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Informe de actividades Colombia 2011 - situación humanitaria

18-04-2012 Reportaje

Los colombianos sufrieron en 2011 los efectos adversos de un conflicto armado que se ha prolongado por casi 50 años. Sus consecuencias siguen siendo importantes, por lo que el llamado a respetar y aplicar estrictamente de las normas humanitarias que proponemos en este informe es una solicitud más que necesaria.

2011: un llamado a respetar las normas humanitarias

En 2011, el CICR como testigo de la dureza del conflicto armado y de otras situaciones de violencia en el país, documentó más de 760 violaciones del derecho internacional humanitario (DIH) y de otras normas básicas que protegen a las personas, con un incremento del desplazamiento, la violencia sexual y los ataques y daños a bienes civiles, entre otras.

Las regiones donde el CICR registró un recrudecimiento de las consecuencias para las víctimas fueron: Cauca, Nariño, Antioquia, Córdoba, Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare y Norte de Santander. En Medellín, Buenaventura y Tumaco, las consecuencias del conflicto armado coexisten con otras formas de violencia organizada que también causan sufrimiento a la población.

En otras zonas, por la presencia de actores armados, se padecieron las consecuencias indirectas del conflicto: dificultades para acceder a servicios básicos como los de salud, educación, agua y transporte, y la estigmatización de la población como colaboradora de uno u otro bando. En estas regiones no hay enfrentamientos diarios, pero sí se cometen homicidios, amenazas y violencia sexual, entre otras infracciones. Allí la situación humanitaria se recrudece más por el olvido, la indiferencia y la débil presencia de las instituciones sociales del Estado.

A pesar de los esfuerzos estatales para contener el problema, la consolidación de grupos armados emergentes, denominados por el Gobierno “Bacrim”, en regiones de Antioquia, Córdoba, Chocó, Nariño y algunos departamentos de la costa Caribe contribuyó al deterioro de la situación humanitaria. La presencia de otros grupos al margen de la ley en Medellín y Buenaventura, agudizó la situación.

Las consecuencias humanitarias del conflicto armado y otras situaciones de violencia, generadas estas últimas principalmente por la criminalidad organizada, son prácticamente idénticas para la población: muerte, desplazamiento, desapariciones, abusos sexuales y utilización de menores, entre otras.

Respuesta humanitaria

Este informe describe los principales problemas que afectaron a la población en 2011 en las áreas del país donde el CICR está presente. También expresa las preocupaciones por las personas privadas de libertad, tanto por el bienestar de quienes están en poder de grupos armados, como por las condiciones de detención de quienes se encuentran en centros de reclusión estatales.
Asimismo, contiene testimonios fidedignos que evidencian el carácter crónico de la violencia y muestran la respuesta humanitaria que el CICR ofreció para aliviar el sufrimiento humano y restablecer la dignidad de las personas.

Estas tareas se realizan con el acompañamiento de la Cruz Roja Colombiana (CRC) -socio de las acciones que el CICR desarrolla en Colombia-, lo que permite aunar las capacidades de ambas instituciones para ampliar la cobertura de sus acciones.

Cada capítulo de este informe –con referencias al DIH– contiene un mensaje: el llamado a todos los actores armados a mitigar los efectos de la violencia. Una exhortación a respetar a la población civil, a quienes depusieron las armas, a los heridos y a los enfermos. Es decir, a respetar las normas del derecho internacional humanitario.

Homicidios y amenazas de muerte

 

© CICR / B. Heger

Los homicidios y amenazas son utilizados para atemorizar a la población, generando también, en muchos casos, el desplazamiento de individuos y comunidades. Además de los civiles, también fueron víctimas de estos flagelos heridos y combatientes rendidos.

En 2011, el CICR tuvo conocimiento de 52 muertes de civiles en casos que constituyeron una infracción o violación al DIH. También apoyó a 139 familias para pagar los gastos funerarios de sus seres queridos muertos en el marco del conflicto. Asimismo, 684 personas amenazadas recibieron ayuda económica para reubicarse en un lugar más seguro.

 

 

 

 

Voces de las víctimas

“Todo el pueblo sabía que me iban a matar menos yo”

 

© CICR / E. Tovar

“Llegaron a mi casa y me destruyeron mis cosas, todo me lo tiraron por todas partes, dañaron la puerta, hasta me robaron la plata de los tamales… menos mal que yo no estaba en la casa porque si no, me matan. Me amenazaron porque yo era la vecina de un integrante de un grupo armado.

Todo el pueblo sabía que me iban a matar, menos yo. A mí me fueron a buscar que por venderles comida, pero si ese es mi negocio y vienen y me compran ¿qué les digo?, ¿que no les vendo a ellos? Debido a esta situación tuve que huir del pueblo y ahora trato de salir adelante con mi hijo, pero es muy duro llegar a casa ajena”. 

Víctima de amenazas de muerte
que tuvo que desplazarse

Desaparición

 

© Revista Semana / D. Reina

La desaparición es causa de un dolor permanente para los familiares que siguen buscando a sus seres queridos. Hay una gran preocupación por los casos aún sin resolver, la persistencia del problema y el abandono en el que se encuentran muchos familiares.

En 2011 se documentaron 138 nuevos hechos de desaparición. Durante el año, 82 casos fueron llevados ante los supuestos autores, en una o varias ocasiones, en busca de una respuesta sobre la suerte de las personas desaparecidas. Asimismo, el CICR acompañó y orientó a más de 170 familias en el proceso de búsqueda e identificación y apoyó a varias de ellas con recursos para traslados a lugares de exhumación o sitios de entrega de los restos de sus seres queridos.

 

 

 

 

Voces de las víctimas

"Es un dolor muy, muy grande"

 

© CICR / Y. Castiblanco

”Mi hijo está desaparecido desde el 6 de febrero de 2006. Tenía 18 años. Salió de la casa a las seis de la tarde: «Voy a hacer un mandado y ya vuelvo», me dijo. Como a las diez de la noche no aparecía y me acosté a dormir de lo cansada que estaba. Me levanté como a las cinco pasadas. Tengo la costumbre de mirar siempre hacia los cuartos de mis hijos. Cuando me levanté, no lo vi: ¡Darío no estaba en la casa! Empezamos a buscar en las estaciones de Policía. Fui a la Fiscalía y puse mi caso. A estas alturas lo sigo buscando. Yo lo que quiero es que haya justicia y verdad, saber qué pasó. Eso es un dolor muy grande, muy grande, tanto cuidarlos de chiquitos para ahora estarlos buscando. No hago sino pedirle a mi Dios que me dé fuerza. Que por lo menos yo supiera que está muerto, que apareciera, pero usted no sabe lo que es dormir todos los días con esa incertidumbre, llegar todos los días del trabajo y no encontrarlo”.

Margarita, madre de un joven desaparecido

Vea también:

Ataques, uso y ocupación de bienes civiles

 

 

© CICR / B. Heger

El ataque o uso de un bien civil por las partes en conflicto ponen en grave peligro de muerte o lesiones a las personas que están dentro o cerca de estos. En 2011 se registró un aumento preocupante de los daños a los bienes por causa de los ataques.

El CICR documentó 99 casos de ocupación de bienes civiles por las distintas partes del conflicto, así como 66 casos de destrucción de bienes civiles de manera deliberada o como consecuencia de enfrentamientos que afectaron el acceso de las comunidades a servicios básicos de salud y educación, entre otros.

Más de 1.600 personas de municipios del Cauca y Norte de Santander recibieron materiales de construcción para reparar sus casas o las infraestructuras comunitarias afectadas.

 

 

 

 

 

Ayuda para la reparación de más de 100 viviendas afectadas por ataques en Toribío, Cauca

 

En el municipio de Toribío, Cauca, el CICR entregó materiales para la reconstrucción de la infraestructura afectada por los ataques. 

En el municipio de Toribío, Cauca, el CICR entregó materiales para la reconstrucción de la infraestructura afectada por los ataques.
© CICR / J. Saldarriaga

Llovió todo ese fin de semana justo después de que varias casas del pueblo perdieran el techo por los ataques con artefactos explosivos. Más de 100 viviendas quedaron agrietadas, sin vidrios, con restos de metal de los explosivos que habían volado por el pueblo para ir a parar a las salas, cocinas y patios de Toribío. Otras tantas casas quedaron destruidas. Ocurrió en pleno día de mercado y fue el ataque más fuerte por parte de un grupo armado del que se acuerde este pueblo. Esta vez, causó profundos daños en las viviendas y heridas a sus habitantes.

“Desde el ataque, mi esposa hace cosas tan raras como meter la base de la licuadora en la nevera; desde que explotó la bomba en el parque, al frente de la casa, no es la misma persona”, comentó angustiado uno de los afectados. “Mi hijo de 5 años ya no quiere salir a caminar por el pueblo ni quiere ir a jugar al parque”, agregó otro.

Rápidamente, y ante las dificultades del Estado para atender una situación humanitaria de esa magnitud, el CICR hizo entrega de plásticos para cubrir los techos rotos; distribuyó mercados de emergencia y vendajes para atender unas 250 personas heridas. También entregó, unos días después, tejas y vidrios para ayudar a reparar las infraestructuras averiadas y coordinó con la Cruz Roja Colombiana la prestación de servicios psicológicos para la población.

Desplazamiento

 

© CICR / W. Krassowski / V-P-CO-E-00382H

La persona que se desplaza lo pierde todo, deja su casa y sus tierras, y tiene que reiniciar su vida en un lugar desconocido. La crisis humanitaria generada por el desplazamiento en Colombia es de inmensas proporciones, con un aumento de los casos en 2011.

El CICR, con apoyo de la Cruz Roja Colombiana (CRC), en 2011, atendió a unas 11.000 personas en 24 casos de desplazamiento masivo. También entregó alimentos, productos de higiene personal y artículos domésticos a cerca de 25.000 personas en casos de desplazamiento individual, y a más de 3.000 personas que viven en zonas afectadas por el conflicto armado y la violencia.

A la ayuda directa se sumó el apoyo a diez proyectos agropecuarios que contribuyeron a mejorar la situación alimentaria y económica de la población en cinco regiones del país: Guaviare, Nariño, Cauca, Caquetá y Putumayo. Estos proyectos beneficiaron a 4.340 personas de zonas apartadas.

 

 

 

 

Voces de las víctimas

"Lo más duro fue salir huyendo y dejar la casita propia"

 

© CICR / M.C. Rivera

“Perdimos todo, todo: la finca, el paradero de buses, las gallinas.  Teníamos incluso una estufa de leña de seis puestos.  Dejamos también dos mulas, un macho, un caballo; los cultivos de cebolla y de mora. Esto es muy duro. Ya llevamos un mes en la ciudad. Me vine sola con mis siete hijos. Un día, era domingo, llegaron unos hombres armados a la casa y nos dijeron: 'No le queremos hacer daño a usted, pero váyase, que sabemos que su marido es sapo'. A los ocho días volvieron y recibí además una notificación por escrito para que me fuera.  Ese día cogimos las cosas y salimos corriendo, cogimos lo que pudimos: lo que teníamos puesto, unas cuantas cobijas y tres muditas para el niño. Esto es muy duro porque uno está acostumbrado allá que a su cebolla, su tomate. Acá todo es comprado. Lo más duro fue tener que salir y dejar la casita propia, nosotros le pusimos luz y agua. Ahora no sé qué voy a hacer. Cuando el niño menor entre a la guardería será irme a planchar, a lavar, porque sin estudio ¿qué?”.

Testimonio de una mujer desplazada
a la ciudad con sus siete hijos

 

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Contaminación por armas

 

© CICR / B. Heger

Los artefactos explosivos improvisados y los restos explosivos de guerra afectan la vida cotidiana de muchos pobladores y generan víctimas directas que deben afrontar la pérdida de extremidades, incapacidades y el dolor de las heridas.

Más de 10.500 integrantes de comunidades y autoridades locales asistieron a 423 talleres de comportamientos seguros y derechos de las víctimas, organizados por el CICR y la Cruz Roja Colombiana.

En seis centros de rehabilitación física que reciben apoyo del CICR en forma de equipamiento y asesoría técnica, más de 26.819 personas discapacitadas, incluidas las víctimas de contaminación por armas, recibieron asistencia.

 

 

 

 

Voces de las víctimas

"Esta guerra no es nuestra" 

 

© CICR / P. Jequier

“En este sitio hemos vivido siempre porque acá están enterrados nuestros abuelos, bisabuelos y ancestros. Es un territorio sagrado y no queremos salir para otra parte porque somos los dueños.

La comunidad es muy unida, pero ya no hay tranquilidad para nuestro pueblo indígena porque otros están sembrando minas antipersonales por todas partes y también hay otros artefactos explosivos.

Queremos ir a recoger plátano, maíz, yuca o arroz, pero ya dentro de los cultivos hay minas y estamos en riesgo. La situación está mal, y por eso necesitamos que nos apoyen más.  Ojalá que el CICR nos siga visitando para no quedarnos solos con nuestros proyectos.  Es importante lo que nos han enseñado porque aprendemos poco a poco, y con los talleres entendemos mejor. Yo no conocía nada sobre las minas y gracias a ellos ahora sé algo sobre comportamientos seguros.

Los indígenas somos víctimas de la guerra de otros y no tenemos nada que ver con esto. Esta guerra no es nuestra. A nosotros lo que nos preocupa es criar a nuestros hijos, mantener a la familia y trabajar”.

José Vicente Domicó Pernia, Cabildo Mayor,
Río Verde - Alto Sinú, Tierralta (Córdoba)

Vea también:

Participación de menores en el conflicto

 

© CICR / B. Heger

La preocupación por cómo este serio problema afecta a los menores de edad no se limita al reclutamiento forzado, sino también a su utilización como guías o mensajeros, lo que los expone a un grave peligro.

El CICR facilitó el reencuentro de 35 menores con sus familias.

 

 

 

 

Voces de las víctimas

"A mi hijo se lo llevaron de la casa"

"A mi hijo se lo llevaron cuando apenas era un jovencito y ahora debería tener 27. Llegaron unos hombres armados a la finca y lo sacaron.

Durante este tiempo lo he visto muy poquito, cuando algunos vecinos me ayudaban a encontrarme con él a escondidas. La última vez que lo vi fue hace tres años y lo último que supe de él fue en 2010, cuando me hicieron una llamada en la que me decían que mi hijo había sido capturado. Hacía muchos años que él se había ido de la casa. Lo he buscado desde entonces pero nadie me da una razón".

Vea también:

Violencia sexual

 

© CICR / F. Pagetti

Las víctimas de este flagelo tienen dificultades para acceder a la atención inmediata y a un tratamiento médico que aborde las consecuencias físicas y que contribuya a la superación del trauma.

En 2011, 130 víctimas de violencia sexual en relación con el conflicto armado y otras situaciones de violencia recibieron atención médica y psicológica en el marco de un convenio institucional suscrito por el CICR con Profamilia y la Cruz Roja Colombiana. Asimismo, el CICR suministró ayuda consistente en alimentos y productos de higiene personal y artículos domésticos a 76 personas que se vieron obligadas a dejar sus hogares y comunidades tras ser víctimas de violencia sexual.

 

 

 

 

Voces de las víctimas

"Después de lo que me pasó tuvimos que irnos"

"Unos hombres armados entraron a mi casa, yo estaba sola con mi hijo de 10 años. Mi marido no estaba en ese momento. Ellos empezaron a acusarme de colaborar con los otros y me decían que tenía que hablar, me obligaban a decir cosas que yo no sabía. Luego entre tres de ellos me violaron.

Los otros no hacían nada, se quedaron mirando. Después de esto tuvimos que irnos. Caminamos doce horas con mi hijo, hasta llegar a la ciudad. El CICR nos brindó
ayuda.

Esto es muy duro, sigo teniendo pesadillas, pero lo importante es que estamos juntos y tratando con todas nuestras fuerzas de salir adelante”. 

Víctima de un caso de violencia sexual obligada a desplazarse

Salud y misión médica

 

© CICR / M.C. Rivera

La salud es un derecho al que muchas comunidades no tienen acceso: lejanía, escasez de médicos e infraestructura, dificultan la prestación de este servicio. Esta situación afecta también la atención de enfermos o heridos.

Gracias al despliegue de 10 unidades móviles de salud en Antioquia, Córdoba y Caquetá, más de 32.800 personas de áreas rurales se beneficiaron de los servicios médicos prestados por instituciones del Estado que llegaron al lugar acompañadas por el CICR. En cuatro casos en los que no fue posible garantizar el acceso seguro del personal nacional, el CICR desarrolló las jornadas de salud con su propio personal médico, atendiendo a más de 7.500 pacientes y vacunando contra enfermedades a más de 1.850 personas.

En casos graves, el CICR costeó el transporte y los gastos de hospedaje y de alimentación de 815 pobladores de zonas alejadas para que pudieran ser tratados por médicos especialistas.

El CICR evacuó de zonas de conflicto a 10 personas heridas en enfrentamientos o por artefactos explosivos improvisados y restos explosivos de guerra, y las condujo al hospital más cercano.
De igual manera, el CICR y la Cruz Roja Colombiana capacitaron a 1.291 personas en primeros auxilios comunitarios en 12 zonas del país.

 

 

 

 

 

Voces de las víctimas

"Es muy difícil cuando uno se enferma, acá no hay médicos"

 

 

© CICR / B. Heger

“Mi hijo tiene seis meses y lleva cuatro días de estar muy enfermo. Para llegar acá tuvimos que caminar una hora.  La promotora de salud dice que el niño tiene 39 de fiebre.  Le hicieron la prueba de gota gruesa para saber si tenía paludismo pero le salió negativa, y entonces nos toca ir al pueblo para que me digan qué tiene. ¿Cómo llegamos al pueblo? Pues toca pagar el pasaje de lancha, pero no todos los días pasa, sino que toca esperar a que amanezca y ver quién nos ayuda a sacarlo. 

Son cuatro horas hasta el pueblo.  En la vereda es muy difícil cuando uno se enferma, porque no hay médicos, ni puesto de salud, ni siquiera una promotora.  Cuando a alguien lo pica un alacrán, una culebra o una araña se puede curar con yerbas, pero para lo que tiene el niño, lo tiene que ver un doctor y que le mande medicinas”.

Alexa, pobladora de la zona rural del municipio Roberto Payán, Nariño

Vea también:

Aumentaron las infracciones contra personal de salud e infraestructura sanitaria

 

 

© CICR / B. Heger

En 2011, el CICR constató con suma preocupación el aumento de las amenazas y ataques contra el personal de salud y la infraestructura sanitaria en distintas regiones del país.  Mientras que en 2010 documentó 31 infracciones contra la misión médica, en 2011 esa cifra ascendió a 50, lo que representa un aumento de más del 60 por ciento. Además del aumento cuantitativo, preocupa al CICR la gravedad de los actos cometidos, por ejemplo, el asesinato de pacientes durante su traslado en ambulancias hacia los hospitales.

Las infracciones afectaron directamente al personal de salud y, en consecuencia, a la población residente, puesto que disminuyó o incluso cesó la atención médica que recibía. Los departamentos más afectados por la situación fueron Cauca, Norte de Santander, Arauca, Nariño y Antioquia.

Respuesta humanitaria

Con el fin de contribuir a disminuir la ocurrencia de este grave problema, el CICR mantuvo un diálogo constante con las distintas partes en conflicto para recordarles su obligación de respetar al personal de salud y la infraestructura sanitaria.

Además, el CICR y la Cruz Roja Colombiana capacitaron a más de 3.700 integrantes del personal de salud de zonas rurales sobre temas relacionados con el respeto a la misión médica y sus derechos y deberes. También impartieron formación sobre comportamientos seguros para disminuir su vulnerabilidad ante la violencia armada. De igual modo, se señalizaron con emblemas de la misión médica cuatro puestos de salud de zonas alejadas, a fin de aumentar la protección y mejorar la distinción de estas infraestructuras de carácter civil.

El CICR, la Cruz Roja Colombiana, el Ministerio de Salud y la Vicepresidencia de la República trabajan en diferentes zonas del país en el desarrollo de mecanismos que disminuyan la vulnerabilidad y aumenten la protección del personal de salud.

Servicios básicos

 

© CICR / C. von Toggenburg

Las comunidades que habitan las zonas más alejadas viven en medio de una difícil situación económica y social: la falta de infraestructura y de dotación dificultan el acceso a la educación, la salud, el agua, entre otros servicios básicos.

El CICR apoyó la construcción o adecuación de infraestructura comunitaria, como muelles o puestos de salud, que benefició de manera directa a más de 1.160 usuarios.
En materia de educación, contribuyó a la construcción o adecuación de internados, aulas, restaurantes escolares y baterías sanitarias que beneficiaron a más de 1.980 niños en 14 escuelas de 10 municipios del país.

También facilitó el acceso a agua apta para el consumo humano y el saneamiento básico para 6.000 pobladores de zonas aisladas mediante la entrega de suministros como tanques de almacenamiento, filtros de agua y tuberías.

Para apoyar a comunidades desplazadas, se desarrollaron proyectos de agua, saneamiento básico y hábitat de emergencia que favorecieron a más de 2.600 personas, principalmente en Nariño, Cauca, Valle y Córdoba.

Vea también:

Personas privadas de libertad: grupos armados

 

© CICR / C. von Toggenburg

El CICR facilita la liberación de personas en poder de grupos armados actuando como intermediario neutral y coordinando la logística de las operaciones de liberación. También brinda acompañamiento psicológico a los familiares de estas personas.

En febrero de 2011, el CICR facilitó la liberación de cinco miembros de la Fuerza Pública y de dos civiles que se encontraban en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).
Asimismo, facilitó la liberación de un civil que se encontraba en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Chocó. También contribuyó a la liberación de una menor de edad en el departamento de Arauca.

 

Vea también:

Personas privadas de libertad: centros de reclusión del Estado

 

© CICR / C. von Toggenburg

El CICR visita más de 70 centros penitenciarios del país para verificar que las condiciones de detención sean acordes con las normas del DIH y de otros estándares mínimos. Los hallazgos de estas visitas son compartidos de manera confidencial con las autoridades buscando mejorar la situación de los detenidos.

Más de 4.700 detenidos a causa del conflicto y la violencia armada recibieron visitas regulares del CICR en 71 cárceles de Colombia. La situación de 2.700 de estos detenidos fue seguida de manera individual. Más de 20 intervenciones escritas y más de 170 orales fueron presentadas a las autoridades con el fin de mejorar la situación de las personas detenidas. Muchas de estas fueron implementadas.
Con el fin de que las personas detenidas no pierdan el contacto con sus seres queridos, el CICR transmitió mensajes Cruz Roja a 32 detenidos, que les permitieron recibir noticias de sus familias.

Igualmente, más de 1.740 personas recibieron las visitas de sus familiares gracias al apoyo financiero del CICR y el acompañamiento de la Cruz Roja Colombiana.

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