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La mujer, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario

30-09-1998 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Judith Gardam

Durante los últimos 50 años, la evolución de los principios de los que forman parte los derechos humanos ha tenido importantes repercusiones en el derecho internacional humanitario y en el derecho internacional en general [1 ] . En los últimos años, el movimiento en favor del reconocimiento de la igualdad de derechos de las mujeres ha ejercido, con cierto resultado, su propia influencia en los derechos humanos [2 ] . En 1979, por ejemplo, la comunidad internacional aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de la que son Partes actualmente 155 Estados. Se está examinando la aprobación de un protocolo facultativo en el que se prevería la posibilidad de presentar quejas ante la Comisión para esa Convención. Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han centrado cada vez más su atención en los derechos humanos de la mujer y, como resultado, hay una amplia gama de estudios, informes y recomendaciones sobre varios aspectos de la cuestión. Así pues, el tema de la mujer es un punto firmemente establecido en el orden del día internacional de los derechos humanos.
 

Sin embargo, muchos de los sufrimientos humanos en el mundo de hoy tienen lugar en el marco de situaciones de conflicto armado, en las que se suspende la mayor parte de los derechos humanos, y a las personas les queda como única protección fiable la que les ofrece el derecho internacional humanitario [3 ] . En tales situaciones, las mujeres son las principales víctimas [4 ] .
 

Por otra parte, actualmente hay pruebas de que las mujeres viven los conflictos de forma diferente que los hombres [5 ] , fenómeno confirmado por quienes trabajan sobre el terreno. Esta experiencia específica, aunqu e sus efectos difieran mucho de una cultura a otra dependiendo del papel de la mujer en cada sociedad, está relacionada con la particular vulnerabilidad de este grupo cuando se desencadena un conflicto armado. La guerra exacerba las desigualdades que existen de forma diferente y en distinto grado en todas las sociedades, y las mujeres son el 70 por ciento de la población mundial que vive en situación de pobreza [6 ] . Además, se encuentran generalmente en situación de desventaja por lo que atañe a la educación y tienen mucha menos movilidad que los hombres debido a su papel tradicional de tener que estar al servicio de otros [7 ] . Quizás más importante es el hecho de que las mujeres están generalmente excluidas del acceso a las estructuras de poder y de la participación en la toma de decisiones en relación con los conflictos armados. Así pues, no pueden hacer oír su voz cuando se trata de explicar las dificultades particulares con que tropiezan en situaciones de conflicto armado y, por otra parte, carecen de autoridad para recomendar una determinada acción preventiva.
 

Dada esta situación, en este artículo se examina la medida en que influyen para el derecho internacional humanitario tanto la atención de que son objeto los derechos humanos de la mujer como los avances logrados por lo que respecta a la protección de la mujer en el marco de los derechos humanos. Como veremos, esta influencia apunta, ante todo, a los progresos realizados por lo que respecta a la criminalización y el castigo de la violencia sexual contra las mujeres durante los conflictos armados. Por lo tanto, cabe examinar más detenidamente la cuestión de la mujer, los conflictos armados y el derecho internacional humanitario.

  Las disposiciones del derecho de los conflictos armados relativas a la mujer cuando se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos  

 
En algunos de los primeros docume ntos del derecho de los conflictos armados, sólo ocasionalmente se hace referencia a la protección de la mujer. Por ejemplo, en el artículo XLVII del Código Lieber se sanciona la violación de los habitantes de un país hostil [8 ] . Sin embargo, hasta hace poco tiempo, no se tomaba muy en serio la práctica de la violencia sexual contra las mujeres. La práctica de la violación no figuraba entre los crímenes de guerra enumerados por el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, a pesar de la gran incidencia de casos de violencia sexual durante la Segunda Guerra Mundial. En los autos de procesamiento ante el Tribunal de Tokio figuraban acusaciones de actos de violación y algunos mandos fueron condenados por no haber logrado garantizar el cumplimiento de la ley por parte de sus subordinados. Además, aunque en los estatutos de los tribunales nacionales de las potencias ocupantes establecidos para juzgar delitos cometidos en Alemania figuraba la práctica de la violación como un crimen de guerra, no se incoó proceso alguno sobre la base de ese delito [9 ] . Sin embargo, generalmente se consideraban las prácticas de violación y de violencia sexual contra las mujeres como un aspecto inevitable de los conflictos armados y raramente se procesaba [10 ] .
 

Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 [11 ] , que cuando fueron aprobados eran los principales instrumentos para la protección de las víctimas de los conflictos armados (y que con sus dos Protocolos [12 ] de 1977 lo siguen siendo actualmente), contienen 19 disposiciones específicamente relativas a la mujer. Su alcance es algo limitado y la finalidad de muchas de esas disposiciones es de hecho proteger a los niños [13 ] . En su conjunto, el objetivo de los Convenios es prestar una protección especial a las mujeres encintas, las madres lactantes y las madres en general y presentar la cuestión de la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia sexual en tiempo de conflicto armado.
 

Es muy significativo que, en el párrafo 2 del artículo 27 del IV Convenio de Ginebra figure la primera disposición específicamente referente a la práctica de la violación; se estipula que «las mujeres serán especialmente protegidas contra todo atentado a su honor y, en particular, contra la violación, la prostitución forzada y todo atentado a su pudor». Aunque este artículo es un reconocimiento esperado desde hacía tiempo de que la práctica de la violación en tiempo de conflicto armado es inaceptable, no se reconoce el alcance ni la gravedad de esa práctica, dado que esta disposición no se incluye en la categoría de infracciones graves del derecho internacional humanitario (de conformidad con esta categoría, los Estados están obligados a buscar y castigar a las personas que no observen determinadas disposiciones de los Convenios). El párrafo 2 del artículo 27 también ha sido objeto de críticas sobre la base de que, como en muchas otras disposiciones relativas a las mujeres, se clasifican los actos de violación como atentados al honor de las víctimas y no se refleja, así, la gravedad del delito de violencia sexual [14 ] . Aparte de la protección estipulada en esos artículos, que es claramente válida en los límites de su ámbito de aplicación, no hay ninguna indicación clara en las disposiciones de los Convenios de Ginebra de que las dificultades con que tropiezan las mujeres en situaciones de conflicto armado son específicas y plantean cuestiones más amplias que su papel de madres y como víctimas de la violencia sexual.

     

  ¿En qué medida influyó el movimiento de los derechos humanos en la formulación de las disposiciones relativas a las mujeres de los Protocolos de 1977?  

 
El movimiento para obtener avances en el derecho internacional humanitario, que culminó con la aprobación de los Protocolos de 1977 por parte de los Estados, debe mucho a los progresos en el á mbito de los derechos humanos. Gerald Draper escribió que el derecho de los conflictos armados «había llegado peligrosamente a un punto de casi estancamiento cuando se produjo el impacto del movimiento en favor de un régimen de derechos humanos» [15 ] . Ya en 1956, el CICR había ultimado un proyecto de normas para limitar los peligros que corría la población civil en tiempo de guerra. No se tomó decisión alguna por lo que respecta a esas normas. La cuestión de la revisión del derecho de los conflictos armados fue archivada por la comunidad internacional hasta que los trabajos sobre derechos humanos en tiempo de paz emprendidos por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Asamblea General de las Naciones Unidas comenzaron a extenderse lógicamente a la preocupación por los derechos humanos en situaciones de guerra. La Conferencia Internacional de Derechos Humanos, celebrada en Teherán, el año 1968, puede considerarse como un momento decisivo a este respecto [16 ] . El resultado de esas iniciativas fue la aprobación de los dos Protocolos de 1977, que tienen un sabor inconfundible a derechos humanos. En los Protocolos se fusionaron los respectivos principios de los así llamados derecho de La Haya y derecho de Ginebra, y están centrados en la protección debida a las personas civiles [17 ] .
 

¿Qué enfoque se adopta en los Protocolos por lo que atañe a las mujeres víctimas de los conflictos armados? ¿Se incluye en la importancia dada a la protección, que fue el puntal de las negociaciones que culminaron con la aprobación de esos instrumentos, y que refleja en el texto final, el reconocimiento de las dificultades específicas con que tropiezan las mujeres de conflicto armado?
 

En su conjunto, el enfoque en relación con la mujer permanece inalterado en las disposiciones de los Protocolos. Lo importante sigue siendo la protección de las mujeres encintas y de las madres. Por lo que atañe a la violencia sexual, el artículo 76 del Protocolo I contiene l a importante y amplia disposición específicamente dedicada a la protección de las mujeres contra la violación, aunque no se considere esa práctica como una infracción grave. Ni en los trabajos preparatorios ni en las propias disposiciones, se reconocen los otros problemas específicos que a las mujeres se plantean en situaciones de conflicto armado.

  Mujeres y derechos humanos  

 
Sería falaz describir el cuerpo de derechos humanos en vigor como un régimen satisfactorio desde la perspectiva de la mujer. Los especialistas han demostrado de forma convincente las limitaciones de este derecho, en el que no se tiene debidamente en cuenta la realidad de la experiencia de vida de las mujeres [18 ] . Sin embargo, en el contexto de los derechos humanos, más bien que en el del derecho internacional es donde se han obtenido mayores progresos por lo que respecta al reconocimiento de las necesidades de las mujeres, que hasta entonces se habían ignorado, así como por lo que atañe a la tentativa de responder a esas necesidades [19 ] .
 

Esta atención prestada a los derechos humanos de la mujer ha tenido consecuencias importantes para el derecho humanitario. El hecho de que la violencia contra las mujeres y dado que las estrategias para reprimirla hayan sido el centro de atención para gran parte de los trabajos de los organismos de derechos humanos concernidos por este grupo ha inducido a hacer un examen de la cuestión en el marco de los conflictos armados, ámbito en el que tiene lugar gran parte de las violencias contra las mujeres. ¿Cuáles han sido los resultados de estos trabajos?
 

En la declaración y el Programa de Acción de Viena (1993), aprobados por la Conferencia de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, se ratifica que «las violaciones de los derechos humanos de la mujer en situaciones de conflict o armado constituyen violaciones de los principios fundamentales de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario» y que todos los delitos de ese tipo requieren «una respuesta especialmente eficaz» [20 ] . En el Programa de Acción también se destaca que «la igualdad de condición de la mujer y sus derechos humanos» deben integrarse en las principales actividades de todo el sistema de las Naciones Unidas» y «asegurarse de que en las actividades de derechos humanos de las Naciones Unidas se traten periódicamente las violaciones de los derechos humanos de la mujer» [21 ] .
 

Este creciente movimiento para buscar soluciones en cuanto al problema favoreció la aprobación de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer por la Asamblea General en diciembre de 1993. En la Declaración se reconoce expresamente que las mujeres en situaciones de conflicto armado «son particularmente vulnerables a la violencia» [22 ] .
 

Otro importante avance por lo que respecta a la mujer y los derechos humanos durante los conflictos armados fue el nombramiento de relatores especiales con mandatos que abarcan ciertos aspectos de la experiencia de las mujeres en situaciones de conflicto armado. En 1994, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas designó a la señora Radhika Coomaraswamy como relatora especial sobre la violencia contra la mujer, con un mandato que abarcaba las situaciones de conflicto armado. En enero de 1998, la relatora especial presentó su informe al respecto, en el que dice que, a nivel internacional, los Convenios de Ginebra «deben evaluarse y revisarse para incorporar nuevas normas sobre la violencia contra la mujer en caso de conflicto armado» [23 ] . Por otra parte, en 1995, la Subcomisión de las Naciones Unidas de Prevención de Discriminación y Protección a las Minorías designó a Linda Chávez como relatora especial sobre la situación relativa a la violación sistemática, la esclavitud sexual y las prácticas análogas a la esclavitud durante los conflictos armados [24 ] .
 

La IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer celebrada en Beijing, el año 1995, reconoció la gravedad de las situaciones de conflicto armado y su influencia en la vida de las mujeres. La Declaración de Beijing se remite a la determinación de los Estados participantes de «garantizar el respeto del derecho internacional, incluido el derecho humanitario, a fin de proteger a las mujeres y las niñas en particular». La Plataforma de Acción de la Conferencia consideró la cuestión de las mujeres y los conflictos armados como uno de los 12 ámbitos decisivos de especial preocupación, con respecto a los cuales deben adoptar medidas estratégicas los Estados miembros, la comunidad internacional y la sociedad civil. Un objetivo estratégico formulado por la Plataforma es «incrementar la participación de la mujer en la solución de los conflictos a niveles de adopción de decisiones y proteger a las mujeres que viven en situaciones de conflictos armados o de otra índole o bajo ocupación extranjera».
 

Así pues, el procedimiento para determinar las dificultades especiales con que tropiezan las mujeres y demostrar que en el derecho no se reconocen esas dificultades está considerablemente más avanzado en el marco de los organismos de derechos humanos que en las organizaciones únicamente dedicadas a los conflictos armados. Por supuesto, para que su valor sea duradero, es necesario que los planes de acción, las recomendaciones y las propuestas sean aplicados. Los progresos son lentos, conllevando, a veces, mucho desaliento [25 ] . Sin embargo se perciben signos positivos. Es particularmente importante en este contexto la muy eficaz labor a nivel de base del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados por lo que respecta alas mujeres refugiadas [26 ] .
 

Todos estos esfuerzos, aunque por su propia naturaleza abren nuevos caminos, se han centrado casi exclusivament e en la violencia sexual [27 ] . Y se ha ignorado gran parte del contexto más amplio del problema. Sin embargo, una excepción patente a esta estricta visión la encontramos, por ejemplo, en la labor del Consejo Económico y Social, particularmente en relación con las mujeres y los niños palestinos en los territorios ocupados [28 ] .

  Las repercusiones sobre el derecho internacional humanitario de los avances en el marco de los derechos humanos de la mujer  

 
No cabe la menor duda de que el trabajo de las organizaciones de derechos humanos ha tenido una considerable repercusión en el enfoque adoptado para la protección de las mujeres en tiempo de conflicto armado. En este contexto, en los últimos años, puede discernirse un cambio de orientación en la labor del CICR. La protección de las mujeres víctimas de los conflictos siempre ha formado parte del cometido del CICR. Sin embargo, tradicionalmente, las mujeres han sido incluidas en la categoría general de personas civiles o en la categoría aparte de «mujeres y niños». Y esto ha sido así aunque las necesidades de esas diversas categorías de víctimas no sean idénticas.
 

A lo largo de los años, el CICR ha participado activamente en tentativas de atenuar los horrores de los conflictos por lo que atañe a las mujeres. Cabe destacar, por ejemplo, los esfuerzos, durante la Segunda Guerra Mundial, por garantizar un trato justo a las mujeres prisioneras de guerra [29 ] . En el período de postguerra, el CICR también realizó esfuerzos, aunque esporádicos, para garantizar a las mujeres un trato humano en diversas situaciones de conflicto [30 ] . Sin embargo, por lo que respecta a la violencia sexual —la forma más común de violencia de que son víctimas las mujeres en una situación de conflicto— el silencio era ensordecedor, a pesar de la espantosa realidad de esa práctica en todos los conflictos armados.
 

La invisibilidad de las mujeres y la violencia sexual rápidamente llegaron a su término con los acontecimientos que tuvieron lugar durante el conflicto armado en ex Yugoslavia, Aunque la violencia sexual contra las mujeres haya figurado en el orden del día de los organismos de derechos humanos durante varios años, fue este conflicto el que galvanizó a la comunidad internacional y dio lugar al más significativo avance del derecho humanitario, atribuible a la cada vez mayor importancia dada a los derechos humanos de la mujer: la inclusión de la práctica de la violación en la categoría de infracciones graves.
 

En 1993, como respuesta al descubrimiento de infracciones generalizadas contra el derecho internacional humanitario en ex Yugoslavia, particularmente la violación y muchas otras formas de violencia sexual contra las mujeres, el Consejo de Seguridad estableció el Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia con objeto de enjuiciar a las personas responsables de tales actos. Uno de los problemas que había que resolver era el del lugar de la práctica de la violación en los estatutos de ese Tribunal. En 1992, refiriéndose a lo que era una infracción grave contra el derecho humanitario, el CICR declaró que la frase común en los Convenios de Ginebra y sus Protocolos (para evitar la confusión con lo de «común» creo que sería mejor decir: «las disposiciones sobre las infracciones graves del artículo 147 del IV Convenio de Ginebra....»), «el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud» incluye claramente no sólo la violación, sino también cualquier otro atentado contra la dignidad de la mujer [31 ] . Esto reforzó el argumento que prevalecía en la Comisión de Expertos establecida por el Consejo de Seguridad para examinar la cuestión del establecimiento del Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia, a saber, que, aunque la violación y otras formas de agresión sexual no se denominaban específicamente infraccio nes graves en los Convenios y los Protocolos, son «torturas o tratos inhumanos» y actos que «deliberadamente causan grandes sufrimientos o atentan gravemente contra la integridad física o la salud» y son, en consecuencia, sancionables como infracciones graves en virtud de los Convenios [32 ] .
 

Sin embargo, en los estatutos del Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia, la práctica de la violación sólo es sancionable como crimen de lesa humanidad y, para que se la considere como tal, debe estar dirigida contra la población civil en su conjunto: que ese acto tenga lugar sobre una base individual no era suficiente. Pero la práctica de la Oficina del fiscal siempre ha sido de acusar a los autores de violencias sexuales por crímenes de guerra y violaciones graves [33 ] .
 

Aunque el valor de precedente del Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia esté limitado por su origen como medida del Consejo de Seguridad y por su alcance geográfico, el efecto normativo de este tipo de iniciativas tiene un alcance mucho más generalizado. Así pues, será difícil en adelante argumentar que las prácticas de violación y las diversas formas de violencia sexual contra las mujeres cometidas en situaciones de conflicto armado internacional no son infracciones graves de las normas de los tratados. Es éste un importante avance del derecho humanitario y puede atribuirse al cada vez mayor reconocimiento de que los derechos humanos de la mujer requieren el procesamiento de los delitos de violencia sexual cometidos en el marco de los conflictos armados.
 

Sin embargo, en cuanto al caso del conflicto de Rwanda, se han expresado dudas por lo que respecta a si la experiencia yugoslava apunta a un cambio de dirección duradero en relación con la larga tradición de silencio y de inacción por lo que atañe a la violencia sexual contra la mujer en los conflictos armados. Tras escuchar el testimonio de mujeres acerca del grado de violencia sexual de que fueron objeto en el conflicto de Rwanda, la relatora especial sobre la violencia contra la mujer dijo: «es absolutamente horrendo que el primer auto de procesamiento por violencia sexual en el Tribunal Penal Internacional para Rwanda haya sido dictado sólo en agosto de 1997, y ello gracias a la fuerte presión internacional de grupos de mujeres» [34 ] .
 

A pesar de estas reservas, la criminalización de la violencia sexual contra las mujeres en los conflictos armados internos en virtud de los estatutos del Tribunal Penal Internacional para Rwanda es un importante progreso, y es el resultado, en gran parte, de los esfuerzos de militantes y especialistas de derechos humanos. Tradicionalmente, en el derecho internacional humanitario se ha hecho una distinción entre conflictos armados internacionales y conflictos internos, centrándose en los primeros. Sin embargo, al trazarse nuevamente las fronteras de los derechos humanos, se ha incluido la aplicación de los derechos humanos de la mujer y la influencia de este enfoque se ejerce actualmente sobre el derecho humanitario. Toda consideración de la violencia contra la mujer abarca naturalmente tanto los conflictos internacionales como los conflictos internos sin distinción (división que está cada vez más fuera de lugar en cualquier contexto). Los estatutos del Tribunal Penal Internacional para Rwanda reflejan este punto de vista al prever el castigo de la práctica de violación como crimen de lesa humanidad y al poner esa práctica bajo la jurisdicción del tribunal, dado que, junto con la prostitución forzosa y el atentado contra el pudor, se la designa específicamente como crimen de conformidad con el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra. Las violaciones del artículo 3, el así llamado «minicódigo» para los conflictos internos, tradicionalmente no se han considerado como crímenes de guerra constitutivos.
 

Los progresos en el derecho humanita rio con respecto a la aplicación de las disposiciones que protegen a la mujer contra la violencia sexual tienen su origen en el conflicto de Yugoslavia y la práctica del Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia. Desde hace tiempo se reconoce que, para ser eficaz en el contexto de los derechos humanos de la mujer, todo régimen de aplicación de las prohibiciones de violencia sexual en los conflictos armados debe incluir reformas de procedimiento. Este punto de vista está poco a poco siendo objeto de mayor aceptación por parte de la comunidad internacional y se han realizado algunos avances al tener en cuenta las preocupaciones específicas de las mujeres en relación con el procesamiento de los delitos sexuales. Cuestiones como el anonimato de los testigos y de las víctimas en las acciones penales por violencia sexual y la prestación de apoyo y servicios de asesoría se han planteado en el marco del Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia [35 ] . Pero, estos cambios no han sido aceptados de buena gana. Por ejemplo, se habla de incompatibilidad entre las solicitudes de un juicio justo y la protección de las mujeres como víctimas y testigos [36 ] . Sin embargo, no hay necesariamente incompatibilidad entre estas dos cuestiones: lo que se pide es un equilibrio adecuado entre las dos [37 ] . También se reconoce la importancia de que haya un equilibrio de género en la composición de los tribunales encargados de controlar la aplicación y en su personal de apoyo.
 

El examen a fondo de la cuestión de la violencia sexual contra las mujeres en los conflictos armados que llevan a cabo los grupos de derechos humanos ha dado lugar a la nueva percepción de que de esos actos deben ocuparse los principales organismos encargados de la aplicación del derecho internacional humanitario. Durante las negociaciones relativas al proyecto de estatutos para el tribunal penal internacional permanente se examinó la posibilidad de incluir diversas formas de violencia sexual contra las mujeres en la definició n de crímenes de guerra, así como entre las infracciones graves contra el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra. Otras cuestiones que preocupan a las mujeres en relación con el procedimiento de aplicación en general también fueron examinadas en ese contexto: equilibrio de género en la composición de ese tribunal, protección de los testigos y de las víctimas, estudio de los delitos de violencia sexual. En su reunión de marzo de 1988, la Comisión de la condición jurídica y social de la mujer exhortó a los Estados a que apoyasen estas iniciativas en relación con el futuro tribunal penal internacional permanente.
 

Es cada vez mayor el reconocimiento por parte del CICR de que la situación de las mujeres en los conflictos armados plantea, para el derecho humanitario, problemas específicos. El año 1993, en la Declaración Final de la Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra se dio un grito de alarma ante «el gran aumento de actos de violencia sexual dirigidos particularmente contra las mujeres y los niños» y se reafirmó «que tales actos son infracciones graves contra el derecho internacional humanitario» [38 ] . En 1995, la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja aprobó por consenso una resolución en la que se aborda por separado la cuestión de la violencia sexual contra las mujeres [39 ] y se condenan estas prácticas, reafirmando que los actos de violación sexual en la conducción de los conflictos armados es un crimen de guerra y se ponen de relieve la importancia de la aplicación de medidas pertinentes y la necesidad de impartir formación adecuada a las personas que actúan en esos procesos. Además, hay un creciente reconocimiento de la índole más amplia del problema, que antes no aparecía claramente en la labor de los organismos de derechos humanos. Por ejemplo, en recientes publicaciones del CICR, se destaca que los conflictos armados exacerban las desigualdades que ya existen de diferentes formas y en diversos grados en todas las sociedades [40 ] .

  Conclusión  

 
La cuestión de la mujer y los derechos humanos, que ha estado al margen de los derechos humanos durante años, está mereciendo un respeto cada vez mayor como ámbito de preocupación aparte en la actual orientación del derecho internacional. Por otra parte, aunque los derechos humanos de la mujer se encuentran más bien en una fase de desarrollo tanto desde el punto de vista del marco como del fondo, cada año que pasa permite discernir una elaboración más afinada de sus principios orientadores. Sin embargo, el nuevo interés que merecen los derechos humanos de la mujer y las repercusiones, aunque de poca monta, que ha tenido esta cuestión en el derecho humanitario no han dado lugar a un reconocimiento general de la necesidad de que los derechos humanos de la mujer ocupen un lugar especial en el derecho internacional humanitario. No obstante, se trata sólo de una cuestión de tiempo. Esperamos que ese reconocimiento, cuando llegue, irá acompañado de un nuevo examen del derecho humanitario para el que se tenga en cuenta la experiencia real de las mujeres en situaciones de conflicto armado.
 
 
  Judith Gardam   es miembro del profesorado del Departamento de Derecho de la Universidad de Adelaida, Australia. Es profesora de derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario.  

Original : inglés
 
 
  Notas   :
 

  1. V. por ejemplo, A. H. Robertson, «Humanitarian law and human rights», en C. Swinarski (ed .), Studies and essays on international humanitarian law and Red Cross principles in honour of Jean Pictet , CICR/Martinus Nijhoff, Ginebra/La Haya, 1984, p. 793.

  2. Para tener una visión general de los logros del último decenio, véase C. Chinkin, «Feminist interventions in international law: Reflections on the past and strategies for the future», Adelaide Law Review , vol. 19, 1997, pp. 15-18.

  3. Para ahondar en el examen de la situación por lo que respecta a los derechos humanos en tiempo de conflicto armado, véase Y. Dinstein, «Human rights in armed conflict: International humanitarian law» en T. Meron (ed.), Human rights in international law: legal and policy issues, vol. 2, Clarendon Press, Oxford, p. 345.

  4. V. la declaración de Renée Guisan, jefa de la delegación del CICR en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, y el párr. 136 de la Plataforma de Acción de Beijing en Fourth World Conference on Women, Action for Equality, Development and Peace, Beijing Declaration and Platform for Action , UN Doc. A/Conf.177/20 (1995)   (en adelante Plataforma de Acción de Beijing).

  5.   Ibíd . y v. Harvard Study Team, Health and Welfare en Iraq after the Gulf crisis , capítulo 9, 1991.

  6. La feminización de la pobreza fue un ámbito clave de preocupación en la Conferencia de Beijing, v. Plataforma de Acción, párrs. 47 y 48.

  7. V. CICR (ed.), Women and war , 1995.

  8. V., por ejemplo, el art. XLIV del Código Lieber; Instructions for the government of armies of the United States in the field, General Orders No. 100, April 24, 1863, reproducido en L. Friedman, The laws of war: A documentary history , 1972, p. 158.

  9. V. Control Council Law, n 10 de 1945, Control Council for Germany, Official gazette, 31 de enero de 1946, reproducido en Friedman, ibíd . p. 908.

  10. V. como referencia general C. Chinkin, «Rape and sexual abuse of women in international law», European Journal of International Law, 1994, p. 326.

  11. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña; Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar; Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra; Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (en adelante IV Convenio de Ginebra). Para una descripción general del sistema del derecho internacional humanitario en relación con la mujer, véase M. Tabory, «The status of women in humanitarian law»; Yoram Dinstein (ed.), International law at a time of perplexity, 1989, p. 941; y F. Krill, «Protección de la mujer en el derecho internacional humanitario», RICR , nº. 72, noviembre-diciembre de 1985, p. 367.

  12. Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), del 8 de junio de 1977 y Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protoco lo II), del 8 de junio de 1977.

  13. V. arts. 50 y 132 del IV Convenio de Ginebra.

  14. V. J. Gardam, «Women and the law of armed conflict», International and Comparative Law Quarterly , vol. 46, 1997, p. 74.

  15. V. G.I.A.D. Draper, «Human rights and the law of war», Virginia Journal of International Law , vol. 12, 1972, p. 336.

  16. V. la resolución XXIII, «Los derechos humanos en los conflictos armados», aprobada por la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, Teherán, 12 de mayo de 1968.

  17. V. como indicación general, J.G. Gardam, Non-combatant immunity as a norm of international humanitarian law, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/Londres, 1993.

  18. V., por ejemplo, C. Baunch, «Women's rights as human rights: Towards a revision of human rights», Human Rights Quarterly, vol. 12, 1990, p. 486; y H. Charlesworth, «What are women's human rights?, in R. Cook (eds.), Human rights of women: National and international perspectives, 1994, p. 58.

  19. V. Chinkin, supra (n. 2).

  20. V. art. 38 de la Declaración y Programa de Acción de Viena , Doc. NU A/CONF.157/24 (parte 1), 13 de octubre de 1993.

  21. Si se desea saber lo que significa «integrarse en las principales actividades» de las Naciones Unidas, véase ACNUR, Policy on refugee women and UNHCR, Guidelines on the protection of refugee women, 1991, pp. 5-7. Si se desea una reseña de las iniciativas tomadas para alcanzar este fin, véase como ejemplo general, A. Gallagher, «Ending the marginalization, Strategies for incorporating women into the United Nations human rights syst em», Human Rights Quarterly, vol. 19, 1997, p. 283.

  22.   Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer , UN GA/Res/48/104, 20 de diciembre de 1993, preámbulo, párr. 7 y art. 2.

  23. V. R. Coomaraswamy, Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, UN Doc. E/CN.4/1998/54.

  24. V. Informe preliminar de la Relatora Especial sobre la situación relativa a la violación sistemática, la esclavitud sexual y las prácticas análogas a la esclavitud durante los conflictos   armados , UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1996/26, 16 de julio de 1996.

  25. V. Chinkin, supra (n. 2).

  26. V. UNHCR, Policy on refugee women, supra (n. 21) y   UNHCR, Sexual violence against refugees: Guidelines on prevention and response, 1995.

  27. V., por ejemplo, Human Rights Watch (Helsinki Watch), War crimes in Bosnia-Herzegovina, 1993, pp. 18, 163-186; Informe final de la Commisión of Experts establecida en virtud de la resolución 780 del Consejo de Seguridad, UN Doc.S/1994/674 (examen de la cuestión de la violación y violencia sexual en los párrs 58-60 y 232-253); Human Rights Watch, Global report on women's human rights, 1995 (párrs. 100-138 en relación con la violencia sexual contra las mujeres refugiadas y desplazadas); Human Rights Watch, Shattered lives: Sexual violence during Rwandan genocide and its aftermath , 1996.

  28. V., por ejemplo, E/RES/1991 del 30 de mayo de 1991; E/RES/1992/16 del 30 de julio de 1992; E/RES/1993/15 del 27 de julio de 1993; y E/RES/1995/30 del 25 de julio de 1995. V. también las resoluciones del ECOSOC relativas a la mujer y a los niños en Namibia, y a las mujeres y los niños víctimas del apartheid.

  29. V. Krill, supra (n. 11), p. 356.

  30.   Ibíd. , p. 357.

  31. ICRC, Update on Aide-memoire of 3 December 1992 (memorándum del 3 de diciembre de 1992). Ésta era una opinión compartida por algunos Estados; v. T. Meron, «Rape as a crime under international humanitarian law», American Journal of International Law , vol. 87, 1993, p. 427.

  32. V. Informe final de la Comisión de Expertos establecida en virtud de la resolución 780 del Consejo de Seguridad, supra, (n. 27).

  33. V. R. Coomaraswamy, supra (n. 23).

  34.   Ibíd.  

  35. V. Prosecutor v Tadic, Decision on the Prosecutor's motion requesting protective measures for victims and witnesses , UN Doc. IT-94-1-T (10 de agosto de 1995). V. también, C.Chinkin, «Due process and witness anonymity», American Journal of International law , vol. 91, 1997, p. 75.

  36. V. Monroe Leigh, «The Yugooslav Tribunal: Use of unnamed witnesses against accused», American Journal of International Law , vol. 90, 1996, p. 235.

  37. Chinkin, supra (n. 35), pp. 78-79.

  38. Declaración Final de la Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra, apartado 3 del párr. I , reproducida en la RICR , nº. 119, septiembre-octubre de 1993, pp. 398 y 399.

  39. Párrafo B de la Resolución 2, reproducida en RICR , nº. 133, enero-febrero de 1996, p. 65.

  40. V. CICR, Women and War, 1995.




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