excepción de Cuba. Mencionó que, si se mirase el grado de cumplimiento de las sentencias de la Corte, se constataría que su acatamiento es mayor actualmente. Según el ponente, los avances observados en el funcionamiento de la Corte en el último decenio se habían logrado gracias al afianzamiento de la democracia en los países, así como al hecho de que las sentencias definitivas de la Corte son justas. La jurisprudencia muestra un desarrollo progresivo y prudente y el alcance de las compensaciones que ésta ordena, incluidas las indemnizaciones económicas, ha aumentado.

Comentó que, en su labor, la Corte se inspiraba en las doctrinas sobre el deber estatal de pleno cumplimiento de los compromisos que emanan de normas internacionales. Para ello, se ha amparado en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, en el deber del Estado de garantizar el acceso a recursos judiciales eficaces estipulado en el artículo 25, así como en la doctrina tendiente a combatir la impunidad. Señaló que, precisamente en la sentencia contra Honduras, se confirmó el deber del Estado de investigar, procesar y castigar a los autores de violaciones de la Convención, y que tanto la Comisión como la Corte Interamericana habían aclarado que ese deber se aplica aun en casos de amnistía. De manera general, la jurisprudencia sobre los deberes estatales había condenado la impunidad, la defensa de ésta y la revisión y declaratoria de nulidad de los procesos violatorios de las convenciones interamericanas y de la normativa internacional. Se señaló también que, en 1998, la Corte dictó una resolución en la que se pide a los Estados miembros que adapten su legislación de modo que se contemplen el genocidio y los crímenes de guerra.

Con respecto a la relación entre el DIH y el derecho de los derechos humanos, destacó que la Corte había negado, en una sentencia preliminar de febrero de 2000, en el asunto denominado "Las Palmeras", su competencia para averiguar si se habían violado las normas del DIH. Sin embargo, admitió su facultad para interpretar la Convención Interamericana de Derechos Humanos a la luz de la normativa del DIH, como ocurrió en un caso sobre Guatemala examinado ulteriormente por la Corte.

Por último, el ponente se refirió a la Corte Penal Internacional y subrayó que ésta sólo juzgará casos en los que los tribunales nacionales no intervengan. Los Estados que no quieran entregar a un presunto autor de graves violaciones del DIH y del derecho internacional de los derechos humanos podrán juzgarlo en sus propios tribunales, a condición de que los códigos penales prevean sanciones para los crímenes definidos en el Estatuto de la Corte.

El doctor Elizondo se refirió, en su presentación, a las múltiples facetas del desarrollo de la aplicación del derecho internacional en el derecho interno y del fenómeno de la transformación del derecho constitucional y la actividad de las cortes constitucionales a la luz de las teorías del dualismo y del monismo con respecto a la relación que practican los Estados entre ambos tipos de derecho. En su opinión, no existían dos órdenes contradictorios, sino más bien se debía analizar el derecho interno como uno solo.

Mencionó que los aproximadamente 70 tratados y las dos cortes de derechos humanos que hay en América y Europa, a los cuales se debían agregar también los tratados del derecho de los refugiados, tenían un carácter complementario en diversos órdenes jurídicos. Para el ponente, estos tratados son un instrumento para que se dé la exigibilidad de los derechos del hombre. Señaló que la Declaración 10/89 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, amparada en el artículo 38, tuvo un gran efecto jurídico al indicar que son fuentes del derecho internacional la costumbre, los principios generales, la jurisprudencia y la doctrina. Precisó, en cuanto al derecho internacional convencional, que los Estados americanos tienen tres posiciones diferentes: en unos casos se les da rango constitucional con preeminencia del derecho internacional sobre el derecho interno; en otros el tratado se subordina a la Constitución, pero tiene preeminencia sobre la ley. Se mencionó la Constitución de Guatemala como ejemplo. La tercera posición la representa la Constitución mexicana, que otorga al tratado rango de ley federal.

Según el ponente, se han logrado cambios muy interesantes para América Latina al respecto, los cuales pueden observarse en las sentencias de las cortes constitucionales de Argentina, México, Costa Rica y la República Dominicana. Subrayó que se ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y existen garantías para su obligatoriedad en defecto de ley reguladora. Además, según dijo la Corte Interamericana, toda persona tiene derecho al rápido amparo de sus derechos constitucionales y ninguna ley puede negar

este amparo. Concluyó diciendo que, en resumen, se podía observar que en Costa Rica los tratados tienen régimen superior a la ley; en Argentina, rango constitucional y en México, rango supralegal.

El señor Molina Quesada habló de la evolución constante del derecho internacional relacionado con los derechos fundamentales, los cuales se establecen con carácter irreversible en los Estados que han ratificado las convenciones de derechos humanos. Dichos tratados contendrían principios que tienden a favorecer su aplicación, como el principio pro libertade y el principio pro homine. Todos deben aplicarse y cumplirse según lo dice válidamente cada constitución nacional.

El ponente recordó que los derechos humanos comenzaron a actualizarse a partir de la Carta de Naciones Unidas, suscrita en 1945, y que, después, en 1948, llegaron otras proclamas. Indicó que a través de la aplicación de las convenciones, los tratados y las proclamas con ese tipo de disposiciones el derecho internacional se impone cada vez más sobre el derecho interno. Constató, asimismo, que existía una interdependencia mayor entre los Estados, lo que en su opinión es una evolución positiva.

A continuación, analizó la normativa de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de 1985, en la cual se establecen herramientas para la defensa y vigencia de la libertad del ser humano. Mencionó que hay disposiciones para proteger la dignidad o el decoro de las personas y que si aún existe la tortura, la conculcación que ésta constituye no debía quedar impune, además de que constituye un crimen imprescriptible. Expresó la opinión de que debe modificarse la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de la manera siguiente: cambiar la redacción del artículo 17 sobre la capacidad de informar para que quede claro que es obligatorio para los Estados en el plano interno; establecerse que los Estados tienen la obligación de divulgar ampliamente todos los aspectos que contribuyan a prevenir la tortura; y, en relación con el artículo 9, debería ser obligatorio compensar a las víctimas y, además, existir la garantía de que la compensación es adecuada. Subrayó, asimismo, que debería exigirse la incorporación de normas en las legislaciones nacionales para que esa compensación sea rápida y sus mecanismos constituyan una obligación permanente ante la Corte. Deberían existir mecanismos efectivos para la fiscalización y la ejecución de todos los principios expresados en la Convención. En cuanto al artículo 2, relativo a la definición de tortura, sostuvo que ésta era una violación de los derechos de las personas y que el daño moral que sufren las víctimas debería expresarse claramente en la definición.

Durante la sesión se debatió la importancia de poner en práctica las normas del DIH y se presentó un diagnóstico de la situación actual del respeto de los instrumentos de DIH en América. Seguidamente, se refirió al papel que se ha comprometido a desempeñar la Confederación Helvética como Estado Depositario de los convenios de DIH para promover y apoyar la aplicación nacional de la normativa que contienen. Finalmente, se comentó el enfoque que dan actualmente los Estados de habla inglesa del Caribe al DIH y a su puesta en práctica, así como los esfuerzos emprendidos por algunos de esos Estados con miras a incorporar las obligaciones internacionales en los ordenamientos jurídicos internos.

La señora Dutli señaló que la puesta en práctica de las normas del DIH significa las medidas que se han de tomar para garantizar su pleno respeto y agregó que no sólo es preciso aplicar dichas normas una vez iniciado un conflicto armado, sino que hay medidas que deben adoptarse fuera de las zonas de conflicto, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Esas medidas son asimismo necesarias para garantizar que todas las personas, tanto civiles como militares, conozcan sus normas, existan las estructuras, las disposiciones administrativas y el personal necesarios para poder aplicarlo y se prevengan y sancionen sus violaciones.

Hizo hincapié en que incumbe principalmente a los Estados garantizar la plena aplicación de los instrumentos de DIH. Precisó que no sólo las partes en conflicto son responsables de su aplicación, sino que todos los Estados partes en los Convenios de Ginebra de 1949 (190 Estados) tienen el deber de "respetar y hacer respetar" el DIH en todas las circunstancias, conforme al artículo 1 común a dichos Convenios.

Mencionó que esos tratados incluyen una serie de medidas que los Estados deben tomar en el plano nacional para su puesta en práctica, siendo las principales las siguientes:

a) traducir los textos de los Convenios a los idiomas nacionales;

b) dar a conocer los textos lo más ampliamente posible, tanto a las fuerzas armadas y del orden como al público en general;

c) reprimir los crímenes de guerra, para lo cual es necesario promulgar una legislación nacional que los prohiba y sancione;

d) garantizar que las personas y los lugares protegidos sean definidos y correctamente identificados;

e) adoptar una legislación que permita sancionar el uso abusivo de los emblemas protegidos y, en particular, el de la cruz roja;

f) captar personal cualificado e impartirle formación;

g) prever la creación de organizaciones de protección civil y oficinas nacionales de información.

Agregó que ciertas normas del DIH requieren la promulgación de leyes especiales por los Estados y que sin ellas las autoridades nacionales no pueden exigir el cumplimiento de esas obligaciones internacionales.

En relación con las dificultades derivadas del retraso en el desarrollo y la puesta en práctica del DIH, señaló que podría deberse a un factor de carácter psicológico, ya que se trata de un derecho de excepción que se aplica únicamente en situaciones de conflicto armado. Debido a que la mayoría de los Estados piensan que ello nunca sucederá en su territorio, la aplicación de este derecho no se considera una prioridad.

Se refirió a que otro factor importante es que la puesta en práctica depende, dentro del marco nacional, de varias autoridades gubernamentales. Cuando no hay un órgano de coordinación o una autoridad responsable, las responsabilidades se diluyen y no se toman iniciativas para llevar a cabo esa tarea. Por ello, las comisiones nacionales de aplicación del DIH desempeñan un papel importante.

A continuación, indicó que el CICR estableció el Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario para fortalecer su apoyo a los Estados que están preparando medidas de aplicación nacional de los instrumentos de DIH. Dicho Servicio concede prioridad a la adhesión universal a todos los tratados de relevancia para el DIH, la represión de los crímenes de guerra, la protección de los emblemas de la cruz roja y de la media luna roja, la protección de los niños en los conflictos armados, la protección de los bienes culturales en estas situaciones y la creación de comisiones nacionales de derecho humanitario.

Para alcanzar esos objetivos, el Servicio de Asesoramiento realiza actividades tales como: promoción de los tratados, seminarios, reuniones de expertos, asistencia técnica, intercambio de información y preparación y suministro de publicaciones.

Asimismo, la ponente mencionó que para facilitar el intercambio de información sobre las medidas nacionales existentes y su aplicación, el Servicio de Asesoramiento ha creado una base de datos con leyes, reglamentos y otros textos de derecho interno referentes al DIH, como la jurisprudencia de los tribunales nacionales, que van acompañados de un comentario general acerca del sistema jurídico nacional de cada país. Dicho Servicio colabora con instituciones regionales e internacionales, académicas y gubernamentales como el Consejo de Europa, la Comunidad de Estados Independientes, la Organización de los Estados Americanos, la Secretaría del Commonwealth, la UNESCO y varias universidades.

Después, hizo un diagnóstico de la ratificación de diversos tratados y de la aplicación de sus normas en el continente americano, afirmando que se han producido avances importantes.

Señaló también que, en materia de enseñanza y difusión del derecho internacional humanitario, se han registrado progresos notables en América, tanto en los programas de capacitación para las fuerzas armadas y policiales, como en las universidades. Asimismo, las 14 comisiones nacionales de aplicación del derecho internacional humanitario, creadas en sendos Estados e integradas por

representantes de varios ministerios y otras entidades gubernamentales, coordinan generalmente la adopción de medidas de aplicación nacional y actúan como órganos consultivos de las autoridades gubernamentales. Concluyó observando que, en este continente, se ha iniciado un proceso importante para la puesta en práctica del derecho internacional humanitario y que todos los Estados deben realizar un trabajo constante de reflexión, análisis y acción, ya que tienen la responsabilidad de garantizar el respeto del derecho humanitario y, a través de él, el respeto de la persona en las difíciles situaciones que son los conflictos armados.

El señor Imhoof reiteró, en su presentación, la doble obligación de los Estados partes en los Convenios de Ginebra de respetar y hacer respetar el DIH. Señaló que la primera es una obligación internacional normal, conforme al principio pacta sunt servanda. La segunda implica un compromiso concreto, una responsabilidad compartida para que las acciones de cada uno de los miembros de la comunidad internacional respeten, tanto a nivel interno como internacional, los principios universales de algunos derechos fundamentales del hombre. Se refirió a que esto último no es fácil ya que, desde el punto de vista de los Estados, muy celosos de su soberanía, la frontera entre la obligación de hacer respetar el DIH, por un lado, y la injerencia en los asuntos internos, por otro, es más que tenue.

Agregó que esa situación ha dado pie a lo que hoy se denomina el "derecho de intervención humanitaria", un derecho que permitiría dejar de lado la rigidez de la soberanía para ayudar a las personas que sufren por la conculcación de sus derechos fundamentales. Apuntó que incluso en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario se debería hablar del "deber de injerencia", porque si los Estados desean hacer respetar el DIH, la injerencia deja de ser un derecho para convertirse en un deber. También explicó que si se acepta que los principios del DIH son universales, se puede argumentar que forman parte del jus cogens, obligatorio para todos los Estados del mundo.

Hizo énfasis en que el esfuerzo de todos los interlocutores de buena voluntad en el plano internacional ha dado, da y seguirá dando fruto, siempre y cuando cada uno de los Estados persevere en sus esfuerzos para hacer respetar el DIH y, en particular, adapte su legislación interna para poder adherirse rápidamente a los textos que hacen progresar el respeto de ese derecho.

Resaltó que el estado de ratificación de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario es alentador, particularmente en América, continente pionero en muchos casos de la puesta en práctica del DIH gracias a las acciones del CICR y la OEA. Señaló algunos de los progresos importantes, tales como la participación de la mayoría de los Estados del continente en el Tratado de Ottawa; la preparación de una convención sobre la lucha contra la proliferación de armas de pequeño calibre; los esfuerzos relacionados con la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados y el estado de ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En relación con este último, expuso que la Corte representa un gran paso adelante en favor de la obligación de "hacer respetar", que todos los signatarios de los Convenios de Ginebra de 1949 asumieron.

Para finalizar, señaló que la prioridad de todos los gobiernos debe ser el bienestar de las personas o del pueblo, pero que esto no es posible cuando se violan los derechos fundamentales.

El señor Leacock comentó el enfoque de los países de habla inglesa del Caribe del derecho internacional humanitario y su aplicación.

Explicó que, en los Estados de habla inglesa del Caribe, el DIH no es una prioridad para los gobiernos debido a que se trata de una región pacífica que no ha tenido experiencias recientes de conflictos armados y a que disponen de pocos recursos humanos.

A continuación, comentó algunas medidas prácticas que tendrían que adoptar los Estados de esta región - por ejemplo, designar una autoridad responsable de dar seguimiento al tema- para evaluar cómo se está aplicando el DIH en los ordenamientos jurídicos internos y determinar las lagunas y las acciones que habría que emprender. Al respecto, mencionó como ejemplo la comisión interministerial establecida en Trinidad y Tobago para estudiar los Protocolos adicionales de 1977 a los Convenios de Ginebra que, después de examinar la adhesión a estos tratados, presentó sus recomendaciones a las autoridades competentes. Citó también algunos ejemplos específicos de esfuerzos realizados en Estados de la región con miras a apoyar el respeto del DIH.

Con respecto a las situaciones de conflicto armado, recordó la rebelión en Granada y el hecho de que los Estados miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) reclutaron y enviaron fuerzas militares a través de esa organización. Esta experiencia ha demostrado que es necesario que las fuerzas armadas conozcan el derecho de la guerra para disponer de combatientes capacitados en caso que se produzca otra situación semejante. Señaló que se están realizando importantes esfuerzos de difusión del DIH, con el apoyo del CICR, en el ámbito de la instrucción militar. Debido a la mundialización, se ha invitado a los Estados de la CARICOM a apoyar varias misiones de mantenimiento de la paz - por ejemplo, en Haití y Namibia- mediante la puesta a disposición de personal civil y militar especializado en DIH y en derechos humanos.

Con referencia a la protección de los bienes culturales en situación de conflicto armado, señaló que las autoridades de Barbados han mostrado interés en determinar los bienes culturales que deben protegerse y en aplicar el Convenio de la Haya de 1954 y sus Protocolos.

En cuanto al tema de las comisiones nacionales para la aplicación del DIH, opinó que esos órganos habían propiciado progresos reales en varios países, pero que, sin embargo, su idoneidad para los pequeños países del Caribe era discutible y debía evaluarse caso por caso.

Precisó que las constituciones nacionales de los países de la región garantizan los derechos fundamentales, que las disposiciones pertinentes se someten periódicamente al control de los tribunales y que las decisiones del gabinete del ejecutivo también están sujetas a una revisión judicial para evitar que los ciudadanos sean objeto de arbitrariedad.

Para terminar subrayó que la acción de los procuradores nacionales permite controlar el buen funcionamiento de la administración gubernamental y prevenir acciones violadoras de las garantías constitucionales.

La Mesa Redonda tuvo como postulados el análisis del trabajo desempeñado por algunas de las comisiones nacionales de DIH existentes en la región y sus principales logros y resultados, el estudio de los retos que se han presentado a las comisiones que, por una u otra razón, no han podido cumplir cabalmente su mandato y el debate de las experiencias de avances alcanzados en los países en que no existe un órgano nacional de este tipo.

Las ponentes atestiguaron que las comisiones nacionales de DIH han demostrado ser, en numerosos casos, un mecanismo adecuado que facilita al Estado el cumplimiento de las obligaciones internacionales dimanantes de los instrumentos de DIH, como son la ratificación o adhesión a los convenios mencionados, su aplicación a nivel nacional y la difusión de la normativa en los diversos niveles de la sociedad.

Sin embargo, se señaló que la experiencia ha mostrado que existen también casos en los que la falta de una comisión nacional de DIH no ha impedido que se den pasos sustanciales hacia el logro de los objetivos mencionados. Tres de las comisiones presentes tienen carácter permanente y una fue creada con carácter ad hoc, de ahí las diferencias en el tipo de funciones y la amplitud del mandato de cada una de ellas. El mandato de tres Comisiones, establecido por decreto ejecutivo, consiste en velar por la aplicación del DIH y por la promoción y la difusión de sus instrumentos, y la cuarta, de Trinidad y Tobago, fue creada con el objeto de estudiar la normativa de los Protocolos adicionales de 1977 a fin de recomendar al gobierno su adhesión o no a esos tratados.

Todos los ponentes describieron la creación, el mandato y las principales actividades de las comisiones nacionales que representaban con respecto a la promoción de los instrumentos de DIH: su ratificación o adhesión, así como su difusión e incorporación al ordenamiento jurídico interno.

Se subrayó que, desde el punto de vista organizativo, las tres comisiones nacionales permanentes de aplicación del DIH son instituciones con elementos comunes. Por lo que concierne al Poder Ejecutivo, se cuenta con la participación, sobre todo, del ministerio de Relaciones Exteriores al frente de la presidencia o como ente encargado del trabajo de las comisiones, y los ministerios de Justicia, Defensa o Seguridad, Educación Interior y Salud, así como la Procuraduría de la Nación y la entidad a cargo de la defensa de los derechos de los habitantes.

Como se indicó en relación con el Poder Legislativo, algunas comisiones cuentan con representantes de las comisiones de Derechos Humanos, de Relaciones Exteriores o de Asuntos Jurídicos. Además, se destacó que algunas comisiones -no las participantes en la mesa redonda como ponentes- tienen también un representante del Poder Judicial, lo cual es de suma importancia para el seguimiento de las iniciativas de reforma legislativa y su posterior aplicación por las personas que administran la justicia.

Por otro lado, se mencionó como característica fundamental que la mayoría de las comisiones nacionales sesionan periódicamente y preparan informes anuales que presentan al ministerio de Relaciones Exteriores y al gobierno central.

Las comisiones nacionales presentadas han creado subcomisiones de trabajo para cumplir cabalmente su mandato y profundizar en el estudio de los temas. Para ejemplificar el sistema de subcomisiones nacionales se puede citar: la subcomisión de legislación, la subcomisión sobre la protección del emblema, la subcomisión de capacitación y difusión y la relativa a la organización de actividades de autogestión.

Los ponentes sostuvieron que este sistema de trabajo en subcomisiones ha dado excelentes resultados. Como prueba de ello se mencionó la elaboración de una versión didáctica de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y de sus dos Protocolos por el CIDIH-ES, la preparación de un proyecto de reforma del Código Penal que prevé la sanción de las violaciones graves del DIH por la CPDIH y el estudio del estado de ratificación o adhesión a los instrumentos de DIH para su promoción por la correspondiente subcomisión de la CNADIH de Bolivia. Se indicaron, asimismo, los importantes avances realizados en el campo de la divulgación de las normas entre funcionarios públicos, estudiantes universitarios y la sociedad en general.

A continuación, se mencionó que la Comisión ad hoc de Trinidad y Tobago, que preparó un documento en que se recomienda al Gobierno la adhesión a los Protocolos adicionales, recibió una extensión de su mandato para el estudio de otros instrumentos de DIH: la Convención de 1954 y sus dos Protocolos así como la Convención de Naciones Unidas de 1980 sobre armas convencionales y sus cuatro Protocolos. Tanto de las presentaciones de algunos ponentes como de la contribución de los participantes en la Mesa Redonda se desprendieron retos importantes para el éxito del trabajo de los órganos nacionales de DIH. Uno de ellos es la necesidad de que la voluntad política de crear una comisión nacional se

traduzca en una asignación presupuestaria que permita el adecuado cumplimiento del mandato de dicha comisión. Se ha observado que el apoyo financiero, aunque sea reducido, es esencial para el funcionamiento de las comisiones nacionales. La asignación presupuestaria puede permitir, por ejemplo, que la comisión tenga una secretaría permanente, que en la mayoría de los casos se convierte en el motor mismo de las comisiones nacionales para el cumplimiento de su mandato.

Se hizo énfasis en el hecho que otro reto que se ha planteado a las comisiones nacionales es la rotación de los titulares o suplentes. Esta situación conlleva el esfuerzo de una constante capacitación de sus miembros para alcanzar el nivel deseado de conocimiento del DIH. Sin embargo, durante la discusión se afirmó que esta situación puede verse también como un elemento multiplicador en relación con las personas que han sido preparadas y sensibilizadas sobre la importancia de la aplicación del DIH en tiempo de paz.

Al discutir sobre la existencia o no de comisiones nacionales y de su programa de trabajo, los participantes de la mesa redonda llegaron a la conclusión de que la decisión final depende del contexto histórico-social de cada país. En el caso de El Salvador, se mencionaron las lamentables experiencias del pasado conflicto armado como una de las razones por las que ya existía, a nivel nacional y gubernamental, una clara sensibilidad sobre la importancia de promover y aplicar el DIH. Por otra parte, en el caso de Panamá se subrayó el papel preventivo de las comisiones nacionales, concibiendo su mandato dentro de un contexto de promoción de la ratificación o adhesión a los instrumentos del DIH y de universalización del respeto de dicho derecho.

Con el fin de continuar los esfuerzos hacia una adecuada aplicación del DIH en el mundo, la jefa de los Servicios de Asesoramiento a los Estados informó sobre la próxima reunión de representantes de comisiones nacionales promovida por el CICR. Se espera crear un marco propicio para el intercambio de experiencias e información así como de recíproca evaluación del trabajo de las comisiones nacionales, en pos de un mayor respeto de los valores fundamentales del ser humano expresado en todos y cada uno de los instrumentos del DIH.

La mesa tuvo como objetivo informar sobre la protección jurídica de las niñas y los niños en los conflictos armados y las situaciones de violencia, alentar a los Estados a adoptar medidas nacionales de protección, especialmente en el ámbito legislativo, y deliberar acerca de acciones prácticas para subsanar las consecuencias negativas de las situaciones de violencia y crear un ambiente propicio para el pleno desarrollo de las niñas y los niños.

La señora Pellandini abordó la protección jurídica de los niños y las niñas en las situaciones de conflicto armado conforme a las disposiciones del DIH expresadas en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y los dos Protocolos adicionales de 1977.

Explicó que la protección es, a la vez, general y específica por cuanto los niños y las niñas se benefician tanto de la protección general estipulada en favor de las personas civiles que no participan en las hostilidades, como de una protección especial debido a su particular vulnerabilidad. La protección general se basa en el derecho a la vida y el trato humano, así como en el beneficio de la distinción que han que hacer las partes en conflicto entre combatientes y civiles que no participan en las hostilidades y la prohibición de dirigir ataques contra éstos.

Seguidamente, señaló que la protección específica se deriva del IV Convenio de Ginebra de 1949, en concreto de la obligación de brindar un respeto y una protección especiales contra cualquier forma de abuso, sin olvidar la obligación de evacuar a los niños en caso de necesidad, cuidarlos y prestarles

asistencia, reunirlos con sus familiares cuando se encuentren separados de ellos, velar por su educación, preservar su entorno cultural, brindar un trato particular a los niños detenidos y no dictar penas de muerte contra menores de 18 años. También se explicó que, a diferencia de los adultos, los niños y las niñas que participan en las hostilidades siguen beneficiándose de esta protección especial en virtud del DIH. A los menores que participan en las hostilidades se les considera combatientes, aunque se prohibe que los menores de 15 años participen en las hostilidades.

A continuación, se hizo referencia a otros instrumentos específicos de protección como la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que amplía, en su artículo 38, el ámbito de aplicación del Protocolo adicional I de 1977 a los conflictos armados no internacionales, en particular prohibiendo el reclutamiento de menores de 15 años y alentando a que, en caso de reclutamiento de menores entre 15 y 18 años, se aliste primero a los de más edad. La ponente recordó que la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención, en mayo de 2000, relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, elevó la edad mínima de reclutamiento a 18 años, prohibió el reclutamiento obligatorio y estableció la obligación de los Estados de tipificar penalmente estas conductas.

En el marco de la ampliación de la protección, se mencionó que en la lista de crímenes de guerra que figura en el Estatuto de Roma, por el que se crea la Corte Penal Internacional, se incluyó el reclutamiento y la participación forzosa de niños y niñas menores de 15 años en las hostilidades.

La ponente concluyó resaltando que, a pesar de la positiva evolución de la protección a nivel normativo, miles de niños siguen viéndose afectados por los conflictos armados. Por ello, los Estados deben emprender acciones tendientes tanto a la ratificación de los tratados que brindan protección a las niñas y los niños en los conflictos armados como a su implementación y aplicación eficaz, por ejemplo en lo concerniente a la detención y privación de libertad, a la pena capital, al reclutamiento en el ejército y a la participación en las hostilidades, así como a la educación.

La gravedad de la situación general de las niñas y los niños afectados por los conflictos armados se ilustró con diversas cifras aportadas por la señora Conde. Durante la última década, dos millones de niños perdieron la vida en conflictos armados, cuatro millones están desaparecidos, más de 20 millones tuvieron que desplazarse a causa de la violencia y se calcula que 300.000 participan activamente en los conflictos armados. Explicó que el papel central del UNICEF en esas situaciones consiste en poner en marcha programas de cooperación en favor de los niños y las niñas con un enfoque integral, reconociendo las relaciones que existen entre la seguridad física y emocional, el desarrollo cognitivo y social y las necesidades nutricionales y de salud. Entre otros aspectos de la labor de la institución, se mencionó la promoción, a nivel mundial, de la ratificación de los tratados internacionales sobre esta temática y la colaboración con las Naciones Unidas, los gobiernos y las ONG en la elaboración de políticas y estrategias que aseguren una protección y asistencia especiales para los niños y las niñas en los conflictos armados y las situaciones de violencia. Como ejemplos de acciones llevadas a cabo en la región se mencionaron las nueve campañas de vacunación realizadas entre 1985 y 1987, durante el conflicto de El Salvador, denominadas "los días de tranquilidad", la labor en favor de la eliminación de las minas antipersonal, la ayuda a desplazados y niños soldados y la rehabilitación de los niños después del conflicto, por ejemplo mediante el programa piloto de rehabilitación psicosocial para los niños de la región Ixil en Guatemala.

A la situación general descrita se añadieron los casos de dos países de la región: Colombia y Guatemala.

En el caso de Colombia, la señora Linares Cantillo explicó que, si bien Colombia había ratificado los instrumentos de DIH, aún no los había incorporado plenamente al ordenamiento jurídico interno. Mencionó la Ley de Orden Público de 1997, que sanciona los ataques contra la población civil, regula la protección y la responsabilidad del Estado con respecto a las víctimas del conflicto armado y castiga el reclutamiento de niños menores de 18 años. En cumplimiento de esa Ley, las fuerzas militares habían retirado, en 1999, a todos los menores de edad que prestaban el servicio militar. Agregó que los grupos armados dicen acogerse a la normativa humanitaria que les permite el reclutamiento de mayores de 15 años; sin embargo, se calcula que el 30% de los niños que militan en los grupos son menores de dicha edad, lo cual constituye una violación del DIH. En la opinión de la ponente, la discordancia entre las dos normas internacionales en vigor en Colombia debía resolverse en favor de los derechos de la infancia. También hizo referencia al nuevo Código Penal, que entró en vigor en julio del 2000, el cual incluye un título especial sobre violaciones del DIH en el que se incorporan los mandatos de la normativa humanitaria. Agregó que la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1991, aún no se había transpuesto al ordenamiento jurídico interno.

Mencionó que aproximadamente 6.000 niños y niñas están vinculados con los grupos armados, la mayoría como combatientes y otros en actividades de inteligencia no menos arriesgadas, y que durante los últimos tres años se había logrado desvincular a 600, que pasaron a diferentes instituciones de bienestar familiar.

La ponente expresó que, según la legislación colombiana, estos niños se encontraban en una situación de peligro, pero que, atendiendo a la causa que generaba esa situación, su protección debía consistir en un trato diferente del previsto para los niños infractores de la legislación penal. Por último, explicó que este enfoque respondía a los mandatos del Protocolo adicional II de 1977, de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Ley de Orden Público de 1997.

En el caso de Guatemala, el señor Polanco recordó que el país había puesto fin recientemente a un conflicto armado interno que había durado 36 años y que se había saldado con 150.000 muertos y 50.000 desaparecidos, de las cuales 5.000 eran niños. Los niños habían resultado especialmente afectados, ya que muchos se habían separado de sus familias, habían presenciado la muerte o la tortura de sus padres o habían sido objeto de ejecuciones extrajudiciales. Otro de los graves problemas constatados fue la entrega de niños en adopción ilegal a los propios agresores o a terceras personas. Ello implicaba, según el experto, que los niños fuesen vistos como un "botín de guerra" y que la adopción ilegal se convirtiese en un negocio rentable, el cual ha continuado incluso después de haberse firmado la paz.

El Estado, según expresó, no había creado los mecanismos jurídicos adecuados para frenar estos problemas. Aunque Guatemala es parte en la Convención de los Derechos del Niño, prevalece la concepción de que los niños y las niñas, por ser menores, no tienen derechos. Ello conlleva la falta de adecuación de la legislación nacional a la doctrina integral de los derechos de la niñez.

Como acciones para proteger a los niños y las niñas afectados por la problemática descrita se mencionaron, por ejemplo, la aplicación de tratados en la materia ratificados por Guatemala, la adopción, por el Estado, de las medidas legislativas, políticas y de otra índole necesarias para garantizar los derechos de la niñez, la movilización de la comunidad, la contribución de la Iglesia a la solución de los problemas de los niños en situación más precaria y la existencia de organizaciones sociales que defiendan los derechos de los niños. Los participantes coincidieron en que el DIH es la piedra angular y los tratados específicos, como la Convención sobre los Derechos del Niños y su Protocolo Facultativo relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, han ampliado la protección jurídica de los niños y niñas afectados por conflictos armados y situaciones de violencia. Sin embargo, la realidad permite constatar que aún se está muy lejos de su respeto y aplicación efectiva. También hubo consenso en que no hay que cejar en los esfuerzos para que los niños y las niñas puedan ejercer plenamente sus derechos fundamentales.

Para concluir, se presentó el testimonio de dos jóvenes de la comunidad de Pavas, un bario marginal en las afueras de San José, que explicaron la difícil situación que deben afrontar cada día los jóvenes y niños de ese lugar.

La señora Pellandini presentó los mecanismos previstos en el derecho internacional humanitario y en el derecho relativo a los derechos humanos para reprimir las violaciones graves de sus normas. Puso de relieve, por una parte, que en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977, así como en algunos tratados de DIH, se establece una obligación explícita para los Estados partes de reprimir penalmente ciertas infracciones cometidas en situación de conflicto armado y, por otra parte, que los Estados partes en dichos tratados han asumido el compromiso de promulgar leyes que incorporen a su derecho penal interno la sanción de esas infracciones.

En el DIH no se soslayan las graves violaciones de su normativa, sino que se exige que se persiga y castigue a los autores de esas violaciones como a cualquier delincuente común. Podrán ser juzgados tanto por jurisdicciones nacionales como por tribunales internacionales especiales, o bien la por Corte Penal Internacional cuando entre en funcionamiento.

Según el principio básico del derecho internacional de los tratados pacta sunt servanda, los Estados deben cumplir de buena fe los compromisos contraídos al adherirse a los instrumentos de DIH y prevenir las conculcaciones de su normativa. Además, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1 común a los cuatro Convenios de Ginebra, los Estados partes tienen la obligación individual y colectiva de "respetar y hacer respetar" las normas que contienen. La ponente señaló que, como complemento a esas obligaciones básicas impuestas a los Estados partes, los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales incluyen un sistema complejo de mecanismos para prevenir y sancionar las violaciones de sus normas.

Se recordó que los instrumentos de DIH establecen la responsabilidad penal individual de las personas que cometen u ordenan actos contrarios a su normativa y exigen que los autores de infracciones graves sean enjuiciados y castigados sin tener en cuenta su nacionalidad o el lugar donde se haya perpetrado el delito. Señaló que, al ratificar dichos instrumentos, los Estados partes en los Convenios y los Protocolos se han comprometido a:

- buscar a las personas acusadas de haber cometido u ordenando cualquiera de las infracciones graves estipuladas en los Convenios;

- perseguir sin demora a los presuntos autores de las infracciones y hacerlos comparecer ante los propios tribunales en aplicación de la jurisdicción universal, es decir, sea cual fuere su nacionalidad y el lugar dónde se haya cometido el crimen, o de extraditarlos para su enjuiciamiento por otro Estado parte;

- exigir que los jefes militares de sus fuerzas armadas impidan infracciones calificadas de graves, hagan cesar las que eventualmente se produzcan y tomen las medidas necesarias cuando las personas bajo su autoridad cometan actos de esa naturaleza;

- adoptar las medidas legislativas, penales y administrativas necesarias para cumplir las obligaciones mencionadas, en particular plasmar las conductas que constituyen infracciones graves en su legislación penal.

Es lamentable que los tratados de DIH no prevean ningún sistema constringente de represión de las graves violaciones cometidas en situación de conflicto armado no internacional. No obstante, sobre la base del derecho consuetudinario y la jurisprudencia de los tribunales penales ad hoc, así como de las definiciones de crimen de guerra contenidas en el artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, habría que considerar que estas violaciones se han tipificado también como crímenes de guerra que han de ser sancionados, posiblemente en aplicación de la jurisdicción extraterritorial universal.

La ponente señaló que en otros tratados relevantes para el DIH se encuentran obligaciones parecidas para evitar o reprimir la infracción de sus normas y que se basan en los Convenios de Ginebra. Con la aprobación del Estatuto de Roma, se dispone de un mecanismo nuevo adicional en el sistema represivo de los crímenes de guerra, cuyos elementos y principios no sólo inspiraron de manera importante la redacción del Estatuto, sino que se han desarrollado aún más.

Admitió que los mecanismos represivos mencionados han funcionado muy mal en la práctica, sea por falta de aplicación de las estructuras adecuadas, sea por falta de voluntad política o renuencia por los Estados a aplicar la jurisdicción extraterritorial. Señaló que, pese a todo, desde la década de los años 1990 - en gran parte bajo la presión y la influencia de los tribunales penales internacionales para ex Yugoslavia en La Haya y para Ruanda en Arusha- cada vez más Estados, en particular europeos (por ejemplo, Bélgica, Dinamarca y Suiza), han enjuiciado en sus jurisdicciones nacionales a autores de graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas en los territorios de la ex Yugoslavia y Ruanda, así como en otros lugares.

Por último, se congratuló de que cada vez más Estados, entre ellos varios de América, como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá y Colombia, estén inmersos en el proceso de incorporación de disposiciones de DIH en su legislación interna, especialmente en los códigos penales ordinarios o de justicia militar.

El señor Aguirre ilustró a los presentes sobre el origen, la formación, el funcionamiento, la competencia y el trabajo realizado hasta el momento por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY).

Puso de relieve que las leyes en las que se basa el TPIY son muy antiguas, lo que es nuevo es la voluntad de aplicarlas en el contexto actual. También destacó el carácter "ad hoc" del Tribunal, diferenciándolo de la futura Corte Penal Internacional que nace de una base contractual y no de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como en el caso del primero.

El TPIY se creó excepcionalmente por la gravedad de los crímenes ocurridos desde 1991 en el territorio de la antigua Yugoslavia, la coyuntura internacional de aquel momento y, en última instancia, las corrientes humanitarias en el ámbito social internacional, promovidas, entre otros, por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Recordó que la competencia material del Tribunal abarca las graves violaciones de los Convenios de Ginebra, las conculcaciones de la costumbre y las leyes de la guerra, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Además, del informe del secretario general de las Naciones Unidas, que sirve de marco para interpretar el estatuto del TPIY, se deriva el primer criterio importante, esto es, que los crímenes han de ser parte, sin lugar a dudas, del derecho consuetudinario internacional. En otros términos, debe respetarse el principio de legalidad para evitar críticas análogas a las recibidas por los tribunales internacionales de Nuremberg y Tokio.

El ponente consideró que el TPIY ha logrado el ejercicio del DIH en todo su rigor procesal y penal (procesal en el sentido de que se discute la responsabilidad penal individual en un proceso contradictorio, ante jueces imparciales y con todos los derechos para el procesado: presunción de inocencia, etc.). Señaló también la importancia del apartado 1 del artículo 7 del Estatuto del TPIY, sobre la responsabilidad penal individual, el cual dispone que una persona puede ser considerada responsable por planificar, instigar, ordenar, cometer y ayudar a la preparación o ejecución del crimen. Asimismo, recordó la importancia de la responsabilidad del mando plasmada en el apartado 3 de ese artículo y la cuestión de la no inmunidad de personas que desempeñen cargos oficiales consagrada en el apartado 2.

Por lo demás, subrayó la cuestión de la posible alegación como defensa de que se recibieron órdenes de superiores, en el sentido de que las órdenes conducentes a la comisión de un crimen no pueden ser nunca una eximente pero sí pueden ser una circunstancia atenuante en determinados casos (art. 7.4).

Señaló a la atención de los presentes que el Tribunal fue más lejos de lo que se esperaba y asumió el enjuiciamiento de los mandos superiores militares y políticos; por ejemplo, en el caso Milosevic se procesa por primera vez a un jefe de Estado en activo y a sus ministros. Para ilustrar la actividad reciente del Tribunal, el ponente hizo referencia a tres decisiones importantes de días anteriores:

Decisión del 20 de febrero de 2001, asunto "Celebici" - Se confirmó la apelación de una sentencia de primera instancia que constituyó el primer caso en que se examinó la responsabilidad del superior.

Decisión del 22 de febrero de 2001, asunto "Foca" - Se condenó a tres personas por detención selectiva de mujeres para violaciones y esclavitud por razones étnicas.

Decisión del 26 de febrero de 2001, asunto "Kordic y Cerkez" - Se condenó a una autoridad política y un comandante de brigada por crímenes de guerra.

El ponente resaltó que el trabajo del Tribunal es complicado y que se precisan recursos y tiempo para que su labor continúe de forma eficaz. Hizo hincapié en que la jurisprudencia de estos tribunales es una fuente de derecho internacional que puede y debe ser incorporada por las jurisdicciones nacionales y que habría que hacer lo posible para difundirla entre los jueces nacionales que tratan estas materias.

El doctor Soto Piñeiro habló de la transposición al derecho interno de eventuales obligaciones supranacionales de tutela penal. Basó su exposición en un informe elaborado por un grupo de penalistas de la Universidad de Chile - del que es integrante- a petición del Ministerio de Justicia de

su país para contribuir al trabajo de la Comisión de Aplicación del Derecho Humanitario, con miras a adoptar medidas nacionales en ese ámbito.

Explicó que su exposición se basaba en la necesidad de definir el ámbito en el que la tutela penal fuera obligatoria a nivel internacional y su recepción en el derecho penal chileno preceptiva. A su juicio, ya existían explícitamente en los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales respecto de las infracciones graves a los mismos, ya que en ellos se establecía, al menos en caso de conflicto armado de carácter internacional, la necesidad de recoger punitivamente en las legislaciones nacionales los supuestos de hecho descritos en ellos.

En síntesis, el doctor Soto afirmó que el modelo regulativo de estas cuestiones debía ser el Estatuto de Roma de 1998 de la Corte Penal Internacional por consideraciones de política jurídica y de relevancia, pues, en su opinión, si bien el Estatuto, a diferencia de los Convenios de Ginebra y del Protocolo adicional I, no contiene mandatos de incriminación, marca el horizonte de relevancia de la legislación interna a nivel internacional.

Sostuvo que la paradoja inadmisible e insoslayable del derecho penal es que él mismo es una fuente de peligro para los destinatarios de sus normas. Por eso, el ejercicio del ius puniendi está sometido a estrictos estándares de control de legitimidad. Manifestó que, en su función punitiva, el derecho internacional de los derechos humanos está sometido a los estándares de control del ejercicio del ius puniendi, constituido por el conjunto de normas y principios que lo limitan. Continuó explicando que él entendía que de la consagración de los derechos fundamentales sólo se derivan automáticamente prohibiciones, no mandatos de punición. De esa consagración pueden derivarse mandatos de protección y, de éstos, mandatos de regulación que se traducen en el establecimiento de normas de comportamiento cuya consecuencia practico-jurídica es la anulabilidad o inoponibilidad de las pretensiones normativas contrarias a la norma, la exclusión, en principio, de la justificación de la infracción a la norma y, mediatamente, el deber de reparar el daño. Señaló que del mandato de protección no se deriva un mandato de sanción; la relación protección/sanción no es analítica, sino funcional, y depende del principio de proporcionalidad (prohibición de exceso y prohibición de defecto). La proporcionalidad rige también la relación entre el mandato de sanción y el mandato de sanción penal (punición) siempre y cuando exista legitimidad prima facie de este último.

A juicio del ponente, un mandato de punición no es necesariamente un mandato de tipificación (transcripción literal del texto autoritativo internacional), sino que puede ser un mandato de incriminación. Este último supone congruencia semántica y simbólica (aún de nomen iuris) entre la norma internacional y la punitiva interna. Por regla general, los mandatos supralegales de punición lo son de incriminación y, cuando son de tipificación, pueden ser más o menos estrictos.

En cuanto a la tipificación, manifestó su opinión de que deben resolverse, en todo caso, los problemas de adecuación y respeto a las normas y principios que limitan el ius puniendi y que determinan la preeminencia del derecho internacional de los derechos humanos en forma garantizadora (función de garantía) sobre el punitivo, en caso de conflicto.

El ponente sostuvo que, en materia de tipificación, el grupo de penalistas encargado de examinar el tema y formular recomendaciones al respecto decidió seguir el modelo belga e incluirlos en una ley específica, no en el Código Penal, asumiendo el costo de los conflictos interpretativos que ello pudiera entrañar. Para la tipificación del delito de genocidio se utilizó, como principal modelo, el Código Penal alemán, con algunas modificaciones inspiradas por el Código Penal austríaco, especialmente en lo relativo a los elementos subjetivos de injusticia.

En cuanto al título del párrafo correspondiente a los crímenes de guerra, en la propuesta se siguió el Código español de 1995 y se escogió "Delitos contra las personas y los bienes con ocasión de un conflicto armado" para incluir las violaciones cometidas en los conflictos armados con o sin carácter internacional.

Concluyó comentado que en el informe elaborado por los penalistas de la Universidad de Chile se había procurado hacer una tipificación acorde con la descripción de supuestos de hecho que figura en el Estatuto de Roma, usando como referencia, entre otros, los modelos antes referidos y el Código Penal francés de 1994.

El Mayor de las FF.AA. de México, Miguel Ángel Delgado Villanueva dio a conocer a los presentes los esfuerzos realizados por el Ejército y las Fuerzas Aéreas mexicanos para que el personal castrense tenga una verdadera conciencia de la importancia del respeto de los derechos humanos en el cumplimiento de las misiones que la Constitución política de su país les asigna y para que eviten conductas antijurídicas.

Señaló que México, respetuoso de los derechos fundamentales del hombre, ha contraído compromisos internacionales para definir, promover y proteger estos derechos. Uno de los principales objetivos de la administración del presidente Vicente Fox es consolidar una cultura de respeto de los derechos humanos y, por ello, la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de la Administración Pública federal, tiene el compromiso ineludible de cumplir las directrices del presidente de la República prosiguiendo las acciones que se realizan en el ámbito militar desde 1932, año en que se promulgó el Código de Justicia Militar, que ya contemplaba el respeto de los derechos humanos. Comentó que, siguiendo esas directrices, se concretó y se está aplicando el “Programa de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos, Secretaría de Defensa Nacional 2001”, que tiene como propósito fundamental fortalecer la cultura de los derechos humanos en las Fuerzas Armadas.

Si eventualmente se presentan conductas violadoras de los derechos humanos relacionadas con las actividades del personal del Ejército y de las Fuerzas Aéreas mexicanos, y los afectados las comunican a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se aplica el fuero de guerra, un proceso en contra del inculpado.

Subrayó que, ante la preocupación del alto mando de evitar que el personal militar incurra en actos ilícitos, se están realizando diversas actividades para fortalecer el respeto de los derechos humanos. Se trata, por ejemplo, de mejoras en los planteles académicos militares, cursos de derecho de los derechos humanos, posgrados y maestrías, incorporación de los derechos humanos en los programas de capacitación y publicaciones sobre el tema. En ese sentido, en 2000 se organizó el Ciclo Nacional de Conferencias para fortalecer el respeto de los derechos humanos por el personal militar. Dicho ciclo se repetirá en 2001.

El expositor informó de que también se hace un análisis y seguimiento de las quejas recibidas y las recomendaciones formuladas por el ombudsman nacional con la finalidad de determinar en qué áreas se produjeron. Además, para obtener el ascenso al grado inmediato superior en las promociones anuales, se evalúa a los candidatos, que deben acreditar el conocimiento del derecho de los derechos humanos.

Para concluir, explicó el mecanismo que utiliza la Comisión Nacional de Derechos Humanos para atender las quejas contra militares.

Durante el debate entre los ponentes y los participantes se abordaron la posibilidad de extender la competencia de tribunales "ad hoc" a otros países, el funcionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana y algunas cuestiones relativas a la tipificación de crímenes internacionales y las garantías establecidas en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Por último, la señora Picado Sotela dio a conocer su experiencia como relatora especial de las Naciones Unidas para Timor Oriental.

El objetivo de la mesa redonda fue, básicamente, facilitar información reciente y posibilitar un intercambio de opiniones sobre:

a) Las medidas que se están tomando a nivel internacional para limitar la disponibilidad de armas ligeras o pequeñas, en particular el enfoque de la Convención de la OEA sobre el tráfico ilícito de armas de fuego, la negociación del protocolo de Viena sobre armas de fuego y la Conferencia de las Naciones Unidas de 2001 sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, el proceso preparatorio que actualmente se lleva a cabo para el tercer periodo de sesiones del tercer Comité Preparatorio, en Nueva York, 19 al 30 de marzo de 2001, o en la Conferencia misma.

b) La propuesta de un código de conducta para la transferencia de armas convencionales.

Otro objetivo era presentar el informe del Grupo de Expertos Gubernamentales con miras a la promulgación de legislación más efectiva sobre el comercio de armas ligeras o pequeñas.

El señor De Alba examinó los aspectos actuales del tema y puntualizó que la Convención de la OEA no se ha valorado debidamente en los debates relativos a la adopción del Protocolo de Viena sobre armas de fuego. Hizo también referencia al proyecto de plan de acción preparado en relación con la Conferencia de las Naciones Unidas del 2001. Señaló el desacuerdo que existe entre los Estados miembros sobre el modo de lograr el objetivo básico de reducir la disponibilidad de armas ligeras y destacó la necesidad de que todos los Estados adopten un planteamiento común para alcanzar un resultado positivo y con efectos en la Conferencia. Indicó que existen diferentes enfoques del tema que van desde el control de las armas hasta la prevención del crimen, pasando por el interés para la población en general desde una perspectiva moral. Todos son válidos, siempre y cuando se aborden de manera complementaria.

El señor Cano describió la situación de Brasil y los esfuerzos para el desarme de la sociedad civil en ese país a fin de reducir la demanda y la distribución de armas ligeras y mejorar su control. Entre las medidas tomadas, refirió las campañas publicitarias para contrarrestar el mito de las industrias sobre la necesidad –que tiene la población– de poseer armas. Describió diversos programas de entrega voluntaria de esos artefactos, así como los esfuerzos para prohibir todo tipo de venta, salvo contadas excepciones. También mencionó las medidas para mejorar y erradicar las prácticas omisivas mediante asistencia técnica a la policía en el registro de armas y apoyo para la armonización regional de su transferencia dentro de los países que conforman el MERCOSUR.

Tras presentar el “Código de Conducta para la Transferencia de Armas Convencionales”, el señor Walker Uribe señaló que el origen de la mayoría de las armas ilegales es el tráfico legal, ya que se desvían a otras áreas donde hay controles poco exigentes o se utilizan para violaciones de los derechos humanos. Un segundo aspecto importante es el significado del término "legal", que no debería aludir únicamente a lo que los gobiernos autorizan. Precisamente en el artículo 1 de los Convenios de Ginebra se expresa la obligación de los Estados de asegurar el respeto del derecho internacional humanitario. Por lo tanto, la asistencia o ayuda que brinde un Estado a otro y que resulte en un acto internacional ilegal lo convierte también en un infractor del derecho internacional. Ahí reside el meollo del Código de Conducta propuesto, que busca limitar transacciones que podrían dar lugar a violaciones del DIH, del derecho internacional de los derechos humanos y de cualquier otra legislación relevante.

A continuación, se inició un animado debate a raíz de los esfuerzos de Costa Rica por incluir el Código de Conducta en el plan de acción de la Conferencia de las Naciones Unidas de 2001 y establecer un mecanismo de seguimiento. También se señaló el importante papel de sensibilización que desempeña el Comité Internacional de la Cruz Roja acerca de los nefastos efectos de la proliferación de armas ligeras para la población civil. El tema de la cultura de la violencia, particularmente lo letales que resultan las armas ligeras y, por ende, la necesidad de controlarlas, debe abordarse globalmente. Sin embargo, algunos Estados consideran que el debate debe limitarse al tráfico ilegal de esos artefactos, como medio para soslayar la responsabilidad estatal y de la industria armamentista por el tráfico ilegal a destinos problemáticos.

Por último, se indicó que las armas ligeras consideradas legales son un problema mundial y que la responsabilidad recae asimismo en la comunidad internacional, pues hasta el Estado más pequeño es, en potencia, un exportador de armas (por ejemplo, cuando la policía local tiene un excedente) o un lugar de tránsito.

En su introducción al tema, el señor Leir resaltó que la aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional en Roma, el 17 de julio de 1998, constituye una respuesta tardía para los millones de civiles, incluidos mujeres y niños, que han perdido la vida o la salud, sus bienes o su dignidad, en los numerosos conflictos que se han desencadenado en los últimos 50 años.

La necesidad de establecer un tribunal permanente e imparcial en el que se enjuicien los crímenes más graves cometidos en todo el mundo no puede ser más evidente hoy. La creación de una Corte Penal Internacional (CPI) constituye la culminación de muchos años de trabajo para pasar de una cultura de impunidad a otra de rendición de cuentas. El Estatuto de Roma representa un esfuerzo equilibrado para crear un tribunal sólido cuya fuerza mane de las disposiciones de su Estatuto y del amplio y creciente apoyo de los Estados hacia la nueva institución. En 1998, 120 Estados votaron a favor de la aprobación del Estatuto (7 votos en contra y 21 abstenciones). El Estatuto se aprobó por mayoría de Estados porque sabían que, tras cinco decenios de reiterados y frustrados esfuerzos por crear una CPI, hubiera sido un error desaprovechar esa oportunidad histórica.

Dos años después, el apoyo a la CPI es mayor que nunca: 139 Estados han firmado el Estatuto, 30 lo han ratificado y al menos 20 han indicado que están inmersos, de forma muy activa, en el proceso de ratificación o adhesión. Sesenta Estados deben ratificarlo o adherirse para que la Corte se convierta en realidad. Ya no se trata de saber si habrá una CPI o no, sino de cuándo se establecerá. Los más optimistas prevén su entrada en vigor durante el año en curso y los menos optimistas, en 2002. Pero incluso hace dos años, los pesimistas decían que pasarían décadas antes de que se crease la Corte. Algunos Estados siguen mostrando reserva acerca del Estatuto de Roma, pero son cada vez menos.

En primer lugar, hay un mejor conocimiento del Estatuto y de la Corte misma (la Corte se ha concebido para que funcione como un órgano judicial y no político). En segundo lugar, hay una mayor aceptación del Estatuto de Roma. Varios Estados que vacilaban a la hora de apoyar el estatuto de la CPI en Roma lo defienden ahora como un logro de todos los Estados. En tercer lugar, la Corte no es

sólo una institución en el papel, sino que va a existir en un futuro muy cercano. Por consiguiente, la mayoría de los Estados se están ocupando ya de los aspectos prácticos necesarios para ser parte en el Estatuto.

En junio del año pasado se marcó un hito. La Comisión Preparatoria de la CPI aprobó por consenso dos documentos, las Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes. Varios países que originalmente se habían abstenido o habían votado en contra del Estatuto formaron entonces parte de ese consenso.

Cuando se aprobó el Estatuto de Roma, se incluyó el delito de agresión, pero no se definió. Este planteamiento tan poco ortodoxo se debió a que los Estados convinieron en la importancia de incluir este delito en el Estatuto, pero no llegaron a un acuerdo sobre la definición. La agresión quedará dentro de la jurisdicción de la Corte cuando se consiga una definición consensuada y se apruebe en la Conferencia de Revisión. Muchos Estados indicaron que no ratificarían el Estatuto si no se definía ese delito. Desde entonces, se ha visto que, aunque es muy importante encontrar una definición para el delito de agresión, el debate de ese tema no debe retrasar la ratificación y aplicación del Estatuto. Los Estados se han dado cuenta de que es mejor ratificarlo y aplicarlo ya mismo debido al crimen de genocidio, a los crímenes de lesa humanidad y a los crímenes de guerra que se están produciendo en todo el planeta. También son conscientes de que es my importante sancionar esos crímenes. Por lo tanto, muchos Estados están decidiendo ratificar y aplicar el Estatuto y participar en los debates sobre la agresión.

Dado que la entrada en vigor ha tomado impulso, es posible que las deliberaciones acerca de la agresión continúen tras la creación de la Asamblea de los Estados Partes (cuando 60 Estados ratifiquen o se adhieran). Muchos Estados han decidido asegurarse de que formarán parte de esa Asamblea para hacer oír su voz en los debates sobre la agresión que puedan celebrarse en ella.

En cuanto a la cuestión de la aplicación, el señor Leir destacó que un ingente número de Estados de la región de la OEA ha firmado, ratificado o se ha adherido al Estatuto de la CPI. Ese tratado impone a los Estados ciertas obligaciones (por ejemplo, la de cooperar con la Corte para detener y entregar a las personas inculpadas); pero los Estados tienen otra posibilidad: acogerse al régimen de complementariedad de la Corte (investigar y enjuiciar ellos mismos a las personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, en lugar de enviar al acusado a la CPI).

La complejidad del Estatuto de la CPI y el hecho de que las obligaciones se hayan pormenorizado mucho hace que se necesiten medidas de carácter interno. Algunos Estados tendrán que promulgar leyes generales de aplicación, o incluso preparar una nueva ley relativa a la CPI. Otros pueden optar por introducir enmiendas en el código penal y la legislación de asistencia mutua. Los representantes de Estados, de la sociedad civil y de organizaciones internacionales de la región de la OEA han celebrado numerosas conferencias y seminarios para debatir asuntos relacionados con la ratificación y la aplicación.

Por último, mencionó que el 29 de junio del año pasado Canadá se convirtió en el primer país en promulgar una ley general de aplicación de la CPI, titulada Ley de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Señaló que las autoridades de su país pensaron que esa experiencia podía ser de utilidad y quisieron compartirla con los Estados que estuviesen inmersos en el proceso de aplicación. Por eso, decidieron financiar la elaboración de un manual de aplicación de la CPI y poner en marcha una campaña para fomentar la ratificación, la adhesión y la aplicación del Estatuto de la CPI en todo el mundo. La señora Dutli se refirió a la CPI desde el punto de vista del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y las organizaciones humanitarias, y mencionó tres puntos:

- la importancia de la creación de la CPI desde la perspectiva del CICR;

- los progresos y las lagunas observados;

- las actividades realizadas y previstas por el CICR para propiciar el buen funcionamiento de la CPI.

Respecto del primer punto, señaló que la aprobación del Estatuto de Roma constituye la base legal de la CPI, que tendrá personalidad jurídica y sede en La Haya. La aprobación del Estatuto es un acontecimiento histórico importante. Muchos opinan que su aprobación tiene tanta importancia como tuvo en su momento la de la Carta de las Naciones Unidas, pues representa un elemento trascendental necesario en el orden jurídico para asegurarse de que las personas que infringen los principios fundamentales del DIH y del derecho relativo a los derechos humanos no queden impunes. Su importancia también se desprende del número creciente de Estados que han ratificado el Estatuto. Los resultados obtenidos en dos años son mejores de lo que cabía esperar, ya que se ha conseguido casi la mitad de las ratificaciones necesarias.

Subrayó, en segundo lugar, que la aprobación del Estatuto significa un progreso muy importante en el desarrollo del DIH, pues se considera, según los términos del Estatuto, que las violaciones de las normas aplicables en situaciones de conflicto armado sin carácter internacional son crímenes de guerra.

En ciertos aspectos, el Estatuto define como crímenes de guerra o infracciones graves del DIH algunos actos que no son considerados como tales por el DIH y da competencia jurisdiccional a la Corte. Algunos ejemplos son el reclutamiento de menores de quince años en las fuerzas o grupos armados, su participación forzosa en las hostilidades, la violencia sexual y los ataques contra el personal de las agencias humanitarias.

Sin embargo, no todo en el Estatuto es progreso. Lamentablemente, durante la negociación se dejaron fuera del Estatuto ciertos actos prohibidos por el DIH y considerados crímenes de guerra. Al respecto, mencionó en particular:

- el retraso injustificado en la repatriación de prisioneros de guerra e internados civiles después de finalizadas las hostilidades;

- el hecho de que apenas se aborde en el Estatuto el problema de las armas de efectos especialmente crueles.

Ahora bien, en el Estatuto se prevé la posibilidad de completar ciertas prohibiciones a través de un mecanismo de enmienda previsto para siete años después de su entrada en vigor.

Un problema es la existencia de la cláusula 124, en la que se prevé la posibilidad de que un Estado, en el momento de la ratificación del Estatuto, excluya la competencia de la Corte para los crímenes de guerra durante siete años después de su entrada en vigor. Por otra parte, el Estatuto tiene también limitaciones en el ámbito de la aplicación material, pero no son excluyentes, o sea, se consideran crímenes de guerra las conductas definidas en el artículo 8 del Estatuto, "en particular" si se cometen en el marco de una política general.

La ponente informó de las actividades realizadas y previstas por el CICR para propiciar el buen funcionamiento de la CPI. La Institución ha seguido de cerca la negociación para la aprobación del Estatuto. Destacó su importante papel en la redacción del artículo 8 y en la preparación del documento sobre los elementos de los crímenes que será aprobado por los Estados partes y servirá de guía a los jueces aunque su naturaleza no sea vinculante. Además, el CICR contribuyó con un análisis de la jurisprudencia nacional e internacional sobre los crímenes de guerra.

La representante del CICR concluyó su ponencia señalando que la Institución se esfuerza por promover las disposiciones del Estatuto de la CPI relativas al principio de complementariedad para que los Estados que lo deseen puedan ejercer su jurisdicción nacional.

En su alocución, la señora Odio Benito afirmó que la aprobación del Estatuto de Roma por la comunidad internacional, el 17 de julio de 1998, más que un progreso es un milagro porque su complejidad demuestra los notables esfuerzos de muchas personas y organizaciones para lograr su aprobación en esa fecha.

A continuación, recordó los antecedentes de la CPI. A finales de los años cuarenta, se sometieron a la Asamblea General de las Naciones Unidas tres iniciativas: la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención para la Prevención y la Sanción del Crimen de Genocidio - eliminación de un grupo humano a causa de su religión o etnia; y la creación de la Corte Penal Internacional. Las dos primeras fueron aprobadas en 1948, pero no la tercera. En su primera parte, el siglo XX fue testigo de los horrores de la Primera Guerra Mundial, que afectó a millones de personas civiles. Luego se desencadenó la Segunda Guerra Mundial y la cantidad de víctimas civiles resultó ser abrumadora: holocausto, bombardeos, poblaciones enteras arrasadas por infanterías de todos los ejércitos (se ha denunciado la violación de muchas mujeres alemanas por los aliados). Estos elementos impulsaron el establecimiento de los tribunales de Nuremberg y de Tokio: Nuremberg fue un avance porque se juzgó a los autores de graves crímenes de guerra. Sin embargo, se juzgó a los vencidos de la guerra. De hecho, más que un verdadero tribunal internacional independiente era una jurisdicción multinacional integrada por los vencedores.

El General McArthur siguió la misma línea de Nuremberg e instauró los tribunales de Tokio para juzgar a los japoneses vencidos en la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, no se sancionaron los crímenes cometidos contra mujeres por el hecho de serlo. El fiscal general optó por soslayar esos hechos, que fueron demasiado terribles.

La experiencia de las dos guerras mundiales llevó a la comunidad internacional a aprobar una convención sobre el crimen de genocidio.

En 1949 se aprobaron los cuatro Convenios de Ginebra y, en 1977, los dos Protocolos adicionales para la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, el primero, y la protección de las víctimas de conflictos armados internos, el segundo.

La comunidad internacional encargó a la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas la elaboración de un código o estatuto de crímenes internacionales, trabajo que se prolongó a lo largo de cuarenta años sin dar fruto. Esta Comisión, integrada por personalidades reconocidas y con el apoyo de CICR y otras ONG, retomó, a mitad de los noventa, la elaboración de un proyecto de estatuto para una corte penal internacional.

En 1989, Europa vivió aterrorizada, aunque con bastante pasividad, el conflicto en los Balcanes. Los diversos pueblos reunidos en Yugoslavia por el General Tito veían como su país se desintegraba por la política nefasta de Slobodan Milosevic. La guerra de los Balcanes ocasionó de nuevo un elevado número de víctimas civiles y, además, no se libró contra soldados, sino contra la población directamente y, de forma especial, contra las mujeres. El objetivo era aterrorizar a los ciudadanos y obligarlos a abandonar los territorios para fundar una patria serbia. La prensa desempeñó un importante papel de denuncia. Se creó un comité de expertos para que elaborase un informe sobre lo sucedido en Bosnia y Herzegovina y en los territorios croatas. En 1991, ante una situación que se consideraba un peligro para la paz y la seguridad internacional, el Consejo de Seguridad estableció, en una resolución basada en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, un tribunal ad hoc para conocer de las graves violaciones del DIH y del derecho relativo a los derechos humanos en territorio ex yugoslavo. Cuando estalló el conflicto en Kosovo, se extendió la jurisdicción del tribunal para conocer también de esos otros crímenes, pues se estimó que, dado que formaba parte del "conflicto de los Balcanes", el tribunal tenía competencia.

En 1994 se produjo un genocidio en Ruanda por motivos políticos, étnicos y religiosos, que se saldó con más de un millón de víctimas. Se constituyó, sobre el modelo ya existente, el Tribunal Internacional para Ruanda, encargado de enjuiciar las violaciones cometidas en ese territorio.

Por aquel entonces, se reactivaron los esfuerzos para crear una corte penal internacional permanente, aunque con bastante renuencia por parte de varios Estados. Los expertos señalaron que había dos tipos de objeciones al establecimiento de una corte penal internacional. Por un lado, la extraterritorialidad de la ley penal en materia de crímenes de derecho internacional como los crímenes de lesa humanidad, el crimen de genocidio y los crímenes de guerra y, por otro, la necesidad de sancionar no sólo al autor directo del crimen, sino también a quien lo ordenó o no hizo nada por evitarlo.

La ponente se refirió a los obstáculos derivados de la opinión de que la creación de la Corte Penal Internacional está destrozando el derecho internacional, pues se está trasladando la responsabilidad de los Estados por las violaciones de dicho derecho a las personas individuales.

Añadió que las experiencias de los tribunales de la ex Yugoslavia y Ruanda han fortalecido la idea de que este tipo de instancias trabajan en el respeto de los principios de imparcialidad, objetividad y legalidad, que son fundamentales para impulsar la CPI y una garantía tanto para las víctimas como para los acusados.

Opinó que sus líneas deben guiarse por los principios de un proceso justo en el que el acusado pueda defenderse y la víctima tenga acceso al tribunal. Los tribunales no son sitios de venganza, sino lugares donde las víctimas y los presuntos autores pueden encontrar justicia y paz, resolver sus conflictos en igualdad de condiciones y, así, lograr el establecimiento de una verdadera sociedad.

A continuación, señaló que el Estatuto de Roma es muy complejo y que uno de los principios más polémicos es el de la complementariedad de la Corte y las jurisdicciones nacionales. A este respecto, la CPI es diferente de los tribunales establecidos para los Balcanes y Ruanda. Estos últimos, al crearse en cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, prevalecen sobre los nacionales.

El temor de que se juzgue individualmente a los responsables de violaciones masivas ha sido una traba, pero la impunidad resulta derrotada con este Estatuto. En adelante, va a ser más difícil que los victimarios no comparezcan ante un tribunal.

La señora Odio Benito comentó que, en el caso de Costa Rica, un fallo de la Sala Constitucional resolvió, en línea con el derecho internacional, que el Estatuto de Roma de la CPI es perfectamente constitucional. Los tribunales costarricenses podrán aplicarlo como derecho interno.

Subrayó que, entre los principios generales establecidos en los artículos 22 y siguientes del Estatuto de Roma, la responsabilidad individual y la responsabilidad del mando y de otros superiores son vitales. Recordó que los tribunales de la ex Yugoslavia y Ruanda han establecido importantes precedentes; por ejemplo, se han calificado como crimen de guerra y crimen de lesa humanidad las violaciones masivas y la esclavitud sufridas por las mujeres bosnias.Concluyó resaltando la necesidad impostergable de que los Estados apoyen a la CPI para que ésta pueda funcionar de manera eficaz.

Este taller tuvo por objetivo examinar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 1998, y el principio de complementariedad de la Corte, así como facilitar información sobre el proceso de ratificación y aplicación de dicho Estatuto en el continente americano.

El señor Robinson presentó el taller y describió el panorama general de la situación en que se encuentra la CPI y el interés que suscita, y expresó la opinión de que se está avanzando a un ritmo que supera todas las expectativas al respecto. Añadió que los esfuerzos desplegados tienen profundas repercusiones por dos razones: en primer lugar, porque se ha conseguido casi la mitad de las 60 ratificaciones necesarias y, en segundo lugar, porque la participación de numerosos interlocutores en el proceso de ratificación está propiciando una nueva actitud y un nuevo clima en el mundo, en el que quedarán pocos rincones donde los criminales puedan esconderse.

La señora Chatoor, que intervino a título personal, presentó el proceso de ratificación del Estatuto de la CPI en los Estados de habla inglesa del Caribe.

En primer lugar, expuso los antecedentes y señaló que, a diferencia de los países de América Latina, los países de la región de la CARICOM se rigen por el sistema de derecho anglosajón. Además de promulgar sus propias leyes, aplican también la legislación del Reino Unido. En esa región, el papel principal en el proceso de firma, ratificación y adhesión lo desempeña el gobierno, no el parlamento (excepto en Haití y Suriname). La constitución de la mayoría de los Estados de la CARICOM no prevé un procedimiento que permita al parlamento examinar tratados internacionales y opinar al respecto (salvo en Antigua y Barbuda, cuya Constitución establece que se requiere una ley parlamentaria para cierto tipo de tratados). Esto se ilustró con el ejemplo de Trinidad y Tobago.

Por consiguiente, en la práctica no es infrecuente que los Estados de la CARICOM ratifiquen tratados sin que intervenga el parlamento ni la ciudadanía. Esos países ratifican o se adhieren a un tratado y después elaboran la legislación pertinente, a diferencia de otros países en que el periodo que media entre la firma y la ratificación se emplea para promulgar las leyes oportunas. Así pues, el procedimiento exige que, no obstante, se vuelva a examinar el tema del tratado después de su ratificación. Lo que a primera vista parece el procedimiento más simple no tiene, pues, porque serlo en la práctica.

El señor González expuso la perspectiva de una ONG sobre el principio de la complementariedad y presentó someramente el trabajo de la Coalición para la Corte Penal Internacional. Asimismo, describió la situación por lo que respeta a la firma y la ratificación del Estatuto de Roma en la región y dio una definición de complementariedad a tenor de lo dispuesto en el preámbulo y en los artículos 1 y 17 a 20 del Estatuto.

Por lo que atañe al carácter subsidiario de la Corte, indicó que ese elemento aparece no solo en el Estatuto de Roma, sino también en otros tratados, en particular en el de establecimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, el ponente insistió en dos diferencias entre ambos instrumentos: por un lado, la naturaleza de la responsabilidad, ya que uno trata de la responsabilidad penal individual y el otro de la responsabilidad del Estado y, por otro, los poderes y la eficacia de ambos órganos, que también difieren.

En relación con los poderes y la eficacia de la CPI, puntualizó que el principio de complementariedad representa un equilibrio entre la competencia de las jurisdicciones nacionales y la de la CPI. El equilibrio reside en la prueba de la admisibilidad, por la cual la Corte determinará la admisibilidad de un asunto cuando una corte esté imposibilitada para incoar un proceso penal o carezca de la necesaria voluntad de acción. Para ilustrar ambas situaciones, dio los ejemplos de Ruanda y ex Yugoslavia.

Como consecuencia del principio de complementariedad, los Estados habrán de demostrar que están en condiciones de entablar acciones judiciales y que desean hacerlo, lo cual implica que deberán promulgar las leyes nacionales oportunas para poder ejercer su competencia y, de ese modo, satisfacer los requisitos de la complementariedad.

La señora Flores destacó la necesidad de que tanto los Estados que son parte como los que no lo son adopten disposiciones legislativas, ya que las jurisdicciones nacionales siguen siendo las más indicadas para incoar procesos judiciales respecto de los tipos de crímenes previstos en el Estatuto. Aunque no son una obligación dimanante del tratado, esas medidas son necesarias para satisfacer los requisitos de la complementariedad.

La experta se refirió a la competencia ratione materiae de la Corte por lo que respeta al crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Indicó que los crímenes de lesa humanidad previstos en el Estatuto, así como la definición de crímenes de guerra, que engloba los crímenes cometidos en conflictos armados sin carácter internacional, constituyen un gran logro.

Por lo que concierne a la incorporación de esos crímenes en las legislaciones nacionales, mencionó dos planteamientos posibles: adoptar una definición extraída literalmente del Estatuto o adaptar la legislación nacional. Sin embargo, subrayó que, a nivel nacional, habrá que adoptar, en algunos casos, disposiciones más detalladas que las que figuran en el Estatuto a fin de respetar el principio de legalidad. Esa afirmación se ilustró con el ejemplo de la "toma de rehenes", un crimen de guerra para el que hay que añadir más elementos. A ese respecto, indicó que la labor realizada en torno a los elementos de los crímenes ha dado lugar a un útil instrumento.

El señor Robinson manifestó la opinión de que la CPI no tiene un carácter intrusivo sino que, más bien, refuerza la soberanía nacional. Muchos Estados están aprovechando la ocasión que les brinda la ratificación para fortalecer y actualizar su legislación interna a fin de asegurarse de que pueden cumplir los requisitos de la complementariedad y, así, conservar la opción de enjuiciar a sus nacionales y afirmar la voluntad del Estado de acabar con la impunidad de los autores de esos crímenes. Cuando los Estados promulgan leyes para aplicar el Estatuto de la CPI, tienen dos posibilidades en lo concerniente a los crímenes, la competencia y la responsabilidad.

Por lo que respecta a los crímenes, los Estados pueden decidir adoptar una definición literal del Estatuto o ir más lejos y adaptar también su legislación para que incluya otros crímenes de guerra omitidos en el Estatuto, como el de provocar la inanición en los conflictos armados sin carácter internacional. Esta es la posición que han elegido Alemania y Canadá.

Por lo que atañe a la base de la competencia, los Estados deben promulgar leyes para ejercer, en un mínimo, la competencia territorial y extraterritorial sobre sus ciudadanos (base de la competencia que figura en el Estatuto). Ahora bien, los Estados pueden ir más lejos y dotar a los tribunales nacionales de competencia sobre la base del principio de la competencia internacional, según el cual, interesa a todos los Estados juzgar esos graves crímenes independientemente de la nacionalidad del inculpado o del territorio en el que se hayan cometido.

En cuanto a la responsabilidad, el ponente hizo alusión al artículo 25 del Estatuto y señaló que la legislación penal de los países suele extender la responsabilidad penal a personas que no están directamente implicadas en la comisión de crímenes. A tenor del artículo 28, los Estados tal vez tengan que promulgar leyes para contemplar la responsabilidad de los altos mandos militares y de superiores no militares, ya que esa responsabilidad rara vez se incluye en los ordenamientos jurídicos nacionales.

En conclusión, en el taller se destacó la necesidad de adaptar las legislaciones nacionales para satisfacer los requisitos de la complementariedad. A tales efectos, se brindó asistencia técnica para la ratificación y la aplicación del Estatuto de la CPI.

En sus observaciones preliminares, el señor Leacock mencionó diversas disposiciones del Estatuto de Roma de la CPI que deben reflejarse en la legislación interna. En particular, señaló a la atención de los participantes las siguientes cuestiones: los procedimientos de cooperación, el principio de non bis in idem, los privilegios y las inmunidades, así como las medidas de protección de las víctimas.

El grupo deliberó acerca de los procedimientos seguidos para preparar leyes de aplicación. Aunque se observan diferencias en el planteamiento de los países de derecho anglosajón, esto es, Canadá y Trinidad y Tobago, así como en el de Argentina (jurisdicción de derecho continental), se mostró preferencia por una metodología interdisciplinaria, ya que ofrece más garantías de que las disposiciones obligatorias del Estatuto de Roma se traspongan a las legislaciones nacionales. Se manifestaron dudas sobre si la población civil debería intervenir o no en ese proceso.

Algunos asuntos constitucionales que debían tratarse e incluirse eran:

- la entrega de nacionales a la Corte;

- la pena de cadena perpetua.

Todos los participantes reconocieron que los Estados se comprometieron a cooperar con la CPI y, por lo tanto, era preciso tener en cuenta las obligaciones dimanantes de la Parte IX del Estatuto, titulada "De la cooperación internacional y la asistencia judicial". También había que asegurarse de que se preveía la administración de justicia y de que se extendían las disposiciones pertinentes sobre privilegios e inmunidades a los funcionarios de la Corte.

Además, se señaló que algunos de los crímenes respecto de los cuales la Corte tiene competencia pueden figurar ya en el ordenamiento jurídico interno de algunos países y la aplicación del Estatuto de la CPI brindaría una excelente oportunidad para revisar los sistemas de justicia penal. Durante el examen del tipo de leyes que habría que promulgar, sería oportuno que los Estados analizasen estas cuestiones:

- si los crímenes deberían incluirse en una parte especial;

- si deberían usarse las definiciones del Estatuto;

- si deberían ampliarse las definiciones de la CPI para incluir crímenes omitidos en el Estatuto pero considerados graves violaciones del DIH y de los derechos humanos.

Al estudiar las propuestas de leyes, habría que considerar detenidamente la práctica constitucional vigente por lo que respecta a las inmunidades.

Todos los participantes resaltaron la importancia de que la legislación fuese de apoyo para la Corte y ello podría conseguirse mediante nuevas leyes, reglamentos que acompañasen los procedimientos existentes y la racionalización de los procedimientos vigentes. A ese respecto, Canadá, por ejemplo, prefería modernizar su procedimiento ordinario de extradición en relación con la entrega de personas a la CPI.

Durante los debates se expresaron dos preocupaciones:

- si los Estados debían promulgar leyes antes o después de la ratificación;

- qué repercusiones tendrían las amnistías en la labor de la CPI.

Con respecto al primer tema, se precisó que en uno de los Estados representados en el taller, la legislación podía entrar en vigor después de la ratificación y que podría retrasarse su sanción para que coincidiese con la entrada efectiva en vigor del Estatuto de Roma. Un participante añadió que algunas normas internacionales pueden aplicarse directamente sin necesidad de un procedimiento expreso. Otro informó de que la legislación de su país se aplicaría retroactivamente, por lo que no había necesidad de abordar este asunto.

En cuanto a la segunda preocupación, relativa a las amnistías, se manifestó renuencia en torno a la declaración de amnistías generales debido a la voluntad de garantizar la justicia para todas las víctimas. Con referencia específica a la situación de Sudáfrica, se señaló que el proceso había seguido los cánones democráticos. No obstante, seguía pidiéndose justicia para las numerosas víctimas. Se añadió, asimismo, que algunas convenciones de derechos humanos contienen disposiciones contra la promulgación de amnistías.

Sesión de inauguración de la Conferencia

- Autoridades de Costa Rica y de Canadá

- Organización de Estados Americanos (OEA)

- Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)

- Comisión para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia (CONAMAJ) - Costa Rica

Conferencia inaugural: “Cincuenta Años de los Convenios de Ginebra de 1949. Balance y perspectivas”, Jacques Forster, Vicepresidente del CICR

Coctel de Bienvenida ofrecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica

7 de Marzo de 2001

Introducción a los trabajos de la Conferencia por parte del Presidente de la Conferencia, Jacques Forster, Vicepresidente del CICR

Módulo I: aplicación nacional del derecho internacional humanitario (DIH) y de las convenciones interamericanas relacionadas

La Aplicación en el Derecho Interno de las Convenciones Interamericanas Relacionadas con el Derecho Internacional Humanitario. Diagnóstico del estado actual de ratificación y aplicación de estos instrumentos

Moderador:
Jorge García González, Director Departamento de Cooperación y Difusión Jurídica, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos,
Secretaría General OEA
- Douglas W. Cassel, Director Centro Internacional de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Northwestern University, Illinois
- Marcela Matamoros, Ministro Consejero, Misión Permanente de Costa Rica ante la OEA
- Gonzalo Elizondo Breedy, Director Departamento de Instituciones Públicas, IIDH
- José Luis Molina, Corte Suprema de Justicia, República de Costa Rica

Presentaciones.

Discusión.

Puesta en práctica de las normas del derecho internacional humanitario. Importancia y Dificultades. Diagnóstico del estado actual en el continente.

- María Teresa Dutli, Jefe del Servicio de Asesoramiento en DIH, CICR
- Rodolphe Imhoof, Embajador de Suiza en Costa Rica
- Charles Leacock, Director del Ministerio Público de Barbados

Presentaciones.

Discusión.

Módulo II: Temas específicos

Mesa Redonda I: Mecanismos nacionales para la aplicación del Derecho Internacional Humanitario y de las Convenciones Interamericanas: Funciones y papel de las comisiones u otros órganos nacionales para el DIH.

Moderadora:
María Teresa Dutli, Jefe del Servicio de Asesoramiento en DIH, CICR
Ponencias.
Discusión.

Mesa Redonda II: Protección de las niñas y los niños en las situaciones de violencia

Moderadora:
Mónica Nagel, Ministra de Justicia, República de Costa Rica
(En su representación, asistió la señora Carmen Claramount)

Ponencias.

Discusión.

Mesa Redonda III: La prevención y represión de violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos

Moderadora:
Sonia Picado Sotela, Diputada, Miembro Consejo Ejecutivo del IIDH, República de Costa Rica

Ponencias.

Discusión.

Mesa Redonda IV: Las consecuencias para la seguridad de la persona humana y la población civil de la proliferación y disponibilidad de armas, en particular armas pequeñas y armas ligeras.

Moderador:
Margaret Manson, presidenta del Grupo de Expertos Gubernamentales de las Naciones Unidas sobre armas pequeñas
Ponencias.
Discusión.

8 de Marzo 2001

Módulo III: Justicia penal internacional. El proceso hacia la ratificación y puesta en práctica del estatuto de roma de la corte penal internacional

Presidencia y moderación:
Michael Leir, Asesor Jurídico, Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional (DFAIT), Canadá
09.15 h - 10.45 h La Corte Penal Internacional: un nuevo mecanismo para la represión de las graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos .
- María Teresa Dutli, Jefe Servicio de Asesoramiento en DIH, CICR
- Elisabeth Odio Benito, Vicepresidenta de la República de Costa Rica
Discusión.

Taller I: El Principio de Complementariedad y proceso hacia la ratificación del Estatuto de Roma de 1998.

Moderador:
Darryl Robinson, División para Naciones Unidas, Política Criminal y Tratados, DFAIT, Canadá
Ponencias.
Comentarios y debate.

Taller II: Las adaptaciones necesarias para cumplir con las obligaciones contraídas con la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Moderador:
Charles Leacock, Director Ministerio Público, Barbados

Ponencias.

Comentarios y debate.

Conclusiones y recomendaciones:

Sugerencias de acciones a emprender con miras a reforzar y perfeccionar la aplicación efectiva del Derecho Internacional Humanitario y de las Convenciones Interamericanas relacionadas en los países del hemisferio.

Presentación de informes de relatoría

Consideraciones finales

Recordando sus resoluciones 1270 (XXIV-O/94), 1335 (XXV-O/95), 1408 (XXVI-O/96), 1503 (XXVII-O/97), 1565 (XXVIII-O/98) y 1619 (XXIX-O/99);

Habiendo considerado el informe del Secretario General presentado en cumplimiento de la resolución 1619 (XXIX-O/99) (CP/CAJP-1649/00) y el informe del Consejo Permanente relativo a la promoción y respeto del derecho internacional humanitario (CP/doc. 3314/00);

Profundamente preocupada por las persistentes violaciones del derecho internacional humanitario que tienen lugar en el mundo y en particular por la suerte de la población civil que es objeto creciente de ataques en contravención de las normas fundamentales aplicables;

Recordando que es obligación de todos los Estados respetar y hacer respetar, en todas las circunstancias, las normas establecidas en los Convenios de Ginebra de 1949 y, cuando corresponda, para aquellos Estados que son parte, las normas contenidas en sus Protocolos Adicionales de 1977;

Subrayando la necesidad de fortalecer las normas del derecho internacional humanitario, mediante su aceptación universal, su más amplia difusión y su aplicación;

Consciente de la necesidad de sancionar a los responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como otras violaciones graves del derecho internacional humanitario;

TENIENDO EN CUENTA en este contexto el significado histórico de la adopción en Roma del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Reconociendo una vez más los esfuerzos permanentes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para promover y difundir el conocimiento del derecho internacional humanitario y las actividades que lleva a cabo en su condición de organización imparcial, neutral e independiente, en toda circunstancia;

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN las recomendaciones hechas en 1995 por el Grupo de Expertos encargado de identificar los medios prácticos para promover el pleno respeto del derecho internacional humanitario y la aplicación de sus normas, en particular, la relativa al establecimiento de comités o comisiones nacionales para asesorar y asistir a los gobiernos en lo que respecta a la difusión y aplicación del derecho internacional humanitario;

RECONOCIENDO el importante papel que estos Comités o comisiones nacionales están desarrollando para asegurar la incorporación de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales en la legislación interna de los Estados Miembros, así como de los demás instrumentos de derecho internacional humanitario, a los fines de velar por su adecuado cumplimiento y difusión;

Expresando su satisfacción por la creciente cooperación entre la Secretaría General de la Organización y el CICR, como resultado del Acuerdo firmado el 10 de mayo de 1996, que ha contribuido a las labores de difusión del derecho internacional humanitario en las Américas,

RESUELVE:

1. Expresar su beneplácito ante el incremento del número de Estados Miembros que, en el curso del último año, han ratificado o adherido a varios instrumentos de derecho internacional humanitario, destacando el caso de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción de 1997.

2. Exhortar a los Estados Miembros, que aún no lo han hecho, a que consideren ratificar o en su caso adherirse a los Protocolos I y II de 1977 adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949.

3. Exhortar asimismo a los Estados Miembros, que aún no lo han hecho, a que consideren firmar y ratificar, según el caso, el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

4. Exhortar igualmente a los Estados Miembros, que aún no lo han hecho, a que consideren ratificar o en su caso adherirse a los siguientes instrumentos relativos a las armas de naturaleza tal que puedan ser excesivamente nocivas o tener efectos indiscriminados:

a. La Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados de 1980 y sus Protocolos;

b. La Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción de 1997; y

c. La Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado de 1954;

5. Destacar la importancia de que los Estados, al poner en práctica el conjunto de normas del derecho internacional humanitario, presten especial atención a las siguientes disposiciones:

a. La mayor difusión posible del derecho internacional humanitario entre las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, mediante su incorporación en los programas oficiales de instrucción y en la formación de cuadros permanentes de las fuerzas armadas en la materia (Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra, artículo 83);

b. La promulgación de la legislación penal necesaria para sancionar a los responsables de los crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario (Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra, artículo 86);

c. La promulgación de la legislación para reglamentar la utilización de los emblemas protegidos bajo el derecho internacional humanitario y sancionar los abusos (Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra, artículo 38 y reglamento anexo) ; y,

d. La obligación, al momento de estudiar, desarrollar, adquirir o adoptar una nueva arma, de determinar si su empleo sería contrario al derecho internacional humanitario, y en tal caso no incorporarlas al uso de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad, ni fabricarlas para otros fines (Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra, artículo 36) ;

6. Instar a los Estados Miembros que aún no lo han hecho a que, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, estudien la conveniencia de establecer comités o comisiones nacionales de aplicación y difusión del derecho internacional humanitario.

7. Insta a los Estados Miembros a y a todas las partes en conflicto a que respeten la imparcialidad, la independencia y la neutralidad de la acción humanitaria conforme a los principios rectores aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 46/182 del 19 de diciembre de 1991 y aseguren la protección del personal de las organizaciones humanitarias;

8. Invita a los Estados Miembros a que continúen cooperando con el Comité Internacional de la Cruz Roja en sus diversos ámbitos de responsabilidad y a que faciliten su labor, recurriendo en particular a sus servicios de asesoramiento para apoyar los esfuerzos de los Estados encaminados a la aplicación del derecho internacional humanitario;

9. Solicita al Secretario General que presente un informe al Consejo Permanente sobre el cumplimiento de esta resolución antes de su trigésimo primer período ordinario de sesiones.

Esta Conferencia es el resultado del trabajo conjunto de diversas instituciones, gobiernos y personas. A todos ellos quisiera hacer llegar nuestra más sincera voz de agradecimiento.

Permítanme expresar nuestro reconocimiento a las autoridades de Costa Rica y, en especial al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y a la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, por la generosa acogida y respaldo brindados a esta reunión, el cual confirma, una vez más, el compromiso de este país con la causa de la defensa y protección de los derechos de las personas. Estoy seguro que, bajo el liderazgo de Costa Rica, vamos a avanzar aún más en el fortalecimiento de nuestro sistema interamericano de derechos humanos, con ocasión de nuestra próxima Asamblea General, aquí, en San José, a comienzos del próximo mes de Junio.

De igual forma, quisiera agradecer al Gobierno de Canadá por el respaldo que desde el comienzo brindó a esta iniciativa. Como todos sabemos, Canadá ha demostrado un liderazgo permanente, que la comunidad internacional le reconoce, en relación con varios de los temas de los cuales se van a ocupar ustedes durante esta reunión, tales como los relacionados con la protección de las niñas y niños en situaciones de violencia y la adopción del Estatuto de Roma sobre la Corte Penal internacional.

Mención especial merece la extraordinaria labor cumplida por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Sin su apoyo y liderazgo no habría sido posible esta Conferencia. En nombre de todos los presentes, permítanme agradecer en particular a Cristina Pellandini por la dedicación mostrada en la organización de este evento. Asimismo, quisiera agradecer al Señor Vicepresidente del Comité, Doctor Jacques Forster, por su presencia y participación en esta reunión. Si hay alguna institución a la cual deberíamos expresar un reconocimiento especial por los avances dados desde la adopción de los Convenios de Ginebra de 1949, ella es el Comité Internacional de la Cruz Roja, para con el cual la humanidad tiene motivos infinitos de agradecimiento.

El Gobierno de Suiza, ligado a los temas del derecho humanitario desde sus comienzos, ha contribuido también al buen logro de esta reunión y, por eso, queremos expresarle nuestro reconocimiento.

Finalmente, quisiera agradecer de manera muy especial a los señores ponentes y a los expertos gubernamentales por haber aceptado la invitación para participar y compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias.

El Derecho Internacional Humanitario está destinado a brindar protección y asistencia a las personas afectadas por los conflictos armados, así como a limitar los métodos y medios de combate, con el fin de evitar sufrimientos innecesarios o daños superfluos.

En lo que tiene que ver con esta parte del mundo, con la triste y lamentable excepción de algunos conflictos internos que aún persisten, a nivel hemisférico hemos dado avances de gran trascendencia en el fomento de la confianza y la consolidación de la paz tanto entre los países como en el interior de los mismos.

El entorno regional tiene nuevas características. Ha comenzado una nueva era en la que las naciones están unidas por una comunidad de valores y de ideales. La cooperación es hoy la tendencia. Hemos clausurado décadas de aislacionismo, de confrontación y de desconfianza. Poco a poco -, en temas centrales como la lucha contra la corrupción, el narcotráfico o el control de armas, las naciones de América han suscrito Convenciones o estrategias hemisféricas, que las vinculan jurídica y políticamente en la búsqueda de objetivos y resultados comunes. No tengo duda de que el actual proceso de integración económica que se vive en las Américas esta contribuyendo grandemente a la disminución de las tensiones entre países en nuestro hemisferio.

Estamos viviendo una transición del viejo orden a uno distinto que apenas estamos construyendo. Hay más espacio para la acción diplomática, para la prevención de conflictos, para avanzar, como efectivamente lo estamos haciendo, en la redefinición del concepto de seguridad hemisférica que nos apoye en la búsqueda y la defensa de la paz.

Hemos creado una doctrina americana de solidaridad con la democracia que actúa contra cualquier amenaza, de derecha, de izquierda, del crimen organizado, no importa cual sea su denominación o ideología, cualquiera que pretenda perturbar o interrumpir el proceso democrático e institucional de un país. Y esta doctrina se pone en marcha desencadenando una serie de acciones diplomáticas y coercitivas, respaldadas todas en acuerdos e instrumentos de carácter internacional.

La diplomacia preventiva se desarrolla tanto para eliminar tensiones entre países, como para ayudar a los gobiernos a hacerle frente a los conflictos internos. Para disminuir tensiones, a lo largo de toda la década de los noventa y particularmente desde 1995, los países miembros de la OEA convinieron una serie de medidas de confianza que tienen como objetivo intercambiar información sobre asuntos militares y de seguridad en forma regular, lo mismo que realizar consultas sobre ciertos temas.

En nuestra Comisión de Seguridad Hemisférica se recoge y se distribuye esta información, que hace referencia a los presupuestos militares de las naciones, a la notificación previa de los ejercicios militares, al intercambio de documentos sobre sus doctrinas de seguridad, a la

entrega de datos sobre inventarios de algunas armas, a la realización de reuniones para incrementar la seguridad en las fronteras, en fin, a un conjunto de temas de seguridad y defensa, que al ser de conocimiento de todos y al generar mecanismos de consulta, crean un ambiente de mayor tranquilidad.

Adoptamos un tratado para controlar la producción y el tráfico ¡lícito de armas de fuego y otros materiales relacionados; así como una Convención sobre la transparencia en la adquisición de armas convencionales. Hemos avanzado en las tareas de desminado en Centroamérica, y los Ministros de defensa tienen reuniones periódicas a nivel hemisférico.

Finalmente, en actividades post-conflicto, la OEA en los últimos años ha jugado un papel importante en actividades como vigilancia del cese al fuego, desarme y desmovilización de grupos armados en Nicaragua y Suriname; ayuda a refugiados en Nicaragua, Haití y Honduras; asistencia humanitaria en Haití; solución de conflictos a nivel de comunidad en Guatemala; y observación de los derechos humanos en Haití y Centroamérica.

En Nicaragua y Guatemala hemos contribuido a la creación de condiciones y procesos que hagan posible la transición de una cultura de confrontación a una cultura de diálogo, a través de la facilitación de foros y otros espacios de diálogo entre los principales actores. Las llamadas Comisiones de Paz, en Nicaragua, son agrupaciones civiles independientes impulsadas con el objeto de estimular la participación de la sociedad civil en la promoción y protección de los derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos en las zonas de mayor tensión.

Todo el andamiaje de nuestra diplomacia preventiva, del uso de procedimientos pacíficos para el manejo de crisis y la acción post-conflicto, está fundada en el principio de la defensa de la democracia. Ese es nuestro paradigma de la solidaridad. Hemos desarrollado una experiencia y una capacidad propia en protección de derechos humanos, en observación electoral, en atención a países que han sufrido confrontaciones internas, y esa capacidad la hemos puesto al servicio de la reconstrucción de las instituciones democráticas.

La búsqueda de la paz en las Américas está estrechamente asociada al celoso respeto a los principios de nuestra Carta. El derecho internacional como norma de conducta de los estados; el respeto a la no intervención en os asuntos internos de otro estado; la igualdad jurídica de todos los Estados; el respeto a su soberanía y a su integridad territorial y por sobre todo utilizar y aplicar los mecanismos de solución pacífica de controversias que ella prevé: la negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación, el procedimiento judicial, el arbitraje y los que especialmente acuerden las partes.

Esa es la tendencia actual de nuestro hemisferio. La de avanzar en los mecanismos de diálogo y solución pacífica de los conflictos; la de buscar nuevas y más eficaces medidas de fomento de la confianza; la de consolidar procesos de cooperación en los temas de seguridad.

Hoy las principales amenazas a la paz de las naciones del hemisferio, son de carácter no militar como el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de armas o, en otro plano y dependiendo de cada país, los desastres naturales o la inseguridad ciudadana.

En este contexto, algunos podrían preguntarse si tiene sentido darle importancia al derecho humanitario, concebido para los conflictos armados, en un hemisferio que, por fortuna, en términos generales, se ha alejado de ellos y quiere avanzar aún mucho más por el camino que evite que ellos ocurran.

La circunstancia de que aún existan conflictos de carácter interno en países del Hemisferio, sería más que suficiente para justificar el desarrollo y consolidación del derecho humanitario en las Américas. A este hecho habría que agregar que el mundo cada día es más interdependiente y que, justamente, los Convenios de Ginebra obligan a los Estados no sólo a "respetar" sino también a "hacer respetar" sus disposiciones. Por eso, contrario a lo que algunos podrían suponer, las condiciones de mayor confianza y cooperación hemisférica, crean un terreno favorable para progresar en la consolidación del derecho humanitario en las Américas con un enfoque preventivo.

Para ello se requiere, entre otras medidas, que los Estados avancen en el proceso de firma, ratificación e incorporación en su derecho interno de los tratados en materia de derecho humanitario y de las Convenciones Interamericanas relacionadas, así como en la difusión y capacitación sobre el contenido y alcance de sus normas. Ese es precisamente el principal propósito de esta primera conferencia interamericana de expertos gubernamentales.

No quisiera terminar sin destacar la importancia que tiene uno de los temas de los cuales se van a ocupar ustedes en esta reunión. Me refiero a la Corte Penal Internacional. No cabe la menor duda que la creación de un tribunal de esta naturaleza constituye un avance fundamental dentro del propósito de atacar y eliminar la impunidad de la cual aún gozan muchos responsables de crímenes verdaderamente aberrantes contra la humanidad. Este, sin lugar a dudas, es un paso fundamental, como lo expresara un diplomático latinoamericano, dentro del propósito de "liberar al planeta de la obscenidad que supone que una persona tenga más posibilidades de ser juzgada por matar a un ser humano que por matar a mil". Estoy seguro que las deliberaciones de ustedes en esta materia, nos van a permitir precisar los avances que se han dado hasta ahora y los pasos que aún se requiere dar hacia adelante para asegurar que este Tribunal sea de verdad eficaz y permita atacar la impunidad en tantos crímenes contra la humanidad.

Max Petitpierre, Presidente de la Conferencia Diplomática de 1949, al término de la misma manifestaba que su labor "no se comprendería en su plenitud si no se interpretara como una condena de la guerra" y agregaba que su "deseo más ardiente sería que estos cuatro Convenios no hubieran tenido nunca la ocasión de aplicarse". Lamentablemente, no ha ocurrido así y el espectro de la guerra sigue recorriendo al mundo con sus devastadoras secuelas de sangre, tristeza y horror.

Al iniciar esta Conferencia, sea esta la oportunidad para unirnos a esa condena frontal de la guerra y a ese deseo ferviente porque avancemos en la instauración de una cultura de paz, tolerancia y solución pacífica de las controversias canto a nivel internacional como en el interior de nuestros países.

I will begin this presentation on the role of the International Committee of the Red Cross (the ICRC) in the development and the implementation of international humanitarian law with a general outline of its mandate and activities.

As many of you are aware, the ICRC is an impartial, neutral and independent organization. Its mandate is rooted in international humanitarian law and its exclusively humanitarian mission is to ensure that people affected by international and non-international armed conflicts as well as by situations of internal violence receive both protection and assistance. Since its foundation by a group of concerned Swiss citizens in 1863, the ICRC has endeavoured to alleviate, and wherever possible, prevent suffering. It has done this not only by strenghtening and spreading knowledge of international humanitarian law, promoting universal humanitarian principles, but also by being present on the ground in situations of conflict and of internal violence. Indeed our operations carried out in connection with some 20 armed conflicts and some 30 situations of violence and internal strife throughout the world enable us to be close to the victims, to protect and assist them. Currently some 11'000 women and men are engaged in this task in more than 200 different locations (delegations, sub-delegations, offices) around the world.

The 1949 Geneva Conventions and their 1977 Additional Protocols assign specific tasks to the ICRC and also grant the organisation a right of initiative in relation to persons affected by armed conflict. On this basis, the ICRC has the right to visit prisoners of war, to interview them individually in the absence of witnesses and to make follow-up visits at regular intervals. The Fourth Geneva Convention gives the ICRC the same rights in relation to civilian internees.

The ICRC also takes its mandate from the Statutes of the International Red Cross and Red Crescent Movement. These Statutes were adopted by the International Conference of the Movement which brings together States party to the Geneva Conventions, National Red Cross and Red Crescent Societies, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, and the ICRC.

The Statutes of the Movement accord the ICRC an extensive right of initiative and thus enable the organisation to offer its services in all situations that come within its mandate as specifically neutral and independent humanitarian institution.

Given the international orientation and functional mandate of the ICRC, it is hardly surprising that the organisation has been recognised as possessing international legal personality. This was officially confirmed by the United Nations' General Assembly in 1990 when it granted the ICRC Observer status, thereby allowing the organisation to take a more active role in the debate on humanitarian issues at the international level. In addition, the ICRC has concluded headquarters agreements with some 60 States and these agreements provide the organisation with the privileges and immunities necessary to enable it to carry out its mission in total independence.

Finally, the ICRC forms one part of the International Movement of the Red Cross and Red Crescent, along with 176 recognised National Red Cross and Red Crescent Societies and their International Federation. The activities of the Movement as a whole are guided by its Fundamental Principles, the most important of which are the principles of humanity, impartiality, neutrality and independence. The importance of these basic principles cannot be overemphasised in a world where the distinction between political, military and humanitarian action is becoming increasingly blurred.

Before discussing the role of the ICRC in implementing law from a legal perspective, I will speak briefly on the other important aspect of the ICRC's work: namely, its operational activities for the provision of protection and assistance to persons affected by armed conflict and internal violence

Ÿ Protection and Assistance
Article 5 of the Statutes of the International Movement of the Red Cross and Red Crescent states that the ICRC has a duty to endeavour to assure that all persons affected by armed conflict are given appropriate protection and assistance.

In the context of its operations, the ICRC works to ensure that the civilian population is protected as far as possible from the devastating effects of armed conflict and internal violence. For this reason, the ICRC's protection activities have focused on meeting the specific needs of particularly vulnerable groups including detainees, the wounded and sick, children and women, refugees and internally displaced persons.

In terms of assistance activities, the ICRC provides medical aid, water, food, sanitation and shelter and endeavours to establish conditions of economic security for populations in areas affected by armed conflict and internal disturbances.

Clearly, the operational work of the ICRC is also intimately connected to the goal of strengthening the implementation of international humanitarian law. The protection and assistance activities undertaken by the ICRC go hand in hand with the promotion of the fundamental principles of international humanitarian law.

This combination of operational activities and the promotion of respect for international humanitarian law is a distinctive feature of this institution, each of these activities

giving strength and credibility to the other.

Ÿ El CICR guardián del derecho internacional humanitario
Permítanme pasar al tema que hoy nos ocupa, el quincuagésimo aniversario de los Convenios de Ginebra. La noción que la guerra tiene límites es tan antigua como la guerra misma. Precisamente esos límites constituyen uno de los elementos que permiten distinguir la guerra de la matanza. Se encarnan en cierto número de principios humanitarios, cuyo objetivo es reglamentar la guerra, por lo que atañe tanto a la conducción de las hostilidades como a la protección de ciertas categorías de personas - civiles, heridos y prisioneros -. Esos principios humanitarios son la expresión de unos ideales universales de humanidad codificados, en particular, en los Convenios de Ginebra de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra y en sus Protocolos adicionales de 1977, y generalmente denominados derecho internacional humanitario.

El quincuagésimo aniversario de la adopción de los Convenios de Ginebra, celebrado hace dos años, ha tenido un significado particular, ya que esos tratados representan un considerable progreso para la humanidad. A mi entender, formaran parte de su patrimonio.

Un balance cincuenta años después de la adopción de los Convenios de Ginebra, permite de comprobar que sus normas se han aceptado universalmente: 190 Estados son Partes, es decir, casi todos los países del mundo.

No obstante, cabe preguntarse si el derecho humanitario se adecua a las realidades actuales; si sigue respondiendo a las necesidades de protección. Al hacer esa evaluación, es importante de evitar de generalizar demasiado. Se debe destacar que desde que existen esos instrumentos millones han sido las personas que se han beneficiado de ellos. Se ha dispensado el trato que propugna el derecho internacional humanitario a prisioneros de guerra, no se ha atentado contra la vida de civiles, se ha reunido a familiares y se han respetado hospitales.

Sin lugar a dudas, son más las situaciones en las que se respetan los Convenios que casos en los que se infringen sus normas. Sin embargo, los Convenios se respetan más en situaciones de conflictos armados internacionales que en las guerras civiles. La naturaleza de los conflictos cambia, hoy en día los conflictos armados no implican únicamente las fuerzas armadas y grupos rebeldes más o menos intensificados, sino que otros actores, como las compañías privadas de seguridad, intervienen o influencian esas situaciones. Ello constituye nuevos desafíos a los que hay que hacer frente y que necesitan une adaptación de la respuesta por parte de las organizaciones humanitarias y relativa a la interpretación del derecho. Hay además situaciones en las que el objetivo bélico es destruir o expulsar a grupos humanos enteros; se trata allí de conflictos identitarios. En ese caso, el objetivo bélico es, de por sí, incompatible con el espíritu y el texto de los Convenios. Todos conocemos las consecuencias trágicas engendradas por el no respeto de los tratados humanitarios. Es suficiente pensar en situaciones de conflictos armados internacionales, como la guerra en los Balcanes, e internos, por ejemplo Sierra Leone o Colombia; todos causan víctimas y sufrimientos que se podrían evitar.

Cómo prevenir esas atrocidades? Cuando se habla de prevención, es importante distinguir dos objetivos diferentes:

- el que consiste en prevenir los conflictos, y

- aquel de prevenir las violaciones al derecho internacional humanitario.

El primer objetivo reviste una importancia fundamental. Corresponde al conjunto de la sociedad de atacarse a las causas profundas del conflicto. Se trata de ocuparse de los factores sociales, económicos, políticos y culturales que provocan las tensiones en el seno de las sociedades. Esa finalidad no entra dentro del marco del derecho internacional humanitario. Sin embargo, los valores sobre los que se basa la acción humanitaria - la exigencia del respeto de la integridad física y de la dignidad de todo ser humano, mismo si es enemigo - llevan consigo un mensaje de tolerancia y contribuyen a controlar las pulsiones de miedo y odio de las cuales se nutre la guerra.

La historia nos enseña que lamentablemente los conflictos no pueden siempre ser evitados. El derecho internacional humanitario está allí para recordar que cualesquiera sean las circunstancias, quienes no combaten, los heridos, los enfermos y los prisioneros deben ser protegidos.

La pregunta que cabe hacerse es de saber si la razón de tantas víctimas en los conflictos armados actuales es el resultado de la inadecuación entre el derecho y las situaciones en el terreno. La respuesta es definitivamente negativa. Estoy convencido que los preceptos básicos del derecho internacional humanitario siguen siendo pertinentes para prevenir las atrocidades a las que seguido estamos confrontados.

Que hacer entonces para remediar esta situación? Una respuesta que se impone es: "implementar el derecho internacional humanitario a nivel internacional y en el plan nacional". Para lograrlo la participación universal a todos los tratados de derecho humanitario, su difusión y la adopción de medidas nacionales de aplicación es indispensable.

Ÿ Difusión del derecho internacional humanitario
El CICR despliega importantes esfuerzos para hacer conocer el derecho internacional humanitario. Esos esfuerzos se realizan tanto en tiempo de paz como en período de conflicto armado.

Para que el derecho humanitario sea respetado, es indispensable que los combatientes sean instruidos para ello de manera a que su comportamiento esté en consonancia con las normas de ese derecho. No sólo los combatientes, sino que todos los interesados han de estar familiarizados con él. Los funcionarios, quienes ocupan cargos públicos, los estudiantes y profesores, el personal médico y profesionales de los medios de comunicación deben además también conocer sus principios.

La enseñanza del derecho humanitario a los miembros de las fuerzas armadas a seguido sido relegada. Para que la instrucción sea efectiva es necesario que ella sea parte del entrenamiento militar e incluida a todos los niveles de la jerarquía. La jerarquía debe estar convencida que el

conocimiento del derecho humanitario es importante no solo porque es un imperativo, sino que porque ella participa a la eficacia de la acción militar. A solicitud de los Estados Mayores el CICR participa en la instrucción de las fuerzas armadas. Desde más recientemente también se contribuye a la formación de fuerzas de policía y públicos como los profesores y los niños en las escuelas.

De manera general, la difusión del derecho internacional humanitario a las fuerzas armadas y otros grupos, y la promoción de la instrucción de sus principios es un elemento vital dentro de la estrategia del CICR en miras a un mejor respeto del derecho humanitario. Cabe recordar a ese respecto que en situaciones de conflictos armados internos todas las partes en conflicto, incluso los grupos armados, tienen la obligación de respetar, como mínimo, las obligaciones dimanantes del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra. Esa norma constituye el mínimo de normas humanitarias aplicables en esas situaciones.

Ÿ La aplicación del derecho internacional humanitario a nivel nacional e internacional
Para garantizar el respeto del derecho internacional humanitario es fundamental que sus violaciones sean reprimidas.

El enjuiciamiento de los autores de las infracciones contra el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos por los tribunales nacionales responde a obligaciones convencionales contratadas por los Estados partes y constituye el mecanismo tradicional para aplicar la ley y combatir la impunidad. Asimismo, la aplicación de la justicia criminal nacional obvia formalmente la necesidad de una intervención externa y goza - por lo general - de la confianza de los ciudadanos. Cuando funciona, tiene un efecto preventivo pues los potenciales criminales conocen el riesgo que incoarán a través su conducta ilegal.

No obstante, la realidad nos ha mostrado que la justicia nacional como mecanismo de sanción para los crímenes del derecho internacional tiene limitaciones serias. La mayoría de los Estados que han sido confrontados en el pasado con crímenes de guerra, de genocidio o con graves violaciones de los derechos humanos han sido incapaces de cumplir con sus obligaciones de represión o quizás no han tenido la voluntad política de hacerlo.

La creación de una Corte Penal Internacional Permanente viene a completar los mecanismos existentes para la aplicación del derecho humanitario y de los derechos humanos y la represión de sus violaciones. Con la aprobación del Estatuto de Roma los Estados han hecho un paso sumamente importante y valiente, pues han manifestado su firme determinación a no tolerar más la impunidad de los crímenes particularmente reprensibles y muchas veces odiosos !

El CICR está convencido que además de garantizar la penalización de los crímenes más graves para la comunidad internacional, la existencia de una Corte Penal Internacional pre-existente tendrá un fuerte poder de disuasión, pues enviará una advertencia a los potenciales criminales.

El CICR ha apoyado activamente la preparación del Estatuto para esa nueva jurisdicción, y se tiene además a la disposición de las autoridades competentes y de los legisladores para brindarles, a través de su Servicio de Asesoramiento en derecho internacional humanitario, un apoyo técnico en el proceso de ratificación del Estatuto de Roma, así como para la adaptación de sus leyes penales para conformarlas a las exigencias dictadas por el derecho humanitario.

Que se trate de la necesaria adaptación de las legislaciones penales a las exigencias del derecho internacional o de las otras medidas de aplicación necesarias, tales como la protección debida a los niños en los conflictos armados, la consideración de los derechos de las mujeres en esas situaciones, la protección de los emblemas y signos reconocidos por el derecho humanitario o el estudio de toda nueva arma para asegurar su conformidad con los principios humanitarios, el Servicio de Asesoramiento está a disposición para brindar asistencia técnica o toda información que pudiera requerirse.

Permítanme une mención especial a los derechos de las mujeres durante los conflictos armados ya que el 8 de marzo, día en que estaremos aquí reunidos, se celebrará el Día internacional de la Mujer. En ocasión de la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se reunió en Ginebra del 31 de octubre al 6 de noviembre de 1999 el CICR se comprometió a promover en todas sus actividades el respeto debido a las mujeres y a las niñas. En su compromiso, el CICR se compromete a prestar particular atención a difundir activamente la prohibición de todas las formas de violencia sexual entre las partes en un conflicto armado. Además, el CICR promete garantizar que las necesidades específicas de protección, salud y asistencia de las mujeres y las niñas afectadas por los conflictos armados se tendrán debidamente en cuenta en sus operaciones con la finalidad de aliviar el sufrimiento de los grupos más vulnerables. Reconociendo la necesidad de entender mejor cómo el conflicto armado afecta de diferentes maneras a las mujeres, el CICR inició en 1998 un estudio. Gracias al resultado de ese estudio, el CICR podrá formular directrices para una mejor protección a su favor. Esas líneas directrices tendrán además como fundamento la protección reconocida a las mujeres por el derecho internacional humanitario en tanto que miembros de la población civil, así como las varias disposiciones de ese derecho que versan sobre las necesidades específicas de las mujeres.

Cabe señalar asimismo que el CICR ha observado con satisfacción los recientes progresos en la aplicación del derecho internacional humanitario a escala nacional, no sólo en con respecto a la universalidad de sus tratados, sino en la incorporación al derecho penal nacional de disposiciones que permite la persecución de los crímenes de guerra por los tribunales nacionales y en la adopción de leyes que protegen los emblemas de la cruz roja y de la media luna roja. Otro hecho notable es el considerable aumento del número de comisiones nacionales que se han establecido para la aplicación del derecho humanitario. Cerca de 60 comisiones existen en el mundo, de las cuales 14 se sitúan en América.

Ÿ Conclusion
In conclusion, I would like to stress

- that today, international humanitarian law really reflects core human values. This assertion is supported by the universal adherence to its norms. These norms are by no means static; the international community has clearly demonstrated in recent years its desire and ability to develop new norms to respond to current challenges (for example Ottawa treaty, Statute of International Criminal Court