El reportaje reproducido aquí fue ganador del primer lugar en la categoría "Reportaje escrito" en el certamen: Premios Henry Dunant a la excelencia periodística 2001, reconocimiento que otorga el CICR a los mejores reportajes publicados en radio, prensa escrita y televisión.
 Diario El Periódico, Guatemala

Su vida cambió a los seis años de edad.  Aquella noche de diciembre de 1986, un grupo de hombres armados irrumpió en el parcelamiento Dos Erres , y a fuerza de golpes arremetió contra los habitantes que se encontraban en el lugar.  Entre ellos estaban sus padres y siete hermanos, quienes inevitablemente perecieron en aquel pozo donde fueron lanzados hombres, mujeres y niños. Él se salvó porque buscó asilo tras las piernas de un militar que había llegado como personal de apoyo a la masacre 'por si las cosas se ponían difíciles'.

Y es la tragedia del entonces niño la que ha servido a los diferentes organismos de derechos humanos, para ilustrar que existen cientos como él en algún lugar remoto de este país y que ignoran que son los hijos que la guerra arrebató del seno de su verdadero hogar.  Domingo cuenta que supo lo que era una guerra cuando a sus escasos seis años escuchó los tiros, las súplicas y los lamentos de los habitantes del parcelamiento donde vivía.  Movido quizá por un instinto de sobrevivencia, se escondió tras las piernas de aquel hombre vestido de traje de combate.

Desde ese refugio, sus diminutos ojos veían cómo su madre, una campesina dedicada a crianza de animales domésticos y al cuidado de sus siete hijos, era arrastrada hacia una muerte inevitable.  Mientras tanto, su papá, un campesino de oriente que había llegado a tierras peteneras con la esperanza de superarse, era obligado, a fuerza de golpes, a entrar al salón de la escuela  junto con los otros hombres del pueblo.

Escondido tras las piernas del militar, Domingo guardó muy dentro de sí los ruidos y las imágenes que vio cuando los lugareños eran llevados al pozo en que fueron lanzados.  Imágenes que Domingo admite ahora lo acompañarán toda su vida.

Así fue como presenció la desaparición del parcelamiento Dos Erres; un lugar poblado por un reducido grupo de familias del sur y el oriente del país, que durante la década de 1960 llegaron a Petén en busca de mejores oportunidades de desarrollo económico, y donde 20 años después y seis meses antes de la masacre, su número de pobladores ascendía a 365, según estimaciones del censo realizado en 1986.

'Aquella noche lloré tanto', comenta Domingo, 'que me quedé dormido.  Cuando desperté iba en un helicóptero junto a otros tres niños y ni siquiera imaginaba a dónde me llevaban'.  No faltaba mucho para que el pequeño se diera cuenta de que lo estaban trasladando a un lugar donde vivían soldados.  'Habían personas uniformadas de verde que entraban y salían, que se saludaban y tenían carros y helicópteros', indica.  Ahora, años después, asegura que se trataba de la Escuela de Kaibiles.  Ahí le tocó vivir un prolongado mes y medio, y ahí fue donde le enseñaron a pescar y a matar pájaros, mientras decidían su futuro.

Pero Domingo recuerda que en ese lugar no estaba solo.  Asegura que habían más niños, la mayoría de unos nueve años o más pequeños.  También recuerda que habían niños colochos, de piel morena y de ojos claros, como él.  'Otros eran de piel blanca', añade.  'A muchos los sacaban del lugar de un día para otro, y nadie sabía a donde eran llevados.  Sólo decían 'se lo llevó un oficial o algún especialista', y yo fui el último que se quedó', cuenta. A Domingo se lo llevó más tarde el mismo militar que le había servido como resguardo durante la masacre en Dos Erres.  Y aunque prefiere no traer a colación los momentos vividos durante los 15 años que estuvo al lado del militar y su familia, se limita a asegurar que fue tratado bien; que al principio las cosas fueron difíciles entre su madre adoptiva y él, pero que después fue aceptado y querido como un hijo más.

'Yo nunca he declarado esto a nadie, lo he tenido muy guardado en el corazón, porque la verdad nunca pensé que se iba a llegar a saber todo esto', agrega el joven.  'Siempre tuve en mente llegar a conocer a quienes hicieron todo eso en la aldea, y si los hubiera conocido antes no sé qué hubiera hecho, tal vez hubiera vengado la muerte de mis padres y mis hermanos', añade.  'Pero ahora no pienso igual y sólo le pido a Dios que me dé fuerza para soportar todo esto'.  

En su testimonio, sin embargo, Domingo no condena la actitud del que hasta ahora es su padre adoptivo.  Al contrario de lo que opinan la mayoría de miembros de los diferentes organismos de derechos humanos, lo cree su salvador.  'Porque me cuidó y no dejó que me hicieran daño', indica sin entrar en detalles.

Y aunque para él fue un momento emotivo reencontrarse con sus primos y tíos recientemente, sigue lamentando no haber estado presente el día que fueron extraídas del pozo del parcelamiento Dos Erres las osamentas de aquellas 162 personas que vio caer una noche de diciembre, entre ellas sus padres y hermanos.

Sólo encontrarlos

La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA) considera como una desaparición forzada la acción del comando del Ejército que se llevó a Domingo, porque lo desprendieron del seno familiar'; esto a pesar de la suerte corrida por sus padres.  Desde el punto de vista de algunas instituciones legales, por otra parte, la actitud de la institución armada debería considerarse como un secuestro, porque no sólo sacaron al pequeño de su aldea sino que lo retuvieron en un inmueble propiedad del Ejército.

Pero el propósito de sacar a luz pública casos como el de Domingo, cuyo testimonio fue presentado ante la agrupación no gubernamental de Familiares de Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), no es motivar la discusión de si fue o no un crimen de lesa humanidad lo que hicieron con él y tantos otros.  Más bien se pretende iniciar la búsqueda de los ahora jóvenes y con ello aliviar de alguna manera la angustia de sus familiares, quienes todavía con alguna foto de la primera comunión en mano los buscan afanosamente.

A decir de Marco Antonio Garavito, psicólogo que actualmente se dedica a la búsqueda de niños perdidos durante la guerra, 'la desaparición de menores fue una constante durante el conflicto armado interno, y se intensificó entre 1980 y 1985 por el tipo de operaciones militares que se establecieron', agrega. 'La política de tierra arrasada fue una de estas estrategias.  Y con ella se perdió el mayor el número de niños', destaca.  Una política que, según Garavito, tuvo sus desaciertos, 'pues si la orden era acabar con la semilla para que no germinara, ¿por qué los dos bandos se quedaron con cientos de niños que más tarde podían hablar de lo que ocurrió?  Ahora que son adolescentes, esos niños cuentan lo que vieron y lo que sintieron.  Lo que marcó sus vidas'.

Y es que la gran mayoría de los pequeños desaparecidos eran entonces niños de entre seis meses y 12 años de edad.  Hasta la fecha se desconoce cuántos fueron secuestrados y por qué bando.  De hecho, ni siquiera la gubernamental Secretaría para la Paz (Sepaz), que en principio debería contar con fondos suficientes para resarcir los daños hechos a la población víctima del conflicto armado, ha podido determinar el dato.  Hasta el momento, Garavito, asesorado por un grupo de activistas de derechos humanos de El Salvador junto a un equipo de investigadores, es el único que se dedica a la búsqueda de los pequeños.

'Los resultados han sido alentadores.  Ya se consiguió dar con el paradero de 60 familias que perdieron a sus hijos durante la guerra y que han mostrado interés en saber qué ocurrió después de que les fueran arrebatados sus pequeños de las manos', explica.

Garavito, quien tiene experiencia en el trato de niños de la calle y niños trabajadores, cree que en Guatemala no es el momento de señalar a quienes cometieron esos actos.  'De sobra es sabido que cualquier cosa que se diga o haga en este país es como echarla a un saco roto', asevera.

Explica que su objetivo es encontrar a los jóvenes, pero por cuestiones humanas y no para exigir castigo contra quienes cometieron esas atrocidades.  'Hemos encontrado casos de gente que perdió a su niño con dos años de edad y que hasta ahora, 15 o 20 años después, lo siguen llorando como se llora la muerte o desaparición de un ser querido, y conservan las fotos de bautizo o primera comunión.  Viven con ese recuerdo estancado en sus memorias', destaca Garavito.

El Ejército, por su parte, a través de su entonces portavoz, Douglas Barrera, aseguró que la desaparición de los niños jamás fue una política establecida dentro de la institución castrense.  'Pero que haya habido casos aislados tampoco se niega'.

Para Barrera, si cualquier miembro del Ejército se llevó a algún niño de una aldea fue por cuestión de humanidad o por razones religiosas.  Ahora, si éste es acusado de haber cometido un crimen con tal acción, tendrá que responder ante las autoridades civiles', dice.  'De cualquier forma, debo dejar claro que no se puede acusar a una institución por casos aislados, porque adueñarse de los niños jamás fue algo institucionalizado en el Ejército'.  Sin embargo, el informe del REMHI, en el inciso denominado 'De la adopción al secuestro', capítulo segundo, La destrucción de la semilla, se hace mención a las declaraciones de quien fuera ministro de la Defensa en 1989, el general Alejandro Gramajo, a un diario.  'Muchas de las familias de oficiales del Ejército han crecido con la adopción de niños víctimas de la violencia, pues en determinados momentos se volvió moda en las filas del Ejército hacerse cargo de pequeños de tres o cuatro años que se encontraban deambulando en las montañas'. Los organismos de derechos humanos, el Ejército y la guerrilla buscan a quien culpar de la desaparición de los niños durante el conflicto armado.

Sea como sea, estos niños fueron arrebatados de los brazos de sus padres para convertirse en hijos adoptivos de familias militares, formar parte de las filas de la guerrilla o huyeron despavoridos a la montaña echando un pulso con la muerte.  Nadie los ha olvidado.  Y aunque hoy su búsqueda comenzó, la tarea de encontrarlos no será nada sencilla en un país donde la desconfianza y el miedo aún persisten.  Una tarea que a pesar de todo intenta darle consuelo a todos aquellos padres que, con una foto borrosa en mano, buscan el sosiego en sus corazones desconsolados.

*Seudónimo

Sobre los hechos de la masacre

A finales de los años 70 el movimiento guerrillero Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) inició labores subversivas en esta provincia.  Ante la amenaza guerrillera, el Ejército estableció un programa de adoctrinamiento de la población.

El programa militar incluía la 'jura a la bandera', que consistía en que las personas pasaban bajo la bandera nacional y hacían un juramento de fidelidad.  La guerrilla, por su lado, hacía el trabajo de penetración en las diversas comunidades localizadas al noroeste del departamento de Petén, cerca de la frontera con México.

Bajo estas circunstancias la población civil ya no podía desarrollar sus actividades en un ambiente de paz.  El Ejército inició un control sistemático de la población.  Muchos civiles fueron acusados de pertenecer a la guerrilla y posteriormente secuestrados, algunos aparecieron con vida; otros asesinados.

En el año 1982 se construyó el destacamento militar en la aldea Las Cruces (aledaña a Dos Erres), jurisdicción del municipio de La Libertad, y la consigna del Ejército fue: 'Si no se construye un destacamento militar, quemamos la aldea'.  Los militares reunieron a los pobladores de Las Cruces y les solicitaron dinero.  Al que no tenía, lo obligaban a vender alguna de sus pertenencias bajo amenazas de muerte.

La presencia militar se mantuvo durante siete años en el destacamento de Las Cruces.  Durante ese tiempo se reportaron muertes violentas y se instituyó con frecuencia el Estado de Sitio.  Los habitantes estaban constantemente controlados y vigilados por comisionados militares.  En ese entonces ya existían las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), las cuales colaboraban con los comisionados y destacamentos militares.

En 1982 el general José Efraín Ríos Montt tomó el poder e inició su política contrainsurgente en las comunidades donde la guerrilla, presuntamente, tenía presencia.  En mayo de 1982, tres meses después del golpe de Estado que llevó al poder a Ríos Montt, los obispos guatemaltecos emitieron una declaración denunciando la muerte de 'un gran número de campesinos y familias indígenas'.  Los obispos expresaron: '... han aparecido numerosas familias vilmente asesinadas.  Ni siquiera se ha respetado la vida de ancianos, mujeres encinta y niños inocentes.  Jamás en nuestra historia nacional se ha llegado a extremos tan graves'.

Las asesinatos masivos y la total destrucción de aldeas y cosechas infundió el terror en el campo.  La estrategia, descrita a menudo como la política de 'tierra arrasada' se tradujo en violaciones de derechos humanos de extrema magnitud.

A esta política no escapó el parcelanilento Dos Erres.  La noche del 6 de diciembre de 1982 un grupo de hombres fuertemente armados ingresó a la aldea y sacó de sus hogares a hom bres, mujeres y niños.  Los caminos fueron cerrados y todo aquel poblador que transitara por los mismos, también pasó a ser capturado.  La comunidad entera fue masacrada.  No se sabe con exactitud cuántas personas perecieron, pero en la exhumación, realizada entre 1994 y 1995 de un pozo de 12 metros se recuperaron 162 esqueletos, entre hombres, mujeres y niños (ver informe forense 1 y 2).

De conformidad con testimonios que han recibido Famdegua y el Ministerio Público, hay una versión de familiares de las víctimas que señala como responsable de esta masacre al oficial militar Carlos Carías López, quien se desempeñaba como comandante del destacamento militar de la aldea Las Cruces.  Los señalamientos en su contra incluyen el saqueo de la aldea, posterior a la masacre. Hay quienes, sin embargo, no logran ubicarlo dentro de los hechos.

Se dice que la patrulla, conformada por oficiales y subinstructores kaibiles, con el apoyo de tropa local, salió de Santa Elena como a las diez de la noche, en camiones particulares, cubiertos con lonas.  Los soldados iban vestidos con ropa de civil.  El objetivo era que la guerrilla no los detectara y, al mismo tiempo, que la población se confundiera.  Todos se pusieron un listón de color rojo en el brazo derecho con el objeto de no confundirse a la hora del ataque.

Llegaron a la aldea a las dos de la mañana.  Lo primero, sacar a la gente de sus casas. luego se procedió a torturar a los hombres.  Un oficial violó a una niña.  Ya eran las tres y media de la madrugada.  A eso de las ocho de la mañana los militares dieron la orden de ejecutar a toda la población. La ejecución en sí, sin embargo, empezó a las catorce horas: un bebé de tres o cuatro meses fue lanzado vivo dentro del pozo.  Le siguieron todos los menores de edad.  Los adultos todavía se encontraban encerrados en la casa que ocupaba la iglesia protestante.  Entre las mujeres, había niñas de doce y trece años, algunas de ellas fueron violadas.

A las víctimas se las paraba a la orilla del pozo, con los ojos vendados, y se les daba un garrotazo en la cabeza.  Después de los niños se fueron las mujeres, luego los hombres.  Mucha gente todavía estaba viva.  Una vez lleno el pozo se procedió a cubrirlo con tierra, (a las diecisiete horas del mismo día).  El resto de gente fue llevada a dos lugares distintos, siempre dentro de los linderos de la comunidad: la Aguada y los Salazares.  Las personas fueron ejecutadas y dejadas sobre la superficie del terreno. Se calcula que murieron en total unas 190 personas.

Fuentes: ODHA, SEPAZ, FAMDEGUA Y REHMI.