También reafirmaron la obligación de los Estados de velar por que esas empresas privadas respeten el derecho internacional humanitario.

Hoy terminó la redacción del documento, en la que participaron expertos gubernamentales y no gubernamentales, que se reunieron del 15 al 17 de septiembre, en Montreux (Suiza), invitados por el Gobierno suizo. Ésta es la cuarta reunión intergubernamental en la que se aborda la iniciativa sobre las empresas militares y de seguridad privadas, que lanzó el Departamento federal suizo de Asuntos Exteriores, a comienzos de 2006. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se asoció a esta iniciativa desde un principio.

“El documento de Montreux reforzará la protección de las personas afectadas por un conflicto armado,” dijo Philip Spoerri, director de Derecho Internacional en el CICR. “En el documento se reafirma claramente el hecho de que las empresas militares y de seguridad que trabajan en zonas de conflicto armado deben respetar las obligaciones dimanantes del derecho internacional, y que los Estados tienen la responsabilidad específica de velar por que se respeten,” añadió el señor Spoerri. “Actualmente, es sumamente importante que los Estados tomen medidas concretas para prevenir las violaciones y para que las empresas rindan cuentas por todo comportamiento ilícito”.

En el documento de Montreux, que no es jurídicamente vinculante, se proponen por primera vez medidas detalladas y prácticas para ayudar a los Estados a fomentar la observancia del derecho internacional humanitario y garantizar el respeto de los derechos humanos. Las medidas se aplican cuando un Estado contrata a una empresa militar y de seguridad privada, cuando esas empresas trabajan en el territorio de dicho Estado, o cuando una empresa tiene su sede en el territorio de un Estado y presta servicios militares y de seguridad en el extranjero.

Las recomendaciones que figuran en el documento de Montreux incluyen la introducción de regímenes de reglamentación y de licencia apropiados, a fin de controlar a las empresas militares y de seguridad privadas y reforzar sus obligaciones. En el documento se subraya la importancia de contar con un procedimiento de investigación del personal, de formar al personal en derecho humanitario y en derecho de los derechos humanos, de establecer procedimientos operacionales y normas de contratación estándar, que sean conformes al derecho, y procedimientos disciplinarios internos para sancionar al personal que no respete el derecho. En caso de graves violaciones del derecho, el Estado concernido tiene la obligación de procesar a los autores.

Los 17 países que participaron en la iniciativa son: Afganistán, Alemania, Angola, Australia, Austria, Canadá, China, EE.UU., Francia, Irak, Polonia, Reino Unido, Sierra Leona, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Ucrania.