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Las cuestiones humanitarias y la globalización

30-06-2000 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Pierre de Senarclens

  Resumen:

Las cuestiones humanitarias son ahora un factor preponderante en las relaciones internacionales. La asistencia a las víctimas de los conflictos armados o de las catástrofes naturales desempeña un papel importante en los debates sobre políticas a nivel interno, en las organizaciones internacionales y no internacionales y en los medios de información. Los presupuestos para la ayuda de emergencia internacional están incrementándose mientras que la ayuda al desarrollo se reduce. La caridad se ha convertido en la respuesta a todas las desgracias y la “víctima” es un símbolo de nuestra época. Tras examinar algunas de las crisis humanitarias recientes y debatir sobre cuestiones pertinentes de políticas, el autor presenta algunas propuestas para cambiar las políticas y las instituciones. Aboga por reforzar las condiciones que permitan poner en vigor los principios consagrados en la Carta de la ONU y, a la vez, disminuyan el espacio de la caridad y la necesidad de recurrir a ella.
 

 
 
Las cuestiones humanitarias, en particular los socorros de urgencia a las poblaciones víctimas de las catástrofes naturales o de los conflictos armados, ocupan un lugar cada vez más importante en la política internacional. Estas cuestiones se han convertido en un componente de la diplomacia, e incluso de la estrategia, de los países occidentales. Nunca antes habían suscitado tanto debate en las Naciones Unidas, en los parlamentos nacionales y en los medios de comunicación de masas. Asimismo, desempeñan un papel primordial en las actividades operacionales de la ONU, en las que participan, a veces improvisadamente, innumerables organizaciones n o gubernamentales - ONG -, al lado de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja o del Comité Internacional de la Cruz Roja. Hoy el espacio humanitario se encuentra muy colmado. En 1994, tras el genocidio rwandés, podían contarse en la región de Goma no menos de ocho organismos de las Naciones Unidas y unas 200 ONG, sin hablar de las instancias que representaban a la Unión Europea y a los países donantes. Y ¡qué decir de la irrupción de las organizaciones de socorro en la antigua República yugoslava de Macedonia y en Albania, durante la “intervención humanitaria” de la OTAN contra Serbia! Hoy son ya incontables los organismos privados, los departamentos académicos, los institutos de formación y de investigación, los coloquios y sesiones de formación o las ceremonias mundanas que fundan su razón de ser en la actividad humanitaria. Las empresas transnacionales no dejan de tener su responsabilidad en la situación, pues “patrocinan” cada vez más este tipo de actividad, mientras aparece una multitud de consultores y de actividades comerciales cuyo objetivo es colocar a la actividad humanitaria en relación con los mercados.
 

Los recursos que la Unión Europea y los gobiernos consagran a los socorros humanitarios no cesan de incrementarse, mientras que declina la asistencia pública al desarrollo. Las relaciones Norte-Sur son ahora entendidas en términos humanitarios, como si la caridad debiera asumir todos los desórdenes y todas las angustias del planeta. La imagen del niño esquelético a causa del hambre o amputado por una mina atrae la atención pública, a tal punto que opaca la asistencia requerida por sus padres para asumir su función protectora. Además, las actividades humanitarias de urgencia tienen mucho más apoyo que los esfuerzos de prevención, incluso en los casos de hambrunas que, sin embargo, son previsibles con muchos meses de antelación. La hambruna reciente que afecta a Etiopía es una nueva expresión de esta realidad.
 

Esta expansión del espacio humanitario es inquietante por varias razones. No sólo refleja el agravamiento de las situaciones de desamparo que exigen la movilización de la comunidad internacional . Traduce además un cambio de orientación ideológica y política de los países ricos respecto de la miseria del Sur. Tras la Segunda Guerra Mundial, se reconoció ampliamente que los poderes públicos debían desempeñar un papel decisivo en la regulación de las sociedades mediante el dominio de la dinámica del sistema capitalista. Los países occidentales han hecho esfuerzos por construir un Estado social cuya misión era precisamente reducir el espacio de la caridad.
 

Eran los gobiernos, y no las asociaciones caritativas, los que tenían la función de proteger a los necesitados. Debían, en particular, esforzarse por proteger, a través de la prevención, a los trabajadores y sus familias contra los riesgos de la vida profesional, de la enfermedad, los accidentes, el desempleo y la vejez. En 1945, la Carta de las Naciones Unidas confirió a este modelo político y social un valor universal. A comienzos de la guerra fría, tras haber evaluado la hambruna y la miseria reinantes en Europa, el gobierno estadounidense lanzó el plan Marshall. El objetivo de este programa de ayuda no era ofrecer una asistencia humanitaria a Europa, sino más bien acelerar su reconstrucción económica y social, conteniendo, a la vez, la amenaza soviética. Poco tiempo después, la decisión de aprovisionar a Berlín fue de naturaleza esencialmente política y estratégica, y las dimensiones humanitarias de este compromiso pasaron a un segundo plano.
 

Los programas de las Naciones Unidas en favor de los países en vía de desarrollo han respondido a las mismas preocupaciones políticas. Es verdad que la ONU se ha ocupado igualmente de cuestiones humanitarias, pero de manera limitada, cuando se ha visto confrontada a situaciones políticas inmanejables. Así, en 1948, la O NU creó el OOPS, el organismo de obras públicas y socorro de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina. Esta organización, instituida a título temporal, ha perdurado hasta nuestros días, pues la comunidad internacional se ha mostrado incapaz de restaurar la paz en el Cercano Oriente. Por la misma época, las Naciones Unidas establecieron igualmente un fondo de socorro para la infancia para asistir a los niños víctimas de la guerra. Pero las instituciones de caridad siguieron siendo necesarias para proteger a los individuos que carecían ya de Estado, sobre todo a los que huían de los regímenes comunistas.
 

  El neoliberalismo y el retorno de la caridad  

 
Fue en el transcurso de los años 80 que las cuestiones humanitarias cobraron un gran auge en la política internacional. Esta expansión coincidió con las transformaciones del régimen capitalista, que están asociadas a la noción de globalización. Las razones de esta coincidencia son complejas. No cabe duda de que el progreso de las redes de información y de comunicación ha contribuido a la creación de nuevos vínculos de solidaridad internacional, lo que favorece la movilización de los movimientos asociativos, de las organizaciones internacionales y de los gobiernos. Gracias a los medios de comunicación de masas, desde entonces las imágenes de las hambrunas, las guerras civiles y las catástrofes naturales dan la vuelta al mundo en tiempo real y suscitan reacciones de compasión que justifican y requieren acciones humanitarias de socorro. No obstante, este análisis es insuficiente, pues las causas susceptibles de mantener la emoción son muy diversas y no podría explicarse la opción de la caridad mencionando únicamente el papel de los medios de comunicación.
 

El nuevo entusiasmo por la actividad humanitaria es también, al parecer, un reflejo de la pérdida de refer entes ideológicos, pérdida que ha sacudido a la opinión occidental, en particular a los círculos intelectuales. Confrontados a las aporías del socialismo real y a los horrores de las dictaduras postcoloniales, los movimientos de inspiración marxista y los proyectos tercermundistas se han agotado. Comenzaron entonces a proliferar las ONG que militan en favor de los derechos fundamentales de la persona, en contra de las detenciones arbitrarias, la tortura y la desaparición forzada. No obstante, entre el público en general, los derechos humanos están asociados a la acción de Amnistía Internacional . Esta lógica ha traído consigo el desarrollo de un nuevo movimiento humanitario, animado por personas -ante todo médicos- que reaccionaban en contra de la neutralidad y el legalismo del CICR, que pretendían llevar asistencia a las poblaciones desamparadas, en particular las víctimas de guerras civiles, hambrunas y tiranías. Estos militantes querían intervenir urgentemente, sin discriminación, sin consideración de fronteras, situaciones políticas o especificidades institucionales o culturales.
 

Este impulso humanitario coincidió con el avance de las ideas neoliberales, favorecidas por la llegada al poder de la señora Thatcher en el Reino Unido y del Presidente Reagan en Estados Unidos, cuyo mensaje primordial proclamaba, en resumen, las bondades del individualismo y las funciones autoreguladoras del mercado. Dados las “restricciones” resultantes de la economía, de la competencia internacional en particular, se imponían políticas de liberalización de los intercambios comerciales y de desregulación de los movimientos de capitales. Esta ofensiva ideológica, que no dejaba de estar relacionada con el aumento del desempleo y de la inflación y con el mal funcionamiento del Estado benefactor, provocó la erosión de las estrategias imperantes desde la Segunda Guerra Mundial para sacar a los países pobres de su marasmo económico y social.
 

La crisis de la deuda fue una etapa importante de esta ofensiva liberal en los países pobres. Las políticas de ajuste estructural, preconizadas por las instituciones financieras internacionales bajo la égida de las esferas dirigentes estadounidenses, desacreditaron las antiguas estrategias de desarrollo que, a fin de cuentas, casi siempre habían fracasado, contribuyendo, a la vez, a la emergencia de regímenes autoritarios. A partir de entonces, los Estados debían abandonar su participación en la esfera económica y dejarla en manos de la empresa privada. Su función, según se pretendía, era crear las condiciones para un entorno favorable a la dinámica del mercado. Se abandonó la idea de planificación económica, de protección de las industrias nacientes, de regulación económica y social. Se descartó igualmente el cambio de las estructuras del comercio internacional, la intervención para evitar la degradación de las condiciones de intercambio comercial, la organización de una transferencia de tecnología, la modificación de la representación de los países del Sur en las instituciones de Bretton Woods. Se argumentaba que la libre empresa, al gozar de la reducción de los obstáculos a un mínimo, resolvería a largo plazo los problemas sociales mediante la creación de riqueza y de empleos, y la reabsorción gradual de la pobreza de las masas. Siguiendo políticas macroeconómicas sanas y evitando provocar distorsiones del mercado ocasionadas por limitaciones de la legislación social inadaptadas a la competencia internacional, apostando por la liberalización de los intercambios comerciales y de los flujos de capitales, los Estados debían necesariamente captar flujos de inversiones extranjeras y mejorar la productividad de sus empresas y el nivel del empleo. La integración de los países de la periferia al mercado mundial se había vuelto la vía perfecta del desarrollo.
 

En esta lógica, los gobiernos occidentales cedieron el protagonismo a otros actores de la regulación económica y socia l, especialmente las empresas transnacionales, los bancos comerciales y las ONG, que van ahora a desempeñar un papel cada vez más importante en la escena internacional, aprovechando las nuevas redes de comunicación y de información. Se suponía que las ONG eran más eficientes que la Organización de las Naciones Unidas, en la que tenían un escaño los representantes de tantos Estados autoritarios. Sus gastos de funcionamiento eran limitados, pues contaban con voluntarios plenos de sentido común y buena voluntad. Aparecían como una expresión de la sociedad civil, concepto que nadie definía con precisión, pero que se percibía como la vía perfecta para la promoción del liberalismo y de la expansión de los mercados. La movilización de las ONG ha permitido a los Estados europeos, miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), subcontratar su política de asistencia, en una época de restricción presupuestaria que afecta a la ayuda pública al desarrollo. En realidad, las ONG no se preocupaban mucho por los grandes problemas estructurales, tales como el comercio internacional, los flujos de inversiones, el sistema monetario, las integraciones zonales; en lugar de ello, procuraban realizar pequeños proyectos que reforzaran la autonomía, la autosuficiencia y la emancipación de las “comunidades de base”, orientaciones que expresan igualmente los valores individualistas de las sociedades occidentales. El florecimiento de la nebulosa ONG ha coincidido en los países industrializados con una inseguridad creciente en la esfera del empleo. El progreso de los movimientos asociativos ha correspondido, en efecto, a cambios en los modos de producción, en particular al crecimiento del sector de los servicios.
 

Los profesionales de la salud, en particular, han encontrado en la acción humanitaria una nueva esfera de actividad, en una época en que su carrera se hacía más difícil por razones relacionadas con la evolución de la demografía, con la recesión y la saturación de las profesiones médicas. De esta manera, las ONG se convertían en una importante fuente de oportunidades profesionales, en particular para los jóvenes en búsqueda de un primer empleo, aunque también para los diplomados de los países pobres.
 

  Las crisis sociales y las respuestas humanitarias  

 
La globalización y las políticas de estabilización y ajuste estructural a las que estuvo asociada tuvieron como efecto un crecimiento de las disparidades económicas y sociales entre los países, así como al interior de éstos. En Latinoamérica y en África fue la época de los “decenios perdidos”. Las desigualdades de salario y de ingresos no han cesado de aumentar. En la mayoría de los países en desarrollo, la población ha crecido más rápidamente que la creación de empleos.
 

La cuestión de la pobreza masiva suscitó rápidamente una atención cada vez mayor de las instituciones internacionales, pero se la consideró un problema sectorial específico que podía ser objeto de programas con destinación claramente determinada. Ante las desastrosas políticas sociales preconizadas por las instituciones de Bretton Woods, el UNICEF lanzó la idea de un “ajuste con rostro humano”. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) comenzó, en 1990, la publicación de sus Informes Anuales sobre el Desarrollo Humano, pero sin llegar a explicitar el marco institucional y político que mejoraría los indicadores del progreso económico y social que procuraba producir. El Banco Mundial propuso la creación de “redes sociales”. En esas perspectivas, se suponía que lo económico, lo social y lo político pertenecían a esferas distintas. A fin de cuentas, la miseria de un sector cada vez mayor de la sociedad internacional se convirtió en un problema de caridad, cuando antes era entendida como una cuestión de desarrollo. En este contexto, la actividad humanitaria resultó ser un cómplice - no siempre voluntario- de una ideología descalificadora del papel del Estado y se impuso como la expresión de un apoliticismo creciente en los países occidentales.
 

Hoy es menos clara que nunca la determinación de las situaciones que requieren asistencia humanitaria. La Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en su Informe sobre las catástrofes en el mundo , se quejaba en 1997 de una “interferencia sobre los fundamentos y la naturaleza de la acción humanitaria”. Las organizaciones de socorro imponen sus elecciones a este respecto, ignorando a menudo la miseria ordinaria de las personas que están por debajo del umbral de pobreza, que sufren de desnutrición crónica, que emigran hacia las periferias malsanas de las grandes ciudades sin encontrar allí ni albergue ni protección. Según las Naciones Unidas y el Banco Mundial, existen alrededor de un billón y medio de personas que viven en la indigencia absoluta, de las cuales 840 millones sufren de desnutrición crónica. La mayoría de estas personas no recibirán nunca asistencia humanitaria, a menos que sean víctimas de conflictos armados, de catástrofes naturales o de migraciones forzadas. De hecho, no es raro que las organizaciones humanitarias ayuden a los refugiados pero no a las poblaciones locales que los circundan y que se encuentran a veces en una indigencia de la misma magnitud.
 

Las cifras publicadas por las Naciones Unidas sobre la pobreza masiva permiten también poner en perspectiva los envites actuales de la acción humanitaria. Nos recuerdan que los socorros de caridad emprendidos a este respecto son escasos, incluso irrisorios en comparación con la miseria que afecta a una cuarta parte de la humanidad. Pero también nos ilustran sobre el origen de las crisis que movilizan las acciones de socorro. En el transcurso de los años 90, varias tragedias humanitarias fueron consecuencia directa de guerras civiles.
 

Cuando ya no existe una autoridad legítima que pueda garantizar las condiciones esenciales del orden público y social, los individuos quedan abandonados a su suerte, entregados a la violencia, obligados a huir y a luchar por garantizar su propia supervivencia. Ahora bien, el espacio de los países en los que fracasa la construcción del Estado-Nación, se traslapa parcialmente con el de las regiones más pobres del mundo. Los flujos de refugiados, los desplazamientos de población y las hambrunas son engendrados por la incuria o la maleficencia de los poderes públicos y por las desigualdades sociales, fenómenos políticos asociados a la mala repartición de las tierras y los recursos, a la erosión de los suelos y a la ruptura de los sistemas de intercambio comercial.
 

Es verdad que no se trata de establecer una correlación simple entre la miseria, por una parte, y las guerras civiles o los fenómenos de opresión, por otra. No obstante, conviene reconocer que la gran mayoría de las guerras civiles que, a lo largo de los años, han movilizado a la comunidad internacional han estallado en los países situados en la periferia de los centros de producción y de intercambio comercial. Además, los ciclones, las inundaciones o los temblores de tierra afectan mucho más fuertemente a los países pobres que, por añadidura, son los únicos que tienen que soportar la desnutrición y la hambruna.
 

En este contexto, hay que poner de relieve que el fracaso o la desintegración de los Estados no obedece únicamente a realidades internas en los países en cuestión, sino también a la política internacional. Sin retomar la cantinela relativa al pasado colonial, hay que admitir que los países endeudados y en recesión, confrontados a una baja constante de los precios de sus productos de exportación, al proteccionismo de los países de la OCDE, sometidos a políticas defectuosas de ajuste estructural, y que generalmente viv en una economía de subsistencia, tienen pocas probabilidades de éxito en su integración política y social. Ahora bien, la mayoría de los países pobres son mantenidos al margen del comercio internacional y han sido abandonados por los inversores. Sin industria, productores de materias primas cuya demanda está en declive, dependientes de una agricultura de escasa producción, de la que se protegen los países ricos, confrontados a una degradación de su entorno y a un crecimiento muy rápido de su población, estos países, además, sufren, más que otros, de catástrofes “naturales” y de guerras civiles.
 

  Las aporías de la acción humanitaria  

 
Los problemas políticos inherentes a estos Estados frágiles no habrían tenido en efecto consecuencias tan monstruosas, si la comunidad internacional hubiera estado en capacidad de movilizar los recursos económicos, políticos y militares que le permitieran sostener a los Estados débiles o paliar el desmoronamiento de la soberanía de esos Estados. Pero en lugar de asumir este cometido, las grandes potencias y las instituciones internacionales ligadas a ellas se han contentado con definir los problemas en términos de socorros de urgencia, movilizándose para exigir la caridad internacional. Para rematar, la ONU ha consagrado la mayoría de sus operaciones de mantenimiento de la paz a metas de esta naturaleza.
 
¿Humanitaria? Es así en todo caso como la comunidad internacional entiende los conflictos regionales desde la caída del muro de Berlín. Las masacres y los éxodos de las poblaciones kurdas en Irak, las guerras civiles en ex Yugoslavia, Liberia, Sierra Leona o Ruanda son presentadas por las esferas dirigentes y los medios de comunicación de masas de los países occidentales en términos de problemas humanitarios, como si estas guerras no tuvieran hi storia, como si las víctimas de los genocidios y las masacres no pudieran beneficiarse de otro socorro que del de las actividades de caridad iniciadas por algunos gobiernos y ONG. La medicina de urgencia se impone como el paradigma para abordar los problemas de las guerras civiles, de la opresión y de la miseria.
 

Como bien lo expresó, durante la guerra en ex Yugoslavia, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, la señora Sadako Ogata, hay tragedias humanitarias que no tienen solución humanitaria. Las aporías de la acción humanitaria aparecieron claramente durante esta tragedia, pues los cascos azules de las Naciones Unidas estaban encargados de misiones humanitarias y coercitivas que no eran compatibles entre sí. No cabe duda de que quienes emprendieron las operaciones de mantenimiento de la paz y de acción humanitaria tuvieron su cuota de responsabilidad en los problemas que había que resolver. Actuaron para limitar los flujos de refugiados pero participaron, en contra de su voluntad, en la depuración étnica. Estuvieron implicados en un clima político mantenido por personas y asociaciones que creían que los buenos sentimientos y los gestos humanitarios, así como los esfuerzos incesantes por no recurrir a las armas y por prolongar la negociación podían contribuir a la pacificación de los señores de la guerra y a restablecer la paz. En esta ocasión, la acción humanitaria se convirtió incluso en un recurso político como cualquier otro, que correspondía a la negativa de los Estados, de las grandes potencias en particular, a asumir sus obligaciones internacionales. Paradójicamente, fue hasta cómplice de una escalada de la violencia. Basta leer el informe que acaba de publicar la ONU sobre la responsabilidad de la comunidad internacional en Bosnia Herzegovina [1 ] . Srebrenica fue la culminación de este estado de espíritu. Cuando se examinan las cadenas de responsabilidad, se encuentra, a lo largo de esta trágica histori a, un espíritu de dimisión y de cobardía ante la violencia: desde el comandante de los cascos azules hasta los jefes de la FORPRONU, pasando por los gobiernos occidentales y los representantes en Bosnia del secretario general de la ONU. La misma falta de decisión de la comunidad internacional se manifestó durante el genocidio rwandés y las guerras civiles en Liberia y en Sierra Leona.
 

Es verdad que los países de la OTAN, tras haber aprendido su lección en su experiencia en Bosnia-Herzegovina, intervinieron de manera decidida contra la República Federal de Yugoslavia, cuando se hizo evidente que su gobierno preparaba un nuevo genocidio en Kosovo. No obstante, es lamentable que hayan invocado propósitos humanitarios para justificar su intervención, cuando en realidad perseguían fines políticos de otra naturaleza, aunque legítimos al fin y al cabo: la protección de los derechos humanos y el respeto de las minorías de Kosovo, la destrucción de un régimen dedicado a la depuración étnica y a la guerra en los Balcanes. Pero esta guerra se convirtió en una “intervención humanitaria”. En efecto, se la presentó como si los aviones utilizados no tuvieran otra misión que lanzar en paracaídas bultos de trigo, tiendas de campaña y mantas.
 

No se trata, ciertamente, de incriminar a las ONG que, en su mayoría, asumen una misión de socorro indispensable, con una abnegación y un profesionalismo ejemplares. Tampoco se trata, en modo alguno, de cuestionar la necesidad de emprender una ayuda humanitaria internacional para aliviar el desamparo de poblaciones víctimas de catástrofes naturales ya sea en Honduras, Turquía o Mozambique. La cuestión tampoco es minimizar las acciones del CICR, del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en general, de Médicos Sin Fronteras o de la ONU, que ayudan a las víctimas de estas tragedias. Estas organizaciones -conviene igualmente recordarlo- han pedido a menudo a los Estados, a las grandes potencias en particular, que asuman sus obligaciones internacionales en materia de paz y de seguridad. En general, han admitido que era irresponsable invertir excesivamente en su misión sectorial. Pero ante la desintegración de los Estados y la magnitud de los problemas socioeconómicos inherentes a la globalización, hay que reconocer también que las acciones y las posibilidades de socorro de urgencia emprendidas por estas organizaciones resultan ser insuficientes y, por ende, parcialmente ilusorias.
 

  Cambiar de política y de instituciones  

 
Los gobiernos de los países de la OCDE logran movilizar hoy muchos recursos para atenuar las tragedias humanitarias, pero, a la vez, defienden las estructuras internacionales injustas y nefastas que constituyen también una de las causas de estos desórdenes. Esta contradicción es objeto de una creciente oposición, en particular de parte de algunas ONG. Estas protestas, que se manifestaron con estrépito, en Seattle, durante la Conferencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en diciembre de 1999, se fundamentan en la idea de que las sociedades deben poder dominar los cambios históricos que las afectan. Cuando no se domina la dinámica del sistema capitalista, ésta profundiza las polarizaciones sociales; por consiguiente, socava la capacidad de los Estados pobres para asumir sus funciones de integración, ya que la miseria tiende a reforzar las solidaridades comunitarias de índole étnica o de clan. Ahora bien, la fragilidad de los Estados pobres es tanto más grande cuanto que no está compensada por la aparición, en el plano zonal o mundial, de instituciones capaces de asumir el relevo de la soberanía defectuosa de esos Estados.
 

La magnitud y la gravedad de las cuestiones sociales de dimensión planetaria, así como la degradación del medio ambiente, los movimientos de población, las nuevas dimens iones de la inseguridad, resultado del aumento en el número de guerras civiles, no podrán más “manejarse” por los gobiernos y las ONG siguiendo la modalidad de la caridad. Los nefastos efectos de una liberalización no dominada de los movimientos de bienes y servicios obligarán a los Estados a instaurar nuevos mecanismos de regulación internacional. Por tal razón hay que tomar en serio los recurrentes debates sobre la reforma de las instituciones internacionales. Las ONG activas en la esfera del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos deberían, en particular, consagrar más esfuerzos a impulsar esta reforma, replanteado las preguntas de la soberanía y de la legitimidad, es decir: ¿quién tiene derecho a mandar?, ¿según cuáles modalidades?, ¿sometiéndose a cuál control? y ¿dentro de cuáles estructuras de participación política?
 

La problemática de la estructura financiera internacional es, hoy más que nunca, una cuestión de actualidad. Implica una transformación del papel y del comportamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta organización, demasiado exclusivamente preocupada por la estabilización de los mercados financieros y por la lucha contra la inflación, debería estar en capacidad de asumir objetivos más amplios, tales como el desarrollo duradero y el empleo. En esta lógica, los programas de estabilización y de ajuste estructural que recomiende a los gobiernos confrontados a problemas de balanza de pagos tendrían otra finalidad y, especialmente, tendrían en cuenta las condiciones de vida de los países concernidos [2 ] . En todo caso, se hace urgente integrar la política social a las estrategias de desarrollo. Los progresos de los países pobres no pueden medirse con el rasero de los criterios de la liberalización de los intercambios comerciales y de los flujos de capitales o de la eficacia de su mercado en la competencia mundial. Desde hace ya varios años, se menciona el proyecto de un Consejo de Seguridad Económico en el que se debatirían, a nivel min isterial, las grandes cuestiones de la cooperación económica internacional. Este Consejo podría definir las estrategias de desarrollo duradero, a la vez que se esforzaría por coordinar las actividades de los organismos especializados de las Naciones Unidas, de las instituciones de Bretton Woods y de la OMC. Asimismo, podría tener la función de denunciar, incluso de sancionar a empresas y gobiernos culpables de violaciones masivas de los derechos humanos y de atentados particularmente flagrantes contra las disposiciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
 

A nivel de la seguridad, entendida en su concepción tradicional y restrictiva, las Naciones Unidas deberían en particular estar en capacidad de intervenir más eficazmente para asumir el relevo de las soberanías defectuosas, en las situaciones de guerra civil, en especial en África. La propuesta, formulada en 1992, en el marco del Programa para la Paz, del antiguo secretario general de las Naciones Unidas, Boutros Boutros Ghali, debería reconsiderarse. En efecto, la ONU podría disponer de una brigada de soldados profesionales, movilizables rápidamente según una recomendación del Consejo de Seguridad. El costo del mantenimiento de esta fuerza no sería despreciable, pero sería menor que el que los países occidentales aceptan soportar al dejar degradarse situaciones de violencia que desembocan en guerras civiles interminables, como lo muestran los ejemplos de Bosnia-Herzegovina, Ruanda, Sierra Leona, Liberia, Somalia o los dos Congos.
 

La comunidad internacional podría asimismo definir sistemas de sanciones dirigidas con precisión, destinadas a afectar directamente a los recursos políticos, simbólicos y financieros de los gobiernos incriminados, procurando denunciar los nexos diplomáticos que mantienen éstos con gobiernos e instituciones internacionales y, en particular, excluyéndolos de las Naciones Unidas o de las organizaciones zonales. Las instituciones financieras internacionales, así como los países ricos, podrían también romper las relaciones de asistencia que mantienen con los Estados que alimentan guerras civiles en el extranjero. Los dirigentes políticos y los de los movimientos insurgentes implicados en las guerras civiles se enriquecen con el tráfico de estupefacientes, de diamantes, de petróleo o de otras materias primas. Disponen de cuentas bancarias en el extranjero que utilizan para abastecerse de armas o para alimentar sus sistemas de prebendas. Las Naciones Unidas deberían elaborar listas de esas personalidades políticas, confiscarles sus activos y enjuiciarlos penalmente.
 

Las ONG que actúan en el ámbito humanitario o que luchan por la promoción de los derechos humanos están acostumbradas a protestar contra la violación de las libertades individuales y los atentados graves contra la dignidad de la persona, pero no han desarrollado aún una estrategia concertada para cuestionar a las empresas privadas cuando éstas resultan ser cómplices de esas violaciones. Ahora bien, las guerras civiles o la represión en varios países de África o de Asia no habrían tenido tanta duración ni tanta importancia sin la complicidad de las empresas transnacionales que explotan sus recursos mineros y petrolíferos.
 

En resumidas cuentas, los gobiernos democráticos, así como las ONG, deben hacer todo lo necesario para disminuir el espacio de la caridad, instaurando las instituciones y las condiciones que permitan la realización de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Como expresara muy acertadamente Myriam Revault d’Allones en una reciente obra: “Una humanidad que no adhiere más que a la “naturaleza humana” es una humanidad deshumanizada” [3 ] . Ahora bien, hay que reconocer hoy que la dinámica de la globalización, cuando no es regulada, trae consigo la desintegración rápida de las tradiciones, los lazos sociales y las relaciones de integración política. En estas circunstan cias, la víctima humanitaria se convierte en una figura emblemática y trágica del universo apolítico, sin fronteras y sin historia que los adeptos de la desregulación y de la tecnocracia se ingenian para instaurar.
 
 

  Pierre de Senarclens es profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Lausana (Suiza). Una primera versión de este texto fue presentada en una conferencia en el Museo Internacional de la Cruz Roja, en Ginebra, el 28 de marzo de 2000.

  Notas
 

  "Muchas de las citas y referencias de los artículos de la Revista tienen una traducción oficial al español de la que no disponemos aún; hemos optado por traducirlas para beneficio del lector hispanohablante. Esperamos que para el momento en que publiquemos la versión papel de la Revista ya podamos incluir las traducciones oficiales. En la versión de la Web, para la paginación de dichas referencias, cuando no disponemos de la traducción oficial mantenemos la numeración de la versión en el idioma original, la cual, obviamente, no corresponderá a la del español." [Nota del traductor]  

 
1. Naciones Unidas, Informe del secretario general a la Asamblea General, doc. A/54/549, del 15 de noviembre de 1999: La caída de Srebrenica.

2. Robert A. Blecker, “Taming Global Finance. A Better Architecture for Growth and Equity”, Economic Policy Institute, Washington, 1999, p. 117.

3. Myriam Revault d’Allones, Le dépérissement de la politique. Généalogie d’un lieu commun , Aubier, París, 1999, p. 260.




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