En Colombia, como en diferentes contextos afectados por conflictos armados, la situación de la población civil suele ser crítica. En donde hay conflictos armados o situaciones de disturbios internos, los civiles siempre llevan la peor parte.

Durante 2007, el conflicto armado continuó generando importantes consecuencias que afectaron con especial severidad a los más vulnerables: los afrocolombianos, los pueblos indígenas y los más pobres. Durante el año anterior, el CICR recopiló 1.684 presuntas violaciones al derecho internacional humanitario (DIH) que, entre otras, corresponde a ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y toma de rehenes.

En el mismo período, el CICR asistió a 2.417 personas amenazadas, para que se pudieran trasladar a un lugar más seguro. Esta cifra registra un incremento con respecto a 2006, cuando el número de personas que recibieron este apoyo fue de 1.728.

El CICR, como guardián del DIH, en el marco de sus principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia tiene como uno de sus propósitos principales dialogar de manera confidencial con la Fuerza Pública como con los grupos armados, para que ajusten su comportamiento a las reglas del DIH durante la conducción de hostilidades, tomen las precauciones necesarias en el desarrollo de sus operaciones y respeten los principios de distinción y de proporcionalidad, de tal manera que nadie sea objeto, entre otros, de desaparición y los civiles jamás tengan que abandonar su lugar de residencia. Debemos ser claros: el DIH prohíbe que las partes en el conflicto obliguen a los civiles a desplazarse y expresa que, si por alguna eventualidad y de manera absolutamente excepcional se hacen necesarias las evacuaciones temporales de civiles por imperativas razones militares, éstas deben ser llevadas a cabo de forma tal que se garanticen la seguridad y bienestar de la población afectada.

En 2007, el CICR cumplió diez años de atención humanitaria a la población desplazada. Ocasión que consideró propicia para realizar una campaña pública orientada, de una parte, a promover su preocupación por las diferentes problemáticas que afectan a la población desplazada y, de otra, a la búsqueda de medidas tendientes a prevenir los efectos del desplazamiento. Es importante destacar que durante estos diez años de actividades, más de un millón de personas desplazadas han recibido apoyo del CICR.

El lema de la campaña: “Desplazarse no es sólo huir, es perderlo todo”, parte de la certeza de que las consecuencias del desplazamiento son graves y profundas y que, más allá del abandono del hogar, de la pérdida de lo material, las víctimas suelen perderlo todo. Pierden años de trabajo y esfuerzo, pierden sus familias, pierden los lazos comunitarios y redes de solidaridad; pierden sus tierras y sus enseres y sus sueños.

El CICR seguirá insistiendo en la importancia de desarrollar políticas públicas, estrategias y actividades que respondan de manera acertada a las necesidades alimentarias, sanitarias, comunitarias, en salud y vivienda, atención psicosocial y educación, en plena correspondencia con el ámbito familiar y comunitario que demandan las víctimas del desplazamiento. Sin perder de vista sus principios de independencia, el CICR trabaja con agencias internacionales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de víctimas e instituciones del Estado con el objetivo prioritario de reforzar la protección y asistencia a las personas desplazadas a raíz del conflicto armado.

Con el fin de realizar los ajustes necesarios a su programa de asistencia, el CICR fortaleció el desarrollo de actividades de monitoreo y evaluación. En consonancia con esta labor, ha promovido la reflexión, el análisis y la discusión, a partir de estudios realizados en asocio con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que hacen parte de su intención de promover el fortalecimiento de la política pública para la atención de las personas desplazadas. Estos estudios, que recolectaron información sobre las condiciones de vida de la población desplazada en ocho (8) ciudades, se han convertido en referente para el análisis, la evaluación y la implementación de las políticas de Acción Social.

En comunión con la escasa visualización que las víctimas del conflicto armado tienen en el ámbito internacional y del modesto despliegue entre los canales mediáticos, numerosas víctimas guardan silencio. Es claro que la real dimensión de los efectos del conflicto armado en Colombia aún está por ser dilucidada. Por ello, el CICR ha decidido, como una de sus nuevas prioridades, promover el desarrollo de una estrategia de atención integral a las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

En desarrollo de esta estrategia, el CICR inició durante 2006, el registro de víctimas que permitió, durante 2007, evidenciar 57 casos de niñas, niños, mujeres y hombres objeto de este tipo de infracciones. De otro lado, y como respuesta a otro tema de especial preocupación, el CICR ha fortalecido su equipo para atender a la problemática de la contaminación con armas, cuyos ejes más conocidos se relacionan con los efectos que genera el uso de minas antipersonal y el abandono de restos explosivos de guerra. El trabajo que el CICR adelanta en el terreno le ha permitido conocer de manera próxima la situación de víctimas que, temerosas de señalamientos y estigmatización, o simplemente desconocedores de sus posibilidades y derechos, habían callado su tragedia. Estas tareas imponen nuevos y serios retos, que se suman a los ya planteados por otras víctimas como los desplazados y los desaparecidos.

La población que vive en regiones que registran un alto nivel de hostilidades, sufre privaciones. Con el fin de mejorar la situación de ésta población, el CICR adelanta trabajos en seguridad alimentaria, salud, educación y prevención de riesgos, entre otros. Por ejemplo, el CICR brinda apoyo al desarrollo de cultivos orgánicos y la cría de especies menores que en la actualidad benefician a más de 1.300 personas. Así mismo, durante 2007, adelantó proyectos en infraestructura sanitaria, abastecimiento de agua, salud e infraestructura escolar que benefician a cerca de 20.000 personas. Debido a las dificultades en acceso a salud en zonas conflictivas como Nariño, Cauca, Bolívar y Sucre, el CICR acompañó a personal de salud para adelantar jornadas de atención odontológica, vacunación, así como atención a enfermedades como la malaria, leishmaniasis y dengue, entre otras.

Por otra parte, delegados del CICR realizaron cientos de visitas a centros de detención, recibieron a rehenes, detenidos liberados y participaron en la recuperación de los restos mortales de los once exdiputados de la Asamblea del Valle del Cauca. Con estas acciones, los familiares pudieron conocer la suerte de algunos rehenes y detenidos, enterrar a sus muertos de acuerdo con sus costumbres para avanzar en la realización del duelo. Esto gracias a la acción neutral e independiente del CICR.

El CICR continuará buscando mecanismos para profundizar el diálogo confidencial con las partes concernidas y compartir con ellos sus preocupaciones sobre las consecuencias humanitarias del conflicto armado. El CICR insiste en que, al margen de las controversias políticas y militares, seguirá su acción humanitaria, con el fin de poder cumplir con su principal objetivo: brindar protección y asistencia a las víctimas del conflicto armado en Colombia.