Comprendiendo esta situación, los Gobiernos de muchos países adoptaron, en 1977, nuevas normas de derecho internacional a fin de mejorar la protección que los civiles tienen derecho a recibir en tiempo de guerra. Conocidas como Protocolos adicionales I y II a los Convenios de Ginebra, esas normas establecen límites a los modos en que pueden librarse las guerras. Se elaboraron especialmente para responder a la naturaleza cambiante de los conflictos armados y a los avances en la tecnología de armas.

La obligación de distinguir entre combatientes y civiles en una de las normas más importantes de los Protocolos adicionales. Según esa norma, todas las partes en un conflicto armado deben hacer esa distinción y no atacar a los civiles. Las partes beligerantes también deben distinguir entre bienes de carácter civil, como las viviendas y los lugares de culto, y los objetivos militares.