URL: http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDN74
CONTENIDO
Introducción
Normas generales comunes a los cuatro Convenios y a los Protocolos Adicionales
I. Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña del 12 de agosto de 1949 y II. Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar, del 12 de agosto de 1949. Protocolo adicional I, Título II; Protocolo II, Título III
III Convenio de Ginebra sobre el trato debido a los prisioneros de guerra del 12 de agosto de 1949.
Protocolo Adicional 1 (en particular Título III, Sección II).
Protocolo Adicional I
IV Convenio de Ginebra sobre la protección de personas civiles en tiempo de guerra y protocolos adicionales
Notas
| Introducción
En tiempo de guerra, se deben observar ciertas normas de humanidad, incluso para con el enemigo. Tales normas figuran principalmente en los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. |
Normas generales comunes a los cuatro Convenios y a los Protocolos Adicionales
Los Convenios y los Protocolos son aplicables en toda circunstancia, tan pronto como hay un conflicto armado (I-IV, 2; PI, 1) [1], pero con restricciones en caso de conflicto armado no internacional de gran intensidad, en el cual sólo se aplican ciertas normas (PII). En todos los casos se deben salvaguardar los principios de humanidad (I-IV, 3). Así, están prohibidos, en cualquier tiempo y lugar: el homicidio, la tortura, los castigos corporales, las mutilaciones, los atentados contra la dignidad personal, la toma de rehenes, los castigos colectivos, las ejecuciones efectuadas sin juicio previo (I-IV, 3; I,II,12; III, 13; IV, 32,34; P.I, 75; P.II, 4,6).
Están prohibidas, en los Convenios y en el Protocolo I, las represalias contra las personas y los bienes que protegen, es decir: los heridos, los enfermos y los náufragos, el personal sanitario y los servicios sanitarios, el personal y los servicios de protección civil, los prisioneros de guerra, las personas civiles, los bienes civiles y culturales, el medio ambiente natural y las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas
(I, 46; II, 47; III, 13; IV, 33; PI, 20, 51-56).
Nadie podrá ser obligado a renunciar ni renunciará voluntariamente a los derechos que se le otorgan en los Convenios (I-III, 7; IV, 8).
Las personas protegidas deberán siempre poder beneficiarse de la actividad de una Potencia protectora (Estado neutral encargado de salvaguardar sus intereses) o de la del Comité Internacional de la Cruz Roja o de la de cualquier otra organización humanitaria imparcial. (I-III, 8, 9,10; IV, 9,1O,11; P.I, 5). I. Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña del 12 de agosto de 1949 Todos los heridos, enfermos y náufragos serán respetados y protegidos en toda circunstancia (I, 12; II, 12; PI, 1O; PII, 7). No se puede atentar contra su vida ni se los puede perjudicar de ninguna manera. Serán recogidos y tratados humanamente y recibirán, en toda la medida de lo posible y en el plazo más breve, la asistencia médica que exija su estado. No se hará para con ellos ninguna distinción que no esté basada en criterios médicos (1,12,15; II,12,18; P.I,10; P.II,7).
Cada adversario, si captura a heridos, a enfermos o a náufragos miembros de las fuerzas armadas enemigas, debe atenderlos como si fueran los proprios heridos (I,12,14; II,12,16; P.I, 44).
Se tomarán todas las medidas posibles para recoger a los muertos e impedir que sean despojados (I,15; II,18; PI,,33; PII, 8).
Ningún cadáver debe ser enterrado, incinerado o sumergido antes de haber sido debidamente identificado y sin que se haya comprobado la muerte, si es posible, mediante un examen médico (I,16,17; II, 19, 20).
Además, se tomarán sin demora todas las medidas posibles para buscar y recoger a los heridos, a los enfermos, a los náufragos y a los desaparecidos (I,15; II, 18; IV, 16; PI, 33; PII, 8).
Se deberán registrar todos los datos para poder identificar a los heridos, los enfermos, los náufragos y los muertos recogidos (I,16; II, 19).
En el interés directo de los heridos, de los enfermos y de los náufragos, también serán protegidas las unidades sanitarias, militares o civiles, que estén bajo el control de la autoridad competente (I,19-37; II, 22-40; PI, 8, 9,12; PII, 11). Se trata del personal, del material, de los establecimientos y de las instalaciones sanitarias, así como de los transportes organizados con finalidad sanitaria y que se reconocen por llevar el signo de la cruz roja o de la media luna roja sobre fondo blanco.
El personal sanitario y religioso está integrado por:
a) el personal (médicos, enfermeros, enfermeras, camilleros) destinado, sea permanentemente o temporalmente, sólo con finalidad sanitaria (búsqueda, evacuación, transporte, diagnóstico, tratamiento de heridos, de enfermos y de náufragos), así como para la prevención de enfermedades; b) el personal (administradores, choferes, cocineros, etc.) destinado, permanente o temporalmente, sólo a la administración o al funcionamiento de unidades sanitarias o de medios de transporte sanitarios; c) el personal religioso está integrado por las personas, militares o civiles, tales como los capellanes, dedicados exclusivamente al ejercicio de su ministerio (I,24-27; II, 36,37; PI, 8; PII, 9).
Ese personal lleva el signo distintivo de la cruz roja o de la media luna roja sobre fondo blanco (I, 40; II, 42; PI,18, Anexo I, 3; P.II, 12) y una tarjeta de identidad (I,40; II, 42; PI, Anexo I, 1, 2). Puede llevar armas para la defensa propia o la de los heridos y de los enfermos (I,22; II, 35; PI, 13).
Si los miembros del personal sanitario y religioso caen en poder del adversario, deben poder continuar ejerciendo su ministerio en favor de los heridos y de los enfermos (I,19). No se podrá obligar a que las personas realicen actos contrarios a las normas de la deontología médica, ni a que se abstengan de realizar actos exigidos por tales normas (P.I,16; P.II,10). Serán repatriados todos aquellos cuya retención no sea indispensable para atender a los prisoneros de guerra (I, 30,31; II, 37;). Los retenidos no serán considerados como prisioneros de guerra y disfrutarán de grandes facilidades para cumplir su misión (I, 28). En territorio ocupado, el personal sanitario civil no podrá ser requisado, salvo si están cubiertas las necesidades médicas de la población y si se garantiza la asistencia a los heridos y a los enfermos que siguen un tratamiento (P.I,14).
La población civil respetará a los heridos, a los enfermos y a los náufragos aunque pertenezcan a la Parte adversa, y no cometerá acto alguno de violencia contra ellos (P.I,17). Las personas civiles estarán autorizadas a recoger y asistir a los heridos, a los enfermos y a los náufragos, cualesquiera que sean, y no deberán ser castigadas o molestadas por ello. Al contrario, habrá que ayudarlas en su trabajo (1,18).
Se entiende por unidades sanitarias, militares o civiles, todos los edificios o instalaciones fijas (hospitales y otras unidades similares, centros de transfusión de sangre, de medicina preventiva, de suministro, depósito) o formaciones móviles (lazaretos y tiendas de campaña, instalaciones al aire libre) organizados con finalidad sanitaria (I,19; P.I,8,9,12; P.II,11). No podrán, en ningún caso, ser atacados o dañados ni se podrá impedir su funcionamiento, aunque entonces no haya allí heridos ni enfermos (I,19).
De la misma manera serán protegidos los transportes sanitarios por tierra, por agua o por aire: ambulancias, camiones, barcos-hospitales, aeronaves sanitarias (I,35,36; II,22-27,38,39; P.I,8,21-31; P.II,11).
El material sanitario (camillas, aparatos e instrumentos médicos y quirúrgicos, medicamentos, apósitos, etc.) jamás será destruido, sino que se dejará a disposición del personal sanitario en cualquier lugar que se encuentre (I,33,34; II,28,38).
El signo de la cruz roja o de la media luna roja sobre fondo blanco, símbolo de asistencia a los heridos y a los enfermos, sirve para identificar a distancia las unidades y los transportes, el personal y el material que tienen derecho a la protección. No puede ser utilizado con otra finalidad ni enarbolado sin el consentimiento de la autoridad competente. Debe ser siempre escrupulosamente respetado (I, 38-44; II, 41-43; PI,18; PII,12). III Convenio de Ginebra sobre el trato debido a los prisioneros de guerra del 12 de agosto de 1949. Estatuto
Los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto (que no sea el personal sanitario o religioso) son combatientes, y todo combatiente capturado por la Parte adversa será prisionero de guerra (III, 4; PI, 43, 44) [2]. Esas fuerzas armadas deberán estar organizadas; estarán bajo un mando responsable de sus subordinados ante esa Parte y sometidas a un régimen de disciplina interna que garantice el respeto de las normas del derecho internacional aplicable en los conflictos armados (PI, 43).
Ese respeto implica, en particular que los combatientes deben distinguirse de la población civil mediante un uniforme, o por otro signo distintivo, al menos mientras participan en un ataque o en un despliegue militar preparatorio de un ataque (PI, 44). En situación excepcional, debido a la índole de las hostilidades, se pueden distinguir llevando solamente las armas a la vista (PI, 44).
Los prisioneros de guerra están en poder de la Potencia enemiga, y no de los individuos o de los cuerpos de tropa que los hayan capturado (III, 12).
Trato
Se considera que la persona que participe en las hostilidades y sea capturada será prisionero de guerra y debe ser tratada como tal, incluso en caso de duda acerca de su estatuto (III, 5; PI, 45).
Los prisioneros de guerra tienen, en toda circunstancia, derecho a un trato humano, así como al respeto de su persona y de su dignidad (III, 13, 14). Las mujeres deben ser tratadas con todas las consideraciones debidas a su sexo (III, 14).
Todos los prisioneros de guerra deben ser tratados de la misma manera: sólo el estado de salud, el sexo, la edad, la graduación o las aptitudes profesionales pueden justificar un trato privilegiado (III, 16). Deben indicar, si así se solicita, sus nombres y apellidos, su edad, su graduación y su número de matrícula. Pero no tendrán obligación de dar otras informaciones (III,17).
Tienen derecho a conservar sus efectos y objetos personales. De su equipo militar, que podrá ser requisado por el enemigo, tienen derecho a conservar lo que sirva para alimentarse y para vestirse. Las cantidades de dinero y os objetos de valor de que sean portadores no les podrán ser retirados más que contra entrega de un recibo, y deben ser restituidos cuando finalice el cautiverio (III, 18).
Todos los prisioneros de guerra están sometidos a la disciplina y a las leyes vigentes para las fuerzas armadas de la Parte en conflicto en cuyo poder estén, llamada Potencia detentora (III, 39, 82-88). Para su seguridad, ésta puede limitar la libertad, pero no los puede encarcelar, a no ser que violen sus leyes (III, 21). Quien por haber participado en las hostilidades se vea privado del estatuto de prisionero de guerra, se beneficiará, además de las disposiciones del IV Convenio que le son aplicables, de las garantías fundamentales relativas al respeto de su persona (prohibición de atentar contra su vida y su salud) y de su dignidad (prohibición de tratos humillantes y degradantes) (PI, 75). En caso de diligencias penales, tendrá derecho a un proceso equitativo (PI, 75). También se le reconocen esas garantías en caso de conflicto armado no internacional (I-IV, 3), especialmente si dicho conflicto es de gran intensidad (PII, 4,6).
Condiciones del cautiverio
La Potencia captora suministrará gratuitamente a los prisioneros de guerra alimento y vestimenta suficientes, condiciones de alojamiento no inferiores a las de sus propias fuerzas, así como la asistencia médica exigida por el estado de su salud (III, 15, 25, 26,27,30).
A los prisioneros de guerra, excepción hecha de los oficiales, se les podrá obligar al trabajo, a cambio de una módica indemnización y en condiciones por lo menos iguales a las de los ciudadanos de la Potencia captora. Sin embargo, no podrá imponérseles ninguna actividad de carácter militar, ni faenas peligrosas, malsanas o humillantes (III, 49 al 54).
Desde el comienzo del cautiverio, se les pondrá en condiciones de avisar a sus familias y a la Agencia Central de Búsquedas sobre los Prisioneros de Guerra (Comité Internacional de la Cruz Roja). Después, podrán mantener correspondencia con sus familias, recibir paquetes de socorros y beneficiarse de la asistencia espiritual de los ministros de su religión (III,33,63,70,71,72).
Tendrán derecho a elegir, entre ellos, a un «hombre de confianza», encargado de representarlos ante las autoridades de la Potencia captora y de las instituciones que acudan en su ayuda (III,79).
Tendrán igualmente derecho a elevar quejas y solicitudes a los representantes de las Potencias protectoras, los cuales, con los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja, están autorizados a visitar sus campamentos y conversar con ellos, directamente o por mediación de su hombre de confianza (III,78,126).
El texto del Convenio deberá estar expuesto en cada campamento de prisioneros de guerra, a fin de que en todo tiempo puedan informarse acerca de sus derechos y deberes (III,41).
Repatriación
Los prisioneros de guerra, calificados de enfermos gravísimos o grandes mutilados serán repatriados; después de su repatriación, no podrán volver a desempeñar servicio militar activo (III,109,117).
Terminadas las hostilidades activas, los prisioneros de guerra habrán de ser liberados y repatriados sin demora (III,118). Protocolo Adicional I
Titulo III, Sección I
Comportamiento de los combatientes
En el Protocolo se recuerdan las normas relativas al comportamiento de los combatientes durante las hostilidades.
El principio fundamental en que se inspiran estas normas es que no es ilimitado el derecho de las Partes en conflicto a elegir métodos o medios de hacer la guerra. De ahí que esté prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra para causar males superfluos o sufrimientos innecesarios (PI, 35).
Tampoco se podrá utilizar la presencia de personas civiles para poner ciertos puntos o ciertas zonas a cubierto de las operaciones militares (PI, 51).
Está prohibido matar, herir o capturar a un adversario valiéndose de medios pérfidos (PI, 37). Se prohibe hacer uso indebido de los emblemas reconocidos (signo de la cruz y de la media luna roja, bandera blanca, signo de los bienes culturales, etc.) (PI, 38). Está prohibido hacer uso de los signos de nacionalidad de la Parte adversa y de los Estados que no sean Partes en el conflicto (PI, 39). Así, en el Protocolo se afirma que el derecho de los conflictos armados exige de los combatientes un mínimo de lealtad.
Está prohibido rechazar el cuartel (PI, 40). El enemigo fuera de combate, quien se rinda o manifieste la intención de rendirse no podrá ser objeto de ataque (PI, 41, 42). El captor que no tenga los medios para evacuar a sus prisioneros debe liberarlos (PI, 41).
Título IV, Sección I
Protección de la población civil contra los efectos de las hostilidades
En la norma fundamental se estatuye que siempre hay que hacer la distinción entre población civil y combatientes, así como entre bienes civiles y objetivos militares y, por consiguiente, que se dirigirán las operaciones únicamente contra objetivos militares (PI, 48).
Es persona civil quien no pertenezca a las fuerzas armadas (PI, 50). Son bienes civiles aquellos que no son objetivos militares, es decir, que no contribuyen eficazmente a la acción militar y cuya destrucción no ofrece ninguna ventaja militar definida (PI, 52).
Se prohiben los ataques indiscriminados (PI, 51). No sólo están prohibidos los ataques contra personas y contra bienes civiles, sino que deben tomarse todas las precauciones posibles cuando se atacan objetivos militares o cuando se sitúan esos objetivos, para evitar o reducir al mínimo las pérdidas y los daños civiles causados incidentalmente (PI, 57, 58). En ningún caso las pérdidas y los daños serán excesivos con respecto a la ventaja militar concreta y directa prevista (PI, 51, 57).
Está prohibido hacer padecer hambre a la población civil del adversario, destruir los bienes indispensables para su supervivencia y causar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural (PI, 54, 55).
Los bienes culturales, las instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, las localidades no defendidas y las zonas desmilitarizadas (incluso las zonas de seguridad y las zonas neutralizadas) serán objeto de especial protección y de apropiada identificación, así como los miembros y las instalaciones de los organismos de la protección civil (PI, 53, 56, 59, 60 y 61-67. Anexo 1 caps. V y VI).
La prohibición de atacar a la población civil, de destruir los bienes indispensables para la supervivencia, así como la de atacar las instalaciones que contienen fuerzas peligrosas y los bienes culturales, también se aplica en los conflictos armados no internacionales (PII, 13, 14, 15, 16)
Incumbe, en especial, a los mandos militares velar por la observancia de estas normas (PI, 86, 87). IV Convenio de Ginebra sobre la protección de personas civiles en tiempo de guerra y protocolos adicionales
Algunas normas mínimas de protección se aplican a las personas afectadas por un conflicto armado, sea cual fuere su nacionalidad y el territorio donde residan.
Así, deben autorizarse las acciones de socorro en víveres, medicamentos, ropa, etc.: (IV, 23; PI, 69, 70,71; PII, 18).
Las mujeres y los niños serán objeto de un respeto especial y se les protegerá contra cualquier forma de atentado al pudor (IV, 24; PI, 76, 77, 78).
Se debe facilitar la reunión de familias dispersas y el intercambio de noticias familiares (IV,25,26; PI,74).
Y, especialmente, toda persona afectada por el conflicto armado tiene derecho a sus garantías fundamentales, sin discriminación alguna: se respetará su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas; ningún agente civil o militar atentará contra su vida, su salud y su integridad física o mental ni contra su dignidad. En caso de diligencias penales, tendrá derecho a un proceso equitativo (PI, 75). Estas garantías se aplican igualmente en caso de conflicto armado no internacional (PII, 4 y 6).
Además, en el IV Convenio se trata especialmente de las personas civiles en poder del enemigo y se distinguen dos categorías (IV, 4);
Personas civiles en tierra enemiga
Estas personas civiles siempre que a ello no se opongan consideraciones de seguridad, podrán salir del país (IV, 35). Si no salieran o quedaran retenidas, su trato habrá de ser análogo al del conjunto de los extranjeros (IV, 38). Si la seguridad del país hiciese su internamiento absolutamente necesario, podrán recurrir contra tal medida y obtener un examen imparcial de su caso (IV, 41 al 43).
Población de territorios ocupados
En tanto que sea posible, la población civil debe poder continuar viviendo normalmente. El ocupante tiene el deber de mantener el orden público (IV, 64).
Quedan prohibidas, en general, las deportaciones o traslados de poblaciones (IV, 49). Toda requisa de mano de obra debe estar sometida a reglas estrictas. Las personas de menos de 18 años quedan excluidas de ella, y los trabajadores requisados no podrán ser obligados a faenas que les hagan participar en operaciones militares (IV, 51). Está prohibido el saqueo, lo mismo que las destrucciones inútiles de propiedades (IV, 33, 53).
Incumbe al ocupante el deber de atender a la suerte de la infancia (IV, 50), al mantenimiento de los servicios médicos y de higiene (IV, 56) y al aprovisionamiento de la población (IV, 55). Deberá autorizar la entrada de envíos de socorro, facilitando su entrega (IV, 59 al 62). De manera general, las autoridades, la administración y las instituciones, tanto públicas como privadas, continuarán funcionando (IV, 54, 63 y 64).
El ocupante tiene derecho a defenderse contra los actos hostiles a su administración y a los miembros de sus tropas. Puede promulgar, a tal propósito, leyes especiales (IV, 64) y perseguir a los acusados ante sus propios tribunales (IV, 66), pero no podrá pronunciarse condena alguna sin previo proceso regular (IV, 71). Podrá proceder, si su seguridad lo exigiere imperiosamente, al internamiento de ciertas personas (IV, 78). No obstante, todas estas medidas habrán de estar sometidas a reglas concretas y al control de la Potencia protectora (IV, 65 al 77,78,136, 137 y 143).
Las personas civiles en tierra enemiga y los habitantes de territorios ocupados tienen ciertos derechos en común.
En todas circunstancias, tendrán derecho al respeto a sus personas, a su honor, a sus privilegios familiares, a sus convicciones y prácticas religiosas, a sus hábitos y costumbres. Serán siempre tratadas humanamente (IV, 27); no serán sometidas a ninguna sujeción (IV, 31). Las mujeres estarán particularmente amparadas en su honor, especialmente contra violaciones y atentados al pudor (IV, 27).
Podrán dirigirse libremente a la Potencia protectora para pedir su intervención, así como al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Cruz Roja Nacional del país donde se encuentren (IV, 30). Los representantes de la Potencia protectora y del Comité Internacional podrán visitarlos libremente (IV, 30, 143).
El Gobierno enemigo será responsable por el trato que les den sus funcionarios o militares (IV, 29).
Finalmente, si estuvieren sometidos al internamiento, medida que no puede tener carácter de castigo, disfrutarán de un trato que, en sus grandes rasgos, habrá de ser análogo al aplicado a los prisioneros de guerra, habida cuenta de las diferencias implicadas en su calidad de personas civiles (IV, 79 al 135). Notas:
1. Los números arábigos, entre paréntesis, se refieren a los artículos de los Convenios de Ginebra y de sus Protocolos adicionales. Los números romanos indican el número del Convenio o del Protocolo (indicado con la letra P).
2. Además, tiene derecho al estatuto de prisionero de guerra la población del territorio no ocupado que, cuando se acerca el enemigo, toma espontáneamente las armas para luchar contra las tropas invasoras, siempre que lleve las armas a la vista y respete las leyes y costumbres de la guerra (sublevación en masa) (III.4).
II. Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar, del 12 de agosto de 1949.
Protocolo adicional I, Título II; Protocolo II, Título III
Protocolo adicional 1 (en particular Título III, Sección II).
Como mínimo, deben tener la posibilidad de defenderse antes de ser condenados (III, 96, 99, 105,106).
