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Residuos explosivos de guerra: proteger a las personas civiles mediante un protocolo adicional a la Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales

31-03-2001 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Peter Herby y Anna R. Nuiten

  Introducción  
 
Cada año, un gran número de personas civiles termina por ser, bastante previsiblemente, víctima incidental a causa de toda una gama de municiones sin estallar que ya no tiene ninguna finalidad militar. Entre estas municiones se incluyen las minas antipersonal, cuyo empleo está ampliamente prohibido, las minas antivehículo, submuniciones de bombas-racimo lanzadas desde el aire o de sistemas instalados en tierra y otras municiones sin estallar (MUSE). Los casos de muertos y heridos que se registran con frecuencia tras los conflictos a causa de las submuniciones y otras MUSE se deben al hecho de que estos artefactos no explotaron al impactar, como deben hacerlo, mientras que las víctimas de las minas antivehículo son el resultado de su diseño.
 
Aunque la comunidad internacional ha progresado significativamente en la búsqueda de soluciones a los problemas humanitarios que plantean las minas antipersonal [1 ] , no se han abordado los problemas más amplios que causan otros “residuos explosivos de guerra”, a pesar de que se ha expresado un considerable apoyo a restricciones más severas sobre el empleo de las minas antivehículo. En el presente artículo se mostrará que el gran número de bajas civiles causadas por las municiones sin estallar, que no son minas antipersonal, es, a la vez, previsible y ampliamente evitable. Se propone que el instrumento más adecuado para abordar esta cuestión sería un protocolo adicional sobre “residuos explosivos de guerra”, que se apruebe en el marco de la Conferencia de Examen de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC) [2 ] , prevista para diciembre de 2001.
 
El contenido de este artículo se fundamenta en los estudios realizados o encomendados po r el Comité Internacional de la Cruz Roja en el año 2000. En esos estudios, se analizó el costo humano de minas, submuniciones de bombas-racimo y otras municiones sin estallar en Kosovo durante el año siguiente al final del conflicto en la provincia, se evaluaron el empleo y los efectos de las submuniciones de manera más global y se tuvieron en cuenta las posibles razones del elevado porcentaje de fallos de las submuniciones en los conflictos en los últimos 30 años. El CICR examinó también los efectos de las minas antivehículo en sus propias operaciones de socorro y en las de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como sus implicaciones para la población civil.
 
  Residuos de guerra - sus efectos y su reglamentación actual

Minas antivehículo
 

Efectos
- El empleo de las minas antivehículo tiene considerables repercusiones para la población civil, aunque cualitativamente diferentes de las ocasionadas por las minas antipersonal, cuyos efectos más perturbadores son la mutilación y la muerte de un impresionante número de personas civiles. Los efectos más inquietantes de las minas antivehículo son la imposibilidad de prestar asistencia humanitaria a numerosísimos civiles tanto en tiempo de conflicto como en situaciones de posconflicto y el limitado margen de movimiento de la población afectada. Al hacer inutilizable la estructura de transporte, sobre todo por tierra, las minas antivehículo suelen impedir la distribución de víveres esenciales, medicamentos, otros socorros y servicios a la población vulnerable que necesita con suma urgencia esa ayuda.
 
Cabe citar el caso, en 1993, de las 100.000 a 120.000 personas vulnerables de comunidades que quedaron aisladas durante meses por el conflicto en Bosnia-Herzegovina. El 12 de octubre de ese año, un convoy de 14 camiones d el CICR, que transportaba víveres y mantas, salió con rumbo a las comunidades afectadas de Maglaj y Tesanj. La misión tuvo que cancelarse cuando el vehículo blindado que encabezaba el convoy pasó sobre una mina antivehículo, obligando a todos los vehículos a regresar a la base.
 
Esta situación se repite, año tras año, en diversos países mientras el CICR, las Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias se ven obligados a abandonar a la población civil debido a la presencia o supuesta presencia de minas antivehículo. Como consecuencia de ello, no es asequible la asistencia humanitaria a la que tienen derecho las personas civiles, de conformidad con el IV Convenio de Ginebra de 1949 y los Protocolos adicionales de 1977. Además de esta imposibilidad de prestar asistencia, muchos civiles pierden la vida a causa de las minas antivehículo sembradas en las rutas de transporte, en un intento de seguir adelante o rehacer su vida en las zonas desgarradas por la guerra.
 
Una evaluación preliminar de las operaciones del CICR y de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja revela que, en la década de los años noventa, hubo un total de 20 incidentes de minas antivehículo en 11 países. Cada uno de ellos indujo a cancelar las operaciones de socorro en favor de la población ya vulnerable. En total, 16 miembros del personal murieron y 63 resultaron heridos en estos incidentes. Cuando hubo que entregar la ayuda por vía aérea debido a los caminos minados, el costo financiero para el CICR se multiplicó de 10 a 20 veces.
 
  Reglamentación actual - El empleo de minas antivehículo se rige por las normas generales del derecho consuetudinario internacional y las versiones original y enmendada del Protocolo II de la CCAC [3 ] . Sin embargo, las restricciones del empleo de estas armas son ineficaces, de índole general y, simple y llanamente, se han soslayado con frecuencia en los conflicto s actuales. La mayoría de los Estados afectados por el problema de las minas no son parte en el Protocolo II.
 
Aunque de índole indiscriminada, las minas antivehículo pueden emplearse, en teoría, de manera discriminada si se colocan en campos minados señalados y vigilados por personal militar. Sin embargo, el empleo cada vez más frecuente de minas antivehículo sembradas a distancia hará más difícil e improbable el uso discriminado de estas armas. Durante la primera Conferencia de Examen de la CCAC (1995-96), se expresó un gran apoyo para exigir que las minas antivehículo sean detectables y estén provistas de un mecanismo de autodestrucción. Pero finalmente se decidió postergar el debate sobre estas armas y concentrarse en las minas antipersonal.
 
  Submuniciones y otras municiones sin estallar (MUSE)  
 
  Efectos - Las submuniciones son bombetas lanzadas mediante una bomba-racimo o un proyectil de artillería. Son dispersadas en grandes cantidades (que varían de varias decenas a la vez a 600-700 por bomba) con una capacidad de destrucción de una superficie equivalente a una cancha de fútbol – lo que se considera su ventaja militar -, con no pocas implicaciones desde el punto de vista humanitario.
 
Durante el conflicto, dado que las submuniciones son armas cuyo impacto abarca una extensa zona, existe un elevado riesgo de efectos indiscriminados de los ataques. Al ser imprecisas en el objetivo, los “efectos colaterales” de errar el blanco son mucho mayores que con las municiones tradicionales. Al igual que otra munición gravitatoria (bombas de dispersión), la precisión del lanzamiento de las submuniciones dependerá de las condiciones meteorológicas (viento, densidad del aire), así como de la altura y la velocidad de lanzamiento. Cuando se utilizan contra objetivos militares situados en zonas civiles las submun iciones que no explotan son una amenaza inmediata para la población civil concernida, haciendo peligrosas actividades tan esenciales como ir a buscar alimentos, agua, asistencia médica, y paralizando las actividades de socorro en favor de esas personas civiles.
 
Tras su empleo, las submuniciones sin estallar pueden plantear un masivo problema de eliminación y una grave amenaza para las personas civiles durante muchos años. El porcentaje de fallos (es decir, la proporción de municiones que no estallan al impactar) tiende a ser mayor debido a factores tales como un diseño deficiente de la espoleta, problemas de fabricación, lanzamiento incorrecto y diferencia entre las condiciones ideales de prueba y la realidad en las zonas donde se utilizan. Las espoletas son concebidas normalmente para funcionar cuando impactan contra blancos duros, mientras que las superficies de impacto reales incluyen terrenos blandos, árboles, suelos fangosos, vegetación, etc.
 
Durante la guerra en Indochina, se calcula que se lanzaron 285 millones de submuniciones y millones quedaron sin hacer explosión [4 ] . El porcentaje de fallos del 5%, estimado en su nivel más bajo, muestra que quedaron 14 millones de submuniciones sin estallar [5 ] , aunque cálculos fidedignos indican cifras mucho más elevadas (un porcentaje de fallos de hasta el 30%) [6 ] . En 1996, los residuos de guerra se cobraron, según informes, la vida de más de 10.000 víctimas, de las cuales el 31% eran niños [7 ] . El CICR recibió recientemente un informe del organismo de remoción UXO Laos, en el que se indica que sólo en 27 meses, del 1 de enero de 1998 al 31 de marzo de 2000, se eliminaron unas 80.000 submuniciones [8 ] . Sin embargo, quedan millones más, que siguen ocasionando víctimas casi cerca de 30 años después del conflicto.
 
Conociendo muy bien el elevado porcentaje de fallos en Indochina, habría sido conveniente resolver el problema de las submuniciones de bombas- racimo antes de su empleo en Kosovo. Sin embargo, en Kosovo, cuya superficie corresponde a un tercio del territorio de Bélgica, la OTAN reconoce el lanzamiento de 1.392 bombas -racimo con un contenido aproximado de 290.000 submuniciones [9 ] , mientras que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos precisó que se lanzaron 340.000 de estas bombetas. Según la propia estimación de la OTAN de un porcentaje de fallos del 10%, hay en la zonas unas 29.000 submuniciones que no han hecho explosión, muchas dentro o en las inmediaciones de las zonas pobladas. Otros calculan que el porcentaje de fallos es del 3 al 26% por bote, con un porcentaje promedio de fallos que desciende a un 10 y 15% [10 ] .
 
Los datos sobre las víctimas recogidos por el CICR durante el año siguiente al conflicto en Kosovo revelan que las bombas-racimo son, junto con las minas antipersonal, la principal causa de muertes y heridas relacionadas con minas/MUSE en Kosovo. De los 280 incidentes registrados individualmente por el CICR del 1 de junio de 1999 al 31 de mayo de 2000, el 73% se atribuye a las bombas-racimo y las minas antipersonal, con 102 muertos o heridos (es decir, sendos 36% de víctimas para cada una). Además, si se comparan las cifras de las personas muertas o heridas por minas antipersonal con las de las víctimas de submuniciones de bombas-racimo, cabe constatar que es 4,9 veces más probable que, en este último caso, sean menores de 14 años [11 ] . Contrariamente a los incidentes causados por minas terrestres, los que ocasionan las submuniciones suelen matar o herir a varias personas. El elevado porcentaje de niños víctimas de bombas-racimo se debe quizás a que esos artefactos que yacen en la superficie del terreno son de colores vivos y llamativos para los niños.
 
Según el banco de datos del UNMACC en Kosovo, que contiene información sobre las víctimas facilitada por el CICR y otras organizaciones, el número total de víctimas causadas por MUSE en este período mencionado de un año fue de 492 personas [12 ] . Esto corresponde a un po rcentaje anual de aproximadamente 31 víctimas por 100.000 habitantes. El índice comparable de una región gravemente afectada por las minas en el noroeste de Camboya (durante un período sin afluencia de refugiados) era de 61 víctimas por 100.000 habitantes [13 ] .
 
La experiencia enseña que mientras las personas civiles tienen un gran respeto por las minas y evitan las zonas minadas cuando es posible, tienden a soslayar o subestimar la amenaza de las submuniciones de bombas-racimo, que puede acarrear más víctimas aun. Esto se debe quizás al hecho de que las submuniciones son consideradas “municiones defectuosas” y no una verdadera amenaza.
 
Además de los muertos y heridos, las submuniciones sin estallar plantean no pocos problemas socioeconómicos. En primer lugar, estas armas impiden el regreso de las personas a sus lugares de origen, la reconstrucción de las zonas urbanas y la infraestructura, lo que a su vez obstaculizará el desarrollo y la inversión exterior. En segundo lugar, los amputados y los heridos suponen una carga pesada para el sistema médico. Dado que las más de las víctimas son varones adultos y niños, la población económicamente activa se reducirá durante dos generaciones. En tercer lugar, la capacidad agrícola disminuirá porque el acceso a la tierra se verá obstaculizado por la presencia de submuniciones sin explotar. El ganado y otros animales también son víctimas de las submuniciones, lo que reduce los medios de subsistencia de una población que depende de la agricultura. Lo peor es que la necesidad económica induce a menudo a las personas a trabajar la tierra, a pesar de la amenaza de las submuniciones sin estallar, teniendo como consecuencia un aumento del número de víctimas. En cuarto lugar, el entorno natural se verá afectado durante muchos años [14 ] .
 
La eliminación de las submuniciones, que suelen ser sumamente inestables y peligrosas, es una tarea más difícil que la remoción de minas y otros artefactos por diferentes raz ones. Las submuniciones no pueden ser retiradas para su destrucción, sino que hay que destruirlas in situ . Además, no es posible utilizar métodos de eliminación mecánicos pues la explosión de las submuniciones es tan potente que puede destruir la máquina de eliminación. Si bien suelen usarse en la remoción de minas, no se pueden usar perros para la detección puesto que pueden tocar la submunición al olfatearla, lo cual puede activar el detonador. Además, muchas submuniciones contienen espoletas multidireccionales peligrosas, lo que hace detonar la submunición al empujarla o moverla en cualquier dirección. Por último, no se pueden utilizar detectores (de minas) electromagnéticos estándares, ya que muchas submuniciones funcionan con espoletas electromagnéticas y podrían ser activadas con tal detector. La eliminación de las submuniciones sin explotar es sumamente delicada y peligrosa, incluso más arriesgada que la remoción de minas.
 
  Reglamentación actual - El empleo de submuniciones se rige en la actualidad sólo por las normas generales del derecho internacional humanitario, que no han resultado bastante específicas para reducir el número de víctimas que causan estas armas.

Es menester una reglamentación específica por las siguientes razones:

  • el porcentaje de fallos previsiblemente elevado de las submuniciones;

  • su impacto sobre amplias zonas;

  • sus efectos generalizados y duraderos;

  • las pautas históricas de su empleo dentro y en las inmediaciones de las zonas civiles pobladas y sus considerables repercusiones en la población civil de esas zonas;

  • la tendencia de los principales países industrializados a depender, sobre todo o exclusivament e, de la fuerza aérea para alcanzar sus objetivos militares, lo que hace prever un empleo bastante masivo de submuniciones en el futuro.
     

Esa reglamentación debería aplicarse a otras municiones que no estallan al impactar y que acarrean los mismos efectos que las submuniciones.
 
  Hacia un quinto protocolo de la Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales

Una propuesta
 
 
El CICR ha propuesto un nuevo protocolo adicional a la Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC), que versará sobre los problemas humanitarios a los que dan lugar los residuos explosivos de guerra. En este protocolo se abordará en detalle el empleo y la eliminación de municiones, incluidas las minas antivehículo, las submuniciones y otras municiones.
 
A continuación se mencionan los posibles elementos clave de un nuevo protocolo, que el CICR examina actualmente con los Gobiernos.
 
El principio central de que incumbe a quienes emplean municiones que quedan como residuos de guerra después de finalizar las hostilidades activas la responsabilidad de eliminarlas o prestar asistencia para garantizar su eliminación. Ello es similar a lo estipulado acerca de las minas terrestres y armas trampa en el Protocolo II enmendado de la CCAC.
 
La responsabilidad podría cumplirse mediante la adopción de diversas medidas, por ejemplo, incorporar eficaces mecanismos de autodestrucción a las municiones y submuniciones y hacerlas detectables. Sin embargo, si no se utilizan mecanismos de autodestrucción o éstos no funcionan, la responsabilidad de la eliminación debe cumplirse. 

  • El principio de que, inmediatamente después de finalizadas las hostilidades activas en una zona afectada, es necesario proporcionar a las organizaciones de desminado información técnica, a fin de facilitar la eliminación. Este principio se aceptó también con respecto a las minas y armas trampa en el Protocolo II enmendado. 

  • El principio de que quienes emplean municiones que pueden tener efectos a largo plazo deberán alertar a la población civil sobre los peligros de esos residuos bélicos, como ya es el caso de las minas terrestres y armas trampa en las versiones original y enmendada del Protocolo II.

  • En cuanto a las submuniciones (lanzadas desde el aire o de sistemas instalados en tierra), una prohibición del empleo contra objetivos militares colocados en concentraciones de personas civiles. Esto se asemeja a la norma ya aceptada relativa a las armas incendiarias en el Protocolo III de la CCAC y a una aplicación específica de las normas contenidas en el artículo 51 del Protocolo adicional I en el que se prohíben los ataques indiscriminados [15 ] .

  Antecedentes  
 
No es la primera vez que se formula una propuesta para buscar una solución a los problemas causados por las submuniciones y otras MUSE. La historia reciente muestra varias tentativas de abordar esta cuestión. Tras el empleo de bombas-racimo en la guerra de Indochina, Suecia y otros seis Estados [16 ]  hicieron una propuesta a la Conferencia de Expertos Gubernamentales en Lucerna, el año 1974, que luego fue ligeramente enmendada y seguida por 13 Estados [17 ]  en Lugano, en la que se declara que “se prohíbe el empleo de ojivas de racimo antipersonal” [18 ] . Otros Estados se mostraron reacios a esta propuesta, aduciendo que las armas de racimo antipersonal no son ni indiscriminadas ni crueles. Sin embargo, es importante puntualizar que los Estados se referían solamente a las submuniciones concebidas por sus efectos antipersonal.
 
En 1983, la Asamblea General de las Naciones Unidas refrendó, en su res olución 38/162 del 19 de diciembre de 1983, las recomendaciones de un informe presentado ante el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre residuos explosivos de guerra convencional. Las recomendaciones, inter alia , proponen la cooperación entre Estados en el ámbito de la recopilación, la clasificación y la difusión de la información sobre residuos de guerra, instalando una base de datos para tal propósito, y la promoción de la asistencia técnica y la cooperación en materia de eliminación. Lo más importante es que en las recomendaciones se estipula que “(l)as municiones de gran poder explosivo deben tener mecanismos internos que las neutralicen oportunamente” [19 ]  y que “(e)s improcedente dejar de lado o descuidar las importantes cuestiones que atañen a la responsabilidad por los daños y la indemnización. Habrá que considerar el problema de la indemnización equitativa a la luz del daño y los sufrimientos causados por los materiales de guerra ” [20 ] .
 
En mayo de 1994, una reunión de expertos del CICR sobre ciertos sistemas de armas y mecanismos de aplicación en derecho internacional examinó también el problema de las submuniciones. En un informe oficioso presentado por Australia a esta reunión se arguye que en un conflicto se pueden utilizar submuniciones mientras su empleo se avenga con las normas del derecho internacional humanitario relativas a los objetivos. Se añade, sin embargo, que las municiones sin estallar en las situaciones posbélicas representan tal amenaza para la población civil que debería ser obligatorio incorporar un dispositivo de autodestrucción a las submuniciones.
 
En septiembre de 2000, el CICR expuso sus preocupaciones y propuestas a los Estados en una reunión de expertos sobre “Residuos explosivos de guerra”, celebrada en Nyon (Suiza). Los debates dejaron en claro que hay un indudable reconocimiento del problema y de la necesidad de examinar la cuestión en el contexto de los pre parativos para la Conferencia de Examen de la CCAC en 2001. Posteriormente, numerosos países, que hicieron declaraciones en la Primera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2000), instaron a que se tuviera en cuenta esta cuestión en el contexto de la citada Conferencia de Examen.
 
Durante la primera reunión del Comité Preparatorio para la Conferencia de Examen en 2001, el 14 de diciembre de 2000, unos 30 Estados [21 ]  apoyaron una propuesta para examinar la cuestión de los residuos de guerra en la reunión del Comité Preparatorio de abril de 2001, con miras a tomar una decisión en la Conferencia de Examen, en diciembre, relativa a un mandato de trabajo sobre el tema.
 
  Conclusiones  
 
Es alentador comprobar que los Gobiernos parecen dispuestos a hallar una solución a los problemas causados ya desde hace mucho tiempo por los residuos explosivos de guerra. No obstante, habrá que afrontar muchas cuestiones espinosas, incluyendo la índole de la responsabilidad que los Estados desean aceptar, el tipo de información necesaria para facilitar la eliminación de los residuos explosivos y proteger a la población civil, así como las cuestiones técnicas relativas a la posible integración de mecanismos de autodestrucción en diversas municiones.
 
Es muy probable que la magnitud de los problemas humanitarios que plantean los residuos explosivos de guerra siga aumentado en el futuro. La creciente capacidad para lanzar rápidamente grandes cantidades de municiones sobre distancias cada vez mayores supone que incluso los conflictos que duran sólo unos días pueden dejar enormes cantidades de municiones sin estallar. Los conflictos prolongados tendrán efectos aun más graves. Además, dado que las bombas-racimo y los sistemas de lanzamiento en tierra de submuniciones están disponibles más rápidamente y proliferan fuera de los pocos países que los emplean actualmente , estas armas y sus consiguientes problemas afectarán a cada vez más zonas del mundo.
 
Aunque no siempre es posible evitar las víctimas civiles en los conflictos armados, una gran proporción de muertos y heridos a causa de los residuos explosivos de guerra en los contextos posbélicos es, a la vez, previsible y evitable. Es importante que los Gobiernos, las instituciones humanitarias, los militares, los organismos de desminado y otras organizaciones interesadas aprovechen la Conferencia de Examen de la CCAC, en 2001, así como las negociaciones subsiguientes para desplegar un intenso esfuerzo a fin de conseguir una drástica reducción del número de muertes y heridas superfluas a causa de los residuos explosivos de guerra.
 
  Peter Herby es coordinador de la Unidad de Minas-Armas y Anna R. Nuiten fue asesora jurídica de la División Jurídica del CICR

  Notas
 

1. Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, Oslo, 18 de septiembre de 1997.

2. Convención sobre prohibiciones restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, Ginebra, 10 de octubre de 1980.

3. Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos (Protocolo II), Ginebra, 10 de octubre de 1980. Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo II de la Convención de 1980, enmendado el 3 de mayo de 1996).

4. Eric Prokasch, The technology of killing,   A military and political history of antipersonnel weapons , Londres, 1995, p. 114.

5. Ibíd.

6. Véase Colin King, Associates (asesores en materia de MUSE), refiriéndose a las conversacions con B.Lark, ex asesor técnico en materia de MUSE en Laos y explicando además que se trata de una estimación prudencial basada en la evaluación de los efectos de MUSE en el período posconflictivo en Laos, en el que se indica que “hasta el 30% de los más de 2 millones de toneladas de municiones lanzadas en Laos no hizo explosión”.

7. King indica que estas cifras se basan en una evaluación nacional realizada por Handicap Internacional en 1997.

8. Lao National UXO Programme (UXO Laos), fax que contiene respuestas a un cuestionario enviado por el CICR, Vientiane, 18 de mayo de 2000, p. 3.

9. Municiones de racimo lanzadas por la OTAN, documento presentado por la OTAN al Centro para la Coordinación de Actividades relativas a las Minas de las Naciones Unidas (UNMACC).

10. Basado en las conversaciones del CICR con un especialista de la KFOR en la eliminación de residuos explosivos, 10 de febrero de 2000. Esta cifra se utiliza también oficialmente en las sesiones de información sobre sensibilización al peligro de las minas de la KFOR.

11. Información proporcionada por el Dr. David Meddings, epidemiólogo, Unidad del Jefe Médico, CICR. El 95% del intervalo de confianza es (2,3, 10,3).

12. Los datos más completos del UNMACC muestran también que entre las 492 víctimas de las MUSE, registradas en su base de datos de junio de 1999 a mayo de 2000, la principal causa de muertes y heridas son las submuniciones de bombas-racimo y las minas antipersonal, con números similares de víctimas para cada una de estas armas. Una proporción significativa de víctimas (27%-35%) se debe a “otras MUSE”, de las cuales algunas son, tal vez, de hecho bombas-racimo o minas antipersonal.

13. Informaci ón proporcionada por el Dr. David Meddings, epidemiólogo, Unidad del Médico Jefe, CICR.

14. Arthur Westing (ed.) Explosive remnants of war: mitigating the environmental effects , Publicación de SIPRI y PNUMA, Taylor & Francis, Londres, 1985.

15. Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de armas incendiarias (Protocolo III), Ginebra, 10 de octubre de 1980.

16. Suecia, Egipto, México, Noruega, Sudán, Suiza y Yugoslavia.

17. Argelia, Austria, Egipto, Líbano, Mali, Mauritania, México, Noruega, Sudán, Suecia, Suiza, Venezuela y Yugoslavia.

18. CDDH/IV/201, artículo II (armas de fragmentación antipersonal).

19. El informe, preparado por un grupo de ocho expertos internacionales, forma parte del documento de la Asamblea de las Naciones Unidas Doc. A/38/383 (19 de octubre de 1983), pp. 6-28.

20. Ibíd .  

21. Incluidos todos los Estados de la Unión Europea, Argentina, Bulgaria, Canadá, Camboya, China, Estados Unidos, Hungría, México, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Sudáfrica y Suiza.




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