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El CICR, mediador humanitario en el conflicto colombiano: Posibilidades y límites

30-06-1998 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Thomas Jenatsch

  Colombia es un país asolado por un conflicto olvidado. Considerablemente desatendido por los medios de información internacionales, hace casi cuarenta años que allí se lucha, con las armas, por el poder. Los últimos años, el CICR ha reforzado su presencia allí, siendo, hoy, la delegación de Bogotá la mayor de América Latina.
 

  En este artículo intentaré describir los desafíos con los que actualmente se enfrenta el CICR: ¿cuáles son las posibilidades y los límites de su cometido? ¿Hay resultados visibles? Con ejemplos reales deseo mostrar dónde, cómo y en qué condiciones puede el CICR contribuir, como intermediario, a agravar o a resolver los problemas de índole humanitaria. Este texto, que estimula de forma crítica y personal el debate, es obra de un delegado del CICR que reside, desde febrero de 1996, en la costa atlántica colombiana.  

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  Lo más grave de todo es que hemos aprendido a vivir con la violencia.  

Gabriel García Márquez

  El drama de los 70 soldados hechos prisioneros y puestos en libertad  

 
Los cinco helicópteros rusos de transporte levantaban mucho polvo cuando, el 15 de junio de 1997, depositaban en Cartagena de Chairá su valiosa carga: 70 soldados de las fuerzas armadas gubernamentales, apresados por la guerrilla tras haber perdido un combate, nueve meses y medio antes. Con el espectacular aterrizaje en la selva comenzaba su libertad y finalizaba, asimismo, un trágico episodio de guerra, que había humillado a los altos mandos militares y había tenido a todo el país en ascuas. Tanto mayor fue la alegría cuando los 70 soldados, dados por desaparecidos, pudieron finalmente abrazar a la respectiva madre y toda Colombia pudo abrigar, durante algunos instantes, le dulce ilusión de una paz cercana. En presencia de observadores internacionales y de incontables periodistas, los jefes de la guerrilla concluyeron con un patético festejo la entrega de los soldados al CICR. Luego, éstos volvieron a subir a los helicópteros. En compañía de un delegado del CICR y de un miembro de la Comisión Nacional de Conciliación fueron trasladados a la cercana base militar de Larandia, donde la jefatura del ejército les dispensó un recibimiento digno de un jefe de Estado con música de marcha y con un bufé.

El paso de los 70 soldados del cautiverio, en poder de la guerrilla, a manos del ejército coronó la, sin duda, importante acción humanitaria en la que había participado el CICR en Colombia.

La Institución ginebrina puso allí a disposición medios de comunicación e infraestructura, acompañó a los helicópteros hasta los puntos de recogida de los soldados en la selva, prestó la primera asistencia médica, se ocupó del traslado y del alojamiento de los parientes de los soldados y coordinó, en colaboración con la Cruz Roja Colombiana y con la Comisión Nacional de Conciliación, una costosa operación en la que, aparte del tiempo, nada fue dejado al azar. En la tarde del 15 de junio, mientras limpiaba sus botas embarradas, encendía su pipa y pasaba nuevamente revista en la televisión a la reciente experiencia vivida, el rostro del jefe de delegación, Pierre Gassmann, reflejaba alivio y satisfacción.

Con anterioridad al acontecimiento de Cartagena de Chairá, había tenido lugar un difícil proceso de acercamiento entre el Gobierno y la guerrilla, proceso que había durado nueve meses y medio y en el que el CICR participó desde el primer momento. Pero volvamos atrás. El 2 de septiembre de 1996, tres días después de que la guerrilla atacara por sorpresa la base militar de Las Delicias, en la cuenca del Amazonas, el CICR recibió confirmación por radio de que 60 soldados habían sobrevivido tras el asalto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En su primera comunicación radiofónica, la guerrilla calificaba a los 60 soldados de «prisioneros de guerra», términos que inmediatamente suscitaron la polémica. Según el derecho internacional, sólo hay prisioneros de guerra en un conflicto armado internacional, pero no en un conflicto interno. Asimismo, las FARC se comprometieron a respetar los derechos de los soldados gubernamentales capturados, de conformidad con las disposiciones del derecho internacional humanitario. Instaban al Gobierno a crear una comisión integrada por personalidades nacionales e internacionales a la que se haría entrega de los soldados en presencia del CICR. Otra de las condiciones era la retirada temporal del ejército de una «zona de seguridad» de unos 45.000 km.

Con la reiteración de comunicaciones radiofónicas, el CICR se convirtió, desde un principio y prácticamente sin intervenir directamente, en el centro del drama. Los días y las semanas siguientes, la delegación transmitió casi a diario, por radio y fax, mensajes entre el Gobierno y la guerrilla. El intercambio de noticias se convirtió rápidamente en una guerra de comunicados, en la que ambas partes se acusaban de querer retrasar la entrega por razones políticas.

Al negarse rotundamente el ejército a desmilitarizar una «zona de seguridad», el Gobierno se vio con las manos atadas para negociar. A medida que pasaban las semanas infructuosamente, crecía la presión que el público y los allegados de los soldados ejercían sobre el Gobierno. Éste solicitó finalmente al CICR que negociara en su nombre la entrega de los soldados. Sin embargo, el CICR no podía acceder a ello, dado que hacía tiempo que el problema de índole humanitaria había degenerado en un tira y afloja político. En vez de negociar en nombre del Gobierno, la delegación invitó a las partes a reunirse en Ginebra para negociar un acuerdo en terreno neutral. En Bogotá, se acogió la propuesta con un tímido asentimiento; la guerrilla, en cambio, la rechazó y persistió en la desmilitarización y en la creación de una «comisión de entrega», como requisito para negociar directamente con el Gobierno.

Paralelamente al diálogo que mantenían con el Gobierno, en Bogotá, y con los representantes de las FARC en México, los delegados procuraban establecer un contacto directo con la facción meridional del ejército sublevado, que mantenía cautivos a los soldados. A lo largo del río Caguán, una de las principales vías de comunicación de los territorios del sur controlados por la guerrilla, el CICR organizó una asistencia médica para la población civil. Las «brigadas fluviales» prestaron asistencia sanitaria en muchos poblados pequeños. Pero el esperado acceso a los sublevados y a los 60 soldados les fue denegado. Luego supimos que visitar a los soldados en la selva apenas habría sido posible por razones logísticas, dado que las FARC habían dispersado a los 60 soldados en pequeños grupos por una extensísima superficie.

Tras meses en punto muerto, el mes de mayo, se vislumbraba por fin una solución. El negociador del Gobierno había logrado, con el apoyo de Monseñor Castro, obispo de la región de Caguán, establecer contacto con los jefes de los sublevados. A partir de entonces, todo se desarrolló rápidamente: el 20 de mayo, el presidente Samper anunció la desmilitarización de la zona de seguridad exigida por la guerrilla. El día siguiente, el jefe de delegación, Pierre Gassmann, y el negociador Jo sé Noé Ríos, así como los representantes de la Comisión Nacional de Conciliación, integrada por personalidades eclesiásticas y políticas, fueron invitados por el presidente a un desayuno de trabajo. Se decidió repartir la tarea: Noé Ríos se encargaría de eliminar los últimos obstáculos políticos, la Comisión Nacional de Conciliación organizaría, en colaboración con los observadores internacionales, la «comisión de entrega» y el CICR se ocuparía de toda la logística (transporte en helicóptero, infraestructura in situ , seguridad, etc.).

La entrega debía tener lugar el 15 de junio en Cartagena de Chairá, un mercado de la escasamente poblada región de Caguán. El Gobierno puso a disposición del CICR personal y cinco helicópteros rusos de transporte. La operación era complicada porque, además de los 60 soldados diseminados en el sur, había que recoger, en el norte de Colombia, a otros 10 soldados de infantería de marina capturados, el mes de enero, por las FARC. Luego, las FARC se empeñaron en que una escolta armada de la guerrilla viajara en los helicópteros con los soldados hasta el punto de recogida. En esas circunstancias, era imposible que la delegación permitiera a los helicópteros volar con el emblema de la cruz roja. Para poder garantizar una seguridad máxima, el presidente del Estado publicó rápidamente un decreto, en virtud del cual se confería inmunidad absoluta a los helicópteros que sobrevolasen territorio colombiano, con o sin emblema de la cruz roja. Gracias a las óptimas condiciones meteorológicas y a las dotes de improvisación de todos los participantes, la operación se desarrolló como la seda, siendo posible entregar a los soldados, como estaba previsto, el 15 de junio, a la jefatura del ejército.

En resumen, la colaboración del CICR para solucionar el drama se puede clasificar en tres fases. Durante las primeras semanas tras la captura de los soldados, la delegación actuó como puente de comunicac ión entre el Gobierno y la guerrilla. En la fase siguiente —más larga—, los delegados intentaron, en pro de la actividad humanitaria, obtener el acceso a los soldados. Una vez eliminados los obstáculos políticos, el CICR pudo concentrarse plenamente, durante la tercera fase, en la operación de entrega, contribuyendo, mediante sus buenos oficios y con sus conocimientos tecnico-logísticos, al llano desarrollo de la misma.

  Se buscan intermediarios neutrales  

En Cartagena de Chairá, el CICR demostró ser un intermediario neutral y digno de confianza para mediar en los casos problemáticos de índole humanitaria durante un conflicto armado. Desminitó aquellas opiniones que, tras la violenta liberación de rehenes, en Lima, habían originado serias dudas acerca de su imparcialidad. La cooperación del CICR y de los observadores internacionales para liberar a los 70 soldados fue, por otra parte, muy loada por los medios de información colombianos. A raíz de ello, algunos comentaristas comprendieron desilusionados que los colombianos ya no podrían controlar solos la guerra civil que, desde hace cerca de cuarenta años, hace estragos en el país. Con el contenido esencial de los medios de información coincidían, asimismo, famosos sociólogos colombianos como son Juan Gabriel Tokatlian y Alfredo Molano. Muchos intelectuales opinan que, dado que la situación interna está en tablas, sólo la presión conjunta de Gobiernos extranjeros y de instituciones internacionales podría encauzar el incontrolado conflicto o, al menos, hacer que no sea tan cruento. Lo mismo piensa la Comisión Nacional de Conciliación próxima a la Iglesia. Para la pacificación de Colombia sería decisivo que la sociedad civil logre que las organizaciones internacionales inicien el diálogo, acepten hacer de mediador y supervisen la observancia de acuerdos, escribe la Comisión de Conciliación en un documento de base.

Colom bia, país donde tienen lugar el conflicto armado más largo del continente, el mayor índice de secuestros y de homicidios del mundo, parece irremediablemente enredada en la compleja maraña de la violencia. Desorientados, los colombianos pasan hoy la pelota a las instituciones internacionales, con la esperanza de que su reforzada presencia logre poner término a la larga tradición de violencia o, al menos, comporte algún cambio. El llamamiento dirigido al extranjero ya ha sido atendido, al menos en parte. El 1 de abril de 1997, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos abrió una oficina en Bogotá, para un período inicial de dieciocho meses. Un equipo de expertos, integrado por seis personas, publica periódicamente informes y opiniones sobre la situación de los derechos humanos en el país. Asimismo, el CICR ha incrementado el número de expatriados en Colombia. Su delegación cuenta actualmente con 44 delegados y 110 empleados colombianos, repartidos entre la sede, sita en Bogotá, y once oficinas locales.

El CICR inició sus actividades en Colombia, el año 1969, visitando a los detenidos. En 1980, se instaló en Bogotá una delegación permanente. No obstante, la verdadera labor sobre el terreno no comenzó hasta 1991, al abrirse oficinas locales in Bucaramanga y Villavicencio. En el reciente período de crecimiento (1996-1997), la plantilla de la delegación prácticamente se duplicó. El año 1998, la delegación contará con un presupuesto anual de 13 millones de dólares EE.UU. Las condiciones de trabajo son favorables porque, a pesar del conflicto, Colombia sigue siendo —política y económicamente hablando— uno de los países más estables de América Latina. En comparación con otros escenarios bélicos, la población ha aceptado plenamente a la Institución que, además, es respetada por todas las partes en conflicto. La cruz roja sobre fondo blanco tiene en la católica Colombia una gran fuerza simbólica. La gente no relaciona la cruz roja con la inversión secular de la bandera suiza, sino con los valores fundamentales cristianos y con la (última) esperanza. Asimismo, el adjetivo «internacional» es significativo; los colombianos lo pronuncian de buena gana con ceremonioso énfasis y lo equiparan, las más de las veces, a seriedad y a poder casi absoluto. Sin lugar a dudas, el alto grado de credibilidad, obtenido gracias a determinadas actividades de socorro en favor de las víctimas del conflicto, es el mayor capital del CICR. Las (demasiado) grandes esperanzas que los colombianos han depositado en el Comité Internacional contrastan con la predominante imagen negativa que los colombianos tienen de sus propias instituciones que, al parecer, se distinguen más por su retórica que por sus hechos.

Gracias a su presencia en todas las regiones del país, el CICR conoce bien el conflicto colombiano. ¿Puede restar crueldad al conflicto? ¿Cuáles son las posibilidades y los límites de su cometido? ¿Hay resultados presentables? En las páginas siguientes, se describen el cometido del CICR como mediador en el conflicto y su misión en Colombia.

     

  ¿Quiénes son los responsables de la violencia y del conflicto en Colombia?  

El CICR trabaja en un entorno muy complejo, dado que en Colombia no sólo hay un único conflicto, sino una maraña opaca de agentes y muchas manifestaciones de la violencia: delincuencia común, crimen organizado (mafia de la cocaína, grupos de extorsionistas, etc.), sicarios, conflictos de índole política (ejército, policía, grupos paramilitares, guerrilla), abusos por parte de las cooperativas comunitarias de vigilancia rural (CONVIVIR), «limpiezas sociales» (eliminación de mendigos, ladrones y demás marginados), etc.

Inevitablemente, se plantea la cuestión de las causas sociales de este imponente potencial de violencia. La distribución de riqueza —extremadamente desproporcionada— es, sin duda, un caldo de cultivo para la violencia, pero no explica por qué en Colombia hay mucha más violencia, por ejemplo, que en Brasil o en Bolivia, donde reina una desigualdad social parecida. Una característica específica de la situación colombiana es la explosiva mezcla de distintos factores de violencia, de índole social, política, cultural e histórica, que se multiplican. La violencia está profundamente arraigada en la memoria colectiva, debido a los incontables alzamientos y guerras civiles que han jalonado la historia de Colombia desde su independencia. El culto machista al enfrentamiento, heredado de los españoles, y la falta de una cultura de consenso, unidos a la cuestión no solucionada de la distribución, son las bases socioculturales de la violencia en Colombia. El sistema democrático, que debería servir para equilibrar la situación, fracasa ampliamente. El país adolece de una serie de males generalizados, como son la compra de votos, el clientelismo y la corrupción institucionalizada, que menoscaban, en gran medida, la legitimidad y la eficacia de las clases políticas. Dada la incapacidad del Estado para resolver los conflictos sociales por vía institucional, no es extraño que el potencial de tensión latente se descargue violentamente, de forma individual u organizada. En la práctica, la impunidad de los actos violentos no hace sino atizar el fuego porque, por un lado, casi no hay umbrales represivos para frenar el uso de la violencia y, por otro, la incompetencia de la administración de justicia pública favorece la «justicia» privada. Todo asesinato impune deja resentimientos tras sí y clama venganza.

El tráfico de cocaína también contribuye mucho a exacerbar la espiral de la violencia. Las tentativas de represión por parte del Estado, así como la lucha interna por participar en negocios lucrativos ilegales han dado lugar a la formación de poderosos ejércitos privados que quitan de en medio todo lo que pueda perjudicar lo s intereses de los negocios. Indirectamente, el narcotráfico también intensifica la violencia, debido a su gran fuerza de corrupción, que socava más todavía las débiles instituciones del Estado y acrecienta la injusticia social.

Por último, el conflicto político magnifica la violencia. Su larga duración y el elevado número de víctimas civiles anulan la capacidad de indignación de la sociedad, fomentando una nefasta habituación a la violencia. Se diría que, en Colombia, la violencia pasa por ser una manifestación diaria normal.

La delegación del CICR en Colombia centra sus actividades en los problemas de índole humanitaria ocasionados por el conflicto político. El mero 15% a que asciende el total de víctimas de la violencia lo convierten, a simple vista, en un fenómeno marginal. Sin embargo, las estadísticas engañan porque no nos muestran la correlación entre violencia política y delincuencia común. El conflicto político aviva la violencia de la delincuencia común de varias formas. En primer lugar, muchos refugiados víctimas de la violencia procedentes de zonas rurales encallan en los barrios pobres de las grandes ciudades donde, sin trabajo y sin apoyo social, a menudo, acaban convirtiéndose, por pura necesidad, en delincuentes. En segundo lugar, el conflicto armado ha estimulado la importación de armas, ha extendido el empleo de las armas trivializando el manejo de las mismas. Y, en tercer lugar, la reinserción en la vida civil de guerrilleros, soldados o grupos paramilitares, cansados de combatir, es extremadamente difícil. La persona que se gana la vida con una pistola, ya no vuelve a utilizar el machete de los campesinos. Algunos de los denominados reinsertados se convierten en criminales independientes o se ponen al servicio de alguno de los grupos armados. Así pues, si se tienen en cuenta los actos de violencia cometidos clandestinamente, a modo de reacción, y con ayuda de la violencia política o sirviéndose de ésta como pretexto, se llega fácilmen te a un porcentaje más elevado. Por ello, algunos expertos consideran la larga guerra civil como la causa principal de la violencia en Colombia, porque ha debilitado las instituciones del Estado, ha perturbado la capacidad de integración social y ha armado y radicalizado a los individuos.

Los orígenes de la guerra se remontan a la época de la violencia de finales de los años cuarenta y cincuenta. La muy sangrienta guerra entre partidos conservadores y liberales concluyó, a mediados de los cincuenta, con un compromiso político. Sin embargo, las tropas de autodefensa de los liberales, establecidas en el medio rural no depusieron totalmente las armas, se entregaron a un ideal socialrevolucionario y fundaron, el año 1964, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Bajo los efectos de la revolución cubana, surgieron, a mediados de los años sesenta, otros grupos armados de oposición, entre los cuales el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En los años ochenta, las iniciativas de paz del Gobierno colombiano tuvieron cierto éxito; algunos grupos, como «Movimiento 19 de abril» (M-19), depusieron las armas y se constituyeron en partido democrático. Quienes esperaban que, finalizada la guerra fría desaparecería definitivamente la guerrilla, se vieron defraudados. El memorable acontecimiento no afectó mucho a los grupos armados de la oposición, puesto que, gracias a sus propios recursos financieros podían vivir independientemente de la ayuda extranjera. Desde finales de los años ochenta, la guerrilla casi ha duplicado sus efectivos militares, que cuenta hoy con cerca de 15.000 hombres. El crecimiento de la guerrilla se explica, asimismo, por el fracaso de la izquierda democrática. En vez de incorporarlos al sistema democrático, los partidos de izquierda como la Unión Patriótica, fueron perseguidos por la tradicional elite imperialista. Asimismo, la extendida probreza, el elevado índice de desempleo en la agricultura y la montañosa topografía de Colombia benefician a la guerrilla; las fuerzas armadas nacionales difícilmente logran imponerse frente a los ataques por sorpresa de la guerrilla.

Para impedir el avance de la guerrilla, la apurada clase tradicional de terratenientes han apostado tropas mercenarias. Esos grupos paramilitares actúan en la ilegalidad asestando duros golpes, en particular a la base social de la guerrilla, a veces en coordinación o, al menos, con el consentimiento del ejército. Diferentes grupos locales se han unido recientemente a asociaciones mayores, interregionales, las denominadas Autodefensas Campesinas. Intentan deshacerse de la etiqueta de «mercenarios escuadrones de la muerte» y constituirse en organizaciones políticomilitares independientes con estructuras de mando propias. Las Autodefensas denuncian públicamente la injusticia social, la corrupción y la ineficacia de la clase política como la verdadera causa de la guerra. Sorprendentemente, su discurso apenas difiere, en ese aspecto, del de la guerrilla, su enemigo acérrimo. Hasta en la manera de hacer la guerra se parecen ambas organizaciones, dado que evitan el enfrentamiento directo siempre que es posible, empleando la violencia, sobre todo contra las personas civiles sospechosas de colaborar con el enemigo. Por eso, en Colombia se habla de una guerra sucia.

En la guerra civil colombiana, no están claramente definidos los frentes territoriales entre los campamentos enemigos. Se asemejan a un patchwork compuesto por muchos conflictos parciales distintos, fuertemente arraigados a nivel regional. A menudo, los motivos políticos pasan a segundo plano. En cambio, los intereses privados y los resentimientos se han convertido en el principal móvil de la violencia. Se ha llegado a decir que Colombia corre el peligro de convertirse, poco a poco, en un Estado feudal donde cada uno podría apostar su propio ejército. Estos ejércitos son financiados por in ingenioso sistema tributario. Tanto los grupos de guerrilla como las Autodefensas cobran, en las zonas p or ellos controladas, las denominadas «tasas de protección». En consecuencia, la mayor parte de la población los considera parásitos, que hacen la guerra a costa del bienestar común, guerra de la que las más de las personas están hartas y que consideran absurda. A ello se añade el hecho de que la mayoría de las víctimas pertenece a la población civil. La única salida que le queda es huir a poblados vecinos o a las grandes ciudades donde se quedan atrapados en los barrios pobres. En los últimos diez años, el conflicto ha producido un millón aproximadamente de refugiados de la violencia.

     

  ¿Dónde y cómo puede mediar el CICR?  

La breve descripción de los conflictos en Colombia demuestra que hay mucha necesidad de acción humanitaria. El CICR realiza, en estrecha colaboración con la Cruz Roja Colombiana, un programa de asistencia en favor de las víctimas del conflicto. Los refugiados reciben víveres y artículos de primera necesidad; a los amenazados se les ayuda a abandonar las zonas de peligro; los mutilados de guerra civiles reciben asistencia médica. No obstante, lo esencial reside en servicios inmateriales, como son las visitas a los detenidos, la difusión del derecho internacional humanitario [1 ] , las gestiones en favor de las víctimas del conflicto, etc. En las líneas siguientes, analizamos minuciosamente el cometido del CICR como mediador entre adversarios.

En los Convenios de Ginebra se asigna al CICR el cometido de dar a conocer el derecho humanitario a las Partes en conflicto y de supervisar su aplicación. Por lo tanto, no sólo distribuye socorros, sino que remite a los límites estipulados en el derecho internacional por lo que atañe a la conducción de las hostilidades. En situaciones de emergencia humanitaria, la Institución puede ofrecer sus buenos oficios. Así, el CICR cumple la funció n de intermediario neutral, para establecer vínculos de comunicación, lograr un acercamiento entre las partes, proponer alternativas con respecto a la solución violenta del conflicto o esclarecer malentendidos. Ser facilitador y mediador en asuntos humanitarios es una idea directriz en las actividades de los delegados sobre el terreno. He aquí tres ejemplos:

  •   Personas desplazadas : En el transcurso de 1996, unos 180.000 colombianos huyeron a causa de las hostilidades [2 ] . La mayoría de los desplazados cambia de región o de departamento; sólo unos pocos cuentan con los medios para emigrar al extranjero. Los que mayor peligro corren son los poblados situados entre los frentes o en regiones donde el equilibrio de las fuerzas se inclina hacia una u otra de las partes. Los verdaderos detonadores del movimiento de huida son los atentados, las matanzas y las intimidaciones de que es objeto la población civil. El CICR no puede detener ni evitar dichos movimientos de huida. En cambio, puede hacer mucho en cuanto al regreso de esos refugiados contribuyendo con ello, al menos temporalmente, a distender la situación. Los delegados procuran obtener de los grupos responsables garantías de seguridad para las personas que regresan. A menudo, es un laborioso proceso: con frecuencia resulta difícil llegar a los responsables que se mueven en la clandestinidad y que muestran poco interés por la resolución de problemas de índole humanitaria. En consecuencia, sus promesas no siempre son serias, siendo acogidas por las personas desplazadas con desconfianza. Para poder actuar como mediadores fiables, los delegados precisan un buen conocimiento de los motivos sociales ocultos del conflicto, mucha perseverancia y cierta diplomacia. Pero, ante todo, es necesario granjearse la confianza de las partes concernidas y desplegar una gran labor de información: ¿Qué es el CIC R? ¿Qué pretende?
     
    En Bajo Grande, un poblado de la costa atlántica, transcurrió un año entero desde la huida de la población hasta el retorno colectivo de la misma. En un proceso caracterizado por reveses, el CICR logró, por fin, que los adversarios —la guerrilla y los grupos paramilitares— se comprometieran a respetar algunas reglas del juego y se abstuvieran, en adelante, de desplegar operaciones militares en las proximidades de los poblados. El párroco y el personero [3 ] de la comunidad contribuyeron de forma decisiva al regreso. Alentados por la presencia del CICR, osaron romper el receloso silencio de las autoridades locales y movilizar apoyo público para las personas dispuestas a regresar. El visible compromiso del Estado en forma de ayuda a la reconstrucción, las garantías de seguridad dadas por las partes y la presencia permanente del CICR en la región contribuyeron a distender la situación, permitiendo el retorno de unas 150 familias a su pueblo. El caso «Bajo Grande» demuestra que una acción del CICR sólo da frutos cuando los delegados pueden beneficiarse del apoyo de «aliados» autóctonos. La combinación de la labor del CICR con las instituciones de la sociedad civil es, pues, fundamental. Entre dichas instituciones figura, asimismo, la Cruz Roja Colombiana, con la que la delegación trabaja estrechamente en el ámbito de la asistencia humanitaria en favor de las personas desplazadas.

  •   Amenazas y secuestro de personas civiles : La delegación recibe anualmente varios miles de visitas o de llamadas telefónicas de personas que declaran haber sido amenazadas por una parte en conflicto o que un miembro de la familia ha sido secuestrado. Dado que no siempre está claro quiénes son los autores de esos hechos, el delegado tiene que entablar, cada vez, el diálogo con las partes en conflicto para esclarecer los hechos, obtener garantías de seguridad y protestar por las violaciones del der echo. Rara vez se logran éxitos espectaculares. Gracias a sus contactos con todas las partes concernidas, el CICR puede desempeñar «función de freno», poniendo en conocimiento de las organizaciones los abusos cometidos, explicándoles la percepción que de la situación tienen las víctimas y obteniendo algunas concesiones de índole humanitaria. Sin embargo, a menudo, la autorización para visitar a un secuestrado, la liberación de un detenido, una información sobre el paradero de los desaparecidos o la restitución de restos mortales son más bien una prueba de la buena voluntad para con el CICR que un paso consciente hacia el cumplimiento de las obligaciones de índole humanitaria. No obstante, para las víctimas, ese tipo de gestos pueden ser de vital importancia.
     
    Al producirse un secuestro de personas civiles, el CICR interviene para que, al menos, se respeten algunos derechos fundamentales del rehén: seguridad personal, trato humano, asistencia médica, correspondencia con los familiares. Siempre que las circunstancias lo permiten, los delegados se entrevistan con el rehén sin testigos. La visita de un delegado del CICR tiene por objeto fortalecer psicológicamente al rehén, puesto que se le brinda la oportunidad de hablar libremente con un espectador. Así, puede recibir o enviar mensajes de Cruz Roja. En algunos casos, los delegados participan en la puesta en libertad, dado que acompañan y protegen a la persona secuestrada desde la zona de peligro hasta su casa. Cabe destacar que el CICR no acepta, en ningún caso, negociar con los secuestradores. No puede hacerse cómplice de un hecho contrario al derecho internacional.

  •   Inquietud en las cárceles : Desde 1969, los delegados visitan cárceles, en Colombia, y abogan por mejorar las condiciones de detención de los presos. Para seguridad de las personas detenidas en relación con los acontecimientos políticos, el CICR registra los datos de las mis mas y sigue cada andadura personal. Gracias a las visitas —como mínimo semestrales— de todas las cárceles regionales y nacionales, el CICR conoce bastante bien la situación. Sus conocimientos y su experiencia resultan de vital importancia cuando surgen tensiones en una cárcel, caso frecuente en Colombia. En esas circunstancias, se solicita a menudo la asistencia de los delegados como mediadores. Su presencia es requerida, las más de las veces, por ambas partes: los detenidos apelan al CICR, porque ven en él una garantía de la solución no violenta del conflicto; las autoridades cuentan con que la presencia del delegado de la Cruz Roja normalice rápidamente la situación. Efectivamente, en algunos casos, los delegados, gracias a su rápida intervención en el lugar de los hechos, han podido evitar una escalada y han logrado, gracias a sus buenos oficios, la negociación de una solución pacífica.

¿Qué requisitos han de cumplirse para que la mediación en asuntos humanitarios tenga posibilidades de éxito? Saquemos algunas conclusiones:
 

  1. Una mediación del CICR sólo tiene posibilidades de éxito cuando se trata de fenómenos, limitados en el tiempo y en el espacio, cuyos participantes están claramente definidos. Si el conflicto depende de factores de poder interregionales, si se trata de una crisis duradera o si no se puede identificar claramente a los responsables, la tarea del mediador es increíblemente difícil.

  2. El momento determina, en gran parte, el éxito de una iniciativa de mediación. Si el CICR se persona inmediatamente después de haberse desencadenado una crisis, sus posibilidades son mucho mayores que si se incorpora más tarde al proceso. A comienzos del suceso, es más fácil ganarse la confianza de las partes y establecer, desde un principio, algunas importantes «reglas del juego». Por ejemplo, la mencionada puesta en libertad de los soldados: el é xito del CICR coronó unproceso de mediación de nueve meses y medio en el que la delegación había participado desde el primer momento.

  3. La perseverancia y los buenos conocimientos técnicos son dotes muy solicitadas en la actividad de mediador. También son muy necesarias una sana dosis de pragmatismo y la flexibilidad. Como mediadores en un conflicto, los delegados abandonan las «esterilizadas» alturas de Convenios y teorías para convertirse en parte del guión de la crisis, aunque con una actitud independiente y neutral. Para lograr un consenso en una situación generalmente tensa y rápidamente cambiante, el sentido común es, a menudo, el mejor consejero.

  4. Rara vez puede el CICR resolver los problemas de índole humanitaria por sí solo. No deja de ser un agente entre otros, parte de una compleja trama con actores principales y personajes secundarios. A las partes en conflicto se suman autoridades (civiles), Iglesia, instituciones privadas de todo tipo, medios de información, en resumen, la sociedad civil. Sin su apoyo poco puede hacer el CICR. Dicho apoyo lo obtiene, sobre todo, mediante una comunicación sistemática y una labor de información orientada a facilitar el debate crítico en el público. También Gabriel García Márquez ha hecho alusión a la gran importancia de la educación y de la labor de información en Colombia: «La historia de Colombia es una sucesión de episodios violentos. La violencia en Colombia es tan antigua y tan profunda que sólo cambiando nuestros métodos de educación por completo podremos llegar a algo, porque sólo por métodos de justicia y recursos administrativos nunca llegaremos a eso».

  5. La mediación es un proceso largo y complejo; es un desafío para aquellos delegados del CICR a los que les gusta actuar por cuenta propia y con rapidez. La diferencia de medios de trabajo —método y motivación—, hace que, con frecuencia, la colaboración con las instituciones colombianas resulte difícil, requiera mucho tiempo y energía. Pero el trabajo del CICR gana en profundidad cuando logra implicar a las autoridades civiles y a las instituciones privadas para solucionar los problemas de índole humanitaria. Los proyectos comunes de la delegación del CICR y de la Cruz Roja Colombiana en el ámbito de la difusión del derecho internacional humanitario y del apoyo brindado a los desplazados forzosos son ejemplos de ese tipo de colaboración.

     

  ¿Puede el CICR «humanizar» las consecuencias del conflicto?  

 
Por último, cabe preguntarse si los éxitos puntuales del CICR en lo humanitario, a nivel regional, influyen positivamente por lo que respecta a la evolución del conflicto en Colombia ¿Puede la presencia del CICR restar crueldad a la guerra?

A primera vista, uno se inclina a responder negativamente. En los últimos años, el conflicto político se ha extendido mucho, y con él las violaciones del derecho internacional humanitario; ha aumentado el número de personas civiles muertas o desplazadas. Los progresos en el ámbito humanitario se hacen más difíciles por el constante proceso de erosión al que está expuesta la guerra civil. Los límites entre debate político y delincuencia común son confusos. Hace tiempo que la guerra ha adquirido su propia dinámica, lo que dificulta el control político. Para muchos jóvenes desempleados se ha convertido en un oficio alternativo.

Las actividades del CICR tropiezan, en la práctica, con muchos obstáculos, que limitan los progresos humanitarios. Tras años de perseverante trabajo y de presencia en los principales puntos de conflicto, el CICR ha podido, no obstante, facilitar algunos incentivos al país. Mencionaré tres ámbitos:
 

  •   Entablar el debate acerca de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario : En Colombia, hasta hace pocos años, el mero hecho de hablar de derechos humanos resultaba peligroso. El derecho internacional humanitario tenía visos de un postulado subversivo, siendo prácticamente pasado en silencio por la clase política y militar dirigente. Gracias a la sistemática labor de información, los delegados del CICR han contribuido a eliminar ese prejuicio. Hoy, el discurso público sobre derecho internacional humanitario es más espontáneo y despierta gran interés en todas las clases sociales. Síntoma de este deshielo es la ratificación —por Colombia—, en agosto de 1995, del segundo Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra. Cada vez son más las disposiciones del derecho internacional humanitario que se incorporan en las instrucciones internas para personas pertenecientes a grupos armados. Pero cabe decir que, en la práctica, aunque frecuentemente se derivan derechos del derecho internacional con respecto a la parte adversaria, apenas se aceptan los propios deberes.

  •   Fortalecimiento de la sociedad civil : Es precisamente en los lugares retirados que, indefensos, están a merced de los grupos armados, donde el CICR se ha convertido en un importante apoyo moral para la población civil. Para ello no precisa, en absoluto, desempeñar siempre la función de mediador o dar grandes charlas sobre derecho internacional humanitario. El simple hecho de escuchar de forma activa y de esforzarse sinceramente por comprender la problemática de una región es, a menudo, como un bálsamo sobre las heridas abiertas y da la impresión a las víctimas de que el mundo no las ha olvidado completamente. Los delegados sólo pueden satisfacer una mínima parte de las necesidades materiales de las víctimas del conflicto. Sin embargo, gracias a sus múltiples contactos, contribuyen a salvar, al menos parcialmente, la distancia entre las víctimas y las instituciones del Estado. Siempre que la delegación consigue movilizar fondos públicos para lo s damnificados e implicar al Estado en la acción humanitaria, el CICR no sólo combate los síntomas, sino que también fomenta el fortalecimiento de la sociedad civil.
     
    Décadas de violencia han obstaculizado no poco el desarrollo de la sociedad civil. Tanto los grupos armados ilegales como el ejército tienen que justificar continuamente su legitimidad en una lucha que la mayoría de los colombianos considera absurda. Con ello, se borra conscientemente la línea divisoria entre la población civil y las fuerzas contendientes. Algunas personas civiles son catalogadas como enemigas, pasan a ser incluidas en listas y son asesinadas. Dadas las circunstancias, es comprensible el miedo de la población civil a protestar contra los actos de violencia, a denunciar las anomalías sociales y a defender a las víctimas de la violencia. Mediante su presencia con regularidad en las zonas conflictivas, los delegados del CICR ayudan a eliminar el excesivo traumatismo de ansiedad de la población. Gracias a su inmunidad, por todos respetada, están en condiciones de condenar los actos de violencia cometidos contra las personas civiles; su presencia encarna, en muchos lugares, la imagen de la protección. Representantes de las autoridades, personeros, grupos en favor de los derechos humanos y medios de información se sienten alentados por la presencia de los delegados y rompen el silencio, toman iniciativas, organizan seminarios o se ocupan de la suerte que corren los refugiados.

  •   Contribución a una cultura de consenso : El CICR ha logrado resolver muchos problemas de índole humanitaria gracias a su mediación neutral. Contribuir con éxito a mejorar la situación (liberación de los 70 soldados), apaciguar tensiones en las cárceles mediante negociaciones o repatriar a los desplazados son ejemplos al respecto; objeto de debate en las calles, de comentarios en los medios de información, animan continuamente las conversaciones sobre la guerra y sobr e una eventual paz. Así, a los pocos días de la entrega de los soldados, el Gobierno colombiano anunciaba una nueva iniciativa de paz, nombraba a un representante especial para que entable conversaciones de tanteo con la oposición armada y daba luz verde a foros regionales para la paz y a acuerdos parciales para la «humanización» de la guerra. Mediante su labor de mediación en Colombia, el CICR promueve valores poco desarrollados, como son el consenso y la tolerancia. Cada vez que se soluciona pacíficamente un conflicto, triunfa la cultura del consenso sobre el enfrentamiento. Las mediaciones logradas muestran que es posible invertir la espiral de la violencia.
     
    En Colombia, el CICR tiene que aceptar dos desafíos: no sólo se encara con un conflicto armado, sino que está ante una cultura de la violencia que, anualmente, se cobra más de 25.000 vidas humanas. A corto plazo, no parece que el conflicto, que dura desde hace casi cuarenta años, vaya a solucionarse; el CICR se ha preparado para una misión de larga duración. Por ello, no puede conformarse con enseñar el derecho internacional humanitario a los portadores de armas ni con prestar apoyo material y moral a las víctimas del conflicto. Por ser la mayor institución internacional que presta servicios en Colombia, tiene, asimismo, que velar por la sociedad civil. Además de gestionar las crisis de índole humanitaria, los delegados del CICR pueden dar impulsos a más largo plazo, incluso a los responsables civiles, mediante su labor de información, coordinando sus actividades con las instituciones privadas y públicas, planteando abiertamente la cuestión de las raíces sociales de la violencia. De ese modo, el CICR, lejos de renunciar a su independencia y a su neutralidad, pone esos principios fundamentales al servicio de elementos constructivos para el desarrollo de la sociedad colombiana.
     
     
      Thomas Jenatsch es delegado del CICR. Redactó este art ículo cuando prestaba servicios en Colombia como delegado sobre el terreno.

Original: alemán.
 
  Notas .
 

1. Con respecto a la labor de difusión en Colombia, véase Roland Bigler, «Difusión del derecho internacional humanitario en Colombia», RICR, n 142, julio-agosto de 1997, pp. 447-458.

2. Las cifras proceden de un estudio realizado por UNICEF, citado en El Tiempo, Bogotá, 14 de marzo de 1997. Según dicho estudio, desde 1985, unos 900.000 colombianos han huido a causa de la violencia.

3. En cada comunidad colombiana hay un personero, abogado público, que supervisa la administración, recibe las quejas civiles de la población y las transmite a las autoridades competentes; se asemeja a un ombudsman.




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