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Los Gobiernos reconocen la obligación de controlar a las empresas militares y de seguridad privadas

19-09-2008 Reportaje

En una reunión celebrada en la ciudad de Montreux, Suiza, se reafirmaron las obligaciones de los Estados en relación con las empresas militares y de seguridad privadas en zonas de guerra. En dos puntos clave del documento aprobado por 17 países, se establece que el hecho de delegar tareas a un contratista no libera a los Estados de sus responsabilidades, y que los Gobiernos no deberían permitir la participación de contratistas en operaciones de combate.

 En el documento de Montreux se reafirma la obligación de los Estados de velar por que las empresas militares y de seguridad privadas que operan en conflictos armados respeten el derecho internacional humanitario (DIH) y el derecho de los derechos humanos. Por otra parte, el documento contiene unas setenta recomendaciones, derivadas de las mejores prácticas de los Estados, por ejemplo verificar los antecedentes de las empresas y examinar los procedimientos que utilizan para investigar a los miembros de su personal. También se recomienda que los Estados adopten medidas concretas para garantizar que los miembros del personal de las empresas militares y de seguridad privadas puedan ser sometidos a juicio en caso de que cometan infracciones graves del DIH.

" Idealmente, los Estados no deberían encargar a los contratistas privados que participen activamente en las operaciones de combate " , dijo Philip Spoerri, director de Derecho Internacional del CICR. " En los conflictos armados, las funciones de combate deben permanecer dentro del ámbito de responsabilidad de los Gobiernos y no se deben externalizar a contratistas privados " . 

Hasta ahora, 17 países (Afganistán, Alemania, Angola, Australia, Austria, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Irak, Polonia, Reino Unido, Sierra Leona, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Ucrania) han adoptado el documento de Montreux, así denominado por la ciudad suiza a orillas del lago de Ginebra donde se reunieron los expertos gubernamentales del 15 al 17 de septiembre de 2008 para examinar la forma de mejorar la regulación de los contratistas militares y de seguridad privados. El Departamento de Asuntos Exteriores de Suiza lanzó esta iniciativa en 2006, y el CICR se asoció estrechamente a ella desde un principio. Durante el proceso, se realizaron frecuentes consultas con el sector de las empresas militares y de seguridad privadas, así como con diversas ONG.

Paul Seger, asesor jurídico del Departamento suizo de Asuntos Exteriores, destacó que el objetivo de la iniciativa suiza era puramente humanitario. " Deseábamos corregir la percepción de que, cuando los Estados subcontratan tareas militares o de seguridad a empresas privadas, se producen situaciones de vacío jurídico. Por el contrario, en situaciones de conflicto armado, el DIH se aplica tanto al Estado como al contratista privado " , dijo el Sr. Seger. " Es muy importante que las medidas administrativas y jurídicas recomendadas en el documento sean ahora puestas en práctica por los países que lo apoyan " . Suiza alienta a otros Estados a sumarse a la iniciativa.

El CICR subrayó los beneficios del documento de Montreux para los países y para las personas afectadas por los conflictos armados. " El documento constituye una excelente base a partir de la cual el CICR podrá debatir cuestiones de índole humanitaria con todos los países donde operan empresas militares y de seguridad privadas, o donde esas firmas tienen su base " , señaló el Sr. Spoerri. " Sus recomendaciones, de carácter muy práctico, serán especialmente útiles para los Estados que tienen gobiernos débiles o que afrontan las repercusiones de un conflicto armado, pero que tienen interés en reglamentar el accionar de esas compañías en su territorio " .