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Editorial: el conflicto en Afganistán - IRRC diciembre 2010, Nº 880

31-12-2010 Editorial, Revista Internacional de la Cruz Roja, No. 880

El año 2011 marca el décimo aniversario del inicio de la operación "Libertad duradera", que representó la entrada en guerra de los Estados Unidos y sus aliados contra los talibanes. Para los estadounidenses, ésta es una de las guerras más largas de la historia de su país. Pero, cuando las fuerzas de Estados Unidos empezaron a bombardear Afganistán, la población de ese país ya venía sufriendo los estragos causados por las guerras civiles, la intervención extranjera y los regímenes opresores desde hacía más de veinte años. La amplia mayoría de la población tiene menos de 30 años  y no ha conocido más que la guerra, el éxodo y la incertidumbre del mañana.

En un país donde a finales de la década de 1970 había muy poca infraestructura pública, las consecuencias de treinta años de guerra se reflejan en las estadísticas. Afganistán es el único país del mundo donde la esperanza de vida de las mujeres, que es de menos de 44 años, es inferior a la de los hombres. La tasa de mortalidad infantil asciende a más de 150 por cada 1.000 nacimientos .  El índice de alfabetismo de los afganos de entre 15 y 24 años es del 34%; de este porcentaje, el 50% corresponde a los hombres y sólo el 18% a las mujeres . El país está infestado de minas terrestres y municiones sin estallar. No hay una sola ciudad, una aldea ni una calle sin un amputado, sea hombre, mujer o niño.

En 2009, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) realizó un estudio sobre el impacto del conflicto en las personas civiles . Sus resultados indican la escala del sufrimiento de la población: más de la mitad de las personas entrevistadas (53%) dijeron que un familiar cercano había muerto durante la guerra y el 70% informó que sus bienes se habían perdido o habían sido destruidos. Una de cada tres personas entrevistadas dijo haber sufrido heridas, el 25% había participado en los enfrentamientos y uno de cada cinco entrevistados había sido detenido. El conflicto también ha causado desplazamientos masivos de la población y el 83% de las personas entrevistadas se habían visto obligadas a dejar sus hogares en algún momento y huir del país para refugiarse en Pakistán o Irán.

En 2010, el número de víctimas civiles alcanzó su nivel más elevado desde 2001 . Los civiles corren el riesgo de morir o resultar heridos en los ataques como víctimas de la depredación y de las represalias perpetradas por los diversos grupos armados, o a causa de los ataques aéreos o las ofensivas terrestres lanzados por la coalición contra las fuerzas de la oposición armada. El conflicto sigue causando grandes desplazamientos de población. El desarraigo es seguido de la precariedad, de la pobreza en los suburbios de las ciudades o en campamentos en Pakistán, y de una mayor vulnerabilidad a los fenómenos climáticos extremos. El acceso a la atención de salud está sujeto a severas limitaciones, sobre todo en las zonas rurales, donde las parturientas, los heridos y los enfermos sucumben debido a la falta de infraestructuras sanitarias locales o porque sencillamente no pueden desplazarse hasta un centro de atención médica de urgencia debido a la inseguridad.

El conflicto afgano plantea numerosos desafíos: la creación de condiciones de estabilidad en un territorio devastado por tres décadas de conflictos, con una fuerte identidad tribal y donde intervienen varios actores externos; la adaptación del sistema jurídico a la actual crisis; y la acción humanitaria conducida por actores que persiguen objetivos distintos y aplican métodos diferentes en el mismo contexto. La finalidad de los dos números que la Revista dedica a Afganistán es fortalecer el conocimiento de este importante conflicto y examinar la forma de mejorar el destino de la población afgana en términos prácticos. En el primer número se procura mejorar la comprensión de las complejas cuestiones históricas, políticas, sociales y humanas en juego. En el segundo, se explican algunas de las cuestiones jurídicas que entraña el conflicto y los desafíos que afronta la acción humanitaria en esta situación extraordinariamente compleja.  

Antes de transformarse en el primer teatro de los enfrentamientos en la "guerra mundial contra el terrorismo", Afganistán había sido escenario de la última gran batalla de la guerra fría. La intervención soviética en apoyo del gobierno comunista, que se extendió desde 1979 hasta 1989, llevó a una guerra que resultó particularmente cruel para la población y que provocó un primer éxodo masivo. La retirada final de la URSS y la victoria sobre el gobierno lograda por los mujaidines con el apoyo de Estados Unidos fueron seguidas de una guerra civil entre facciones, partes y señores de la guerra, cuyas consecuencias fueron igualmente destructivas. El régimen islámico establecido por los talibanes que gobernó el país entre 1996 y 2001 puso fin a la guerra en la mayor parte del país. Si bien el gobierno talibán aportó seguridad y prohibió la producción de opio, su falta de experiencia con respecto a la economía y al mundo moderno en general; su visión del Islam, que le granjeó la antipatía de buena parte de la sociedad afgana; su trato de las mujeres; la persecución de la minoría hazara y la destrucción de los budas gigantes de Bamiyán le valieron la reprobación casi unánime de la comunidad internacional. Sin embargo, lo que disparó el ataque de Estados Unidos contra Afganistán fue, más que cualquier otra cosa, el hecho de que el régimen talibán se negara a entregar a Osama bin Laden a Estados Unidos tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y permitiera que Al Qaeda mantuviese campamentos de entrenamiento en el país.

Sin embargo, para comprender la situación, hay que dar un paso atrás y ver el panorama completo. Por esta razón, solicitamos al profesor William Maley que presentara el contexto geográfico e histórico del conflicto. Los combatientes afganos ya han demostrado que la superioridad tecnológica no alcanza para vencerlos. El espectro de los fracasos del pasado, desde las sangrientas derrotas sufridas por el Reino Unido en el siglo XIX, ha perseguido a los sucesivos "conquistadores" de Afganistán. Ken Guest habla de esta historia tan agitada,  pero también de su propia experiencia como corresponsal de guerra durante la guerra con la Unión Soviética, para explicar la relación entre la religión y el conflicto armado, analizando la mentalidad afgana. Imtiaz Gul, director ejecutivo del Centro de Investigación y Estudios sobre Seguridad, de Islamabad, describe las redes islámicas transnacionales cuya existencia es la razón de ser de la intervención internacional.

Tras la caída del régimen talibán, en la reunión internacional celebrada en Bonn en diciembre de 2001 se trazaron los lineamientos de un nuevo Afganistán. Según afirma Norah Niland, encargada de los derechos humanos de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) entre 2008 y 2010, el hecho de permitir la impunidad para los dirigentes políticos y militares a fin de no debilitar el Acuerdo de Bonn se contradecía con la necesidad de justicia que habían expresado los afganos y,  por ende, perjudicó la estabilidad.

La comunidad internacional emprendió la reconstrucción del Estado afgano y logró unos avances innegables. Un ejemplo de las mejoras logradas en términos prácticos viene dado por la labor de la Fundación Jurídica Internacional en favor del desarrollo del derecho a la defensa en los tribunales afganos, que presentan Jennifer Smith, Natalie Rea y Shabeer Ahmad Kamawal. Pero, ¿la comunidad internacional puede verdaderamente crear un "Estado-nación" en un contexto donde las estructuras de autoridad son tan tradicionales y descentralizadas? Lucy Morgan Edwards, ex asesora política del Representante especial de la Unión Europea en Kabul entre 2004 y 2005, analiza las limitaciones con que han tropezado estos esfuerzos.  

Así pues, la retórica de guerra fue seguida -tal vez demasiado pronto- por el discurso de la reconstrucción y el desarrollo, sin tener en cuenta el gradual resurgimiento de la oposición armada. Pocos fueron los actores internacionales que reconocieron este conflicto innominado, mientras el foco de atención se desplazaba hacia Irak. El primer hecho que recordó dolorosamente a los actores humanitarios que la oposición armada no sólo seguía existiendo sino que también se había radicalizado fue el asesinato del delegado del CICR  Ricardo Munguia, en 2003. Este atentado pareció borrar de un plumazo años de presencia en el país y de cooperación con los afganos. ¿Había aún lugar para la acción humanitaria neutral e imparcial?

El discurso de la reconstrucción y el desarrollo prevaleció hasta 2008. Fue sólo entonces que el gobierno afgano entabló negociaciones con los talibanes, hasta ese momento clasificados como terroristas con quienes no se debía tratar. Esto demostró que, tras muchos años de negación, el gobierno ahora admitía la realidad de la fuerza de la oposición armada en el terreno. Muchos gobiernos compartían esa resistencia a llamar las cosas por su nombre, como el de Alemania, que hasta 2010 insistió en referirse a una "situación análoga a la guerra".

En 2009, se inició una nueva fase en el conflicto con el envío de 30.000 efectivos adicionales, lo cual llevó a 140.000 el número total de soldados de la operación Libertad Duradera y de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF), a la intensificación de las hostilidades y a una nueva estrategia de estabilización. La retirada gradual de las tropas debería comenzar este año. En una carrera contra el tiempo, los Estados involucrados en Afganistán procuran instaurar algún nivel de estabilidad en el país y, en particular, impedir que Afganistán nuevamente se transforme en una fuente de inestabilidad internacional. Nadie quiere que la historia se repita.

La historia de los denominados conflictos asimétricos, que oponen a fuerzas convencionales contra guerrillas, muestra muy a menudo una espiral de violencia con graves consecuencias para las poblaciones civiles. Además de los ataques directos contra civiles heridos o cautivos, uno de los principales riesgos es el debilitamiento de la distinción entre civiles y combatientes, causada por la táctica de los insurgentes de mezclarse con la población. El estatuto de las personas detenidas en Bagram o en Guantánamo en el contexto de este conflicto ha dado lugar a intensas controversias jurídicas. Además, en el campo de batalla han aparecido armas nuevas, como los aviones no tripulados dirigidos desde miles de millas de distancia, a la vez que, en las emboscadas contra los convoyes, se utilizan artefactos explosivos improvisados accionados mediante teléfonos móviles.

Entre los recurrentes conflictos asimétricos y los avances tecnológicos, ¿el derecho internacional humanitario sigue siendo apropiado para los conflictos actuales?

Ante todo, reiteremos que los grupos de oposición armada están obligados por el derecho. Estas obligaciones están previstas tanto en los Convenios de Ginebra como en sus Protocolos adicionales I y II. Annyssa Bellal, Gilles Giacca y Stuart Casey-Maslen examinan el derecho aplicable y sostienen que los derechos humanos también se aplican a los talibanes; en su opinión, el problema reside en la aplicación del derecho, dado que es difícil establecer un diálogo con estos grupos. Si se desea entablar un diálogo con ellos a fin de alentar un mayor respeto del derecho, es fundamental comprender sus conceptos de la guerra y de las normas que la limitan, aunque sean diferentes o incluso contrarios al derecho internacional. Los talibanes han definido su propio código de conducta, la Layha para los Mujaidines, y utilizan su propio manual militar. La Layha explica la mentalidad de este grupo, y Muhammad Munir, experto pakistaní en cuestiones islámicas, analiza este código con referencia al derecho islámico. Sadia Tabassum, profesora de derecho en Islamabad, también se basa en esta ley para explicar el estatuto especial de los rebeldes en el mundo musulmán. Lejos de estar obsoleto, el derecho internacional humanitario es fundamental para la opinión pública internacional y afgana a la hora de evaluar las acciones de las fuerzas internacionales y del gobierno afgano. El respeto de la ley es uno de los criterios básicos para sopesar la legitimidad de esas acciones y, en última instancia, de su éxito o fracaso.

Las víctimas civiles causadas por los ataques de la coalición representan una cuestión altamente sensible en las relaciones entre el gobierno afgano y las fuerzas internacionales. Cuando fue elegido el presidente Obama, el presidente Karzaï inmediatamente lo exhortó a limitar los ataques de la coalición estrictamente a los objetivos militares claramente identificados. Recientemente, solicitó a las fuerzas de la OTAN que, simplemente,  pusieran fin a las operaciones que causan víctimas civiles. En 2009, el comandante en jefe de las fuerzas internacionales obtuvo nuevos refuerzos para realizar ofensivas en gran escala y, a la vez, limitar los ataques aéreos y las incursiones nocturnas para evitar, en la medida posible, las pérdidas de vidas humanas que enardecen la opinión pública afgana y engrosan las filas de la oposición.

La estrategia estadounidense aconseja reducir estos ataques al mínimo, a veces con riesgo de aumentar el peligro para los efectivos terrestres, absteniéndose de los bombardeos aéreos que frecuentemente causan víctimas civiles y socavan los esfuerzos para granjearse la cooperación de la población. Pero no se trata sólo de las tácticas: la decisión política y operacional de limitar las pérdidas civiles a fin de evitar la enemistad de la población es, además, conforme a la ley. La obligación de distinguir entre combatientes y civiles, la proporcionalidad entre las ventajas militares esperadas y las pérdidas civiles, y el hecho de adoptar precauciones durante los ataques son los principios básicos del derecho internacional humanitario y, como tales, deben respetarse. En su artículo sobre los efectos del conflicto en las normas relativas a la conducción de las hostilidades, Robin Geiss y Michael Siegrist demuestran que, lejos de haber sido superado por la evolución del contexto afgano, el derecho internacional humanitario es más pertinente que nunca.

La situación en Afganistán plantea importantes problemas para los actores humanitarios en términos de política y, en particular, en términos de la neutralidad. Los miembros de la coalición han presentado a los talibanes y sus aliados como los nuevos enemigos del género humano, con los cuales todo diálogo -incluso sobre cuestiones humanitarias- sólo puede ser visto como un acto de complicidad. La radicalización de los grupos islamistas ha provocado el rechazo generalizado de las organizaciones de ayuda humanitaria, cualesquiera sean sus buenas intenciones.

Sin embargo, más allá de estas posiciones políticas o ideológicas, hay varios factores objetivos que han opacado la imagen de los actores humanitarios sobre el terreno. Las propias fuerzas internacionales han distribuido socorros o lanzado proyectos de desarrollo a fin de ganarse la simpatía de la población. Consecuentemente, la acción humanitaria se ha transformado en un medio, como otros en el arsenal a disposición de los comandantes militares. Sin embargo, en medio de su diversidad tribal y étnica, la única causa común que los afganos parecen encontrar es el rechazo de los "invasores". Entonces, ¿cabe esperar ganarse sus "corazones y mentes", para citar la expresión utilizada en las operaciones de contrainsurgencia, si la ayuda es distribuida por extranjeros que portan armas?

Lo que es más, durante los años que siguieron a la caída del régimen talibán y el establecimiento de las nuevas instituciones, las organizaciones de ayuda y de desarrollo se alinearon con el discurso de estabilización y reconstrucción, en consonancia con los objetivos estratégicos del gobierno y de las fuerzas internacionales. Antonio Donini, director de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones Unidas en Afganistán entre 1999 y 2001, analiza los riesgos que plantea la integración de los actores humanitarios en los objetivos político-militares.

Ahora, proliferan los grupos armados, algunos con motivaciones criminales. Estos diversos grupos, impredecibles y a menudo rivales, limitan las posibilidades de acceder a la población y representan una amenaza constante para el personal de las escasas organizaciones que trabajan sobre el terreno. Un día, se accede a una aldea o a un valle, pero nada garantiza que sea posible llegar a ellos el día siguiente. Un acuerdo negociado con un grupo no garantiza en modo alguno que un grupo rival o simplemente diferente respete ese acuerdo.

En respuesta a esta inseguridad, el recurso a escoltas armadas y empresas privadas de seguridad y el atrincheramiento de las organizaciones y las ONG hacen que éstas sean percibidas como instrumentos de los objetivos políticos y militares. Lo que es peor, también se las puede ver como instrumentos de un proyecto destinado a occidentalizar la sociedad afgana. Se corre el grave riesgo de que estos diversos actores, que se dicen humanitarios pero que, en los hechos, no siempre son neutrales ni imparciales, y que raras veces son independientes, sean agrupados bajo un común denominador.

En 2011, las actividades del CICR en Afganistán constituyen la mayor operación de la Institución sobre el terreno. Tras prestar ayuda a los refugiados y heridos afganos en Pakistán durante seis años, el CICR abrió una delegación en Kabul en 1987. Esta delegación aún cuenta con colaboradores presentes desde su creación, que lograron mantener la continuidad de la asistencia de las víctimas adaptándose a las cambiantes realidades de treinta años de crisis. Por ejemplo, Alberto Cairo, responsable del programa de ortopedia del CICR en Afganistán desde 1992, pasa Revista a sus años en el país con una selección personal de fotografías tomadas de los archivos del CICR.

Afganistán constituye una prueba extrema para el CICR, pero la Institución se resiste a la actual tendencia de las organizaciones humanitarias a atrincherarse detrás de muros fortificados y utilizar escoltas armadas para sus viajes. Aplicando una estricta neutralidad en su labor humanitaria, el CICR es capaz de mantener un diálogo sobre el respeto del derecho internacional humanitario con todas las partes en el conflicto. Aunque la situación es inestable y obtener acceso a las víctimas sigue siendo un desafío cotidiano, la acción del CICR en Afganistán demuestra la importancia de este principio en tiempo de conflicto. Fiona Terry, especialista e investigadora en materia de acción humanitaria, gozó de un acceso excepcional a la labor del CICR en el terreno y a sus archivos, y comparte los resultados de su investigación sobre la práctica del principio de neutralidad en Afganistán.

La Revista también quería ofrecer la palabra a los afganos. Tres mujeres comprometidas con el futuro de su país -Fatima Gailani, presidenta de la Media Luna Roja Afgana, la doctora Sima Samar, presidenta de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, y Taiba Rahim, presidenta de la asociación Nai Qala, narran sus valerosas acciones: el trabajo con los voluntarios de la Media Luna Roja en Afganistán, con los refugiados en Pakistán, o desde el exterior para tratar de influir en los actores políticos y movilizar ayuda para impulsar proyectos locales.  En sus relatos se vislumbran posibles caminos para alcanzar soluciones a la situación afgana: la educación, la justicia y el estado del derecho, el voluntariado y el reconocimiento del papel de las mujeres en la reconstrucción.

Al dedicar estos dos números a Afganistán, la Revista espera participar en la reflexión de los encargados de la formulación de políticas sobre el futuro, citando una máxima afgana a la que lamentablemente se ha prestado muy poca atención durante los últimos treinta años: "No se puede lavar la sangre con sangre".

Vincent Bernard
Redactor jefe

N.B.: Este número temático de la Revista consagrado a Afganistán es fruto de una iniciativa del Dr. Toni Pfanner, Redactor jefe desde 2001 hasta 2010. Al dejar su función, la Revista desea destacar la decisiva contribución del Dr. Pfanner a la modernización de nuestra Revista y agradecerle la inmensa labor realizada durante su permanencia en el cargo.

 

Nota:

1. Programa Mundial de Alimentos, "WFP food security atlas for Afghanistan", disponible en: http://foodsecurityatlas.org/afg/country/socioeconomic-profile/introduction  (consultado el 14 de abril de 2011).
2. UNData, "Afghanistan", disponible en: http://data.un.org/CountryProfile.aspx (consultado el 14 de abril de 2011).
3. UNICEF, "Afghanistan", disponible en: http://www.unicef.org/infobycountry/afghanistan_statistics.html  (consultado el 14 de abril de 2011).
4. Comité Internacional de la Cruz Roja, Estudio del CICR sobre el impacto de los conflictos armados sobre  la población civil: perspectivas desde Afganistán, informe del 09-02-2010, disponible en http://www.icrc.org/spa/resources/documents/report/views-from-field-report-afghanistan-230609.htm (consultado el 22 de febrero de 2012).
5. Véanse las estadísticas publicadas por la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán en: Afghanistan: Annual Report 2010: Protection of Civilians in Armed Conflict, disponible en: http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/March%20PoC%20Annual%20Report%20Final.pdf (consultado el 6 de mayo de 2011).


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