Cotéjese con la exposición del orador


Las ideas en que se basa esta Convención son simples: las personas civiles no deben sufrir a causa de las armas que, durante un conflicto y después de que éste termina, provocan a ciegas y sin sentido alguno la muerte o la mutilación. Las guerras deben terminar cuando cesan los combates. Los habitantes deben ser libres de reconstruir sus poblaciones sin que su vida y sus medios de subsistencia corran peligro al hacerlo.

Al histórico suceso de la Convención, aprobada en Oslo hace hoy exactamente nueve años, también contribuyeron algunos ingredientes simples: el compromiso personal de militantes, diplomáticos, oficiales militares y funcionarios gubernamentales, que hicieron de ella una realidad y que continúan haciendo que produzca efectos, la motivación para realizar una acción de cooperación internacional para sostenerla, así como el valor y la perseverancia del personal de remoción de minas y de salud que ponen por obra sus disposiciones.

Muchas razones dan prueba del éxito: más de 38 millones de minas antipersonal almacenadas han sido destruidas y millares de hectáreas de tierras fértiles han sido desminadas y hoy ya no producen temor sino alimentos; además, mediante la rehabilitación y la reintegración social y económica, miles y miles de víctimas discapacitadas han recobrado la movilidad y la confianza.

Pero en los próximos años, deberemos dar nuevas muestras de nuestro compromiso, perseverancia y solidaridad, ya que nos acercamos a la fase crítica de aplicación de la Convención. Faltan sólo dos años y medio para que se venzan los primeros plazos para la destrucción de minas antipersonal. Si se trata de un logro, muchos más países afectados por las minas podrán declarar que, en los debidos plazos, han destruido todas las minas en las zonas minadas. Pero para que sea un logro verdadero, se necesita una mejor planificación, un nuevo empeño político y más recursos.

Es posible que algunos países afectados no puedan cumplir los plazos. La credibilidad de la disposición básica relacionada con la eliminación de las minas antipersonal dependerá de la forma en que se traten las solicitudes de prórroga de plazos. Deberá hacerse un justo análisis de los obstáculos que hayan impedido, en los diez años anteriores, la destrucción de minas en las zonas minadas. Será necesario elaborar planes realistas para que termine la destrucción total durante el período de prórroga y determinar los recursos que hagan factibles esos planes. Habrá de actuarse de manera fiel a las tradiciones de la Convención: cooperación y transparencia entre todos los actores.

El tiempo discurre inexorablemente. Esta reunión de Estados Partes debe acelerar el ritmo de aplicación de las obligaciones en relación con la destrucción de las minas. Deberá indicar claramente cuándo, cómo y en favor de quién se aceptarán solicitudes de prórroga y elucidar en qué datos se basarán los Estados Partes para examinar las solicitudes y decidir al respecto.

Además de la promesa de acabar definitivamente con las minas antipersonal, la Convención contiene también una promesa para con los cientos de miles de víctimas de las minas. Muchas han recibido ayuda, pero muchísimas otras han quedado arrinconadas, olvidadas. La inversión en infraestructuras sanitarias en favor de muchas poblaciones afectadas por las minas sigue siendo inadecuada y, las más de las veces, han pasado a segundo plano. Nos congratulamos por la creciente participación de los profesionales de salud y de reintegración socioeconómica en estas reuniones y en las actividades que despliegan para hacer que tomen realidad las promesas formuladas en la Convención. Da ánimo el hecho de que se hayan fijado objetivos nacionales, sobre la base de la Convención, para mejorar la atención y la rehabilitación de las víctimas de las minas y de otras personas en zonas afectadas, y que hubieran sido notificados durante el año que siguió a la Conferencia de Examen de Nairobi. El desafío ahora es que los Estados Partes preparen y pongan por obra planes nacionales para lograr los respectivos objetivos, dando prioridad al desarrollo y al apoyo de los servicios locales de salud y rehabilitación e incrementando el acceso de las personas que necesitan recibir ayuda a esos servicios. Cumplir las promesas que se hacen en esta Convención a los supervivientes de las minas terrestres significa que en esta reunión de Estados Partes debemos empeñarnos en realizar, de aquí a la Segunda Conferencia de Examen en 2009, un sustancial progreso en interés de las víctimas de las minas.

Para terminar, permítanme reiterar las ideas básicas de la Convención. Las guerras deben terminar cuando cesan los combates y las personas civiles no deben ser víctimas de armas sin sentido. Sin embargo, es triste comprobar que todos los días las personas civiles pagan el precio de esas armas. La carga global que implica la destrucción de los restos explosivos de guerra registra un incremento y no una reducción.

Además de las minas antipersonal, entre los principales culpables figuran las minas antivehículo: una de éstas hizo saltar un vehículo del CICR hace dos semanas en la región de Casamance, en Senegal, y acabó trágicamente con la vida de nuestra colega Jeannette Fournier. Ha llegado la hora de imponer una reglamentación lo más severa posible en relación con esas armas. Sucesos recientes nos han hecho recordar de golpe, una vez más, los desproporcionados efectos que las municiones en racimo tienen sobre la población civil y la ingente tarea de destrucción a que estas municiones dan lugar. No hay razón para que no se impongan normas en relación con las municiones de racimo. Los Estados deben atender este asunto con urgencia.

El Protocolo sobre los Restos Explosivos de Guerra, que entrará en vigor en noviembre, es parte importante de los esfuerzos globales desplegados para proteger a las personas civiles del peligro de morir o verse mutiladas por municiones que, hasta su destrucción, seguirán cobrándose vidas. Este acuerdo deberá ser la base para que la comunidad internacional se movilice y proceda a la destrucción de los dispositivos sin estallar. Instamos a que los Estados aquí presentes se aúnen a esa movilización.

La Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal ha establecido muchas nuevas normas que sobrepasan con creces las disposiciones jurídicas que contiene. Ha creado una nueva forma de unir a los Gobiernos, organizaciones humanitarias y sociedad civil para aliviar los terribles sufrimientos que las minas causan al ser humano. Hace que aspiremos a que otras municiones no hagan correr a las personas civiles la misma suerte que corre a causa de las minas antipersonal. Ha mostrado que las promesas formuladas en el tratado pueden cumplirse. Las acciones que emprendamos fuera de este foro para examinar los problemas humanitarios que plantean otras municiones mostrarán si hemos comprendido el mensaje contenido en esta excepcional Convención.