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Principios y garantías procesales relativos al internamiento o detención administrativa en conflictos armados y otras situaciones de violencia interna

30-06-2005 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Jelena Pejic

La privación de libertad por razones de seguridad es una medida de control excepcional que se puede adoptar en conflictos armados internacionales o no internacionales. La detención administrativa de personas que presuntamente representan una amenaza para la seguridad del Estado se practica cada vez más al margen de situaciones de conflicto armado. En este artículo se sostiene que tanto el internamiento como la detención administrativa están insuficientemente reglamentados por lo que atañe a la protección de los derechos de las personas afectadas. Inspirándose en las normas del derecho internacional humanitario y del derecho de los derechos humanos, la autora propone una serie de principios y garantías procesales mínimas que deberían aplicarse a nivel jurídico y de política general en todos los casos de privación de libertad por razones de seguridad.

 

Jelena Pejic es asesora jurídica en el Comité Internacional de la Cruz Roja y jefa del proyecto del CICR Reafirmación y desarrollo del derecho internacional humanitario 
 

El internamiento o detención administrativa se define como la privación de libertad de una persona ordenada por las autoridades administrativas –no las judiciales–, sin que pese ninguna inculpación penal sobre la persona internada u objeto de detención administrativa [1] . El internamiento constituye una medida de control excepcional que se puede ordenar por razones de seguridad en tiempo de conflicto armado, o con el fin de proteger la seguridad del Estado o el orden público en situaciones de no conflicto, siempre y cuando se den los requisitos necesarios [2] . La finalidad de este texto es destacar los principios y las garantías procesales que regulan el internamiento y la detención administrativa en los conflictos armados y en otras situaciones de violencia, tanto a nivel jurídico como de política general [3] .

En el presente texto, se utilizan indistintamente los términos “internamiento” y “detención administrativa” [4] . Por ello, la definición de internamiento no incluye la detención legal anterior al juicio de una persona retenida por inculpación penal, sea en tiempo de conflicto armado o no. Asimismo, a los fines de este texto, no se incluye el internamiento de los prisioneros de guerra en conflictos armad os internacionales, que es un régimen de privación de libertad específico y aparte.

En la medida en que los grupos armados participantes en conflictos armados no internacionales privan a personas de libertad en la práctica –independientemente de la legalidad de esta conducta– están vinculados por las normas convencionales y consuetudinarias del derecho internacional humanitario aplicables en los conflictos armados no internacionales contempladas en este texto. Cuando sea factible, también se deberán aplicar los demás principios y garantías que se mencionan más adelante para garantizar la protección de las personas privadas de libertad [5] .

La razón de destacar los principios y las garantías procesales que regulan el internamiento o detención administrativa es que, aunque este tipo de privación de libertad se practica frecuentemente en conflictos armados internacionales y no internacionales y en otras situaciones de violencia, la protección de los derechos de las personas objeto de ésta no está suficientemente desarrollada [6] .

Asimismo, en la práctica, es bastante frecuente que las personas internadas u objeto de detención administrativa no estén –o sólo vagamente– informadas de los motivos de su privación de libertad. A menudo, no existe un mecanismo para revisar, al inicio y periódicamente, la legalidad del internamiento o detención administrativa o, de haberlo, su falta de independencia le impide examinar eficazmente los casos. La cuestión de la asistencia jurídica a personas internadas u objeto de detención administrativa para que puedan impugnar la legalidad de su internamiento o detención administrativa es controvertida, como lo son otros temas, por ejemplo el contacto de los internados o personas objeto de detención administrativa con sus familiares, las visitas familiares, etc.

  Fuentes jurídicas  

Las fuentes jurídicas en que se basan las presentes normas son el IV Convenio de Ginebra; el artículo 75 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra, que se considera que refleja el derecho internacional consuetudinario; el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y el Protocolo II adicional a estos mismos Convenios, así como normas consuetudinarias del derecho internacional humanitario.

A pesar de que el internamiento en los conflictos armados internacionales está regulado por el IV Convenio y por el Protocolo adicional I [7] , estos instrumentos no dan precisiones suficientes sobre los derechos procesales de los internados, ni especifican de forma pormenorizada el marco legal que ha de aplicar la autoridad detenedora. En cuanto a los conflictos armados no internacionales, está menos claro todavía cómo se ha de organizar la detención administrativa. El artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, que se aplica como norma mínima en todos los conflictos armados no internacionales, no contiene disposiciones que regulan el internamiento, es decir la detención administrativa por razones de seguridad, salvo el requisito del trato humano. Sin embargo, el internamiento es claramente una medida que se puede adoptar en un conflicto armado no internacional, como demuestra el lenguaje del Protocolo adicional II, que menciona el internamiento en los artículos 5 y 6, pero que no especifica cómo hay que organizarlo. Teniendo en cuenta los principios de humanidad y los dictados de la conciencia pública (Cláusula de Martens) [8] , los principios y las normas del IV Convenio de Ginebra pueden servir, en la práctica, de guía en los conflictos armados no internacionales para resolver algunas cuestiones procesales mencionadas en el presente texto.

Además del derecho humanitario, el presente aná lisis se inspira en el derecho de los derechos humanos, de índole vinculante y no vinculante (soft law o derecho indicativo), como fuente complementaria de derecho en situaciones de conflicto armado o como fuente autónoma de derecho en situaciones que no son conflicto armado. La relación complementaria entre derecho humanitario y derecho de los derechos humanos ha sido confirmada recientemente por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de la ONU. En una opinión consultiva de julio de 2004, la Corte declara que el derecho humanitario y el derecho de los derechos humanos no se excluyen mutuamente. Según la Corte, algunos derechos están contemplados exclusivamente en el derecho de los derechos humanos, otros están contemplados exclusivamente en el derecho humanitario, y “otros pueden estar contemplados en ambas ramas del derecho internacional” [9] .

Puede decirse que los derechos de las personas internadas por razones de seguridad en conflictos armados –internacionales o no internacionales– pertenecen a la categoría de derechos que, en términos de la CIJ, “pueden estar contemplados” en ambas ramas del derecho. Habida cuenta de la mencionada falta de normas relativas al internamiento de personas en conflictos armados no internacionales, es preciso recurrir al derecho de los derechos humanos a la hora de constituir una lista de principios y garantías procesales para regular el internamiento en esos conflictos. En gran medida, cabe decir lo mismo con respecto a cualquier intento de definir los derechos –y por ende la protección jurídica– de los que deberían beneficiarse las personas protegidas por el IV Convenio de Ginebra o el Protocolo adicional I en conflictos armados internacionales.

El recurso al derecho de los derechos humanos como régimen legal complementario del derecho humanitario está expresamente reconocido en ambos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra.

Según el artículo 72 del Protocolo adicional I: “Las disposiciones de esta Sección [“Trato a las personas en poder de una Parte en conflicto” ] completan las normas relativas a la protección humanitaria de las personas civiles y de los bienes de carácter civil en poder de una Parte en conflicto enunciadas en el IV Convenio, así como las demás normas aplicables de derecho internacional referentes a la protección de los derechos humanos fundamentales durante los conflictos armados de carácter internacional” (énfasis añadido). Este artículo permite invocar el derecho de los derechos humanos como marco de referencia adicional para regular los derechos de las personas internadas, que pertenecen a la categoría de “personas en poder de una Parte en conflicto” [10] .

En el artículo 75 del Protocolo adicional I, que se considera que refleja el derecho consuetudinario, hay otras dos indicaciones relativas al recurso al derecho de los derechos humanos para colmar las omisiones. En primer lugar, y esto conviene recalcarlo, el párrafo 1 del artículo 75 estipula que las personas a las que se aplica se beneficiarán, como mínimo, de la protección prevista en el presente artículo (énfasis añadido). Habida cuenta de que el artículo 75 es una “red de protección” destinada a proteger a todas las personas que no se benefician de un trato más favorable en virtud de los Convenios de Ginebra o del Protocolo adicional I, cuando se lee junto con el artículo 72, se desprende necesariamente que el “mínimo” mencionado se completa con otras disposiciones del derecho humanitario y del derecho de los derechos humanos.

En segundo lugar, cualquier duda acerca de si el artículo 75 constituye un punto de referencia mínimo de protección queda disipada por la cláusula final del mismo: “Ninguna de las disposiciones del presente artículo podrá interpretarse de manera que pueda limitar o infringir cualquier otra disposición más favora ble y que ofrezca a las personas comprendidas en el párrafo 1 una mayor protección en virtud de otras normas aplicables del derecho internacional” [11] . Las normas aplicables del derecho internacional incluyen el derecho de los derechos humanos.

En conflictos armados no internacionales, las disposiciones del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y las del Protocolo adicional II determinan claramente las normas mínimas que se han de aplicar en caso de internamiento. Cuando las partes en un conflicto armado no internacional ponen en vigor, mediante acuerdos especiales, todas o parte de las disposiciones del IV Convenio de Ginebra, prevalecerán las disposiciones de esos acuerdos [12] . Conviene señalar que el párrafo 2 del Preámbulo del Protocolo adicional II establece la relación entre el Protocolo y el derecho de los derechos humanos al decir que “los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos ofrecen a la persona humana una protección fundamental”. El Comentario de ese Protocolo especifica que la referencia a instrumentos internacionales incluye tratados adoptados por la ONU, como son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante, el Pacto) y la Convención contra la Tortura, así como los tratados regionales de derechos humanos [13] .

El derecho a la libertad de una persona, que es el principal centro de interés del presente texto, está previsto entre otros en el artículo 9, párrafo 1 del Pacto. Un Estado Parte puede suspender las obligaciones por el contraídas en virtud de ese tratado bajo condiciones muy estrictas, siendo una de ellas una situación excepcional que ponga en peligro la vida de la nación [14] . Los conflictos armados no internacionales son un ejemplo de situación excepcional en la que las medidas de suspensión –necesaria s para permitir el internamiento– serían lícitas en virtud del Pacto, siempre y cuando se cumplan las demás condiciones. En situaciones de no conflicto, los Estados Partes en el Pacto han de respetar asimismo las cláusulas de derogación del Pacto si quieren establecer medidas que restrinjan el derecho a la libertad de la persona, como es la detención administrativa. El presente análisis se basa en el supuesto de que el internamiento en conflictos armados no internacionales y la detención administrativa en situaciones de no conflicto respeten los criterios de suspensión estipulados en el Pacto [15] .

Sin embargo, incluso en situaciones excepcionales, el llamado " núcleo " de los derechos humanos, que incluye el derecho a la vida y la prohibición de la tortura y de otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, no podrá ser suspendido en ninguna circunstancia [16] . La jurisprudencia de organismos de derechos humanos internacionales y regionales ha establecido qué derechos humanos, aparte de los expresamente estipulados en los tratados, tampoco deberían considerarse derogables. Entre ellos está el derecho de una persona privada de libertad a impugnar la legalidad de su detención (hábeas corpus), que es un elemento esencial del derecho a la libertad de la persona [17] .

Los instrumentos no vinculantes y la jurisprudencia en materia de derechos humanos ofrecen más normas que, en nuestra opinión, deberían aplicarse como cuestión de principio y de buen procedimiento, con respecto al internamiento o detención administrativa.

El comentario de los principios y garantías procesales esbozado en este texto menciona las distintas fuentes jurídicas que regulan la privación de libertad por razones de seguridad en conflictos armados internacionales y no internacionales y en otras situaciones de viol encia. Es precisamente la similitud de contenido de las diversas fuentes jurídicas examinadas la que presidió la formulación específica de los principios y las garantías procesales citados y que permite llegar a la conclusión de que se los puede considerar un mínimo aplicable en todos los casos de privación de libertad por razones de seguridad [18] .

  Principios generales aplicables al internamiento o detención administrativa  

  El internamiento o detención administrativa es una medida excepcional  

El IV Convenio de Ginebra deja muy claro que el internamiento (y la residencia forzosa) son las medidas de control más estrictas que puede tomar una autoridad detenedora o potencia ocupante con respecto a personas protegidas contra las que no se ha entablado una acción penal. En ambos casos, está estipulado que recurrir a estas medidas sólo es posible si la seguridad del Estado lo hace “absolutamente necesario” (IV Convenio de Ginebra, artículo 42) o por “razones imperiosas” de seguridad (IV Convenio de Ginebra, artículo 78). La naturaleza excepcional del internamiento reside en el hecho de que permite que la autoridad detenedora prive de libertad a personas sobre las que no pesa ninguna inculpación penal, pero que se considera, no obstante, que representan un peligro real para la seguridad presente o futura del Estado. Como dice el Comentario del IV Convenio de Ginebra, “No ha parecido posible definir la expresión'seguridad del Estado'de forma más concreta. Incumbe, pues, en gran medida a los Gobiernos decidir el grado de actividad perjudicial para la seguridad interna o externa del Estado que justifique el internamiento o la residencia forzosa” [19] . Aunque así sea, es evidente, por ejemplo, que no se puede justifica r el internamiento o detención administrativa con el único fin de recabar información, si la persona concernida no representa un peligro real para la seguridad del Estado [20] .

El carácter excepcional del internamiento también es válido en los conflictos armados no internacionales y en otras situaciones de violencia interna, en virtud del principio general de que la libertad personal es la norma, y de la hipótesis de que la justicia penal es capaz de tomar medidas con respecto a las personas sospechosas de representar un peligro para la seguridad del Estado.

  El internamiento o detención administrativa no es una alternativa a la acción penal  

El internamiento o detención administrativa es una medida de control destinada a las personas que suponen un peligro real para la seguridad actual o futura del Estado en situaciones de conflicto armado, o para la seguridad del Estado o para el orden público en situaciones de no conflicto; no es una medida que pretende reemplazar la acción penal. Una persona sospechosa de haber cometido un delito penal, en un conflicto armado o en otras situaciones de violencia, tiene derecho a beneficiarse de las estrictas garantías judiciales adicionales que estipula el derecho humanitario o el derecho de los derechos humanos para los presuntos infractores, que incluyen el derecho a ser juzgado por un tribunal legítimamente constituido, independiente e imparcial. A menos que el internamiento o detención administrativa y la represión penal estén organizados como regímenes estrictamente separados, cabe el peligro de que el internamiento pueda ser utilizado por el poder ejecutivo como sistema de represión penal marginal esquivándose así el sistema sancionado por el poder legislativo y los tribunales de un país. Si no, los derechos de los presuntos infractores se verían seriamente menoscabados [21] .

  Sólo se puede ordenar el internamiento o detención administrativa sobre una base individual, caso por caso, sin discriminación de ninguna índole  

En un conflicto armado internacional, sólo se podrá internar a una persona civil sobre la base de una decisión individual tomada para un caso específico. La noción de que el internamiento no puede ser una medida colectiva está estipulada en el IV Convenio de Ginebra en situaciones de ocupación [22] . El internamiento en bloque de enemigos nacionales en el propio territorio de un Estado también está prohibido, dado que sería equiparable a –y violaría– la prohibición general de “penas colectivas” del artículo 75, párrafo 2, apartado d) del Protocolo adicional I. Esto no significa que una autoridad detenedora no pueda internar a un gran número de personas, sino que tanto la decisión inicial de internamiento como cualquier decisión ulterior de mantenerlo, incluyendo las razones del internamiento, se habrán de tomar en función de cada persona.

En conflictos armados no internacionales –en los que las penas colectivas también están prohibidas [23] – y en otras situaciones de violencia interna, la decisión inicial de internamiento o detención administrativa y cualquier decisión ulterior de mantenerlo habrá de tomarse sobre una base individual. A pesar de que el derecho humanitario que regula los conflictos armados no internacionales no se pronuncia por lo que atañe a los derechos procesales de los internados, en virtud del derecho de los derechos humanos, cualquier medida que suspenda el derecho a la libertad de la persona deberá estar “estrictamente limitada a las exigencias de la situación” excepcional que requiere la suspensión [24] ; sólo se podrá tomar en la medida en que lo requiera la mencionada situación, y, en consecuencia deberá estar en conformidad con el principio de proporcionalidad.

La detención en bloque por parte de un Estado de toda una categoría de personas, sobre una base no individual, no podría considerarse en modo alguno una medida proporcionada, independientemente de cuáles sean las circunstancias de la situación excepcional en cuestión. La noción de medidas colectivas de cualquier índole es la antítesis de las normas, del espíritu y de la finalidad del derecho de los derechos humanos.

Las decisiones de internamiento o detención administrativa tampoco se deben tomar sobre una base discriminatoria. El principio de no discriminación es el postulado básico del derecho humanitario y del derecho de los derechos humanos.

  El internamiento o detención administrativa habrá de cesar en cuanto desaparezcan los motivos de éste  

Uno de los principios más importantes que regulan el internamiento o detención administrativa es que esta forma de privación de libertad ha de cesar en cuanto la persona en cuestión ya no represente un peligro real para la seguridad del Estado, lo que significa que la privación de libertad por esos motivos no puede ser indefinida. Habida cuenta de la rápida progresión de los eventos en un conflicto armado, una persona que, hoy, se considera un peligro, puede no representar el mismo peligro si cambia la situación sobre el terreno. Dicho con otras palabras, cuanto más largo el internamiento, mayor será la responsabilidad de la autoridad detenedora de justificar la validez de las razones para el internamiento. La razón de ser de este principio es, pues, facilitar la liberación de una persona en cuanto desaparezcan los motivos que justificaban la privación de libertad. El principio de que el internamiento ha de cesar en cuanto desaparezcan los motivos de éste e stá claramente expuesto en el artículo 132 del IV Convenio de Ginebra y en el artículo 75, párrafo 3 del Protocolo adicional I, que refleja el derecho internacional consuetudinario aplicable en los conflictos armados internacionales.

En los conflictos armados no internacionales y en otras situaciones de violencia interna, este principio ha de respetarse aún más estrictamente, en especial habida cuenta de que la jurisprudencia en materia de derechos humanos rechaza la noción de detención por tiempo indefinido [25] . A fin de garantizar que la privación de libertad no sea arbitraria –lo que sucedería si los motivos de ésta desaparecieran–, el Pacto (artículo 9, párrafo 4) dispone que toda persona que sea privada de libertad tiene derecho a impugnar la legalidad de su detención, a presentar una solicitud de hábeas corpus o equivalente, a fin de que un tribunal decida “a la brevedad posible” sobre la legalidad de su prisión. Aunque el derecho a la libertad no figura entre los derechos no derogables enunciados en el Pacto [26] , la jurisprudencia de los organismos universales y regionales de derechos humanos ha confirmado que hay que considerar que el derecho a hábeas corpus no es derogable.

  El internamiento o detención administrativa debe estar en conformidad con el principio de legalidad  

En el contexto del internamiento o detención administrativa, el principio de legalidad significa que una persona puede ser privada de libertad sólo por razones (aspecto substantivo) y de conformidad con procedimientos (aspecto procesal) previstos en el derecho nacional e internacional.

Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, así como el derecho de los derechos humanos, prevén las normas jurídicas internacionales que se han de aplicar al internamiento o detención administrativa en conflictos armados y otras situaciones de violencia. En cuanto a las razones para el internamiento, el IV Convenio de Ginebra especifica que sólo se podrá ordenar el internamiento o la residencia forzosa de personas protegidas si “la seguridad de la Potencia en cuyo poder estén lo hace absolutamente necesario” (artículo 42) o, en territorio ocupado, por “razones imperiosas” (artículo 78). Además de especificar los motivos del internamiento, el IV Convenio prevé algunos procedimientos que hay que seguir para que el internamiento sea legal en el territorio de una parte en conflicto o en un territorio ocupado. En el ultimo caso, por ejemplo, el artículo 78 del IV Convenio estipula que las decisiones relativas a la residencia forzosa o el internamiento “se tomarán según un procedimiento legítimo, que determinará la Potencia ocupante de conformidad con las disposiciones del presente Convenio”. La privación de libertad que no esté en conformidad con las distintas normas previstas en el Convenio puede constituir una “detención ilegal” [27] .

Las normas del derecho de los derechos humanos aplicables en los conflictos armados no internacionales y en otras situaciones de violencia interna prevén disposiciones todavía más pormenorizadas destinadas a garantizar que se respete el principio de legalidad. En virtud del Pacto (artículo 9, párrafo 1), por ejemplo, nadie podrá ser privado de su libertad “salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. Cuando un Estado decida suspender el derecho a la libertad, esa decisión deberá, entre otras cosas, ser proclamada oficialmente [28] para permitir que la población afectada sepa exactamente el alcance material, territorial y temporal de esta medida de emergencia.

  Garantías procesales  

  Derecho a ser informado de los motivos del internamiento o detención administrativa  

Toda persona internada u objeto de detención administrativa habrá de ser informada rápidamente, y en un idioma que comprenda, acerca de las razones que han motivado esa medida, para que pueda impugnar la legalidad de su detención. Puede decirse que el derecho de una persona a saber por qué se la ha privado de libertad constituye un elemento de la obligación de trato humano, dado que es sabido que, en la práctica, la incertidumbre acerca de las razones de su detención constituye una fuente de estrés psicológico.

Ni el IV Convenio ni el derecho humanitario aplicable en los conflictos armados no internacionales contienen disposiciones explícitas sobre el deber de proporcionar información sobre las razones por las que se ha privado de libertad a una persona. Esta garantía procesal, es, además, una de las “Garantías fundamentales” previstas en el artículo 75.3 del Protocolo adicional I. Asimismo, está prevista en la mayoría de los principales tratados de derechos humanos y también aparece minuciosamente explicada en instrumentos del derecho indicativo [29] .

La información que se transmita habrá de ser lo suficientemente explícita como para que la persona detenida pueda tomar inmediatamente medidas para impugnar y solicitar una decisión sobre la legalidad del internamiento o detención administrativa (véase más adelante). La información sobre los motivos del internamiento o detención administrativa habrán de comunicarse sin demora [30] y en un idioma que la persona comprenda, a fin de que ésta pueda, también sin demora, solicitar una decisión sobre la legalidad de la detención. Cuando, tras ser examinada la decisión de detención, ésta se mantenga, también se habrán indicar los motivos de su manten imiento.

  Derecho a ser inscrito en el registro y a permanecer en un lugar de internamiento o detención administrativa oficialmente reconocido.  

Toda persona internada u objeto de detención administrativa habrá de ser inscrita en el registro y permanecerá en un lugar de internamiento o detención administrativa oficialmente reconocido. La información relativa al internamiento o detención administrativa de una persona, y a todo traslado de un lugar de detención a otro, habrá de comunicarse a los familiares de esa persona lo más rápidamente posible [31] , salvo deseo contrario de la persona en cuestión; asimismo, habrá que comunicar a los familiares el lugar de internamiento. La misma información será transmitida al CICR cuando el derecho humanitario o acuerdos específicos así lo requieran. 

El derecho humanitario aplicable en los conflictos armados internacionales contiene muchas disposiciones y pormenorizados requisitos relativos al registro de datos de personas protegidas privadas de libertad, a la notificación a las autoridades de su propio país [32] , a la visita de lugares de detención [33] y a la transmisión de información sobre esas personas a sus allegados, entre otros [34] . Todo el sistema de detención establecido por los Convenios, en el que el CICR desempeña una función de supervisión, se basa en la idea de que hay que registrar los datos de los detenidos y de que éstos permanecerán en lugares de detención oficialmente reconocidos accesibles, especialmente al CICR. La jurisprudencia en materia de derechos humanos y los instrumentos del derecho indicativo contienen disposiciones explícitas similares relativas a la obligación de registrar los datos de los detenidos y a la prohibición de di simular una detención [35] , que son pertinentes en los conflictos armados no internacionales y en otras situaciones de violencia interna [36] .

  El internamiento o detención administrativa de extranjeros  

Las autoridades nacionales del Estado al que pertenece la persona internada u objeto de detención administrativa han de ser informadas de esta medida, a menos que la persona en cuestión haya expresado un deseo en contrario al respecto. A las autoridades diplomáticas o consulares pertinentes –siempre y cuando haya relaciones diplomáticas o consulares– se les deberá permitir comunicar con sus nacionales y visitarlos. Esta es una norma de derecho internacional público que sigue siendo aplicable en conflictos armados y en otras situaciones de violencia [37] .

  Una persona objeto de internamiento o detención administrativa tiene derecho a impugnar, sin demora, la legalidad de su detención  

Con respecto a los conflictos armados internacionales, el artículo 43 del IV Convenio de Ginebra, aplicable al internamiento de personas en el territorio de una parte en conflicto, estipula que toda persona protegida internada u objeto de residencia forzosa “tendrá derecho a que un tribunal o consejo administrativo competente, instituido con esta finalidad por la Potencia detenedora, considere de nuevo, en el más breve plazo, la decisión tomada a su respecto”. En virtud del artículo 78 del IV Convenio de Ginebra, aplicable al internamiento de personas en territorio ocupado, las decisiones relativas a la residencia forzosa o al internamiento “se tomarán según un procedimiento legítimo, que determinará la Potencia ocupante de conformidad con las disposiciones del presen te Convenio. En tal procedimiento se debe prever el derecho de apelación de los interesados. Se decidirá, por lo que atañe a esta apelación, en el más breve plazo posible”.

Aunque el Convenio no habla concretamente de impugnación de la detención, en substancia es lo que es. La finalidad de “considerar de nuevo” o “apelar” es permitir que el órgano competente determine si la persona fue privada de libertad por razones válidas y ordene su puesta en libertad si no fue el caso. La autoridad que inicialmente privó de libertad a una persona y el organismo habilitado para examinar el recurso de apelación no deben ser los mismos si se pretende que el derecho de recurso surta un efecto real. Las características del organismo en cuestión y la existencia de otras garantías procesales, que se mencionan más adelante, son elementos esenciales.

El derecho de una persona a impugnar la legalidad de su detención en conflictos armados no internacionales y en otras situaciones de violencia interna es un componente clave del derecho a la libertad de una persona en virtud del derecho del derecho de los derechos humanos. Aunque se pueda suspender el derecho a la libertad en situaciones excepcionales, el derecho indicativo y la jurisprudencia en materia de derechos humanos han establecido que el derecho a impugnar la legalidad de una detención ante un órgano judicial ha de preservarse en todas las circunstancias [38] . En particular, no se podrá restringir cuando la impugnación de la legalidad sirve, entre otras cosas, para proteger los derechos no derogables, como son el derecho a la vida o a la libertad y el derecho a no ser sometido a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes [39] .

Como se desprende de las mencionadas fuentes, tanto el derecho humanitario como el derecho de los derechos humanos estipulan el examen de la legalidad del inte rnamiento o detención administrativa en el plazo más breve posible.

  El examen de la legalidad del internamiento o detención administrativa lo habrá de realizar un organismo independiente e imparcial  

El artículo 43 del IV Convenio de Ginebra estipula que un “tribunal o un consejo administrativo competente” se encargará de considerar de nuevo la decisión inicial de internamiento de una persona civil en el territorio de una parte en conflicto. Según el artículo 78 aplicable en territorio ocupado, una decisión de internamiento se tomará según un “procedimiento legítimo” determinado por la Potencia ocupante en conformidad con el Convenio. El artículo 78 añade que la revisión periódica prevista será realizada por un “organismo competente constituido” por dicha Potencia ocupante. A pesar de la diferencia de lenguaje entre el artículo 43, “tribunal o un consejo administrativo competente”, y el artículo 78, “procedimiento legítimo”, el comentario de este último artículo dice que la Potencia ocupante “habrá de respetar las disposiciones del artículo 43” y que incumbe a la Potencia ocupante “encomendar el examen de las apelaciones a un'tribunal'o a un'consejo'” [40] .

La libertad de un Estado de elegir entre un “tribunal o un consejo administrativo”, como lo estipula el artículo 43 (y el artículo 78 por analogía) se explica en el Comentario en el sentido de que ofrece “suficiente flexibilidad para tener en cuenta la costumbre de los diferentes Estados”. El Comentario añade que “cuando la decisión sea de índole administrativa, en ningún caso se confiará a una sola persona, sino a un consejo administrativo que ofrezca las necesarias garantías de independencia e imparcialidad” [41] . Cabe suponer que una supervisión judicial del internamiento es más susceptible de satisfacer los requisitos de independencia e imparcialidad. En consecuencia, se supone que la supervisión judicial es preferible a un consejo administrativo y se debería organizar siempre que sea posible. El organismo encargado de la revisión debe, como mínimo, como dice el Comentario, estar constituido y funcionar de forma que le permita ser independiente e imparcial. Uno de los elementos de la independencia requerida de ese organismo es que ha de estar habilitado a emitir decisiones definitivas sobre el internamiento o la liberación.

Mientras el IV Convenio de Ginebra permite que, en conflictos armados internacionales, el Estado elija entre un tribunal y un consejo administrativo, el derecho de los derechos humanos y la jurisprudencia aplicable en situaciones de conflicto armado no internacional o en otras situaciones de violencia interna requieren de forma inequívoca que la impugnación de la legalidad del internamiento o detención administrativa sea examinada por un tribunal. En virtud del Pacto, toda persona privada de libertad tendrá derecho a “recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal” [42] .

Como ya se ha dicho, a pesar de que el derecho a la libertad de una persona se puede suspender en situaciones excepcionales, como son los conflictos armados no internacionales, el derecho indicativo de los derechos humanos y su jurisprudencia han establecido que el derecho a impugnar la legalidad de la propia detención ante un organismo judicial ha de preservarse en todas las circunstancias [43] . No se podrá restringir, en particular, cuando la impugnación de la legalidad de la detención sirva, entre otras cosas, para proteger los derechos no derogables, como son el derecho a la vida o a la libertad, así como el derecho a no ser sometido a tortura y otros tratos o penas cru eles, inhumanos o degradantes [44] .

Cabe repetir que la razón de ser de la impugnación de la legalidad del internamiento o detención administrativa es poner término a la privación de libertad si está no se justifica. Esto significa que un internado ha de ser informado sin demora de cualquier decisión relacionada con el recurso y que será puesto en libertad inmediatamente si gana el recurso. A pesar de que la obligación de informar y liberar rápidamente no está expresamente mencionada en el derecho humanitario ni en el derecho de los derechos humanos, se considera que toda privación de libertad sin base legal viola el principio jurídico general que prohíbe la detención arbitraria. Si, a pesar de una orden resolutoria de liberación, se mantiene a una persona internada o en detención administrativa, se producirá un caso claro de detención arbitraria.

  Derecho de la persona internada u objeto de detención administrativa a la asistencia jurídica  

Ni el derecho humanitario ni el derecho convencional de los derechos humanos prevén de forma explicita el derecho a la asistencia jurídica para las personas internadas u objeto de detención administrativa (ese derecho está garantizado a las personas acusadas de un delito penal).

Sin embargo, cabe destacar que no está prohibida la asistencia jurídica para las personas internadas en los conflictos armados internacionales. El Comentario del artículo 43 del IV Convenio de Ginebra dice, en efecto que el “procedimiento previsto en el Convenio constituye un mínimo” [45] y que “en consecuencia, sería ventajoso que los Estados Partes en el Convenio concedan garantías superiores” [46] . Cabe decir que, hoy en día, el derecho a la asistencia jurídica apropiada no es sólo una “vent aja”, sino una garantía procesal básica.

El derecho indicativo de los derechos humanos y la jurisprudencia de los organismos de defensa de los derechos humanos contienen una amplia gama de normas que colman las omisiones del derecho convencional aplicables en los conflictos armados no internacionales y en otras situaciones de violencia interna [47] . El derecho a la asistencia jurídica apropiada se considera, pues, componente esencial del derecho a la libertad de una persona. Las normas pertinentes del derecho indicativo estipulan el derecho de las personas detenidas a la asistencia de un abogado, independientemente del tipo de detención del que se trate. Asimismo, contienen disposiciones relativas a las modalidades de comunicación con un abogado [48] .

Cuando sea necesario, se podrán establecer medidas de seguridad razonables, como es en virtud exigir, por ejemplo, que el abogado de una persona internada u objeto de detención obtenga una autorización de acceso.

  Una persona internada u objeto de detención administrativa tiene derecho a que se examine periódicamente la legalidad del mantenimiento de la decisión de detención  

El examen periódico de la detención administrativa, cuando se confirma la decisión inicial tras ser “considerada de nuevo” (artículo 43), o por “apelación” (artículo 78), es un componente básico del procedimiento previsto en el IV Convenio de Ginebra. El artículo 43 especifica que el examen periódico tendrá lugar “por lo menos dos veces al año”, mientras que el artículo 78 dispone que esa revisión será “a ser posible semestral”.

La finalidad de la revisión periódica es determinar si el detenido sigue representando un peligro real para la seguridad de la Potencia detenedora y ordenar su liberación si ya no es caso. Todas las garantías que se aplican en la revisión inicial también habrán de aplicarse a la(s) revisión(es) periódicas, lo que, entre otras cosas, significa que el examen ha de ser apropiado y realizado por un organismo independiente e imparcial.

No se especifica la periodicidad de las revisiones a las que tienen derecho las personas detenidas en conflictos armados no internacionales o en otras situaciones de violencia interna, porque el derecho de los derechos humanos no limita el número de recursos relativos a la legalidad de la detención que puede interponer una persona internada u objeto de detención administrativa (solicitudes de hábeas corpus) [49] . En la práctica, el internamiento o detención administrativa estará regulado por el derecho nacional del Estado parte en un conflicto armado no internacional o en otra situación de violencia interna, lo que significa que la facultad de una persona para impugnar la legalidad de su internamiento o detención administrativa estará regulada por estas normas. 

Si el derecho nacional pertinente no prevé una disposición de esa índole, deberá prever una revisión periódica del internamiento o detención administrativa como mínimo cada seis meses, por analogía con las normas aplicables en los conflictos armados internacionales.

  Una persona detenida u objeto de detención administrativa o su representante legal deberían poder asistir en persona a las deliberaciones  

Por regla general, una persona internada u objeto de detención administrativa y su representante legal deberían poder estar presentes en la revisión inicial de la legalidad del internamiento, así como en las revisiones periódicas, a fin de poder defender la posición de la persona internada u objeto de detención administrativa y de impugnar los cargos que se le imputan. Cuando sea necesario, se podrán prever medidas razonables para proteger la confidencialidad de la información, como por ejemplo la obtención de una autorización de acceso para el representante legal de la persona internada u objeto de detención administrativa.

El derecho convencional, sea en el ámbito humanitario o en el de los derechos humanos, no menciona expresamente el derecho de una persona internada u objeto de detención administrativa y de su representante legal a estar presentes en las actuaciones relacionadas con el internamiento o detención administrativa. En la práctica, se ha observado que, a menudo, su ausencia de las audiencias tiene por consecuencia que no se preste la debida atención al caso. Dado que esas deliberaciones dan lugar a decisiones de mantenimiento del internamiento o detención administrativa, sería oportuno que la persona internada u objeto de detención administrativa y su representante legal sean autorizados a estar presentes en las mismas. Si no comprenden el idioma del tribunal, será necesario prever un intérprete.

  Una persona internada u objeto de detención administrativa estará autorizada a comunicarse con sus familiares, es decir a mantener correspondencia con ellos y a recibir su visita.  

Proteger la vida y el contacto familiares es una de las principales finalidades del derecho internacional humanitario. Se puede decir que es un elemento de la obligación más general, en virtud de la cual las personas privadas de libertad en conflictos armados internacionales y no internacionales han de ser tratados con humanidad. Esta garantía, como las dos que figuran inmediatamente después, forman parte de las medidas destinadas a garantizar unas condiciones de detención y un trato correctos. Aunque no son el objeto de este texto, se mencionan aquí dada su importancia para permitir que se apliquen las demás garantías procesales que figuran en el p resente texto.

El IV Convenio de Ginebra contiene muchas disposiciones que facilitan el contacto entre los internados y sus familiares, pero son demasiado abundantes para repetirlas aquí. En resumen, se trata de que los contactos familiares –correspondencia y visitas– estén autorizadas dentro de un espacio de tiempo razonable [50] , salvo en circunstancias muy excepcionales [51] . En ningún caso, podrá el contacto de un detenido con sus familiares depender de su “espíritu cooperativo” con la Potencia detenedora ni ser utilizado como incentivo o premio por ciertos comportamientos.

El Protocolo adicional II también contiene disposiciones destinadas al mantenimiento del contacto familiar [52] y muchas normas no convencionales de derechos humanos tienen la misma finalidad [53] .

  Una persona internada u objeto de detención administrativa tendrá derecho a la asistencia médica que requiera su estado de salud  

El derecho a la asistencia médica es un componente de la obligación esencial según la cual todas las personas privadas de libertad serán tratadas con humanidad. La asistencia médica sirve, entre otras cosas, para evitar los malos tratos y también para impugnar la admisibilidad de pruebas contra una persona, que se hayan obtenido mediante tortura u otras formas de malos tratos. Se mencionan en este contexto porque la salud de una persona es obviamente una de las condiciones indispensables para que ésta pueda ejercer la mayoría de los derechos procesales citados en el presente texto.

La norma general prevista en el IV Convenio de Ginebra (artículo 81) estipula que: “Las Partes en conflicto que internen a personas protegidas están obligadas a atender gratuitamente a su manutención y a proporcionarles la asistencia médica que su estado de salud requiera”. Los artículos 91 y 92 contienen normas más específicas sobre higiene y asistencia médica.

En conflictos armados no internacionales, el artículo 5, párrafo 1, apartado b) del Protocolo adicional II estipula que los internados “recibirán, en la misma medida que la población local, alimentos y agua potable y disfrutarán de garantías de salubridad e higiene y de protección contra los rigores del clima y los peligros del conflicto armado”. Las disposiciones relativas al acceso a un médico y a la asistencia médica también figuran en los instrumentos no convencionales de derechos humanos pertinentes (Conjunto de Principios, Principios 24 y 26).

Cabe destacar que el acceso a la asistencia médica que pueda requerir el estado de salud de una persona no podrá, en ningún caso, estar supeditado a su “espíritu cooperativo” con la Potencia detenedora ni ser utilizado como incentivo o premio por ciertos comportamientos.

  Una persona internada u objeto de detención administrativa estará autorizada a presentar peticiones y quejas por lo que atañe al trato que recibe y a las condiciones de detención  

El derecho internacional humanitario (artículo 101 del IV Convenio de Ginebra) [54] y el derecho indicativo de los derechos humanos estipulan que las personas internadas u objeto de detención administrativa tendrán derecho a presentar solicitudes y quejas ante la Potencia detenedora relativas al trato que reciben y a las condiciones de detención [55] . La finalidad de esta garantía es permitir que la Potencia detenedora pueda evitar las eventuales violaciones del derecho, o ponerles término. Así pues, las autoridades están obligadas a establecer un procedi miento que permita la presentación y el examen rápido y efectivo de las solicitudes y quejas. La presentación de las mismas no tendrá consecuencias negativas para el solicitante.

  Acceso a las personas internadas u objeto de detención administrativa  

El acceso del CICR a las personas internadas en conflictos armados internacionales está previsto en el IV Convenio de Ginebra (artículo 143), que también dispone las condiciones y procedimiento para las visitas del CICR, y estipula el deber de la Potencia detenedora de autorizar dicho acceso y de respetar los mencionados procedimientos y condiciones.

En conflictos armados no internacionales [56] y en otras situaciones de violencia interna [57] , el CICR podrá ofrecer sus servicios y suscribir acuerdos con la Potencia detenedora relativos a las visitas a las personas privadas de libertad por razones de seguridad, así como a otras personas. El derecho de acceso del CICR en estas situaciones está ampliamente reconocido.

Mediante las visitas a las personas privadas de libertad, el CICR, organización humanitaria independiente, imparcial y neutral, procura garantizar que éstas sean tratadas con humanidad en todas las circunstancias y que se respeten sus derechos fundamentales. Le preocupan esencialmente las condiciones de detención de estas personas y el trato que reciben, así como la observancia de las garantías procesales fundamentales en todas las fases de la detención.

Algunos tratados internacionales y regionales de derechos humanos también prevén mecanismos de visita in situ a esas personas [58] . Asimismo, una serie de mecanismos no convencionales creados bajos los auspicios de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas permiten efectuar visitas a los lugares de detención [59] .

  Notas  

[1 ] V. Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, (Protocolo I), Tomo II, párr. 3063 relativo al art. 75, párr. 3, CICR y Plaza & Janés Editores Colombia S.A., Colombia, 2000.

[2 ] Los requisitos, que se especifican más adelante, figuran en el art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante, el Pacto).

[3 ] El término “otras situaciones de violencia” se refiere a situaciones que se sitúan por debajo del umbral del conflicto armado e incluye las situaciones de “disturbios interiores y tensiones internas” como se especifica en el art. 1, párr. 2 del Protocolo adicional II (en adelante, PA II).

[4 ] El término “internamiento” también engloba la noción de “residencia forzosa,” a la que se aplican disposiciones idénticas del IV Convenio de Ginebra (en adelante, IV CG).

[5 ] En ningún caso debería interpretarse que esto hace referencia (o confiere legitimidad) a la toma de rehenes, práctica ésta que está estrictamente prohibida por el derecho internacional humanitario. La postura del CICR es que hay que liberar inmediata e incondicionalmente a los rehenes.

[6 ] Con respecto a las diferencias en la reglamentación jurídica del internamiento en conflictos armados internacionales y no internacionales y en otras situaciones de violencia, véase más adelante la rúbrica I “Fuentes jurídicas”.

[7 ] IV CG, arts. 43 y 78; PA I, art. 75, párr. 3.

[8 ] La Cláusula de Martens está incluida, entre otros, en el art. 1, párr. 2 del PA I, que dice: “En los casos no previstos en el presente Protocolo o en otros acuerdos internacion ales, las personas civiles y los combatientes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del derecho de gentes derivados de los usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública”.

[9 ] Opinión consultiva de la CIJ sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, 9 de julio de 2004, párr. 106.

[10 ] V. “Comentario del PA I”, op. cit. (nota 1), párrs. 2927-2935.

[11 ] PA I, art. 75, párr. 8.

[12 ] V. el art. 3 común a los Convenios de Ginebra, que también especifica que la concertación de un acuerdo especial “no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto”. Los acuerdos especiales pueden resultar especialmente útiles en conflictos armados no internacionales " muy intensos " , comparables a un conflicto armado entre Estados.

[13 ] “Comentario del PA II”, op. cit. (nota 1), párrs. 4428-4430.

[14 ] El texto completo del artículo 4 del Pacto estipula: “1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los arts. 6, 7, 8 (párrs. 1 y 2), 11, 15, 16 y 18, párr. 3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya apl icación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión”.

[15 ] Cuando un Estado no sea Parte en el Pacto ni en tratados regionales de derechos humanos parecidos, en principio, se deberían respetar los principios y las garantías procesales que figuran más adelante.

[16 ] Pacto, art. 4, párr. 2.

[17 ] Pacto, art. 9, párr. 4.

[18 ] Conviene recordar que este texto no trata del internamiento de prisioneros de guerra en conflictos armados internacionales al que se aplica el III CG. Como ya hemos dicho, partimos de la base de que el derecho a la libertad de la persona se ha suspendido en virtud del artículo 4 del Pacto.

[19 ] V. Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949, vol. IV, Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, art. 42, p. 257. V., asimismo, el comentario del art. 78, p. 368, que reitera que: “En cualquier caso, esas medidas sólo pueden ordenarse por razones de seguridad reales e imperiosas; ha de preservarse su carácter excepcional”.

[20 ] Asimismo, el internamiento o detención administrativa de personas para utilizarlas como “moneda de negociación” no se justifica. Esa privación de libertad equivaldría a la toma de rehenes, que está prohibida.

[21 ] La tesis de que la detención administrativa y la detención penal son dos regímenes distintos queda –a primera vista– socavada por el art. 68 del IV CG que trata de los delitos menores cometidos por personas protegidas en un territorio ocupado. Sin embargo, el comentario del art. 68 subsana cualquier eventual percepción de solapamiento entre los regímenes de detención administrativa y detención penal que pudiera sugerir el lenguaje de la disposición. Dice: “El internamiento es una medida administrativa preventiva y no puede considerarse una sanción penal. No obstan te, se menciona aquí bajo el mismo título como simple encarcelamiento, porque los autores del Convenio querían dar la posibilidad a los tribunales militares de la Potencia ocupante de hacer beneficiar a las personas culpables de delitos menores de las condiciones de internamiento (énfasis añadido) previstas en los arts. 79 y ss. La disposición revestía un carácter humano y estaba destinada a establecer la diferencia entre esos infractores y los delincuentes de derecho común”. Commentary on GC IV, op. cit. (nota 19), pp. 343-344.

[22 ] Ibíd., art. 78, p. 367.

[23 ] PA II, art. 4, párr. 2, apart. b).

[24 ] Pacto, art. 4, párr. 1.

[25 ] V., por ejemplo, el Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, UN Doc. E/CN. 4/2004/3, 15 de diciembre de 2003, párr. 60 (“en ningún caso una detención fundamentada en leyes de excepción puede prolongarse indefinidamente”), y Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Informe Anual, 1976, OAS Doc. OEA/Ser.L/VII.40, Doc. 5 corr. 1, del 10 de marzo de 1977, Sección II, Parte II (“la declaración de un estado de emergencia o de sitio no puede servir de pretexto para la detención indefinida de personas, sin cargo alguno. Es evidente que cuando estas medidas de seguridad se prolonguen más allá de un tiempo razonable, vienen a ser verdaderas y graves violaciones al derecho a la libertad”).

[26 ] Pacto, art. 4, párr. 2.

[27 ] IV CG, art. 147.

[28 ] Pacto, art. 4.

[29 ] Pacto, art. 9, párr. 2; Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (en adelante, Conjunto de Principios), Principios 10; 11 párr. 2; 12 párr. 1, apart. a) y párr. 2; 14; Resolución de la Asamblea General de la ONU A/RES/43/173 del 9 de diciembre de 1988.

[30 ] PA I, art. 75, párr. 3; Conjunto de Principios, Principio 14.

[31 ] IV CG, arts. 106 y 138.

[3 2 ] Ibíd., art. 136.

[33 ] Ibíd., art. 143.

[34 ] Ibíd., arts. 106, 107, 137 y 138.

[35 ] Conjunto de Principios, op. cit. (nota 29), Principios 12 y 16, párr. 1.

[36 ] V. asimismo Declaración (de la ONU) sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, art. 10, párr. 1, A/RES/47/133, y Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las

ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, recomendada por el Consejo Económico y Social de la ONU, Principio 6.

[37 ] V. el art. 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. En los conflictos armados internacionales, la oficina oficial de información y la Agencia Central de Información son mecanismos por mediación de los cuales la Parte adversaria es informada del internamiento de sus nacionales (IV CG, arts. 136-141). En los conflictos armados no internacionales, el CICR también puede facilitar el contacto entre una persona privada de libertad y el Estado del que ésta sea nacional, siempre y cuando dicha persona acceda a ello.

[38 ] Conjunto de Principios, op. cit. (nota 29), Principio 32. V. asimismo Comité de Derechos Humanos, Observación General nº 29, párr. 11.

[39 ] Comité de Derechos Humanos, ibíd., párr. 15.

[40 ] Commentary on GC IV, op. cit. (nota 19), art. 78, pp. 368-369.

[41 ] Ibíd., art. 43, p. 260.

[42 ] Pacto, art. 9, párr. 4.

[43 ] Conjunto de Principios, op. cit. (nota 29), Principio 32. V. asimismo Comité de Derechos Humanos, Observación General nº 29, párr. 11.

[44 ] Comité de Derechos Humanos, íbid., párr. 15.

[45 ] Commentary on GC IV, op. cit. (nota 19), p. 261.

[46 ] Ibíd. 

[47 ] V., entre otros, Conjunto de Principios, op. cit. (nota 29), Principios 17 y 18.

[48 ] Ibíd., Principio 18.

[49 ] Ibíd, Principio 32.

[50 ] V., entre otros, IV CG, arts. 106, 107 y 116.

[51 ] V. IV CG, art. 5, y Commentary on GC IV, op. cit. (nota 19), art. 5, p. 56.

[52 ] PA II, art. 5, párr. 2, apart. b).

[53 ] Conjunto de Principios, op. cit. (nota 29), Principio 19.

[54 ] En virtud del art. 102 del IV CG, los comités de internados también tienen derecho a hacer gestiones, entre otros, ante el CICR.

[55 ] Cabe destacar que en virtud del derecho indicativo de los derechos humanos, el abogado, un miembro de la familia y otra persona que tenga conocimiento del caso también puede presentar peticiones o recursos relativos al trato de una persona objeto de detención administrativa. Véase Conjunto de Principios, op. cit. (nota 29), Principio 33, párrs. 1 y 2.

[56 ] V. el art. 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra.

[57 ] V. el art. 5, párr. 3 de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (1986).

[58 ] Por ejemplo, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes instituido por el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes.

[59 ] Por ejemplo, el Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos sobre la Detención Arbitraria.

Notas




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