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Hacer que las compañías militares y de seguridad privadas respeten el derecho

19-10-2006 Entrevista

La externalización de las actividades militares y de seguridad mediante la contratación de compañías privadas es un hecho cada vez más frecuente que plantea cuestiones sobre cuáles son las normas que regulan el comportamiento de estas empresas en situaciones de conflicto. La asesora jurídica del CICR, Cordula Droege, comenta una iniciativa del Gobierno suizo para promover el respeto del derecho internacional humanitario y proponer algunas medidas con las cuales abordar esta cuestión.

  ¿Cómo surgió la iniciativa suiza sobre las empresas militares y de seguridad privadas?  

La idea surgió del Departamento Federal de Asuntos Exteriores Suizo. Dada la presencia cada vez mayor de las empresas militares y de seguridad privadas (EMP/ESP) en países donde tiene lugar un conflicto armado, incluida la ocupación, el Departamente Federal de Asuntos Exteriores pensó que sería útil entablar un proceso de diálogo y reflexión entre los Estados acerca de las normas jurídicas aplicables.

Este proceso señalaría también las medidas que los Estados podrían adoptar para promover el respeto del derecho internacional humanitario (DIH) y los instrumentos de derechos humanos por parte de estas empresas, cuya presencia en este ámbito es relativamente reciente. Es grato al CICR participar en este proyecto.

  ¿A quién atañe la iniciativa y cuáles son sus objetivos?  

Ésta es una iniciativa de un Estado dirigida a los Estados, aunque los representantes de la industria pueden hacer una contribución importantísima, por eso también han sido consultados, así como un reducido número de expertos.

Obviamente, incumbe a los Estados decidir cómo van a proceder. Nosotros quisiéramos que, como mínimo, se confirmen y reconozcan plenamente las responsabilidades de los Estados, de las EMP/ESP y de su personal, de conformidad con el derecho internacional.

También sería muy útil que se elabore un documento que sirva de orientación a los Estados en sus relaciones con las EMP/ESP. En dicho docum ento se podrían sugerir medidas, basadas en prácticas idóneas, que los Estados podrían adoptar para fomentar un mayor respeto del DIH y de los derechos humanos, bien al contratar a las EMP/ESP, bien cuando estas empresas operen en su territorio, o cuando las EMP/ESP con sede en su territorio exporten servicios militares y de seguridad al extranjero.

En este documento se podría plantear la posibilidad de aprobar un marco normativo nacional por el que se proporcione una base jurídica sólida para abordar la cuestión.

  ¿Cuáles son los pasos siguientes?  

En enero de 2006, se celebraron dos reuniones intergubernamentales en las que se reunieron expertos de Estados con experiencia en este ámbito, así como un pequeño grupo de representantes de la industria y otros expertos. Las reacciones fueron muy positivas y los participantes alentaron a Suiza a proseguir con la iniciativa.

Una tercera reunión intergubernamental está prevista para abril de 2008 a fin de discutir el marco legal existente que rige las actividades de las compañías militares y de seguridad privadas y las responsabilidades de los estados al respecto, así como para realizar recomendaciones a los Estados acerca de cómo implementar en la práctica sus responsabilidades. Suiza aspira a concluir el proceso hacia el final de 2008.

Una cosa es segura: habida cuenta de la probabilidad de que continúe, o incluso aumente, la presencia de las EMP/ESP en las zonas de conflicto, ha llegado el momento de empezar a actuar para que se aprueben medidas normativas.

  ¿Qué normas son aplicables? ¿Son adecuadas?  

Los periodistas, incluso los expertos, suelen afirmar que hay un vacío jurídico por lo que respecta a las EMP/ESP. Para el CICR, en cambio, está claro que en situaciones de conflicto armado sí existe una rama del derecho aplicable, concretamente el DIH, que rige tanto las actividades del personal de las EMP/ESP, como las responsabilidades de los Estados que las contratan.

El derecho también impone obligaciones a los Gobiernos de los países en los que están registradas o se han constituido dichas empresas, así como a los países donde operan.

En caso de infracciones del DIH, la responsabilidad jurídica del personal de las EMP/ESP y de los Estados que las contratan está bastante clara; aunque han surgido algunas dificultades prácticas para incoar procesos judiciales cuando se han cometido violaciones.

Hay ámbitos donde el derecho es insuficiente: el del control nacional o internacional de los servicios que pueden prestar las EMP/ESP y el de los procesos administrativos, si los hay, que las empresas deben respetar para que se les permita operar. No hay un marco normativo internacional que se centre específicamente en esta industria y en sus actividades.

Sólo unos pocos Estados han aprobado una legislación por la que se establecen concretamente los procedimientos que han de aplicar las EMP/ESP con sede en su territorio, a fin de obtener la autorización para operar en el extranjero (Sudáfrica), o por la que se regule el funcionamiento de las empresas que operan en el respectivo territorio (Irak, Sierra Leona).

Por último, no debemos olvidar que la ley también está hecha para proteger al personal de estas empresas, aunque con algunas condiciones. La protección a la que tienen derecho dependerá del tipo de actividad que desempeñen.

  Esta iniciativa, ¿no refleja más bien el deseo de los abogados de regularlo todo?  

¡En absoluto! Las EMP/ESP intervienen cada vez más en situaciones que les ponen en con tacto directo con personas vulnerables que están protegidas por los Convenios de Ginebra, como, por ejemplo, en Irak. Es, pues, fundamental que conozcan y respeten el derecho; de hecho algunas EMP/ESP han pedido que se aclaren las normas y el derecho, y han acogido favorablemente esta iniciativa. Reitero: la iniciativa no pretende introducir nuevas normas sino reafirmar el derecho internacional existente y dar a los Estados una orientación en sus relaciones con las EMP/ESP.