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Necesidad de una política de búsqueda de personas desaparecidas en el Perú

09-11-2012 Entrevista

En el marco del Seminario “Análisis y propuestas sobre políticas de Estado para la búsqueda de personas desaparecidas”, organizado por la Mesa de trabajo en acompañamiento psicosocial y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, se discutió sobre la necesidad de agilizar la búsqueda de personas desaparecidas durante la violencia armada ocurrida en el Perú (1980 -2000). El resultado: consenso entre autoridades y organizaciones sobre la necesidad de que el Estado implemente una política de búsqueda.

Tras más de 20 años de incansable búsqueda, miles de familiares aún guardan la esperanza de encontrar a sus seres queridos. El camino no ha sido fácil, debido a la falta de consenso y unidad entre las instituciones involucradas en el tema. Ahora, se abren las puertas a una nueva etapa en la búsqueda de las personas desaparecidas y la descoordinación puede ser cosa del pasado.

En la siguiente entrevista, Rafael Barrantes, responsable del Programa de Personas Desaparecidas del CICR en el Perú, nos cuenta los detalles en la iniciativa surgida durante el seminario.

¿Cuál es la evolución en la búsqueda de los desaparecidos del conflicto armado interno? ¿Hace 10 años cuál era la situación y cómo es ahora?

Las investigaciones se iniciaron propiamente en el año 2002. Mientras que el Instituto de Medicina Legal (IML) recuperó ese año solo 77 personas, hoy logra recuperar anualmente alrededor de 500 restos, aunque su éxito de identificación es de la mitad. Eso se explica por el aumento de los recursos humanos y materiales: hoy hay más fiscales, forenses, infraestructura y recursos que el 2002, pero aun así no son suficientes y los retos son más grandes que los avances. Lamentablemente, sin embargo, se sigue trabajando únicamente sobre los casos denunciados y no los de 15 mil desaparecidos, y eso impide que se tengan más avances.

De otro lado, recién desde abril de este año, el sector salud cuenta con un Documento Técnico de Lineamientos para el Acompañamiento Psicosocial a Familiares en Procesos de Búsqueda. Hace un año no se contaba con instrucciones así de claras para el personal de salud; el reto ahora es implementarlo.

¿Cuál es la respuesta y la aproximación de los sectores involucrados? Por ejemplo, en el seminario participaron casi todas las instituciones, cosa que no ocurría en eventos pasados sobre el mismo tema.

En el seminario estuvieron todos los actores que debían estar: el Ministerio Público, las instituciones forenses de la sociedad civil; la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Reparaciones. Participaron diversas instituciones de salud mental, desde la Dirección Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud, hasta las ONG de salud mental, además de representantes de las estrategias de salud mental de diversas regiones del país. También estuvieron el Ministerio de Justicia y diversas organizaciones de familiares, el Poder Judicial, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, etc.

En suma, todos juntos llegaron a la misma conclusión, más allá de las distintas funciones que realizan: reconocieron, primero, que la búsqueda no es un tema exclusivamente forense, que involucra a distintos sectores del Estado y la sociedad en general, y que no pueden seguir trabajando por separado, porque la problemática los rebasa. Todos coincidieron en que se requiere de una política de Estado, de una oficina especializada que desde el Poder Ejecutivo organice y coordine las acciones de todos los involucrados, y que ésta debe crearse a través de una Ley para darle sostenibilidad en el tiempo.

¿Cuáles son los obstáculos para lograr un mejor avance en la búsqueda de personas desaparecidas?

Además de la falta de una política que coordine, centralice y organice el trabajo que ahora se hace de manera dispersa, los retos son varios: falta recursos humanos y materiales, tanto para la búsqueda forense como para el acompañamiento y orientación a los familiares; falta una estrategia de investigación a escala adecuada a la complejidad y dimensión del problema; faltan protocolos y procedimientos unificados tanto para la investigación forense como para el acompañamiento a los familiares; faltan mecanismos para compartir la información que producen instituciones de la sociedad civil y del mismo Estado, como las fichas antemortem, los registros de sitios de entierro, las muestras de ADN, la información del Registro Único de Víctimas, que es muy útil para la reconstrucción de contextos; falta mejorar también la gestión del sector salud, que no está gastando todo lo que presupuesta; faltan instrucciones claras tanto para los fiscales y forenses como para el personal de salud sobre la forma en que tienen que realizar su trabajo; también debe mejorarse la adecuación intercultural de las intervenciones, pues la mayoría de los familiares tienen como lengua materna una distinta al castellano, y muchas otras cosas más.

¿Cuáles son las necesidades para este fin?

Esa pregunta se respondió durante el seminario: hace falta una política de Estado. Una institución o entidad que se haga cargo de organizar la búsqueda en general, considerando sus distintos aspectos. La discusión en el seminario se centró en las funciones que debería tener esa entidad mencionada, no para disolver las acciones que el Estado ya viene realizando, sino fortalecerlas y coordinarlas entre sí.

Acá hay que entender que la desaparición ha afectado duramente a los familiares a nivel emocional. Hay un estudio del Instituto de Salud Mental que demuestra que los familiares de personas muertas y desaparecidas durante la violencia tienen afecciones psiquiátricas, de ansiedad y depresión mucho mayores que quienes no han tenido una pérdida similar. Otros estudios han demostrado que los familiares de personas desaparecidas que vivieron la desaparición durante su niñez temprana han visto reducida su capacidad productiva, respecto de quienes no vivieron lo mismo. Estamos hablando de la salud mental de miles de peruanos; la primera necesidad entonces es reconocer que no se trata de un problema privado, sino de interés público.

En el Perú, el CICR tiene como prioridad promover acciones destinadas a dar respuestas a las necesidades de los familiares de personas desaparecidas. Por ello cumple diversos papeles:

  • facilita la coordinación entre distintas instituciones y sectores, como la realización de las reuniones de la Mesa de Trabajo en Acompañamiento Psicosocial, conformada por organizaciones de la sociedad civil y el Estado
  • facilita la coordinación entre las instituciones forenses del Estado y la sociedad civil sobre asuntos puntuales, como la creación de protocolos unificados o de consensos sobre el lugar de la genética forense en el proceso de búsqueda
  • brinda apoyo técnico, como la donación de un software para cruzar información, recolección de fichas antemortem; capacitación y asesoría técnica al Instituto de Medicina Legal.
  • junto con la ONG REDINFA, capacita en acompañamiento psicosocial a personal de salud de primer y segundo nivel.
  • trabaja con asociaciones de familiares para que puedan desarrollar capacidades de expresar sus necesidades y dar servicios a sus socios

El CICR brega por el mantenimiento del problema en la agenda pública. Para que nadie se olvide de los miles de familiares que siguen viviendo hace ya décadas en medio de la incertidumbre y el desconsuelo.


Fotos

Rafael Barrantes, representante del CICR en intercambio cotidiano con los familiares de personas desaparecidas en el Perú. 

Rafael Barrantes, representante del CICR en intercambio cotidiano con los familiares de personas desaparecidas en el Perú.
© CICR / M. García Burgos

José Ávila Herrera, viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia; José Peláez Bardales, fiscal de la Nación; Marisol Pérez Tello, congresista de la República; Cédric Schweizer, jefe de delegación del CICR; Carlos Bromley Coloma, representante del Ministerio de Salud. 

José Ávila Herrera, viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia; José Peláez Bardales, fiscal de la Nación; Marisol Pérez Tello, congresista de la República; Cédric Schweizer, jefe de delegación del CICR; Carlos Bromley Coloma, representante del Ministerio de Salud.
© CICR / K. Navarro

Instituto de Medicina legal (Ayacucho). El CICR acompaña a los familiares de personas desaparecidas a recibir los restos mortales de sus familiares. 

Instituto de Medicina legal (Ayacucho). El CICR acompaña a los familiares de personas desaparecidas a recibir los restos mortales de sus familiares.
© CICR / J. Atauje