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Testimonio de los delegados del CICR ante la Corte Penal Internacional

31-12-2000 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Stéphane Jeannet

  Resumen: El autor analiza la adopción, en junio de 2000, de una cláusula en el Reglamento de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional, que confiere al CICR el derecho a no divulgar informaciones confidenciales (incluso en el testimonio de delegados) sin el consentimiento de la institución.  

     

En su número de junio de 2000, la Revista publicó un comentario sobre la decisión del Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia (TPIY), del 27 de julio de 1999, en la que reconocía que el CICR tenía derecho absoluto a no divulgar información relacionada con sus propias actividades [1 ] . El Tribunal concluyó que este derecho se basaba en el derecho internacional consuetudinario.
 

Este caso fue el punto de partida de una reflexión más amplia al interior del CICR sobre la confidencialidad de la información presentada ante tribunales internacionales, y en particular ante la futura Corte Penal Internacional (CPI). La finalidad de este artículo es esbozar los esfuerzos del CICR en el marco de la Comisión Preparatoria para el Establecimiento de una Corte Penal Internacional (en adelante la ComPrep) para garantizar la aprobación de una disposición que protegiera la confidencialidad de la información de la organización, y los resultados de estas acciones.
 

  El CICR y la Corte Penal Internacional  
 

El CICR ha recibido el cometido de promover el respeto del derecho internacional humanitario, que comprende el desarrollo de mejores mecanismos de aplicación [2 ] . De su cometido se desprenden su activa participación en las negociaciones y su apoyo a la creación de la CPI. El CICR acogió con beneplácito el texto del Estatuto de la CPI por su carácter sustantivo y por permitir a la Corte actuar en la batalla contra la impunidad [3 ] . El CICR ha estado participando activamente en la negociación del Estatuto y, posteriormente, de los Elementos del Crimen, en cuestiones relacionadas directamente con su función de experto en derecho internacional humanitario y guardián de dicho derecho según se le asigna en su cometido [4 ] .
 

En un momento en que aún no se conocía la decisión del TPIY, había mucho debate al interior del CICR sobre el mejor curso de acción para proteger la confidencialidad de la información en el contexto de la CPI. Asimismo, se inició un diálogo al interior del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en particular con la Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y con varias Sociedades Nacionales. Como ya se había aprobado en Roma el Estatuto de la CPI, en julio de 1998, era obviamente demasiado tarde para añadirle una cláusula. En tales circunstancias, parecía que la solución ideal era obtener la inclusión, en el proyecto de Reglas de Procedimiento y Prueba, de una cláusula general que protegiera la confidencialidad de cierta información recabada por el CICR en el desempeño de sus actividades. No obstante, resultó difícil definir con exactitud cuál era la información que debía o podía ser confidencial, cómo y para quién.
 

Así pues, se entablaron contactos con representantes clave de los Gobiernos. Sus opiniones fueron unánimes: existía, en efecto, la necesidad de proteger la información obteni da en ciertas categorías de relaciones profesionales. Aunque no había objeción a que se pusiera bajo esta protección el trabajo del CICR, parecía inaceptable una disposición de índole general, pues, en su opinión, abriría una compuerta: la Corte quedaría bloqueada por todo tipo de solicitudes de no divulgación de información procedentes de cualquier organización o individuo. En consecuencia, una cláusula de este tipo obstaculizaría gravemente la labor de la Corte. Así pues, se recomendaba firmemente al CICR no seguir tal estrategia. Se le dijo que únicamente una cláusula de redacción muy restringida referida específica y únicamente al CICR tendría posibilidad de ser aceptada por los Estados representados en la ComPrep; para otras entidades (incluidos otros componentes del Movimiento), habría que prever otras vías, por ejemplo, medidas de protección de testigos.
 

De conformidad con este consejo, el CICR solicitó que, durante el segundo período de sesiones de la ComPrep, celebrado en Nueva York, del 26 de julio al 13 de agosto de 1999, se incluyera en las Reglas de Procedimiento y Prueba una disposición específica. Siguiendo la misma línea de pensamiento adoptada en la causa ante el TPIY, el CICR sostuvo que en el marco de la CPI había una necesidad similar de proteger la labor de la organización, ya que si la Corte solicitara (o admitiera) tal información o documentos confidenciales o requiriera (o admitiera) el testimonio de personal del CICR, socavaría gravemente el papel del CICR en virtud del derecho internacional humanitario y la manera como cumple éste con su mandato en virtud de los Convenios de Ginebra de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra, de los dos Protocolos adicionales de 1977 y de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La razón de esto reside en la probable negativa de las partes beligerantes a permitir al CICR el acceso a las instalaciones carcelarias y de detención, en particular si creen que sus delegados están recabando pruebas para utilizarlas después en diligencias penales.
 

La solución propuesta era que con tal cláusula, la Corte tendría que obtener el asenso del CICR antes de exigir o permitir que cualquier empleado o funcionario del CICR, actual o antiguo, presentara testimonio acerca de documentos, información u otro tipo de pruebas que cayeran en posesión del CICR en el desempeño de sus funciones, o a consecuencia de ellas, asenso que debía también obtener la Corte antes de considerar admitirlos como pruebas o permitir que fueran divulgados.

Como señalamos arriba, los argumentos que respaldaban la inclusión de una disposición específica eran esencialmente los mismos que el CICR había esgrimido en su propuesta ante la Sala de Primera Instancia del TPIY [5 ] y que pueden resumirse así:
 

  • en el desempeño de su cometido, el CICR obtiene información sobre la base de una relación de confianza;

  • el elemento de confidencialidad es esencial para el mantenimiento de la relación entre el CICR y las partes beligerantes;

  • es de universal aceptación (en particular en los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales) que fomentar esta relación va en interés de la comunidad internacional;

  • divulgar información, en violación de la regla de confidencialidad del CICR, causaría daños irreparables a la capacidad del CICR para desempeñar las funciones encomendadas y, por ende, a los intereses públicos internacionales.

La regla de la confidencialidad es un principio de trabajo dimanado de la práctica general del CICR y del derecho internacional humanitario, que los Estados y las víctimas del conflicto armado aceptan y esperan que se cumpla. Es el sello distintivo del CICR.
 

Por último, aunque los respectivos cometidos de la CPI y del CICR son distintos, se complementan mutuamente en la tarea de garantizar el respeto del derecho internacional humanitario. Ambos forman parte del orden público internacional. Por consiguiente, no deben considerarse contradictorias las diferencias entre la labor de la CPI y la del CICR.
 

  La regla adoptada por la ComPrep  
 

Tras muchas negociaciones, el 30 de junio de 2000, la ComPrep adoptó por consenso las Reglas de Procedimiento y Prueba de la CPI. La regla 73, titulada “Comunicaciones e información privilegiadas” trata la cuestión de la confidencialidad de varias categorías de relaciones profesionales. La subregla 73.1 estipula que las comunicaciones entre una persona y su abogado son privilegiadas y por lo tanto no están sujetas a divulgación. Las subreglas 73.2 y 73.3 disponen que la Corte tiene la facultad de considerar privilegiadas las comunicaciones que tengan lugar en el contexto de una categoría de relación profesional o relación confidencial de otra índole. En este contexto, ha de prestarse una atención particular a relaciones como las que existen entre un paciente y su médico, psiquiatra, psicólogo o consejero, o entre una persona y un miembro del clero. Por último, las reglas 73.4 a 73.6 versan específicamente sobre la causa del CICR:
 

“4. La Corte considerará privilegiados y, en consecuencia, no sujetos a divulgación, incluso por conducto del testimonio de alguien que haya sido o sea funcionario o empleado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la información, los documentos u otras pruebas que lleguen a manos de ese Comité en el desempeño de sus funciones con arreglo a los Estatutos del Movimiento Intern acional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja o como consecuencia del desempeño de esas funciones, a menos que:
 

El Comité, tras celebrar consultas de conformidad con la subregla 6, no se oponga por escrito a la divulgación o haya renunciado de otra manera a este privilegio; o

La información, los documentos o las otras pruebas consten en declaraciones y documentos públicos del Comité.
 

5. Nada de lo dispuesto en la subregla 4 se entenderá en perjuicio de la admisibilidad de la misma prueba obtenida de una fuente distinta del Comité y sus funcionarios o empleados cuando esa fuente haya obtenido la prueba con independencia del Comité y de sus funcionarios o empleados.
 

6. La Corte, si determina que la información, los documentos u otras pruebas en poder del Comité revisten gran importancia para una determinada causa, celebrará consultas con el Comité a fin de resolver la cuestión mediante la cooperación, teniendo presentes las circunstancias de la causa, la pertinencia de la prueba, la posibilidad de obtenerla de una fuente distinta del Comité, los intereses de la justicia y de las víctimas y el desempeño de sus funciones y las del Comité.” [6 ] .

Comentarios a las subreglas 73.4 a 73.6
 

En efecto, esta disposición proscribe a la Corte utilizar cualquier información confidencial del CICR (incluso la solicitud o aceptación de testimonios de delegados, antiguos o actuales, del CICR), a menos que la organización haya renunciado específicamente a este privilegio. Naturalmente, esto no concierne a toda información, sino únicamente a la que tiene que ver con las funciones oficiales del CICR. Sin embargo, a fin de evitar que se impidiera a la Corte el acceso a la información que es esencialmente pública, se añadieron tres condiciones. Por consiguiente, la Corte puede admitir pruebas si:
 

  • tras consulta con la Corte (véase más abajo), el CICR no presenta objeciones a la divulgación (subregla 4(a));

  • el CICR ya ha hecho pública la información (subregla 4(b)); o

  • la misma información ha sido recabada por otra fuente (por ejemplo, por otra organización también presente en el terreno), con independencia del CICR (subregla 5).

 
Desde el inicio de las negociaciones en la ComPrep, había poca oposición a la idea de que hubiera una disposición que protegiera la información del CICR [7 ] . No obstante, había algunas dudas sobre quién debía tener la última palabra en la decisión acerca de si se podía o no divulgar una información en particular: la Corte o el CICR. En efecto, algunos representantes gubernamentales consideraban que el CICR no debía estar “por encima” de la CPI; otros pensaban que si en caso de pruebas que un Estado consideraba que afectaban su seguridad nacional, éstas podían divulgarse sin su consentimiento, el CICR no debía beneficiarse de un tratamiento más favorable. Pero, finalmente, con el apoyo de un número creciente de delegaciones, cuando el 30 de junio de 2000 se adoptaron las Reglas de Procedimiento y Pruebas, no se objetó el hecho de que competía al CICR decidir si podía o no divulgarse determinada información [8 ] .
 

Para lograr este resultado, había que añadir otra disposición, a saber, la subregla 6, en la que se prevé la celebración de consultas entre la CPI y el CICR, si la Corte “determina que la información, los documentos u otras pruebas en poder del Comité revisten gran importancia para una determinada causa”. Esta cláusula se inspira en el artículo 72 del Estatuto de Roma, que versa sobre la divulgación de información relativa a la seguridad nacional [9 ] . No obstante, existe una considerable dif erencia entre las dos disposiciones, ya que el artículo 72 deja a la Corte la última palabra. Aquí, en cambio, permanece intacto el privilegio del CICR.
 

  Conclusión  
 

El CICR insistió en obtener una regla clara y absoluta, pues cualquier cosa menos, es decir, cualquier incertidumbre sobre si la Corte podía utilizar pruebas del CICR sin el asenso de la organización, ensombrecería la capacidad del CICR de establecer o mantener una relación de confianza con las partes en los conflictos armados y con las víctimas de tales situaciones. Tal incertidumbre podría dar lugar a que se niegue o se restrinja el acceso del CICR a estas personas. La percepción que del CICR tengan sus interlocutores es aquí de importancia crucial. Por consiguiente, en ciertas circunstancias la regla 73 será una herramienta de utilidad para negociar dicho acceso.

En su calidad de asesor jurídico del CICR, Stéphane Jeannet trabajó en cuestiones relativas a la protección de la confidencialidad de la información del CICR. Actualmente es consultor independiente.

  Notas  

1. Stéphane Jeannet, “Recognition of the ICRC’s long-standing rule of confidentiality: An important decision by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia”, IRRC , No 838, junio de 2000, pp. 403-425 (disponible en español en la página Web de la RICR : www.cicr.org/spa/revista. N. del R.).

2. Entre las t areas que incumben al CICR en virtud de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (1994), arts. 2.2c) y g) se incluyen: “asumir las tareas que se le reconocen en los Convenios de Ginebra, trabajar por la fiel aplicación del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados y recibir las quejas relativas a las violaciones alegadas contra dicho derecho” y “trabajar por la comprensión y la difusión del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados y preparar el eventual desarrollo del mismo”. Hay que señalar que los Estatutos fueron aprobados por unanimidad por los Estados Partes en los Convenios de Ginebra de 1949 y por los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

3. Marie-Claude Roberge, “El nuevo Tribunal Penal Internacional: Evaluación preliminar”, RICR , no 148, diciembre de 1998, pp. 723-737.

4. Knut Dörmann, “Preparatory Commission for the International Criminal Court: The Elements of War Crimes”, IRRC , No 839, septiembre de 2000, pp. 771-796.

5. V. Jeannet, op. cit . (nota 1), pp. 406-408.

6. Doc. PCNICC/2000/INF/3/Add.1, p. 39.

7. V. además Knut Dörmann y Claus Kress, “Verfahrens und Beweisregeln sowie Verbrechenselemente zum Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs: Eine Zwischenbilanz nach den ersten zwei Sitzungen der Vorbereitungskommission für den Internationalen Strafgerichtshof”, Humanitäres Völkerrecht - Informationsschriften , Heft 4, 1999, p. 202.

8. La decisión del TPIY se tomó el 27 de julio de 1999. No cabe duda de que el hecho de que éste reconociera al CICR un derecho absoluto a no divulgar información sobre la base del derecho internacional consuetudinario hubiera sido sumame nte útil para convencer a los diplomáticos que tenían reticencias sobre el proyecto de regla. Sin embargo, sólo fue hasta el 8 de octubre de 1999 que se hizo pública esta decisión, es decir, varias semanas después del segundo período de sesiones de la ComPrep. Por consiguiente, el CICR no utilizó esta información sino hasta el siguiente período de sesiones (29 de noviembre a 17 de diciembre de 1999), durante el cual no se reabrió la discusión sobre el proyecto de regla.

9. V. Donald P. Piragoff, “Protection of National Security Information”, en Roy S. Lee (dir.), “The International Criminal Court, The Making of the Rome Statute” , Klower Law International, La Haya, 1999, pp. 270-294.




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