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Opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares

31-01-1997 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Yves Sandoz

  Observaciones preliminares de Yves Sandoz, director, Dirección de Derecho Internacional y Doctrina, Comité Internacional de la Cruz Roja  

Hay cuestiones que es preferible no plantear: la licitud del empleo de armas nucleares en la guerra no es una de ellas.

Con la aparición y el desarrollo del arma nuclear, comienza una etapa en la historia de considerable importancia: por primera vez, el hombre dispone de medios que ponen en peligro la supervivencia de la humanidad. Su empleo en Hiroshima y Nagasaki causó un profundo choque moral y modificó la problemática de la guerra. El CICR comprendió inmediatamente el alcance de estos acontecimientos y, con el deseo de compartir las preocupaciones de la Institución, el entonces presidente del CICR, Max Huber, dirigió una circular a las Sociedades Nacionales el 5 de septiembre de 1945, es decir, menos de un mes después de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki [1 ] .

Cuando las grandes potencias militares pudieron disponer también del arma nuclear, dejó de ser el arma «absoluta» en poder de una sola potencia, para ser el arma de disuasión mutua. El arma nuclear ha permitido evitar los enfrentamientos directos entre las grandes potencias. Sin embargo, no ha impedido el desencadenamiento de muchísimos conflictos en los que las principales víctimas han sido las personas civiles.

Así pues, era necesario reconsiderar y desarrollar el derecho internacional humanitario. Al hacerlo, no había razones válidas para pasar por alto la cuestión de los medios de combate cuyos efectos indiscriminados no permiten hacer la distinción entre los combatientes y la población civil, esencial en el derecho internacional humanitario. Ahora bien, ¿cómo abordar esta cuestión sin examinar la relativa al empleo de armas nucleares?

En realidad, el Proyecto de normas para limitar los riesgos que corre la población civil en tiempo de guerra, presentado, en 1956, por el CICR, fue rechazado porque la Institución consideraba, precisamente, que tenía que enfrentarse a la cuestión de las armas nucleares. Ante este fracaso y la necesidad de esas normas a causa de la situación internacional, el CICR prefirió eludir la cuestión de las armas nucleares cuando preparó los Protocolos adicionales que, finalmente, fueron aprobados en 1977 por consenso. La Comisión ad hoc de la Conferencia Internacional que examinó la cuestión de las armas dijo que, “las armas nucleares y otras armas de destrucción masiva son, por supuesto, las más mortíferas”. Pero la mayoría de los miembros de esta Comisión aceptó limitar los trabajos de ésta a las armas clásicas porque “las armas nucleares en particular tienen una función especial, que es la de desalentar el desencadenamiento de un conflicto armado de gran envergadura entre algunas potencias nucleares” [2 ] .

La relación entre los Protocolos de 1977 y el derecho internacional humanitario no está, pues, exenta de ambigüedades: no se puede, razonablemente, excluir del ámbito de aplicación del derecho internacional humanitario el arma que podría ser la más mortífera, pero tampoco se puede querer resolver mediante este derecho una cuestión de equilibrio estratégico que, claramente, es ajena al mismo.

De ahí la dificultad con que tropezaron, por una parte, el CICR cuando hizo el comentario de los Protocolos de 1977 y, por otra, la Corte Internacional de Justicia cuando se solicitó su opinión. De ahí también nuestro interrogante inicial.

Pero la cuestión fue planteada y tanto la opinión de la Corte como las explicaciones, los dictámenes disidentes y los alegatos acerca de esa ocasión han permitido hacer acopio de muy útiles elementos para la comprensión del problema en general y del derecho internacional humanitario en particular. En esto reside el interés de dedicar a la cuestión buena parte de este número de la Revista.  

     

Además de los análisis al respecto, consideramos necesario poner de relieve un elemento que, quizás, no se deduce de los debates y que debería permitir eludir «malas» querellas jurídicas. En el fondo, nadie desea que se empleen las armas nucleares y todos sabemos que esto sería una catástrofe para la humanidad. Si los partidarios de la disuasión nuclear quieren dejar a toda costa una puerta abierta para este empleo, es precisamente para reforzar la credibilidad de dicha disuasión porque, según ellos, es el mejor medio para evitar que el arma nuclear sea utilizada en la práctica. Lo mismo quieren los que opinan que sería preferible prohibir sin ambigüedades el arma nuclear mediante un tratado internacional. Hay divergencias con respecto al análisis y a la estrategia, no con respecto a la finalidad.

Por esa razón, tanto la Opinión de la Corte como el Comentario del CICR se remiten a la responsabilidad política de los Estados. No podemos juzgar la fiabilidad de las políticas de defensa basadas en la disuasión nuclear, ni tenemos la competencia para hacerlo. Pero está claro que la divulgación de la tecnología nuclear pondrá un día en tela de juicio dichas políticas, en un plazo que no intentaremos fijar. La preparación de un tratado de prohibición general, probablemente relacionado con el desarme nuclear, será entonces de nuevo una cuestión de actualidad. Confiemos en que los Estados y, más especialmente, las potencias nucleares, no pierdan esa oportunidad. De hecho, no hay o tra opción. No debe emplearse nunca más el arma nuclear: es su responsabilidad y lo saben.

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  Notas:  

  1. Reproducida en RICR, n° 136, julio-agosto de 1996, pp. 538-539.

  2. Véase Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (red), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 8 août 1949 , Ginebra, CICR/Martinus Nijhoff Publishers, 1986, pp. 602/3 (párr. 1849).




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