El uso de los drones armados debe estar sujeto a la ley

¿Son lícitas estas armas? ¿Son compatibles con la obligación de ejercer un cuidado constante de preservar a la población civil? En caso de posibles infracciones de la ley, ¿a quién se atribuye la responsabilidad?  El Sr. Peter Maurer, presidente del CICR, examina los retos que plantea esta situación y señala la necesidad de que los Estados evalúen las consecuencias humanitarias que dimanan de las nuevas tecnologías y armas antes de proceder a su desarrollo o despliegue.

¿Son lícitos los drones armados?

En el marco del derecho internacional humanitario -las leyes de la guerra, es decir, el  conjunto de disposiciones que rigen los conflictos armados- los drones no están expresamente prohibidos ni se considera que su índole sea inherentemente discriminatoria o pérfida. En este sentido, no son diferentes de las armas que se disparan desde aeronaves tripuladas como los helicópteros u otras aeronaves de combate. Sin embargo, es importante señalar que, si bien los drones no son ilícitos en sí mismos, su uso está sujeto al derecho internacional.

Cabe señalar que no todos los drones portan armas y se utilizan para combatir. Los drones de vigilancia no llevan armas y pueden utilizarse para numerosos fines civiles. Por ejemplo, pueden ayudar a detectar incendios y de ese modo salvar vidas. Pueden también utilizarse para recopilar información esencial para el personal de socorro que actúa en zonas afectadas por desastres naturales. En el futuro, es posible que los drones también ayuden a distribuir socorros de emergencia en zonas distantes. En realidad, la mayoría de los drones militares no llevan armas y se utilizan con fines de vigilancia, en particular para transmitir información sobre la ubicación e identificación de objetivos enemigos.

No obstante, el debate actual se relaciona mayormente con el uso de drones armados en operaciones de combate, como sucede en Afganistán, Gaza o Yemen, por ejemplo. Los partidarios de los drones aducen que el uso de estas aeronaves mejora la precisión de los ataques, lo que reduce el número de víctimas y causa menos daños materiales. Sin embargo, también se ha afirmado que, en numerosas ocasiones, los ataques con drones han matado o lesionado erróneamente a personas civiles.  

¿Qué dice la ley acerca de los drones?

Los tratados de armas y demás instrumentos jurídicos del derecho internacional humanitario no se refieren expresamente a los drones. Sin embargo, está claro que el uso en conflictos armados de cualquier sistema de armamento, incluidos los drones, está sujeto a las normas del derecho internacional humanitario. Esto significa, entre otras cosas, que al utilizar drones, las partes en un conflicto siempre deben distinguir entre combatientes y civiles y entre objetivos militares y bienes de carácter civil. Deben tomar todas las precauciones factibles para preservar a los civiles y la infraestructura, y deben suspender o cancelar un ataque cuando sea de prever que cause incidentalmente daños a personas civiles o a bienes de carácter civil que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. Del mismo modo, los drones no deben en modo alguno utilizarse para transportar armas prohibidas, como agentes químicos o biológicos. Por otra parte, desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, se ha de dar preferencia a las armas que permiten mejorar la precisión de los ataques y ayudan a evitar o a reducir las pérdidas incidentales de vidas civiles, las lesiones a civiles o los daños a bienes de carácter civil. Que el empleo de drones armados realmente ofrezca estas ventajas dependerá del contexto. Esta cuestión es objeto de debate debido, entre otras cosas, a la falta de información sobre los efectos de la mayoría de los ataques efectuados con drones.

Si los drones se utilizan en situaciones en las que no hay un conflicto armado, no se aplica el derecho internacional humanitario sino la legislación nacional y el derecho internacional de los derechos humanos, en particular sus normas sobre el mantenimiento del orden.

¿Esto significa que el uso de drones es lícito en todas las situaciones?

La respuesta depende del ordenamiento jurídico que se aplique a cada caso particular y por ende, de las normas que se han de observar. Es imprescindible evaluar cada situación particular en su contexto. La pregunta de si una situación determinada equivale a un conflicto armado y por ende exige la aplicación de las leyes de la guerra puede dar lugar a discrepancias, incluso entre el CICR y algunos Estados. Los límites entre los diferentes tipos de situaciones de violencia se vienen difuminando cada vez más. El ámbito geográfico de la aplicación del derecho internacional humanitario es ahora tema de debate. Es importante que sigamos analizando esta cuestión pero, en nuestra opinión, no hay una fórmula única para estas situaciones. El CICR adopta un enfoque caso por caso para determinar qué ordenamiento jurídico se aplica a cuál situación de violencia y, por consiguiente, cuáles son las normas que se deben observar. Estas normas determinan la licitud del uso de drones en un contexto determinado. Por lo general, el CICR empieza por comunicar los resultados de sus análisis a los Estados y a las otras partes en el conflicto.

Los drones no sólo matan. ¿Qué puede decirme acerca de las consecuencias psicológicas que al parecer causan a la población al sobrevolar un lugar durante horas o días enteros?

El posible impacto psicológico de los drones es una preocupación que el CICR comparte con otras organizaciones humanitarias. ¿Cuál es el nivel de estrés causado por los drones? ¿Cuáles son las consecuencias que su constante presencia en el cielo causa en la salud mental de la población que vive en la zona? Lamentablemente, no siempre se dispone de información de primera mano sobre esta cuestión, sobre todo cuando se utilizan drones en zonas donde las limitaciones en materia de seguridad no permiten realizar una evaluación independiente y exhaustiva de su impacto. Pese a esta dificultad, nos esforzamos por evaluar sus efectos y determinar si el empleo de drones puede infringir el derecho internacional humanitario, como lo haríamos en el caso de cualquier otra arma. En los lugares donde podemos recopilar información, procuramos plantear la cuestión, junto con otras preocupaciones de índole humanitaria, en forma bilateral ante las autoridades interesadas, con miras a reducir los sufrimientos humanos.

¿Quiénes pueden ser objeto de ataques de conformidad con el derecho internacional humanitario?

De conformidad con el derecho internacional humanitario, en los conflictos armados está permitido utilizar la fuerza letal contra los combatientes y contra los civiles que participan directamente en las hostilidades.

Lo que es mucho más complejo es la situación que se plantea cuando una persona participa directamente en las hostilidades desde el territorio de un Estado no beligerante o se traslada al territorio de un Estado no beligerante tras haber participado en un conflicto armado. La cuestión es si puede utilizarse lícitamente la fuerza letal contra esa persona y en qué marco jurídico. Las opiniones al respecto son ampliamente divergentes. El CICR sostiene que el derecho internacional humanitario no se aplicaría a esta situación, lo que significa que, conforme a las leyes de la guerra, esta persona no podría ser objeto de ataques lícitos. Afirmar lo contrario equivaldría a postular que el mundo entero es un potencial campo de batalla y que las personas que se desplazan por el mundo podrían constituir objetivos legítimos de conformidad con el derecho internacional humanitario, sin importar dónde se encuentren. Obviamente, puede atribuirse a la persona en cuestión responsabilidad por sus actos y, en nuestra opinión, se aplicaría el derecho de los derechos humanos al uso de la fuerza que fuere necesario aplicar.

Los operadores de drones pueden estar físicamente ausentes del campo de batalla. Entonces, ¿quién es responsable? ¿Puede atribuirse a los operadores de drones responsabilidad en el marco del derecho internacional humanitario?

Aunque los operadores de sistemas de armas controladas a distancia, como los drones, pueden hallarse lejos del campo de batalla, son quienes operan el sistema, identifican el objetivo y disparan los misiles. Por lo general, operan bajo un mando responsable; por consiguiente, de conformidad con el derecho internacional humanitario, los operadores de drones y su cadena de mando son responsables de lo que ocurra. El hecho de que estén a cientos de kilómetros del campo de batalla no los exime de sus responsabilidades, entre ellas la obligación de aplicar los principios de distinción y proporcionalidad y la de tomar todas las precauciones necesarias en el ataque. Así pues, los operadores de drones no son diferentes de los pilotos de aeronaves tripuladas -como los helicópteros u otras aeronaves de combate- en lo que respecta a su obligación de respetar el derecho internacional humanitario y, del mismo modo, también pueden ser objeto de ataques lícitos conforme a las normas del derecho internacional humanitario.

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