Colombia
El CICR ha estado presente en Colombia desde 1981. Al final del decenio de 1980 y al comienzo del decenio de 1990, aumentaron las actividades del CICR en favor de las víctimas del conflicto y, desde 1996, la Institución dispone de una red de oficinas en todo el país.
El tipo de desplazamiento en Colombia es tan complejo como el conflicto mismo. Diariamente, hay desplazamientos a todo el territorio nacional, individuales o de grupos de varios cientos de personas.
La extensión del conflicto a todo el territorio ha dado lugar a un sustancial deterioro de la situación, especialmente para las personas civiles. En un año, llegan a morir varios miles de personas como consecuencia directa del conflicto. El número de secuestrados ha llegado a ser de 3.000 al año.
Todas las partes en el conflicto, es decir, las autoridades civiles, las fuerzas armadas, la policía, así como los grupos guerrilleros y los grupos de autodefensa, aceptan las actividades del CICR. La Institución emprende constantemente gestiones para difundir el derecho internacional humanitario entre todas las partes en conflicto.
Además, lleva a cabo pujantes campañas de abogacía y diplomacia para poner término a los abusos con respecto a la población civil, los cuales dan lugar, sin duda, a desplazamientos.
En los ámbitos de la difusión del derecho internacional humanitario y la asistencia, el CICR trabaja en estrecha cooperación con la Cruz Roja Colombiana. En 1999, el CICR prestó protección y ayuda para unas 135.000 personas en todo el país, y a 70.000 de ellas individualmente.
La realización de los programas de asistencia del CICR está prevista, en general, como seguimiento de los programas llevados a cabo por el Estado y sólo cuando éste no puede hacer frente a las necesidades humanitarias.
La protección y la asistencia que el CICR presta en Colombia son de varios tipos, ya que dependen, por ejemplo, del tipo de amenaza y del peligro a los que hacen frente las personas desplazadas. Las actividades del CICR también están adaptadas a necesidades específicas, y a la capacidad de las autoridades, de las organizaciones caritativas y de ONG de responder a ellas. En cuanto a la cooperación entre organismos, el CICR ha entablado un diálogo con otras organizaciones, incluidas las Naciones Unidas, a fin de encontrar, en lo posible, los mecanismos más adecuados para evitar los desplazamientos, resolver los diferentes problemas que se plantean y coordinar las acciones humanitarias.
En 1997, el Parlamento colombiano adoptó la ley 387 para determinar las responsabilidades del Estado en el ámbito de la protección y la asistencia en favor de las personas desplazadas. Se designó a la Red de Solidaridad para que coordine y dirija las actividades del Estado en favor de los desplazados, pero han surgido obstáculos en la aplicación de esa ley. En Colombia, la asistencia de urgencia y a corto plazo prestada a los desplazados funciona debidamente, pero hay que mejorar la prestada a largo plazo, es decir, la proporcionada a las personas que no pueden regresar a sus hogares.