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Cuando se infringen los principios básicos del derecho: la respuesta jurídica de Estados Unidos ante los casos de tortura después del 11 de septiembre de 2001

30-09-2007 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por James Ross

El uso de la tortura por las fuerzas armadas estadounidenses y por la CIA no se limitó a unas pocas manzanas podridas en Abu Ghraib, sino que formó parte de un conjunto más amplio de prácticas, como la entrega de detenidos a terceros países y los lugares negros (black holes), que el Gobierno de Estados Unidos consideró admisibles conforme al derecho interno y al derecho internacional. En este artículo, se analizan las diferentes vías jurídicas adoptadas por ese Gobierno para justificar y mantener su programa de métodos de interrogatorio coercitivos, así como la respuesta del Congreso y los tribunales.

 

James Ross es director jurídico y de políticas de la organización Human Rights Watch, en Nueva York 
  La definición y la redefinición de la tortura y de los tratos inhumanos, crueles y degradantes han sido objeto de debate público. Aunque la legislación estadounidense que define la tortura se ha acercado a las normas internacionales, en la práctica no admite que las personas que solicitan reparación por malos tratos interpongan recursos ante los tribunales y protege contra los enjuiciamientos a los responsables de esos actos.
 
 
     
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