La incertidumbre es el estado más difícil de soportar. El paso del tiempo no alivia la angustia ni apacigua el enfado. El 30 de agosto, Día Internacional de los Desaparecidos, recordamos a las personas que han sido secuestradas, retenidas en lugares de detención clandestinos, torturadas y, a veces, muertas. Rendimos homenaje, asimismo, al valor de las familias que ignoran la suerte que han corrido sus seres queridos. Aprovechemos también la ocasión para pensar en qué forma se podrán evitar las desapariciones forzadas en el futuro.

La desaparición forzada es un crimen a tenor de las normas internacionales de derechos humanos y, en caso de guerra, del derecho internacional humanitario. Equivale a suprimir la existencia misma de una persona y a negarle el derecho que tiene, independientemente de su inocencia o culpabilidad, a la protección básica del derecho. Es una violación de los derechos de esa persona y de su familia. El daño causado a las familias que han perdido la traza de un ser querido, las cuales, contrariamente a las familias que están de luto, siguen esperando contra toda esperanza, tiene amplias consecuencias y dura indefinidamente.

Desafortunadamente, los secuestros, las detenciones secretas y las ejecuciones extrajudiciales que se llevan a cabo por orden o con el apoyo de un Estado no son nada nuevo. Estos crímenes han sido cometidos repetidas veces en todos los continentes a lo largo de la historia, y siguen cometiéndose actualmente. Según las Naciones Unidas, ha habido, desde 1980, unas 50.000 desapariciones forzadas en más de 90 países del mundo. El año pasado, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias pidió a los Gobiernos que investigaran más de 550 nuevos casos.

Sin embargo, pocas personas responsables de esos actos han tenido que dar cuenta de ellos. La impunidad o la injusticia crea un clima social en que no se puede confiar en las instituciones y, por consiguiente, no puede haber estabilidad. Si no se castigan las desapariciones forzadas, el recuerdo de las personas desaparecidas será un tormento para las sociedades en que se encubren esos actos.

Las familias de los desparecidos en el mundo han luchado contra la impunidad por muchos decenios. Han conservado el recuerdo de sus seres queridos exigiendo respuestas, al tiempo que buscan la forma de prevenir que haya otras desapariciones. Como parte de su lucha, han solicitado de forma cada vez más vehemente la aprobación de un tratado internacional.

Después de que esas familias desplegaron una campaña durante 25 años, el nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó, el 29 de junio de 2006, la Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Se someterá ahora el tratado a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que los Estados lo aprueben. La nueva Convención contiene la rotunda prohibición de las desapariciones forzadas en tiempos tanto de paz como de guerra. Dispone también que nadie puede quedar privado de la protección del derecho. Obliga a los Estados a tipificar la desaparición forzada como un crimen, y contiene disposiciones relativas, por ejemplo, al registro de los datos de los detenidos, al derecho de éstos a acceder a un tribunal y a comunicarse con los respectivos abogados y familias. Una medida importante es la institución un mecanismo internacional para supervisar el cumplimiento por parte de los Estados de las obligaciones que les incumben de conformidad con la Convención, y puede recurrirse a un procedimiento de llamamientos urgentes cuando se sospecha que ha habido una desaparición forzada.

Los pesimistas dirán que se trata de una convención más y que no bastará para luchar contra las desapariciones forzadas. Sin embargo, con el paso de los años, hemos comprobado que el desarrollo del derecho internacional humanitario y de las normas internacionales de los derechos humanos ha ejercido de forma gradual una influencia positiva que nadie hubiera podido imaginar hace 50 años. Reglamentar explícitamente los derechos de las personas y las obligaciones de los Estados ayuda a fijar claros límites entre el imperio de la ley y los actos arbitrarios.

Los mecanismos internacionales de supervisión tienen también un impacto. En el testimonio que dio ante la primera reunión del nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en junio de 2006, la ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Paulina Veloso, cuyo marido desapareció en la "Operación Cóndor" el año 1977, dijo que, en su opinión, los esfuerzos desplegados por las Naciones Unidas en favor de las personas desaparecidas, junto con la condena general por parte de la comunidad internacional, produjo un efecto disuasivo que posiblemente limitó el número de desapariciones. "En esos momentos de soledad y angustia", dijo la señora Veloso al Consejo, "ese interés de la Comisión significó para mí un fuerte apoyo que me dio la fortaleza para seguir confiando en la personas, en los derechos humanos y en la comunidad organizada que los defiende."

El Comité Internacional de la Cruz Roja trabaja incansablemente para poner fin a las desapariciones forzadas. Desde el punto de vista del CICR, la mejor manera de impedir que las personas desaparezcan durante los conflictos armados son las visitas repetidas a los detenidos y las actividades realizadas para restablecer y mantener el contacto entre familiares. El año pasado, los delegados del CICR visitaron unos 2.500 lugares de detención en unos 70 países, en favor de medio millón de detenidos aproximadamente. También siguieron los casos de más de 46.000 detenidos que habían visitado antes y dieron la posibilidad de intercambiar unos 100.000 mensajes personales entre detenidos y familiares.

La búsqueda de respuestas de las familias y los esfuerzos que despliegan para mantener el recuerdo de los que ya no están infunden admiración y respeto. Su perseverancia en la lucha para reparar la injusticia cometida y prevenir que esos actos ocurran de nuevo en otros lugares merece el apoyo de la comunidad de Estados y del público en general. Con esta nueva Convención cobrarán vigencia medidas urgentes para prevenir que en el futuro haya desapariciones forzadas. Por lo tanto, ha de ser aprobada rápidamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada por una amplia mayoría de Estados.