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Nueva interpretación del artículo 1 común a los Convenio de Ginebra: protección de los intereses colectivos

31-03-2000 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Laurence Boisson de Chazournes y Luigui Condorelli

  Resumen:

En virtud del artículo 1 común a los Convenios de Ginebra y al Protocolo adicional I, los Estados Partes en estos tratados “se comprometen a respetar y hacer respetar [las obligaciones humanitarias] en todas las circunstancias”. Al comprometer la responsabilidad de la comunidad de Estados Partes en los principales tratados humanitarios en cuanto a tomar las medidas que se impongan para garantizar el respeto del derecho humanitario por parte de un tercer Estado (en particular si este Estado es una parte en un conflicto armado), esta disposición contribuye a la constitución de un orden público internacional. Los autores examinan primero los nuevos progresos relacionados con la obligación de respetar el derecho humanitario (la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, las nuevas normas para las operaciones militares conducidas bajo la autoridad de las Naciones Unidas, etc.). Analizan luego la práctica reciente en relación con la obligación de hacer respetar el derecho internacional humanitario, sin ocultar los problemas planteados, en especial para la independencia de la acción humanitaria respecto de los poderes públicos. 
 

 
 
En un momento en que la comunidad internacional en su conjunto (Estados, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales) está a la búsqueda de una política internacional pública [1 ] para la promoción de las consideraciones humanitarias, es importante identificar los principios jurídicos sobre los que podría basarse tal acción. Esto es tanto más importante cuanto que el recurso a la fuerza armada se percibe cada vez más como un medio para conse guir un fin en ese contexto. Cuando se trata de promover valores e intereses de carácter colectivo, es evidente la índole rudimentaria del orden jurídico internacional. Es un sistema mejor relacionado con los instrumentos y técnicas bilaterales y contractuales, con los que, cabría decirlo, se siente más cómodo. Nociones tales como jus cogens , obligaciones erga omnes y crímenes internacionales del Estado son todas conceptos importantes. No obstante, si se quiere que tengan el debido efecto, se requieren instituciones y mecanismos jurídicos que les permitan adquirir su significado pleno. A este respecto, los cuatro Convenios de Ginebra para la protección de las víctimas de guerra, del 12 de agosto de 1949 [2 ] y sus dos Protocolos adicionales de 1977 [3 ] ofrecen algunas perspectivas interesantes.
 

Hace unos cincuenta años, en la redacción de estos Convenios se llegó a la inclusión, en su artículo 1 común, de una disposición que suministra el núcleo de un sistema de responsabilidad colectiva [4 ] . Desde entonces, este sistema ha evolucionado y, por lo demás, ha suscitado considerable atención. Por ello examinaremos en primer lugar el alcance y contenido de esa disposición. Pondremos luego de relieve las diversas dimensiones que ha adquirido a lo largo de su existencia y en especial en el transcurso de la última década. Ofreceremos finalmente, a manera de conclusión, algunos comentarios sobre la índole cuasi constitucional de dicha norma en una sociedad en búsqueda de una identidad colectiva.
 

  Alcance y contenido del artículo 1 común  

El artículo 1 común a los cuatro Convenios de Ginebra reza así: “Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y a hacer respetar el presente Convenio en todas las circunstancias”. Esta disposición fue reiterada en el artículo 1, apartad o 4 del Protocolo adicional I. Como tal, la obligación de respetar y hacer respetar (a la que nos referiremos también como el artículo 1 común) se aplica a los conflictos internacionales y, también, a los conflictos no internacionales, en la medida en que estos últimos están cubiertos por el artículo 3 común.
 
Aunque los conflictos sin carácter internacional, tal como están definidos por el Protocolo adicional II no están explícitamente cobijados por la obligación de respetar y hacer respetar, sin embargo, puede considerarse que caen dentro del ámbito de esta disposición, por cuanto el Protocolo II es simplemente una elaboración del artículo 3 común de los cuatro Convenios de Ginebra, un hecho afirmado en su artículo 1, apartado 1.
 

La obligación de respetar y hacer respetar el derecho humanitario es una obligación doble, pues exige a los Estados tanto “respetar” como “hacer respetar” los Convenios. “Respetar” significa que el Estado tiene la obligación de hacer todo lo que pueda para garantizar que sus órganos y todos los que estén bajo su jurisdicción respeten las normas en cuestión. “Hacer respetar” significa que los Estados, estén o no en situación de conflicto, tienen que tomar todas las medidas posibles para garantizar que todos, en particular las partes en conflicto, respeten las normas.
 

Algunos sostienen que tal interpretación no era la que preveían originalmente los redactores. Según esta opinión, el artículo 1 no se elaboró con la intención de imponer a los Estados obligaciones que no se desprendieran también de otras disposiciones de los Convenios de Ginebra. Aunque tal puede ser el caso, un examen de los trabajos preparatorios revela que en las negociaciones al menos se tuvo en cuenta la necesidad de que las Partes en los Convenios hicieran todo lo que estuviera a su alcance para garantizar el acatamiento universal de los principios humanitarios subyacentes a dichos Convenios. [5 ]
 

No obstante, ésta es una consideración menor, ya que la interpretación histórica de un instrumento internacional nunca resulta decisiva para identificar la condición actual de una norma jurídica. Mucho más pertinente a este respecto es el significado que le confiere la práctica internacional tal como ésta se ha desarrollado desde la aprobación del instrumento. En realidad, a lo largo del último medio siglo, la práctica de los Estados y de las organizaciones internacionales, respaldada por las conclusiones jurisprudenciales [6 ] y las opiniones de la doctrina, apoyan claramente la interpretación del artículo 1 común como una norma que compele a todos los Estados, sean o no partes en un conflicto, no sólo a tomar parte activa en la implantación de medidas para garantizar que todos los concernidos respeten el derecho internacional humanitario, sino también a reaccionar en contra de las violaciones de ese derecho. Por otra parte, el artículo 1 común habla de una obligación de respetar y hacer respetar “en todas las circunstancias”, lo que hace que la obligación sea incondicional y, en particular, no esté sujeta a la restricción de reciprocidad [7 ] .
 

En la actualidad es ampliamente aceptado que la obligación contenida en el artículo 1 común es vinculante para todos los Estados y organizaciones internacionales competentes. En su reciente opinión consultiva sobre la Licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares , la Corte Internacional de Justicia reforzó esta aseveración, al señalar que “muchas de las normas del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados son tan fundamentales” que “estas normas fundamentales deben ser observadas por todos los Estados hayan o no ratificado los Convenios que las contienen” [8 ] . La misma Corte, en su de cisión anterior sobre la base jurídica de la causa en el notable Caso Nicaragua , había demostrado específicamente el hecho de que la obligación a la que se aludía en el artículo 1 común formaba parte del derecho internacional consuetudinario [9 ] .
 

En los círculos académicos, muchos han llegado a considerar que el artículo 1 común implica una obligación universal para los Estados y las organizaciones internacionales (sean regionales o universales) de garantizar que se implemente este conjunto de derecho cuando quiera que surja un problema humanitario.
 

Así pues, la cuestión de la implementación del derecho internacional humanitario se ha convertido en un rasgo distintivo más esencial de las actividades de los Estados y de las organizaciones internacionales [10 ] .
 

Tras haber descrito el alcance y el contenido atribuidos al artículo 1 común, centraremos nuestra atención en las diversas dimensiones que ha adquirido esta disposición a lo largo de los años. En primer lugar, es necesario determinar, sobre la base de la práctica contemporánea, cuáles son las obligaciones precisas que se desprenden de la obligación de “respetar [el derecho internacional humanitario ] en todas las circunstancias”. Posteriormente, nos detendremos en la obligación correspondiente de “hacer respetar”.
 

  La obligación de respetar el derecho internacional humanitario en todas las circunstancias  

 
Ya se ha puesto de relieve la importancia de esta obligación: la norma compele a todos los sujetos de derecho a los que se dirige a tomar todas las medidas requeridas por el derecho internacional humanitario y a comportarse en todas las circunstancias con arreglo a las normas y principios de este derecho. Estas circunstancias no están necesariamente limitadas al tiempo de guer ra. Diversas obligaciones son también vinculantes para los Estados en tiempo de paz, como por ejemplo la obligación de difundir el derecho internacional humanitario y de incorporar este derecho en los sistemas jurídicos internos. La práctica contemporánea, reforzada por la labor del CICR, pone de relieve la crucial importancia de estas obligaciones, ahora más que nunca [11 ] , pues el acatamiento de los mencionados deberes en tiempo de paz es evidentemente un factor esencial para garantizar el respeto del derecho internacional humanitario en tiempo de conflicto armado.
 

Dicho esto, el derecho internacional humanitario fue no obstante concebido teniendo presente la guerra, y con el objetivo de lograr que las partes en conflicto se comportaran de conformidad con las normas aplicables en tales tiempos. Como se señaló más arriba, el artículo 1 indica claramente que el Estado tiene la obligación de hacer todo lo que pueda para garantizar que las normas del derecho internacional humanitario sean respetadas tanto por sus órganos como por otras entidades bajo su jurisdicción (que en este contexto comprende la jurisdicción territorial, así como el control ejercido sobre los individuos más allá de las fronteras nacionales). Es pues obvio que las fuerzas armadas de un Estado deben acatar las normas del derecho internacional humanitario no sólo en su propio territorio nacional, sino también cuando combaten en el extranjero. La decisión del Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia (TPIY) en el caso “Dusko” Tadic es un buen ejemplo de este razonamiento, puesto que el fallo pone de relieve cuán importante es que las fuerzas armadas de un Estado respeten en el extranjero el derecho humanitario [12 ] .
 

No obstante, el aporte del fallo de 1999 en el caso Tadic , es a la vez más significativo y menos obvio de lo que parece a simple vista. En ese caso, el TPIY dictamina que un Estado viola sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario no sólo cuando sus fuerzas armadas en el extranjero infringen las normas humanitarias, sino también cuando los culpables, independientemente de su nacionalidad, son personas que actúan bajo el mando y control del Estado, incluso si no pertenecen a sus fuerzas armadas. Este control efectivo sólo tiene que ser de carácter general y no es necesario determinar para cada violación que ha sido cometida bajo el control específico de un órgano del Estado en cuestión o cumpliendo una orden precisa emanada de dicho órgano. Esta conclusión, especialmente cuando se la compara con la postura mucho más prudente y restrictiva tomada al respecto por la Corte Internacional de Justicia [13 ] (teniendo en cuenta que la “evaluación Tadic” es sin lugar a dudas mucho menos estricta que la “evaluación Nicaragua”), constituye un progreso jurisprudencial sumamente primordial cuya importancia para el derecho internacional humanitario del futuro no debe subestimarse.
 

Las circunstancias en las que las fuerzas armadas de un Estado pueden verse implicadas en operaciones militares en el extranjero pueden ocurrir en el contexto de operaciones de mantenimiento o establecimiento de la paz emprendidas directa o indirectamente por las Naciones Unidas, sobre todo desde la reactivación del Consejo de Seguridad en el período posterior a la guerra fría. Cuando tales acciones son simplemente “autorizadas” por el Consejo de Seguridad y, por lo tanto, las fuerzas armadas siguen estando bajo el mando y control del Estado al que pertenecen, obviamente la obligación de acatar el derecho internacional humanitario recae plenamente en ese Estado. No obstante, el deber de las Naciones Unidas en esos casos será asegurarse de que una operación que se lance con su respaldo y conforme a sus intereses se lleve a cabo con arreglo a los dictados del derecho internacional [14 ] . En consecuencia, es responsabilidad especial de las Naciones Unidas garantizar el respeto del derecho internacional humanitario. En cambio, si la operación es implementada directamente por fuerzas de las Naciones Unidas (por ejemplo, por los cascos azules) o, en otras palabras, por sus propios órganos colocados bajo el “mando operacional” del secretario general o de su representante, su acción implica directamente la responsabilidad de las Naciones Unidas mismas, en particular respecto de la observancia de las normas humanitarias [15 ] . A pesar de esto, los contingentes nacionales constitutivos de dichas fuerzas siguen siendo también entidades de su respectivo Estado. Este último no renuncia al control sobre ellos y mantiene, como mínimo, el “mando disciplinario” sobre su personal. Este vínculo doble - entidad de las Naciones Unidas/entidad estatal- comporta una responsabilidad de doble vía en lo que respecta al acatamiento del derecho internacional humanitario [16 ] .
 

Esta interpretación del artículo 1 común es respaldada hoy por el Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas, del 6 de agosto de 1999, titulado “Observancia del derecho internacional humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas” promulgado “con el objeto de establecer principios y normas fundamentales del derecho internacional humanitario aplicables a las fuerzas de las Naciones Unidas que realizan operaciones bajo el mando y control de las Naciones Unidas” [17 ] . En este documento se estipulan las obligaciones de las Naciones Unidas en lo relativo a la conducción de sus fuerzas, pero se alude además a ciertos deberes de los Estados cuyas fuerzas participen en operaciones de las Naciones Unidas, refiriéndose en particular a la represión de las violaciones (Sección 4) y a la aplicación de la legislación nacional (Sección 2).
 

El caso del conflicto en ex Yugoslavia ilustra y confirma que cuando los Estados tienen tropas que participan en operaciones militares en el extranjero, tienen el deber de emplear su personal militar así desplegado para buscar a los i ndividuos acusados de crímenes de guerra [18 ] . Esto fue puesto de relieve por el establecimiento de los Tribunales Penales Internacionales como sedes de enjuiciamiento, realzando la necesidad de cooperar para encontrar y procesar a los presuntos criminales. En otras palabras, esta obligación, estipulada en los Convenios de Ginebra, es aplicable dondequiera que puedan estar operando las fuerzas armadas de un Estado y no únicamente en el territorio de ese Estado [19 ] .
 

Este reciente progreso en la práctica internacional en cuanto a las circunstancias en que se exige el respeto del derecho internacional humanitario no debe eclipsar el alcance general del principio incorporado en el artículo 1 común. En realidad, no puede invocarse circunstancia alguna como eximente de cualquier violación de las obligaciones en cuestión. De entre los medios legalmente reconocidos como válidos para “remediar” la ilegalidad de las violaciones - sea la legítima defensa, el recurso a las contramedidas, el consentimiento de la víctima o el estado de necesidad- ninguno tiene pertinencia ni puede invocarse como circunstancia eximente de la ilicitud en este ámbito particular. La razón de esto es que al derecho internacional humanitario no se aplica la lógica general de reciprocidad que normalmente prevalece en el sistema jurídico internacional. No es necesario extendernos en este principio ya ampliamente establecido [20 ] ; baste recordar una vez más la opinión consultiva ya mencionada de la Corte Internacional de Justicia, emitida en 1996, en la que la Corte, confirmando que “muchas de las normas del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados [son ] tan fundamentales [que dichas normas ] deben ser observadas por todos los Estados hayan o no ratificado los Convenios que las contienen” [21 ] , fundamenta esta afirmación en su caracterización de estas normas como “principios intransgredibles de derecho internacional consuetudinario”. Aunque el significado exacto y las implicaciones de la fó rmula “principios intransgredibles” pueden ser discutibles, debe entenderse esta innovación semántica, como mínimo, como cristalizadora de la noción de que ninguna circunstancia puede justificar una “transgresión” de tales norma [22 ] .
 

Recientemente, el TPIY mismo asumió una postura incluso más clara sobre la cuestión, rechazando lo que denominó el principio “ tu quoque ”, es decir, el argumento basado en la naturaleza pretendidamente recíproca de las obligaciones creadas por el derecho humanitario de los conflictos armados. Refutando este argumento, el Tribunal puso de relieve que “... la mayor parte de este conjunto de leyes estipula obligaciones absolutas, es decir, obligaciones que son incondicionales o, dicho de otro modo, que no están basadas en la reciprocidad”. El Tribunal agregó: “Este concepto ya está incorporado en el artículo 1 común a los Convenios de Ginebra de 1949 ...” [23 ] .
 

Del hecho de que dichas normas fundamentales no pueden infringirse en ninguna circunstancia, se desprende que el Consejo de Seguridad no puede solicitar a los Estados que apliquen sanciones violando el derecho humanitario.
 

En otras palabras, aunque el artículo 103 de la Carta afirma que las obligaciones de los miembros de las Naciones Unidas en virtud de la Carta - incluido por lo tanto el deber estipulado en el artículo 25 de aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad- prevalecen sobre sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, esta disposición no puede aplicarse a las obligaciones del “derecho de Ginebra”, que son vinculantes tanto para los Estados como para la misma ONU, ya que estas obligaciones se desprenden de las normas “intransgredibles” que ni aquéllos ni ésta pueden nunca infringir justificadamente.
 

  Las diversas dimensiones de la obligación de hacer respetar  

 
En su sentencia del 14 de enero de 2000, el Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia recalcó que “[como ] consecuencia de su carácter absoluto, estas normas de derecho internacional humanitario no plantean obligaciones sinalagmáticas, es decir, obligaciones de un Estado respecto de otro Estado. Más bien [... ] establecen obligaciones hacia la comunidad internacional en su conjunto, lo que tiene como consecuencia que cada miembro de la comunidad internacional tiene un “interés jurídico” en su observancia y, por consiguiente, tiene el derecho legítimo a exigir el respeto de dichas obligaciones” [24 ] .
 

Los Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional I proporcionan medios por los que los Estados pueden cumplir su obligación no sólo de respetar, sino también de “hacer respetar” el derecho internacional humanitario en todas las circunstancias. Pueden, por ejemplo, convocar reuniones de las Altas Partes Contratantes, en aplicación del artículo 7 del Protocolo I; recurrir a la institución de las potencias protectoras y sus substitutos; reforzar el sistema de represión de las violaciones graves (en particular aquéllas respecto de cuya represión en materia penal se invita a los Estados a prestarse la mayor asistencia posible); o pedir la intervención de la Comisión Internacional de Encuesta establecida con arreglo al artículo 90 del Protocolo adicional I [25 ] .
 

La obligación de hacer respetar los principios humanitarios puede también implementarse por conducto de otros canales, tales como la acción diplomática o la denuncia pública, como hizo por ejemplo el CICR durante la guerra entre Irán e Iraq cuando hizo varios llamamientos públicos a todas las Partes Contratantes para que garantizaran el respeto de los Convenios de Ginebra [26 ] . La obligación puede asimismo encontrar su aplicación en el principio de la universalidad de la jurisdicción, que exige a los Estados sea enjuiciar sea extradit ar a los presuntos criminales, de conformidad con las normas y principios del derecho internacional.
 

Sin embargo, resulta muy interesante examinar el significado del artículo 1 común en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, para la que en los diez últimos años el artículo 1 común ha llegado a ser una norma fundamental de comportamiento. Esta evolución ha corrido paralela al creciente interés de las Naciones Unidas en el “manejo de las crisis y de los conflictos armados”, sean éstos internacionales, internos o internacionalizados, aunque el Consejo de Seguridad rara vez clasifica como tales el conflicto armado que esté tratando [27 ] .
 

Desde un punto de vista institucional, cabe señalar que los negociadores del Protocolo adicional I establecieron una relación entre el derecho de las Naciones Unidas y el conjunto de normas aplicables en tiempo de conflicto armado [28 ] . En sus primeros años, la Organización de las Naciones Unidas no tenía ningún deseo de ocuparse del derecho del conflicto armado, pues estaba concentrada en fomentar la prohibición del recurso a la fuerza y no veía la utilidad de intervenir en la gestión de conflictos. La situación cambió a finales de los años 60, en particular con la Conferencia de Teherán sobre Derechos Humanos (1968) y la Declaración resultante de ella. Los Protocolos adicionales salvaron la brecha, permitiendo que las Naciones Unidas trataran el jus in bello .
 

A través de su artículo 89, el Protocolo I abrió de hecho la puerta para que, en el marco de las Naciones Unidas se hiciera aplicar el derecho internacional humanitario [29 ] . En este artículo, las Altas Partes Contratantes adquieren la muy estricta obligación de garantizar el respeto de los principios del derecho internacional humanitario, puesto que se comprometen explícitamente a actuar “conjuntamente” con las Naciones Unidas en ciertas circunstancias, concretamente e n situaciones de “violaciones graves”. La fórmula elegida implica claramente que las Naciones Unidas poseen la jurisdicción necesaria para aprobar las medidas apropiadas para reaccionar ante las violaciones graves del derecho internacional humanitario, ya que, si no es así, ¿cómo más podrían los Estados “actuar en cooperación” con las Naciones Unidas si éstas no tuvieran competencia para “funcionar” en la cuestión? Esta idea, una semilla sembrada a finales de los años 70, germinó en los 80 y finalmente floreció en los 90, con el despertar del Consejo de Seguridad que dio vida a estas disposiciones y, con ello, fortaleció la aplicación del artículo 1 común a los Convenios de Ginebra e incluso agregó nuevas perspectivas al respecto.
 

Dentro del sistema de las Naciones Unidas, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y la Comisión de Derechos Humanos han condenado en varias ocasiones las violaciones de los principios humanitarios [30 ] . Entre los medios utilizados para tratar estas violaciones figuran: llamamientos al acatamiento de las normas existentes; ofrecimientos de buenos oficios; despacho de misiones de observadores [31 ] ; e iniciación de operaciones dedicadas al mantenimiento de la paz, al restablecimiento de la paz mediante medidas coercitivas o a la consolidación de la paz [32 ] , operaciones cuyo mandato ha incluido, inter alia, la promoción de los principios humanitarios. La creación por el Consejo de Seguridad de los Tribunales Penales Internacionales para ex Yugoslavia [33 ] . y para Ruanda [34 ] cae también dentro del ámbito de la voluntad colectiva de garantizar el respeto del derecho internacional humanitario en casos en que ocurren violaciones graves.
 

Cabe lo mismo decir del Estatuto de Roma del 17 de julio de 1998 - por el que se instituyó la Corte Penal Internacional (CPI)-, que fue negociado en el marco de una conferencia diplomática convocada bajo la égida de las Naciones Unidas y cuyos trabajos preparatorios habían sido también c oncluidos por completo en el marco de las Naciones Unidas y con el aliento constante de sus órganos. A este respecto, no debe olvidarse el papel que el Estatuto asignó al Consejo de Seguridad: su artículo 13(b) da al Consejo de Seguridad el poder de “desencadenar” el mecanismo judicial de represión cuando identifica como amenaza a la paz una situación en la que parezcan haberse cometido violaciones graves de los principios humanitarios que den lugar a responsabilidad penal.
 

El constante deterioro de la situación en los territorios palestinos ocupados por Israel condujo al Consejo de Seguridad y, posteriormente, a la Asamblea General, a agregar otra dimensión, hasta el momento sin explorar, a la obligación de hacer respetar el derecho humanitario [35 ] . Ambos órganos recurrieron al secretario general de las Naciones Unidas para que, en cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja, convocara una reunión de las Altas Partes Contratantes del IV Convenio de Ginebra. Remitiéndolas al artículo 1 común, solicitaron a cada Parte hacer un aporte significativo al encuentro. El Consejo de Seguridad y la Asamblea General encontraron, dentro del significado del artículo 1 común, fundamentos explícitos para comprometer la responsabilidad colectiva en lo relativo a la situación de los territorios ocupados.
 

Finalmente, el 15 de julio de 1999, se celebró una Conferencia de las Altas Partes Contratantes. Suspendida muy rápidamente, muchos la consideraron un fiasco; éste pudo haber ocurrido por la evolución de las circunstancias políticas del momento en el Oriente Próximo y por cierta voluntad de tratar esta cuestión al margen del contexto multilateral de las Naciones Unidas. No obstante, durante los trabajos preparatorios de la conferencia se puso de manifiesto que las Altas Partes Contratantes sentían efectivamente la necesidad de reunirse más frecuentemente para debatir cuestiones relativas a la aplicación de los Convenios de Ginebra y los Protocolos adicio nales, y hay que subrayar el papel de los órganos de las Naciones Unidas en la identificación de tal necesidad. A este respecto, es de deplorar que el Plan de Acción aprobado en noviembre de 1999 en la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja no refleje adecuadamente estas preocupaciones [36 ] , tanto más cuanto que tales reuniones internacionales son también un útil medio para fortalecer la concienciación del público sobre el derecho humanitario y para que las cuestiones de implementación y acatamiento de este derecho sean investigadas en particular por ONG y por otros miembros de la sociedad civil internacional.
 

Por último, pero no por ello menos importante, el Consejo de Seguridad ha dado un paso más, al determinar que las violaciones graves y a gran escala del derecho humanitario constituyen una amenaza a la paz o un quebrantamiento de la paz, en virtud del artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas [37 ] . En tal caso, en virtud del Capítulo VII de la Carta, se requeriría tomar contramedidas. Baste mencionar la Resolución 688 del 5 de abril de 1991, por la que se condena “los actos de represión contra la población civil iraquí en muchas zonas de Iraq, incluidos [... ] en zonas pobladas kurdas”, y la Resolución 794 del 3 de diciembre de 1992, en la que se determina que “la magnitud de la tragedia humana causada por el conflicto en Somalia, exacerbada aún más por los obstáculos que se han venido imponiendo a la distribución de la asistencia humanitaria, constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales” o las numerosas resoluciones en las que se denuncian las violaciones masivas de los principios humanitarios cometidas en Bosnia-Herzegovina [38 ] o, recientemente, en Kosovo [39 ] . Estas resoluciones ilustran el nuevo giro dado por el Consejo de Seguridad a la obligación de hacer respetar el derecho humanitario.
 

En virtud del Capítulo VII, el espectro de medidas que pueden tomarse es muy amplio, extendi éndose desde las denominadas medidas pacíficas, como las sanciones económicas, hasta la acción militar. El Consejo de Seguridad ha recurrido a todos los medios a su disposición para promover el respeto por los principios humanitarios, y ha llegado hasta a autorizar, eufemísticamente, a los Estados a “emplear todos los medios necesarios” (que llegan incluso hasta la fuerza armada) para ayudar a implementar sus decisiones, por ejemplo, garantizar el desarrollo en seguridad de operaciones de ayuda humanitaria y el envío de dicha ayuda.
 

En junio de 1999 se dio un nuevo paso cuando el Consejo de Seguridad dio su consentimiento político ex post facto a los ataques aéreos de la OTAN destinados a poner fin a las violaciones del derecho humanitario [40 ] . Se ha debatido con vehemencia, entonces y aún en la actualidad, sobre la licitud de tal acción, pues algunos, aunque la encuentran moralmente justificada [41 ] , la consideran prohibida por el derecho internacional, mientras que otros piensan que ya existe un fundamento jurídico, o al menos está emergiendo, para justificar el uso de la fuerza como una ultima ratio, cuando así lo exija la necesidad de garantizar el respeto de los principios humanitarios en una situación de interés humanitario [42 ] .
 

Así pues, al confiar en el empleo de la fuerza, atendiendo a consideraciones humanitarias, a fin de garantizar el respeto del derecho internacional humanitario, se ha difuminado la distinción entre el jus ad bellum y el jus in bello . Existe una tendencia evidente hacia la militarización en la implementación del derecho internacional humanitario. Esto puede suscitar interrogantes en cuanto al riesgo de una implementación selectiva de las normas y principios del derecho humanitario, dada la naturaleza política del proceso de toma de decisiones del Consejo de Seguridad.
 

No obstante, puede ser útil recordar que quienes tienen derecho a emplear la fuerza para lograr el acatamiento del derecho internacional humanitario están, por supuesto, obligados ellos mismos a respetar sus disposiciones en la conducción de sus operaciones. En otras palabras, la finalidad de la intervención ( jus ad bellum ) no altera en modo alguno las obligaciones de jus in bello que las fuerzas de intervención deben respetar escrupulosamente.
 

Otra cuestión de gran importancia es la relación mutua entre el principio de no intervención y el derecho internacional humanitario, cuando el Consejo de Seguridad decide la aplicación de medidas con arreglo al Capítulo VII. En efecto, ciertos países y representantes de la sociedad civil, mostrando el malestar que la falta de intervención suscita en la sociedad internacional contemporánea, han abogado repetidamente por la implementación de un “derecho de injerencia humanitaria” [43 (fórmula francesa en boga para “derecho de intervención”, que ha gozado de mucha publicidad, y para la que no se ha encontrado aún una apropiada traducción en inglés). Algunos sostienen que el principio de no intervención debe ser invalidado en caso de violaciones graves y masivas del derecho humanitario, mientras que otros lo ven demasiado estrechamente relacionado con el principio de la soberanía como para ignorarlo. Con todo, se sobreentiende que el debate debe colocarse en su propia perspectiva, la del sistema jurídico internacional existente, que comprende el derecho de las Naciones Unidas.
 

Lo que más llama la atención en este contexto es el hecho de que se considera que las violaciones graves de los principios humanitarios son asuntos de interés internacional y no, para citar el artículo 2, párrafo 7, de la Carta de las Naciones Unidas, como “asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados”. Por otra parte, hay que poner de relieve que las medidas que se tomen con arreglo al Capítulo VII para remediar violaciones a principios humanitarios no deben considerarse como una violación al principio de la no intervención en los asuntos internos de los Estados. De hecho, estas medidas se benefician de la excepción consignada también en el artículo 2, párrafo 7, según la cual dicho principio “no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII. Esta “novedosa” cuestión de las intervenciones internacionales humanitarias, al igual que la escena política tras la guerra del Golfo a comienzos de los años 90, han de tenerse en cuenta al tratar de explicar la substancia de la resolución 688 del 5 de abril de 1991 y, más específicamente, su referencia al artículo 2, párrafo 7, de la Carta [44 ] . La práctica desde entonces ha tendido a reconciliar estos dos parámetros, aunque a veces a expensas del precio político de omitir cualquier referencia específica al capítulo pertinente de la Carta.
 

La asistencia humanitaria decidida por el Consejo de Seguridad en virtud del Capítulo VII no está en conflicto con la salvaguarda de la jurisdicción interna. Sin embargo, la asistencia humanitaria basada en el Capítulo VII debe cumplir ciertas exigencias: debe brindarse a gente necesitada y de conformidad con el principio de no discriminación. Estos criterios son similares a los estipulados en el derecho internacional general, en virtud del cual, para evitar reclamos por intervención en los asuntos internos de un Estado, “una característica esencial de la ayuda verdaderamente humanitaria es que se brinda ‘sin discriminación de ninguna especie’ y se ‘limita a los propósitos previstos en la práctica de la Cruz Roja, a saber ‘prevenir y aliviar el sufrimiento humano’ y ‘proteger la vida y la salud y garantizar el respeto del ser humano’ [45 ] . La naturaleza fundamental de estos principios humanitarios ha de ser tenida en cuenta por el Consejo de Seguridad cuando selecciona las medidas que ha de tomar, así como por l as organizaciones internacionales y los demás actores internacionales cuando brindan asistencia humanitaria.
 

Esta consideración es incluso más importante en situaciones en las que el recurso a la fuerza por motivos humanitarios tiende a obstruir otros medios de suministrar asistencia, o a menoscabar la atención dada a estos medios. Por otra parte, como el derecho internacional humanitario ha de aplicarse en todas las circunstancias, tiene también efecto en la fase posterior al recurso a la fuerza, en la que, por lo demás, su naturaleza incondicional y no discriminatoria son características claves [46 ] .
 

Por consiguiente, las Naciones Unidas, al haber asumido la obligación de garantizar el respeto del derecho internacional humanitario deben adoptar varias medidas para cumplir este deber. Un ejemplo reciente que ilustra el alcance de este progreso fue el “debate abierto” lanzado por el Consejo de Seguridad en septiembre de 1999 sobre la protección de los civiles en conflictos armados. Este debate, basado en un informe del secretario general [47 ] , respondía al deseo expresado por el presidente del Consejo [48 ] de que se hicieran recomendaciones para “mejorar la protección física jurídica de los civiles en los conflictos armados”. El secretario general atendió esta solicitud proponiendo un amplia gama de medidas potenciales, sea preventivas sea represivas, que caían en el ámbito de la lógica de “hacer respetar” el derecho internacional humanitario. Aunque los resultados tangibles de este debate no son particularmente significativos, el Consejo expresa claramente en su resolución final “su profunda preocupación por la disminución del respeto de los principios y el derecho internacional humanitario (...), y “declara que está dispuesto a afrontar las situaciones de conflicto armado en que la población civil es objeto de ataques o la asistencia humanitaria destinada a ella es obstaculizada deliberadamente, en particular considerando la adopción de medida s apropiadas a disposición del Consejo” [49 ] . Vale la pena igualmente destacar el número de Estados que aludieron en el debate a la responsabilidad colectiva respecto del acatamiento del derecho internacional humanitario; en esta ocasión, algunos de ellos llegaron incluso a mencionar explícitamente el artículo 1 común.
 

  Observaciones a manera de conclusión sobre la naturaleza casi constitucional del artículo 1 común  

 
No cabe la menor duda de que la obligación de respetar y de hacer respetar los principios humanitarios en todas las circunstancias ha adquirido una categoría especial no sólo en el derecho de las Naciones Unidas, sino también, de manera más general, en el orden jurídico internacional. Por consiguiente, esta disposición pertenece a un selecto grupo de normas y principios que, según sostiene la comunidad internacional, son de importancia primordial para la promoción de “las consideraciones elementales de humanidad” [50 ] : uno de ellos es la Cláusula de Martens [51 ] ; otra es la obligación de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario. Tales normas desempeñan lo que podría denominarse un “papel constitucional” en un sistema de seguridad colectiva en el que los valores humanitarios se han convertido en la razón para aprobar un gran número de medidas. Este papel constitucional es tanto más importante dada la proliferación de conflictos sui generis en los que puede reconocerse como partes con todas las de la ley una gran variedad de beligerantes no estatales (señores de la guerra, traficantes de estupefacientes, etc.). Así, recientemente el representante de Sudáfrica ante las Naciones Unidas, hablando a nombre del Grupo de los No Alineados, se refirió al artículo 1 común de una manera muy similar a la que se haría respecto de una constitución, calificándolo de instrumento de gran importancia y flexibilidad, que “esta blece la responsabilidad colectiva de las Naciones Unidas” [52 ] .
 

Otra tendencia que hay que destacar es el papel cada vez más notorio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, órgano que ha pasado a ser el principal defensor del artículo 1 común. Eso entraña un riesgo de parcialidad en favor de una región sobre otra, en la medida en que las consideraciones políticas podrían impedir que el Consejo actuara de manera incondicional, es decir, en cualquier circunstancia en que se requiera actuar. Asimismo, subsiste el riesgo de que el recurso del Consejo a la asistencia humanitaria se convierta en un peón de los intereses políticos, en vez del objeto de una acción política significativa. A fin de evitar esto, la obligación de hacer respetar el derecho internacional humanitario debe interpretarse de manera amplia, a fin de que incluya la búsqueda de medios pacíficos de resolver los conflictos sobre la base del respeto de los valores y principios de la Carta de las Naciones Unidas. La acción preventiva puede ser uno de esos medios, pero la promoción de las negociaciones positivas podría ciertamente ser otro  [53] .
 
 
  Laurence       Boisson de Chazournes y Luigui Condorelli son catedráticos del Departamento de Derecho Internacional Público y Organización Internacional, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra.
 
 
  Notas  

 
"Muchas de las citas y referencias de los artículos de la Revista tienen una traducción oficial al español de la que no disponemos aún; hemos optado por traducirlas para beneficio del lector hispanohablante. Esperamos que para el momento en que publiquemos la versión papel de la Revista ya podamos incluir las traducciones oficiales. En la versión de la Web, para la paginación de dichas referencias, cuando no disponemos de la traducción oficial mantenemos la numeración de la versión en el idioma original, la cual, obviamente, no corresponderá a la del español." [Nota del traductor]
 

 
1. Para una elaboración del concepto de política internacional pública, v. Gowlland-Debbas, right to life and genocide: the Court and international public policy”, L. Boisson de Chazournes/P. Sands (dirs .) International Law, the International Court of Justice and Nuclear Weapons , Cambridge University Press, Cambridge, 1999, p. 317. V. asimismo la opinión disidente del magistrado Koroma en Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons , Advisory Opinion of 8 July 1996, I.C.J. Reports, 1996, pp. 556 y ss.

2. I Convenio para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña; II Convenio para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar; III Convenio relativo al trato debido a los prisioneros de guerra; IV Convenio relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra.

3. Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales ( Protocolo I ), y Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter int ernacional ( Protocolo II ), ambos del 8 de junio de 1977.

4. Véase L. Condorelli / L. Boisson de Chazournes, “Quelques remarques à propos de l’obligation des États de ‘respecter et faire respecter’ le droit international humaitaire ‘en toutes circonstances’”, C. Swinarski (dir.), Studies and Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles in Honour of Jean Pictet , CICR/Martinus Nijhoff, Ginebra/La Haya, 1984, p. 18. Escrito en una época en que el artículo 1 se consideraba más bien como una especie de cláusula estilística, vacía de peso jurídico real, este artículo procuraba, mediante el estudio de los primeros progresos de la práctica internacional y siguiendo una prospectiva lógica, hacer resaltar las diversas implicaciones y efectos del deber de “respetar y hacer respetar”. Quince años más tarde, este trabajo reexamina esta cuestión, poniendo de relieve los aspectos consonantes con las cuestiones contemporáneas.

5. Jean S. Pictet (dir.) Commentary, Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War , CICR, Ginebra, 1958, p. 21.

6. Para el derecho de “ common law ”, v. en particular el precedente in terminis , infra , notas 9 y 23.

7. Esto contrasta con la obligación que se desprende del IV Convenio de La Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre y de su anexo: Reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, del 18 de octubre de 1907. Sobre la diferencia entre las obligaciones sobre las que se debate aquí y las estipuladas en el Convenio de La Haya de 1907, v. op. cit . (nota 4), p. 18.

8. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons , Advisory Opinion, 8 de julio de 1996, I.C.J. Reports, 1996, párr. 79.

9. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits , fallo del 27 de junio de 1986, I.C.J. Reports, 1996, párr. 220. Esta idea (ya anticipada en Condorelli/Boisson de Chazournes, loc. cit . [nota 4 ] , pp. 20-22), condujo a la Corte a decidir que un Estado comete un acto ilícito internacionalmente en violación del artículo 1 si induce a una parte en un conflicto armado a actuar de manera contraria a los principios humanitarios incorporados en el artículo 3 común.

10. Véase A. Roberts, “Implementation of the laws of war in late 20th century conflicts”, Parte I, Security Dialogue (SAGE Publications, Oslo), vol. 29, no 2, junio de 1998, p. 142.

11. V., por ejemplo, la resolución 1 de la 27a Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Ginebra, 1999), con la declaración anexa “El poder de la humanidad” y el “ Plan de acción para los años 2000-2003 ”, en la RICR , no 836, diciembre 1999, pp. 878-895 (de la edición en inglés/francés, N. del T.)

12. El fiscal c. Duscko Tadic , TPIY, Sala de apelaciones, sentencia, La Haya, 15 de julio de 1999, asunto no IT-94-1. V. asimismo Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia) - Provisional Measures , Providencia del 8 de abril de 1993, C.I.J., Reports, 1993, p. 1 y Providencia del 13 de septiembre de 1993, p. 325. Sobre estas providencias, v. L. Bo isson de Chazournes, “Les ordonnances en indication de mesures conservatoires dans l’affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide”, Annuaire français de droit international , vol. XXXIX (1993), pp. 514-539. En el ámbito de los derechos humanos v. Cyprus v. Turkey , no 8007/77, European Commission of Human Rights, Decisions and Reports 13 (1977), p. 85; Loizidou v. Turkey , 23 de marzo de 1995, Yearbook of the European Court of Human Rights , 38 (1995), p. 245. De manera más general, v. L. Condorelli “L’imputation à l’État d’un fait internationalement illicite: solutions classiques et nouvelles tendances , Recueil des cours de l’Académie de La Haye , tomo 189 (1984-VI), pp. 9-222, especialmente pp. 86-92.

13. Loc. cit . (nota 9), párrs. 109 y 115-116.

14.Véase L. Condorelli, “Le statut des forces de l’ONU et le droit international humanitaire”, Rivista di Diritto Internazionale , Anno 78, fasc. 4, 1995, pp. 881-906. También comparte esta opinión D. Shraga, “The United Nations as an actor bound by international humanitarian law”, en L. Condorelli/A.M. La Rosa/S. Scherrer (dirs.), Les Nations Unies et le droit humanitaire/The United Nations and International Humanitarian Law , Éditions Pedone, París, 1996, pp. 330 y ss. (presentación en español)  

15.Sobre este punto, v. Shraga, ibíd ., así como C. Emmanuelli, “Les forces des Nations Unies et le droit international hu manitaire”, ibíd ., pp. 345-370.

16.V. Condorelli, op. cit . (nota 14); asimismo, del mismo autor, “Conclusions générales”, en Condorelli/La Rosa/Scherrer, op. cit . (nota 14), pp. 445-474.

17.Doc. ONU ST/SGB/1999/13, del 6 de agosto de 1999; disponible también en el sitio Web de la ONU (en el título “Peace and Security”): http//www.un.org/peace/st_sgb_1999_13.pdf. V. Anne Ryniker, “ Respeto del derecho internacional humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas ”, RICR , no 836.

18.V. los artículos 49, 50, 129 y 146 comunes a los Convenios de Ginebra, y el artículo 85 del Protocolo adicional I.

19.Véase A.-M. La Rosa, “Forces multinationales et instances pénales internationales: obligation de coopération sous l’angle de l’arrestation”, H. Ascensio/E. Décaux/A. Pellet (dirs.), Droit international pénal , Éditions Pedone, París (que será publicado en breve).

20.Una cuestión ya ilustrada por Condorelli/Boisson de Chazournes, en op. cit. , (nota 4).

21. Loc. cit . (nota 8), párr. 79.

22.L. Condorelli, “Le droit international humanitaire, ou l’exploration par la Cour d’une terra à peu près incongnita pour elle”, en L. Boisson de Chazournes/P. Sands, op. cit . (nota 1), pp. 234 y ss. Asimismo, vale la pena señalar el hecho de que incluso en “... circunstancias extremas de legítima defensa en que está en peligro su supervivencia” un Estado no puede justificadamente transgredir esos principios humanitarios fundamen tales. No debe darse un interpretación contraria a la discutible formulación de la parte final de la opinión consultiva de 1996 titulada Licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares . Ibíd ., pp. 239 y ss.

23. The Prosecutor v. Zoran Kupreskic and others, TPIY , Sala de primera instancia, sentencia, La Haya, 14 de enero de 2000, caso no IT-95-16-T, párr. 517.

24. Ibíd ., párr. 519.

25.Véase L. Conderelli, “L’inchiesta ed il rispetto degli obblighi di diritto internazionale umanitario”, Scritti degli allievi in memoria di Giuseppe Barile, Padua, CEDAM, 1995, pp. 225-308.

26. Op. cit ., (nota 4), pp. 27 y ss.

27.Respecto del conflicto en Bosnia y Herzegovina, véase L. Condorelli/D. Petrovic, “L’ONU et la crise yugoslave”, Annuaire français de droit international , vol. XXXVIII, 1992, pp. 31-60.

28.Véase É. David, “Méthodes et formes de participation des Nations Unies à l’élaboration du droit international humanitaire”, pp. 87-113, y L. Boisson de Chazournes, “Les résolutions des organes des Nations Unies, et en particulier celles du Conseil de sécurité, en tant que source de droit international humanitaire”, Condorelli/La Rosa/Scherrer, op . cit . (nota 14), pp. 149-173.

29.El artículo 89 del Protocolo reza así: “En situaciones de violaciones graves de los Convenios o del presente Protocolo, las Altas Partes Contratantes se comprometen a actuar, conjunta o separadamente, en cooperación con las Naciones Unidas y en conformidad con las Carta de las Naciones Unidas.”

30.L. Boisso n de Chazournes, “The collective responsibility of States to ensure respect for humanitarian principles”, en A. Bloed et al . (dirs.), Monitoring Human Rights in Europe , Kluwer Academic Publishers, Países Bajos, 1993, pp. 247-260.

31.Por ejemplo, ONUSAL en El Salvador, Doc. ONU S/RES/693 de 1991.

32.Por ejemplo, APRONUC en Camboya, Doc. ONU S/RES/745 de 1992.

33.Establecido por la Resolución del Consejo de Seguridad S/RES/827 (1993) de 25 de mayo de 1993; sus Estatutos fueron enmendados mediante la Resolución S/RES/1166 (1998) de 13 de mayo de 1998.

34.Establecido por la Resolución del Consejo de Seguridad S/RES/955 (1994) de 8 de noviembre de 1994; sus Estatutos fueron enmendados mediante la Resolución S/RES/1165 (1998) de 30 de abril de 1998.

35.En la Resolución S/RES/681 (1990) de 20 de diciembre de 1990, el Consejo de Seguridad,

Profundamente preocupado por el peligroso deterioro de la situación de todos los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967, incluida Jerusalén, y de la violencia y tirantez en aumento en Israel, ...

5. Exhorta a las Altas Partes Contratantes en dicho Convenio a que se aseguren de que Israel, la potencia ocupante, acate las obligaciones que le incumben con arreglo al Convenio, de conformidad con su artículo 1;

6. Pide al secretario general que, en cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja, siga estudiando la posibilidad, expresada en su informe, de convocar una reunión de las Altas Partes Contratantes en dicho Convenio y examinar las medidas que podrían adoptar en virtud del Convenio y, con ese objeto, invite a las Partes a que presenten sus opiniones sobre la forma en que la idea podría contribuir a la consecución de los objetivos del Convenio y sobre otras cuestiones pertinentes y que presente un informe al Consejo”.

36.  Loc. cit. (nota 11).

37. Para un detenido examen de esta práctica, v. I. Österdahl, Threat to the Peace: The Interpretation by the Security Council of Article 39 of the UN Charter , lustus Förlag (Juridiska Föreningen i Uppsala), Uppsala, 1998.

38. V., por ejemplo, Resoluciones del Consejo de Seguridad 941 (1994) de 23 de septiembre de 1994, 1019 (1995) de 9 de noviembre de 1995, o 1034 (1995) de 21 de diciembre de 1995.

39. V., por ejemplo, Resoluciones del Consejo de Seguridad 1199 (1998) de 23 de septiembre de 1998, 1203 (1998) de 17 de noviembre de 1998, o 1239 (1999) de 14 de mayo de 1999.

40. Resolución del Consejo de Seguridad S/RES/1244 (1999) de 10 de junio de 1999.

41. B. Simma, “NATO, the UN and the use of force: Legal aspects”, European Journal of International Law , vol. 10, no 1, 1999, pp. 1-22.

42. A. Cassese, “ Ex iniuria ius oritur : Are we moving towards international legitimation of forcible humanitarian counter-measures in the world community?”, European Journal of International Law , vol. 10, no 1, 1999, pp. 23-30, y C. Greenwood, International Humanitarian Law and the Laws of War, Preliminary Report for the Centennial Commemoration of the First Hague Peace Conference 1899 , disponible en el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, sitio Web: www.minbuza.nl/English/sumconferences.html.

43. V. en particular M. Bettati/B. Kouchner (dirs.), Le devoir d’ingérence , Denoël, París, 1987. Para una ev aluación crítica de la noción, véase O. Corten/P. Klein, Droit d’ingérence ou obligation de réaction? 2a ed., Bruylant/Éditions de l’Université de Bruxelles, Bruselas, 1996.

44. Doc. ONU S/RES/688 de 5 de abril de 1991. Para una interpretación política y jurídica de la Resolución 688, v. P. Malanczuk, “The Kurdish crisis and allied intervention in the aftermath of the Second Gulf War”, European Journal of International Law , vol. 2, no 2, 1991, pp. 114-132.

45.  Nicaragua v. USA, loc. cit . (nota 9), párr. 243.

46.Con respecto a estos principios, cabe llamar la atención sobre las medidas tomadas por la Unión Europea en el otoño de 1999 para despachar combustible a los municipios dirigidos por coaliciones políticas opuestas a Slobodan Milosevic en Yugoslavia.

47.Doc. ONU S/1999/957, de 8 de septiembre de 1999.

48. Doc. ONU S/PRST/1999/6, de 12 de febrero de 1999.

49 .Resolución del Consejo de Seguridad 1265 (1999), de 17 de septiembre de 1999.

50. Esta fórmula fue utilizada por la C.J.I. En el caso del Canal de Corfú (Reino Unido c. Albania), del 9 de abril de 1949. Sobre los principios humanitarios como equivalentes de “consideraciones elementales de humanidad”, v. P-M. Dupuy, “Les ‘considérations élémentaires d’humanité’ dans la jurisprudence de la Cour internationale de Justice”, R.-J. Dupuy (dir.), Droit et justice - Mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos, París, Éditions A. Pedone, 1999, p. 117.

51. Con arreglo a esta disposición, en casos no previstos en los Convenios, el Protocolo u otros acuerdos internacionales, o en caso de denuncia de estos acuerdos, “las personas civiles y los combatientes quedan bajo la protección y el imperio de los pr incipios del derecho de gentes derivados de los usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública.” - Protocolo I, artículo 1; v. también los Convenios de Ginebra I (art. 63), II (art. 62), III (art. 142) y IV (art. 158).

52. Esta observación se hizo durante el debate abierto convocado el 16 de septiembre de 1999 por el Consejo de Seguridad para deliberar sobre cuestiones relativas a la protección de los civiles en conflictos armados. Doc. ONU S/PV.4046 (resumen), 17 de septiembre de 1999.

53. V. las propuestas del secretario general en su informe al Consejo de Seguridad sobre la Protección de los Civiles en Conflictos Armados, Doc. ONU S/1999/957, de 8 de septiembre de 1999.




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