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El derecho internacional humanitario en Timor Oriental: de la teoría a la práctica

31-03-2001 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Bertrand Levrat

  Resumen: Timor oriental ha estado en el orden del día de la comunidad internacional desde 1975, y los eventos de 1999 atrajeron la atención del mundo entero sobre el destino de la isla. En este artículo se examinan algunos de los temas jurídicos que son pertinentes para la aplicación del derecho internacional humanitario al conflicto de Timor oriental. En particular, el autor examina el estatuto internacional de Timor oriental durante la ocupación indonesia y posteriormente, con la llegada de la fuerza militar multinacional y la administración instaurada por las Naciones Unidas. Asimismo, analiza en detalle el estatuto de los civiles que se refugiaron en Timor occidental al estallar la violencia, así como los derechos de los timorenses detenidos por la administración provisional. El autor lamenta que los diversos actores que han intervenido en la respuesta internacional a este drama no hayan resuelto de manera satisfactoria muchas cuestiones jurídicas, pese a que en el derecho internacional humanitario aplicable a la situación imperante en Timor oriental pueden encontrarse respuestas claras.  
 
Desde 1975 Timor Oriental se encuentra en el orden del día de la comunidad internacional   [1 ] .En 1999, tras el escrutinio organizado por las Naciones Unidas acerca de la autonomía de ese territorio, se sumió en un caos de una violencia inusitada. El mundo volvió entonces su mirada hacia esta isla y, dada la premura, la comunidad internacional se apresuró a socorrer a esa infortunada población. Fueron numerosas y complejas las cuestiones jurídicas que se plantearon entonces, y que aún hoy persisten, acerca del derecho internacional aplicable a los timoreses.
 
Seguidamente analizare mos la situación jurídica con respecto al derecho internacional humanitario, desde 1975 hasta nuestros días. Nos centraremos en los recientes acontecimientos que han sacudido «la isla del sándalo blanco», al tiempo que pasaremos revista al estatuto de Timor Oriental –tras su anexión por Indonesia, después de la llegada de una fuerza multilateral, y actualmente bajo la responsabilidad de las Naciones Unidas– al de las personas refugiadas en Timor Occidental y al de los milicianos proindonesios capturados por la fuerza multilateral, algunos de los cuales permanecen detenidos por las Naciones Unidas.
 
  ¿Vigésima séptima provincia o territorio ocupado?

Algo de historia
 
 
En 1974, la «Revolución de los claveles» precipitó el desmembramiento del imperio portugués. El 24 de julio de 1974 el Consejo de Estado de Portugal aprueba una ley por la que se reforma la constitución y reconoce el derecho a la libre determinación y a la independencia de Timor Oriental, al que ya no se considera una «provincia de ultramar». En este marco el Gobierno portugués promulga una ley que fija el fin de la soberanía portuguesa para octubre de 1978. Comienza entonces la lucha por el poder entre diversos grupos, y el FRETILIN ( Frente Revolucionária de Timor Leste Independente ) [2 ] . proclama la independencia de «la República Democrática de Timor Oriental» el 28 de noviembre de 1975. El 7 de diciembre de 1975 el ejército de Indonesia interviene en Timor Oriental [3 ] . y aún negando su participación en los hechos [4 ] . permite que los partidos opositores al FRETILIN tomen el poder en diciembre de 1975. Unos meses más tarde, en mayo de 1976, estos partidos solicitan la incorporación de Timor Oriental a la República de Indonesia. El 17 de julio de 1976 el presidente de Indonesia promulga una ley que prevé la incorporación de Timor Oriental a la República de Indonesia, como 27ª provincia del país [5 ] .
 
Los enfrentamientos armados abiertos entre el FRETILIN y el ejército indonesio se mantienen hasta 1979; a partir de entonces siguen los combates en forma de acciones de guerrilla esporádicas y limitadas en el espacio.
 
Portugal, aún rechazando la proclamación de independencia efectuada por el FRETILIN y afirmando su calidad de Potencia administradora, denuncia la intervención de Indonesia que califica de acto de agresión.
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas condena, el 12 de diciembre de 1975, la invasión de las fuerzas indonesias y solicita su retirada inmediata   [6 ] ; exhorta al Gobierno de Indonesia a que «se abstenga de toda nueva violación de la integridad territorial del Timor portugués (...), a fin de que el pueblo del Territorio pueda ejercer libremente su derecho a la libre determinación y la independencia»   [7 ] .. El Consejo de Seguridad, empleando la misma terminología que la resolución de la Asamblea General, condena a su vez la invasión [8 ] . El 1 de diciembre de 1976 la Asamblea General rechaza expresamente la alegación de que Timor Oriental ha sido integrado en Indonesia «dado que el pueblo del territorio no ha podido ejercer libremente su derecho a la libre determinación y la independencia» [9 ] . En diciembre de 1978, afirma «la legitimidad de [la ] lucha del pueblo [de Timor Oriental ] » por lograr su derecho a la libre determinación y a la independencia   [10 ] .
 
No obstante, con el paso del tiempo, el apoyo prestado por la comunidad internacional a la causa del pueblo timorés va decayendo progresivamente. Los principales vecinos de Indonesia han tolerado la anexión de hecho y Australia incluso reconoció oficialmente la soberanía de Indonesia sobre Timor Oriental. Las resoluciones de la Asamblea General, por su pa rte, se fueron adoptando con mayorías cada vez más débiles. En 1982 por una resolución, adoptada por 50 votos a favor, 46 en contra y 50 abstenciones, se solicita al Secretario General que emprenda consultas con todas las partes interesadas al objeto de encontrar una solución al problema timorés [11 ] .
 
Desde entonces Indonesia y Portugal negocian bajo los auspicios de las Naciones Unidas sin haber hallado, no obstante, una solución a los problemas relacionados con la libre determinación del pueblo timorés y al estatuto de Timor Oriental. Para que el Secretario General persevere en sus esfuerzos por conseguir una solución en un contexto lo más favorable posible, y para no arriesgarse a votar acerca de una resolución de resultado incierto, la Asamblea aplaza el examen de la cuestión año tras año. Las Naciones Unidas nunca aceptarán formalmente la anexión de Timor Oriental por Indonesia.
 
Es paradójico constatar que las Naciones Unidas, que tanto han hecho por la descolonización, soliciten a Portugal que, «como Potencia administradora», coopere con la Organización de las Naciones Unidas conservando su tutela, en el marco del capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas [12 ] .
 
En 1995 la Corte Internacional de Justicia recuerda en su sentencia sobre Timor Oriental que, para Portugal y Australia, «el territorio de Timor Oriental sigue siendo un territorio no autónomo y su pueblo tiene el derecho a la libre determinación» [13 ] . Es interesante notar que en su exposición de hechos la Corte menciona expresamente que «desde dicha retirada, es Indonesia quien ocupa el Territorio y las Partes reconocen que éste permanece bajo el control efectivo de este Estado» [14 ] .
 
  En cuanto al derecho internacional humanitario aplicable  
 
Con respecto al derecho internacional humanitario, no cabe duda de que la intervención de Indonesia en 1975 constituyó un conflicto armado dirigido por las fuerzas armadas de un Estado en el territorio de otro Estado, que conlleva la aplicación de los cuatro Convenios de Ginebra para la protección de las víctimas de la guerra, de 12 de agosto de 1949 [15 ] . En efecto, Indonesia y Portugal son Estados soberanos Partes en los Convenios de Ginebra [16 ] . Que el Estado cuyo territorio ha sido invadido no haya hecho uso de sus fuerzas armadas no cambia en nada su carácter de conflicto armado, en virtud del artículo 2, apartado 2, común a los cuatro Convenios de Ginebra. Por consiguiente, el control que el ejército indonesio ejerce sobre el territorio desde su invasión es una ocupación que conlleva la aplicación en el territorio de Timor Oriental del IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra   [17 ] .
 
El IV Convenio de Ginebra se sustenta en el axioma según el cual las partes en conflicto han de velar, a pesar de la ocupación o la guerra, por que los nacionales del territorio ocupado o los extranjeros que vivan en el territorio de una de las partes en conflicto puedan seguir llevando una vida lo más normal posible, en el respeto de sus leyes, cultura y tradiciones [18 ] .
 
La integración de Timor Oriental en Indonesia como 27ª provincia es desde el punto de vista del derecho internacional una anexión y la ocupación no implica transferencia alguna de soberanía [19 ] . En efecto, en virtud del artículo 47 del IV Convenio, «No se privará a las personas protegidas que estén en un territorio ocupado, en ninguna circunstancia ni en modo alguno, de los beneficios del presente Convenio [... ] a causa de la anexión por [la Potencia ocupante ] de la totalidad o de parte del territorio ocupado». Tan sólo deja de aplicarse el IV Convenio en caso de reconocimiento de la anexión por la comunidad internacional   [20 ] . Mas, como ya hemos comprobado, exceptu ando un reducido número de Estados, no ha sido así.
 
En virtud del artículo 6, apartado 3, del IV Convenio «En territorio ocupado, la aplicación del Convenio terminará un año después del cese general de las operaciones militares; no obstante, la Potencia ocupante estará obligada mientras dure la ocupación –si esta Potencia ejerce las funciones de Gobierno en el territorio de que se trata–, por las disposiciones de los siguientes artículos del presente Convenio: 1 a 12, 27, 29 a 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 a 77 y 143».
 
Por cese general de las operaciones militares, según el Comentario del IV Convenio de Ginebra (publicado por el CICR)   [21 ] se entiende «el último cañonazo. No obstante hay que considerar una serie de factores añadidos. Cuando en la lucha se enfrentan dos Estados, el cese de las hostilidades se puede fijar con bastante facilidad: sucede a un armisticio, una capitulación o una debellatio pura y simple . Hay que admitir que, en la mayoría de los casos, el cese general de las operaciones militares sobrevendrá con el cese total de la lucha entre todos los interesados». La lucha entre las fuerzas armadas indonesias y las fuerzas armadas portuguesas nunca se produjo. En cuanto a la resistencia timoresa, principalmente la del FRETILIN, sus acciones militares son cada vez más esporádicas, incluso van desapareciendo paulatinamente frente a la represión militar que ejerce el ocupante [22 ] .
 
Así pues, de conformidad con el artículo 6, el IV Convenio no se aplica en su totalidad [23 ] . No obstante, cabe interpretar esta norma a la luz de la evolución del derecho en la materia. El Protocolo I adicional a los cuatro Convenios de Ginebra, en particular, en su artículo 3, letra b), extiende la aplicación de los Convenios de Ginebra a los territorios ocupados hasta el fin de la ocupación. Al no dejar d e aplicarse algunas disposiciones del IV Convenio, transcurrido un plazo dado, esta nueva disposición marca la evolución del derecho humanitario en lo que respecta a su aplicación en el tiempo. Como se señala en el Comentario del CICR a los Protocolos adicionales: «El fin de la ocupación, que puede acaecer mucho después de su comienzo, será el resultado de diversos elementos de hecho o de derecho, según que su desenlace sea la liberación del territorio o su incorporación a uno o más Estados, de conformidad con el derecho del pueblo o de los pueblos de ese territorio a la libre determinación. La ocupación en cuanto tal no afecta al estatuto jurídico del territorio ocupado, como lo recuerda el artículo 4» [24 ] .
 
Aunque Indonesia no es parte en los Protocolos adicionales de 1977, en nuestra opinión, y dada la evolución del derecho internacional humanitario, se puede considerar que el conjunto del IV Convenio de Ginebra es aplicable a Timor Oriental. Las consecuencias de su aplicabilidad a las fuerzas de la Fuerza Internacional en Timor Oriental (INTERFET) y de la Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental (UNTAET) se examinan más adelante.
 
¿Autonomía o independencia?

La caída del presidente Suharto, el 21 de mayo de 1998, con trasfondo de crisis económica y de política interna, precipita los acontecimientos. Ya en junio de 1998, el nuevo presidente de Indonesia, Jusuf Habibie, se declara dispuesto a reflexionar sobre la cuestión de un «estatuto especial» para Timor Oriental. En enero de 1999, Indonesia declara que contempla una posible independencia del territorio en caso de rechazo del principio de autonomía. El 5 de mayo de 1999 Portugal e Indonesia firman un acuerdo bajo los auspicios de las Naciones Unidas   [25 ] . Fundado en el derecho a la libre determinación del pueblo timorés, este acuerdo prevé someter la cuestión a una consulta popular, organizada y supervisada por las Naciones Unidas   [26 ] .
 
En su resolución de 7 de mayo de 1999, el Consejo de Seguridad recuerda las resoluciones 1514 (XV), 1541 (XV) y 2625 (XXV) de la Asamblea General, subrayando con ello que la cuestión del derecho a la libre determinación y a la independencia de Timor Oriental se ha de tomar en cuenta en el marco de búsqueda de una solución para el territorio [27 ] . En esta resolución el Consejo de Seguridad «acoge con beneplácito el propósito manifestado por el Secretario General de establecer lo antes posible una presencia de las Naciones Unidas en Timor Oriental con miras a prestar asistencia en la aplicación [del acuerdo de 5 de mayo de 1999 ] , entre otras cosas mediante la realización de una consulta al pueblo de Timor Oriental sobre la aceptación o el rechazo de un marco constitucional para la autonomía de Timor Oriental, prevista para el 8 de agosto de 1999».
 
Las dos preguntas propuestas a los timoreses se formulan así [28 ] :
 
«¿Acepta usted la autonomía especial propuesta para Timor Oriental dentro del Estado unitario de la República de Indonesia?»
«¿Rechaza usted la autonomía especial propuesta, lo que dará lugar a que Timor Oriental se separe de Indonesia?»
 
1. En el supuesto de que se aceptara la autonomía especial, el Secretario General de las Naciones Unidas había preparado un «Marco constitucional para un régimen autonómico especial para Timor Oriental», a fin de reglamentar las cuestiones de competencia respectiva del Gobierno central y del Gobierno de la región autónoma, de identidad e inmigración de los timoreses orientales, de los poderes e instituciones de Timor Oriental, de promoción y respeto de los derechos humanos, de las relaciones entre el Gobierno central y el Gobierno de la región autónoma, de las relaciones de la región autónoma con otras entidades , así como el cometido de las Naciones Unidas [29 ] .
 
En caso de victoria de la opción autonomista, el Gobierno de Portugal debía, en los términos previstos en el artículo 5 del acuerdo de 5 de mayo de 1999, adoptar las medidas necesarias para que Timor Oriental fuese suprimido de la lista de territorios no autónomos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y retirado del orden del día del Consejo de Seguridad y de la Asamblea. Para llevar a buen puerto las elecciones, el Consejo de Seguridad decide, el 11 de junio de 1999, establecer una misión de las Naciones Unidas: la Misión de las Naciones Unidas en Timor Oriental (UNAMET) cuyo mandato es organizar y conducir el proceso de referéndum [30 ] .

El 4 de septiembre   de 1999, fecha de proclamación de los resultados de las votaciones, Timor Oriental se suma en la violencia. De los 800.000 habitantes del territorio, 344.580 electores inscritos (el 78,5%) han votado en contra de la propuesta de amplia autonomía presentada por Indonesia, luego ipso facto a favor de la independencia. En total, 94.388 electores votaron a favor de la autonomía en el seno de Indonesia.
 
Tan pronto se dan a conocer los resultados, milicianos antiindependentistas (también llamados milicianos prointegracionistas) [31 ]   la emprenden a destrozar sistemáticamente las viviendas, pillar, matar y violar. Más de 250.000 civiles se ven forzados a huir del territorio, mientras que un número similar de personas se desplaza tierra adentro para protegerse de los milicianos. El desastre es total. El informe del Secretario General de las Naciones Unidas es a este respecto elocuente: «Desde que se anunciaron los resultados de la consulta popular del 4 de septiembre, las milicias partidarias de la integración, a veces con el apoyo de elementos de las fuerzas de seguridad de Indonesia, han venido llevando a cabo una campaña de violencia, saqueos e incendios intencionales»   [32 ] .
 
  ¿Refugiados o personas desplazadas?  
 
Rápidamente, la comunidad internacional y las organizaciones humanitarias tratan de socorrer a la población desplazada tanto en Timor Oriental como en Timor Occidental. No obstante, una cuestión en apariencia simple va a plantearse: los timoreses que se encuentran en Timor Occidental ¿han de ser considerados como refugiados o como personas desplazadas? y, por consiguiente, ¿qué instrumentos jurídicos del derecho de gentes los amparan?   [33 ]
 
El artículo 49 del IV Convenio de Ginebra prohíbe los traslados de índole forzosa, en masa o individuales, así como las deportaciones de las personas protegidas fuera del territorio ocupado, al territorio de la Potencia ocupante, sea cual fuere el motivo. La evacuación de civiles por su propia seguridad o por imperiosas razones militares es viable según el sistema instaurado por el artículo 49, pero concurriendo algunas condiciones. Los desplazamientos se autorizan sólo en el interior del propio territorio ocupado, excepto en caso de imposibilidad material (art. 49, párr. 2); además, en los acontecimientos anteriormente descritos no se dan las condiciones para tal evacuación. Está prohibida igualmente la destrucción de bienes muebles e inmuebles civiles (art. 53).
 
Aún tras su traslado al territorio de la provincia indonesia de Timor Occidental, los timoreses orientales siguen amparados por las disposiciones del IV Convenio (según el artículo 47). Para poner fin a la conculcación de la prohibición de efectuar traslados forzados, las autoridades indonesias han de permit ir que regresen a Timor Oriental.
 
Queda por examinar si los timoreses podían igualmente beneficiarse del estatuto de refugiado en el sentido expresado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y su Protocolo adicional de 1967. Un refugiado es una persona que «debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país(…)»   [34 ] .
 
El que se les reconozca el estatuto de refugiados plantea varias dificultades; la primera y no la menor es que Indonesia no es parte en la Convención de 1951. Además, dado que este Estado considera a Timor Oriental su 27ª provincia, estas personas no han cruzado frontera internacional alguna al refugiarse en Timor Occidental. Por último, aunque varios Estados concedan el estatuto de refugiado a quienes huyen de persecuciones generalizadas relacionadas con un conflicto   [35 ] , el conjunto de la comunidad de Estados no acepta esta definición y no se le puede atribuir, por lo tanto, carácter consuetudinario    

[36 ] .
 
El Consejo de Seguridad, el 15 de septiembre de 1999, subrayó en su resolución 1264 (1999) «que es responsabilidad de las autoridades indonesias adoptar medidas inmediatas y eficaces para asegurar el regreso seguro de los refugiados a Timor Oriental». Reitera igualmente, el 8 de septiembre de 2000, «su profunda preocupación por la presencia continuada de un gran número de refugiados de Timor Oriental y de milicias en los campamentos de Timor Occidental» [37 ] . El informe de la Misión del Consejo de Seguridad en Timor Oriental y en Indonesia, de 20 de noviembre de 200 0, declara igualmente que «La situación de los refugiados que viven en los campamentos de Timor Occidental sigue siendo motivo de gran preocupación» [38 ] . Por consiguiente, se puede hablar de refugiados en el sentido de su necesidad de ser protegidos por la comunidad internacional y del mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. No obstante, dada la falta de consenso para determinar su estatuto de refugiado, el estatuto formal de los timoreses originarios de Timor Oriental que se encuentran en Timor Occidental, sigue, que sepamos, sin aclarar.
 
  Intervención de la comunidad internacional  
 
El Gobierno indonesio, aunque reticente en un primer momento, no sólo consintió, el 12 de septiembre de 1999, en que se desplegara la fuerza internacional   [40 ] , sino que además se comprometió a cooperar con ella en la ejecución de su mandato en todos los aspectos   [41 ] .
 
El 15 de septiembre de 1999, el Consejo de Seguridad «tomando nota de[l ] resultado [de la consulta popular ] , que considera refleja con exactitud la opinión del pueblo de Timor Oriental (...) profundamente preocupado por el empeoramiento de la situación de Timor Oriental en materia de seguridad, en particular por la continuación de los actos de violencia contra la población civil de Timor Oriental y el desplazamiento y reasentamiento en gran escala de estas personas(...) profundamente preocupado también por los ataques contra el personal y los locales de la Misión de las Naciones Unidas en Timor Oriental (UNAMET)(...) consternado por el empeoramiento de la situación humanitaria (...) habiendo determinado que la situación actual en Timor Oriental constituye una amenaza a la paz y la seguridad», adoptó por unanimidad, en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, la resolución 1264 ( 1999) por la que autoriza la creación de una fuerza multinacional, INTERFET [42 ] .
 
El cometido de INTERFET es extremadamente amplio: «restablecer la paz y la seguridad en Timor Oriental, proteger y prestar apoyo a la UNAMET en el desempeño de sus tareas y, dentro de las posibilidades de la fuerza, facilitar las operaciones de asistencia humanitaria»   [43 ] . Para ello, autoriza a los Estados que participan en la fuerza multinacional a adoptar «todas las medidas necesarias», incluso la fuerza. Bajo mando australiano, INTERFET se despliega rápidamente y el 20 de septiembre desembarcan los primeros hombres en Timor Oriental. El principal peligro que los amenaza son las milicias prointegracionistas. Estas milicias, activas en el territorio de Timor Oriental desde hace varios meses, se manifestaron antes de las elecciones. Desde la proclamación de los resultados del escrutinio, dan rienda suelta a una violencia masiva y ciega [44 ] .
 
  La cuestión del vínculo entre la milicia y el ejército indonesio  
 
Durante las semanas siguientes al comienzo de la operación de INTERFET se producen enfrentamientos entre la milicia prointegracioniasta y la fuerza internacional. Aunque INTERFET como tal no es parte en los Convenios de Ginebra, cada uno de los Estados que aportan contingentes a la fuerza multinacional es, sin lugar a dudas, responsable de que sus fuerzas apliquen los Convenios de Ginebra. Se detiene a algunas personas como consecuencia de los mencionados enfrentamientos; a partir de entonces es esencial, para determinar su estatuto, estudiar el vínculo entre la milicia prointegracionista y el ejército indonesio, así como su grado de organización.
 
Tanto en los informes de las Naciones Unidas como en los de organizaciones no gubernamentales, se muestra que este vínculo es casi orgánico. A continuación se citan algunos, sin ánimo de exhaustividad.
 
En su Informe de la Misión del Consejo de Seguridad a Yakarta y Dili  [45 ] , y su anexo La destrucción de Timor Oriental desde el 4 de septiembre de 1999 [46 ] , citado y aprobado por el Consejo de Seguridad mediante la resolución 1264, la misión del Consejo constata de manera inequívoca: «Esta destrucción no ha sido obra de civiles inseguros y frustrados. Este es el mito que se esfuerzan por transmitir las autoridades indonesias. Las pruebas de un vínculo directo entre los milicianos y los militares no dejan lugar a dudas y esto ha sido documentado abundantemente por la UNAMET durante los cuatro últimos meses. Pero la magnitud y meticulosidad de la destrucción de Timor Oriental la semana pasada ha demostrado una nueva dimensión de la participación abierta de los militares en la ejecución de lo que anteriormente había sido una operación encubierta».
 
El Secretario General de las Naciones Unidas, por su parte, muestra en su informe al Consejo de Seguridad que «Desde que se anunciaron los resultados de la consulta popular, del 4 de septiembre, las milicias partidarias de la integración, a veces con el apoyo de elementos de las fuerzas de seguridad de Indonesia, han venido llevando a cabo una campaña de violencia, saqueos e incendios intencionales»   [47 ] .
 
Igualmente, la Comisión de Derechos Humanos se declara profundamente preocupada «por la falta de medidas eficaces para frenar o impedir la violencia de las milicias y por las informaciones que señalan la colusión entre los milicianos y los miembros de las fuerzas armadas y la policía de Indonesia en Timor Oriental»   [48 ] .
 
El informe de la Alta Comisionada de l as Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Timor Oriental también es elocuente   [49 ] : «(...) el personal de la UNAMET informó de que el 10 de septiembre la milicia Aitarak pudo pasar libremente los puestos de control de las TNI y la policía para llegar a las proximidades de los locales de la UNAMET. El personal de la UNAMET observó cómo los soldados de las TNI ayudaban a los milicianos a saquear los vehículos de la UNAMET» (párr. 15). «El personal de las Naciones Unidas en Timor Oriental en muchas ocasiones ha visto a los milicianos cometer actos de violencia a plena vista de personal policial y militar fuertemente armado que bien se limitaba a observar los hechos o bien ayudaba activamente a los milicianos» (párr. 16). «Según informes, Dare, que está situada a 9 kilómetros de Dili, ha sido atacada por los elementos Kopassus del ejército de Indonesia.» (párr. 18).
 
En su informe de misión común a la Asamblea General, la Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el Relator Especial de la Comisión sobre la cuestión de la tortura y la Relatora Especial de la Comisión sobre la violencia contra la mujer, en el capítulo que llamaron «Responsabilidad del Estado», insisten sobre el hecho de que «la información reunida y los testimonios escuchados por los Relatores Especiales dejan muy poco lugar a dudas sobre la participación directa e indirecta de las Fuerzas Armadas Indonesias y la policía en el apoyo, la planificación, la asistencia y la organización de las milicias partidarias de la integración». Añaden que «En las oficinas gubernamentales indonesias de Timor Oriental se encontraron también varios documentos oficiales en que se hace referencia a la cooperación formal entre las Fuerzas Armadas Indonesias y las milicias.» [50 ] .
 
Asimismo, Human Rights Watch y Amnistía Internacional , con motivo del 54° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pronunciaron el 6 de octubre de 1999 una declaración que daba cuenta de la organización y de la cooperación entre el ejército y las milicias [51 ] : «Las milicias [en el distrito occidental ] eran unas de las mejor organizadas y equipadas, y sus estructuras de mando en varios subdistritos de Bobonaro y Covalima coincidían casi totalmente con las de las fuerzas regulares de las TNI (...). Dado que las milicias no han sido desarmadas, estas tienen gran poder y se les sigue permitiendo que operen en la total impunidad en Timor Oriental con el apoyo de las TNI (…). Es tan evidente que el ejército indonesio ha organizado, instruido, armado y, además, apoyado a las milicias que el jefe de la Inteligencia militar de Indonesia lo reconoció abiertamente ante los periodistas. Los oficiales de la Kopassus se encargaron de la operación».
 
  Human Rights Watch , además, ha recogido el testimonio de más de un centenar de timoreses a su regreso de Timor Occidental y reunido, a partir de estas fuentes, pruebas de la implicación del ejército indonesio –y de «los milicianos afines»– en la planificación, coordinación y ejecución de la política de tierra quemada que asoló Timor Oriental [52 ] . Llegamos, por consiguiente, a la conclusión de que los milicianos prointegracionistas actuaron de concierto con el ejército indonesio, que los armó y organizó, y que lo hicieron en el marco de una política planificada y apoyada, cuanto menos, por los elementos del ejército indonesio que se encontraban en Timor Oriental.
 
  ¿Prisioneros de derecho común o prisioneros de guerra?  
 
Tras esta exposición de hechos, volvamos al estatuto de los milicianos implicados en los enfrentamientos armados con miembros de INTERFET [53 ] , algunos de los cuales han sido capturados por esta fuerza.
 
Son prisioneros de guerra, en el sentido del III Convenio de Ginebra sobre al trato debido a los prisioneros de guerra, las personas que pertenecen a una de las categorías definidas en su artículo 4. En el artículo 4, letra A, apartado primero, se concede este estatuto a los miembros de las fuerzas armadas de una parte en conflicto, así como a los miembros de las milicias o cuerpos de voluntarios que formen parte de dichas fuerzas armadas.
 
Dado que el Gobierno indonesio negó formalmente, pese a la evidencia de los hechos, todo vínculo con la milicia proindonesia, puede ser útil trazar un paralelismo con los principios que emanan tanto de la Corte Internacional de Justicia como de la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia (TPIY) acerca de los grupos de voluntarios «que estaría jurídicamente fundado asimilar a un órgano de gobiernos» [54 ] . Para estos grupos de individuos que no tienen formalmente el estatuto de agentes del Estado y que participan en las hostilidades, la Corte ha propuesto un criterio de control efectivo que incluye las nociones de dependencia y autoridad. En efecto, para que el Estado se convierta en una parte del conflicto, ha de retribuir y financiar los grupos armados, y coordinar o supervisar sus acciones; pero además ha de dar instrucciones precisas para que se cometan los actos ilegales en cuestión   [55 ] . Si se cumplen estas condiciones, los individuos son, de hecho, agentes del Estado.
 
El TPIY ha adoptado recientemente, a este respecto, una posición innovadora. En efecto, no aplica el criterio estrecho de control efectivo propuesto por la Corte Internacional de Justicia y señala que no se precisa instrucciones específicas: «Puede considerarse que existe el control que exige el derecho internacional cuando un Estado (o, en e l contexto de un conflicto armado, la Parte en conflicto) participa en la organización, coordinación o planificación de las acciones militares del grupo militar, además de financiar, instruir y equipar o proporcionar apoyo operacional a ese grupo. Los actos del grupo o de miembros del grupo pueden ser considerados actos de los órganos estatales de facto , aunque el Estado que tiene el control no haya dado instrucción específica alguna con respecto a la comisión de todos esos actos»   [56 ] .
 
1 De modo que, para un grupo organizado, basta con que haya control general sobre el grupo: «Un grupo organizado se diferencia de una persona por el hecho de que un grupo tiene, habitualmente, una estructura, una cadena de mando y un reglamento, así como los símbolos externos de autoridad (...). Por consiguiente, para atribuir a un Estado los actos de esos grupos, basta con que se llene el requisito de que el grupo como conjunto está bajo el control general del Estado» [57 ] .
 
Los agentes de hecho del Estado, contrariamente a los asesores o expertos militares, internacionalizan el conflicto implicando al Estado que los apoya como parte en el conflicto   [58 ] . En el caso de los milicianos prointegracionistas, su vinculación con el Estado indonesio no suscita duda alguna; de modo que, si fueran capturados por soldados de INTERFET, deben gozar del estatuto de prisionero de guerra, de conformidad con el artículo 4, letra A, número 1, del III Convenio de Ginebra, como miembros de milicias que forman parte de las fuerzas armadas.
 
Subsidiariamente, el número 2 del artículo 4, letra A, del III Convenio estipula que tienen igualmente derecho al estatuto de prisionero de guerra los miembros de las otras milicias y los de otros cuerpos de voluntarios, siempre y cuando haya a su cabeza una persona responsable de sus subordi nados, tengan un signo distintivo fijo que se pueda reconocer a distancia, lleven armas a la vista y cumplan durante sus operaciones las leyes y costumbres de la guerra.
 
Al parecer, son estas condiciones acumulativas del artículo 4, letra A, número 2, las que han aplicado los asesores jurídicos de INTERFET para concluir que los milicianos prointegracionistas no cumplían los requisitos de estructura y mando necesarios para gozar del estatuto de prisionero de guerra [59 ] . Cabe no obstante preguntarse por los fundamentos de la argumentación desarrollada por INTERFET para no reconocer a los milicianos capturados el estatuto de prisionero de guerra. En efecto, si bien es cierto que alguno puede haber actuado a título individual, la gran mayoría de los atropellos cometidos se produjeron en el marco de una acción orquestada y ordenada por elementos del ejército indonesio que habían dotado a los milicianos de un grado de organización suficiente para lograr destruir la mayor parte de la isla y deportar a sus habitantes.
 
Con todo, en ambos casos, el artículo 5 del III Convenio de Ginebra, en su apartado 2, estipula que, en caso de duda con respecto al estatuto de un prisionero, éste gozará de la protección del Convenio hasta tanto se determine su estatuto por un tribunal competente. Es patente, y es de lamentar, que no siempre ha sido así.
 
Los milicianos son, en nuestra opinión, prisioneros de guerra. Los que permanecen aún detenidos [60 ] deben poder gozar del tratamiento que se les debe. Esto por supuesto no obsta para que se les juzgue y condene si se les declara culpables de graves infracciones contra los Convenios de Ginebra, cometidas en territorio de Timor Oriental. Es interesante señalar que su actual inculpación no es por crímenes de guerra sino sólo por crímenes contra la humanidad; probablemente para evitar una discusión abierta y delicada acerca de la ocupación y las milicias durante un proceso público. En el marco de un proceso [61 ] est a cuestión será, sin duda, abordada por la defensa de los acusados [62 ] . El III Convenio estipula, además, que los prisioneros de guerra seguirán amparados por este Convenio hasta su liberación   [63 ] .
 
Por último, cabe destacar que, según el derecho internacional humanitario, Australia es responsable, durante todo el periodo de detención de estos prisioneros de guerra, de la aplicación de «cualquier punto importante» del Convenio y que sus autoridades han de remediar la situación si la Potencia a la que han sido entregados incumpliera sus obligaciones, y ello hasta su liberación [64 ] .

Normas del IV Convenio aplicables a INTERFET
 
 
Es legítimo preguntarse por el estatuto de Timor Oriental en la óptica del derecho internacional humanitario, entre el 20 de septiembre de 1999, fecha en que se desplegó INTERFET, y el 25 de octubre de 1999, fecha de la resolución 1272 (1999) del Consejo de Seguridad por la que se crea la UNTAET (Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental).
 
Como señalamos más arriba, Timor Oriental era un territorio ocupado por Indonesia. Con la llegada de INTERFET se retiran los escasos elementos del ejército indonesio que aún permanecían en Dili y dejan que la fuerza multinacional gestione en solitario el territorio. La resolución 1264 (1999) del Consejo de Seguridad autoriza a la fuerza «a adoptar todas las medidas necesarias para cumplir el presente mandato».
 
Como ya señalaran algunos autores, la noción de ocupación es una noción que se ha de entender objetivamente, como control efectivo de una zona, y cubrir igualmente aquellos territorios que se encuentran bajo el control de una fuerza que actúa por mandato del Consejo de Seguridad [65 ] . «Inicialmente, la ocupación se vio como una posible consecuencia de las acciones militares du rante la guerra; de ahí que en la literatura jurídica se hablara de «ocupación beligerante» (...) actualmente se usa en general el «término ocupación», de más amplio sentido. No se hace tanto hincapié en el modo en que un Estado extranjero se ha hecho con el control del territorio, si a través de una lucha real o por otros medios, sino en el fenómeno de la ocupación. Este fenómeno se puede definir como el control efectivo de una potencia –trátese de uno o varios Estados o de una organización internacional como las Naciones Unidas– sobre un territorio, con respecto al cual dicha potencia no tiene título de soberanía, y contra la voluntad del soberano del territorio en cuestión» [66 ] .
 
En el supuesto de que el soberano consintiera la presencia de fuerzas militares de un tercer país, no se estaría ante una ocupación que daría lugar a la aplicación del IV Convenio de Ginebra. Sin embargo, es imposible hablar de consentimiento soberano en el caso de Timor Oriental. En efecto, la pregunta de si los timoreses consintieron la presencia de INTERFET es imposible de resolver formalmente. Es cierto que la inmensa mayoría de los timoreses, víctimas de la violencia de las milicias, no podía sino desear ver desembarcar a los soldados de la fuerza multinacional. No obstante, no existía ninguna autoridad timoresa legítima que pudiera dar su consentimiento. Además, ante la patente urgencia, nadie parece haberse preocupado de pedir a los timoreses su consentimiento, de puro obvio. El consentimiento de Indonesia, Potencia ocupante, no se podría esgrimir como argumento válido en este contexto.
 
Así pues, el IV Convenio se siguió aplicando a INTERFET tras la partida de las tropas indonesias.
 
Existe además una interpretación del IV Convenio de Ginebra que se basa tanto en su espíritu como en su letra y sobre la que nos gustaría detenernos. Dicha interpretación es, en efecto, una solución elegante a la problemática de los territorios bajo control onusiano, en los q ue las cuestiones de jus ad bellum parecen primar sobre las cuestiones de jus in bello cuando se trata de normas relativas a la ocupación   [67 ] .
 
En efecto, en el artículo 2, apartado 2, se estipula que «El Convenio se aplicará también en todos los casos de ocupación total o parcial del territorio de una Alta Parte Contratante (...)» (el subrayado es mío). Los Estados, cuando redactaron el IV Convenio en 1949, tenían presente la Segunda Guerra Mundial. Tenían en mente la ocupación nazi, mas también la recuperación de territorios por parte de los aliados en Europa (Francia, Luxemburgo, Países Bajos) y la de territorios de África del Norte; en particular las colonias italianas que pasaron bajo control británico [68 ] . La palabra «también» del Convenio se refiere, según esta interpretación, a territorios que, al igual que Timor Oriental o Kosovo hoy, no han sido «conquistados», pero en los que se debería aplicar de jure     [69 ]   el IV Convenio de Ginebra, habida cuenta del control total del territorio y de las instituciones.
 
Con la resolución 1272, de 25 de octubre de 1999, el Consejo de Seguridad decidió establecer una administración de transición (UNTAET) con vistas a la creación del Estado timorés. Esta administración se implantó con el acuerdo, explícito, en esta ocasión, de los responsables timoreses, las autoridades portuguesas, todos los países de la región y la comunidad internacional en general. En la resolución 1272 se da a la administración un mandato que cubre prácticamente todas las funciones de un Estado, basado en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. En particular, la UNTAET está facultada para dictar leyes, administrar justicia, mantener la ley y el orden, etc.
 
La cuestión de la aplicabilidad del IV Convenio de Ginebra al territorio de Timor Oriental, en virtud de su artículo 2, apartado 2, sigue siendo de actualidad. No cabe duda de que la aplicación del derecho internacional humanitario no parece apremiante en unas circunstancias en que la UNTAET claramente aporta al país una estabilidad y una paz ansiadas; aunque el IV Convenio puede ofrecer un armazón útil a la administración. Las perspectivas para Timor Oriental no son todas halagüeñas; si de aquí a unos meses llegaran a producirse enfrentamientos armados entre los soldados de la UNTAET y los timoreses –representantes de las 94.388 personas que votaron en contra de la independencia, o miembros de los grupos armados del interior de Timor Oriental–, las cuestiones de calificación del conflicto y de estatuto de las personas capturadas en ese contexto se volverían de nuevo espinosas.
 
  Conclusiones  
 
Uno se podría sentir tentado de aplicar al caso de Timor Oriental la máxima según la cual «si no hay solución es que no hay problema». No obstante, en el momento de escribir estas líneas, alrededor de cien mil timoreses permanecen al otro lado de la frontera [70 ]   ; hay prisioneros de guerra detenidos desde hace más de un año sin que se les reconozca su estatuto y sin esperanza de que en un futuro próximo se celebre un proceso que ofrezca las garantías de un juicio equitativo.
 
Los problemas de calificación jurídica y de derecho aplicable descritos en el presente artículo muestran la complejidad de una situación que ha exigido a las fuerzas implicadas soluciones rápidas y pragmáticas. No obstante es de lamentar que estas soluciones no se hayan sustentado en bases jurídicas más formales, como las que aporta el derecho internacional humanitari o.
 
El derecho internacional humanitario impone obligaciones a las partes, es cierto, pero también concede derechos a las víctimas de los conflictos armados, derechos que no emanan de principios generales de contornos difusos, sino de los Convenios de Ginebra que tienen el mérito de ser claros y de haber sido aceptados por 189 Estados. La actualidad nos recuerda por desgracia su necesidad, no ya como principios adaptables a las circunstancias, sino como conjunto de normas que se han de aplicar y respetar.
 
  Bertrand Levrat es asesor jurídico de la División Jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra. Las opiniones que se expresan en este artículo son las del autor y no representan necesariamente las del CICR.
 
  Notas  

1. Res. 3485 (XXX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 12 de diciembre de 1975.

2. Los soldados portugueses de entonces, nativos de la isla todos ellos, se incorporan a las filas del FRETILIN que controla casi toda la parte portuguesa de Timor, mientras que dos grupos contrarios, la UDT ( Uniao Democratica Timorense ) y el MAC ( Movimento Anti-Comunista ) preparan una contraofensiva desde Timor Occidental, con el apoyo activo de Indonesia. R. Clark, «The «decolonization» of East Timor and the UN norms on self-determination», The Yale Journal of World Public Order , Vol. 7: 2, 1980, p. 5.

3. La Corte Internacional de Justicia no puede ser más clara a este respecto: «(…) las fuerzas armadas de Indonesia intervinieron en Timor Oriental». Affaire relative au Timor oriental (Portugal c. Australie) , arrêt du 30 juin 1995, C.I.J. Recueil 1995, p. 96.

4. Las ciudades de Dili y Baucau habrían sido «liberadas» por fuerzas de la UDT con el apoyo de «voluntarios» indonesios enviados sobre el terreno a petición de la coalición anti-FRETILIN. Clark, op. cit. (nota 2).

5. Carta del Representante Permanente de Indonesia al Secretario General de las Naciones Unidas relativa a la cuestión de Timor Oriental, de 25 de enero de 1989, doc. A/44/941.

6. Res. 3485 (XXX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 12 de diciembre de 1975.

7. Ibíd .  

8. Res. 384 (1975) de 22 de diciembre de 1975 y Res. 389 (1976) de 22 de abril de 1976.

9. Res. 31/53 (1976). V. también Res. 32/34 (1977) de 28 de noviembre de 1977 que retoma los mismos puntos.

10. Res. 33/39 (1978).

11. Res. 37/30 (1982).

12. V. a este respecto Jean-Marc Sorel, «Timor oriental – Un résumé de l'histoire du droit international», RGDIP , no 1, 2000, p. 39.

13. Loc. cit. (nota 3), párr. 31 y 37, pp. 103, 105 y ss.

14. Ibíd., párr. 13, p. 96.

15. Art. 2 común a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.

16. Indonesia se adhirió a los Convenios de Ginebra el 30 de septiembre de 1958 y Portugal los ratificó el 14 de marzo de 1961.

17. V. Arrêt Timor oriental, loc. cit . (nota 3), p. 96.

18. Reunión de expertos sobre los problemas generales de aplicación del IV Convenio de Ginebra, Informe del CICR, 27-29 octubre de 1998, p. 3.

19. Éric David, Principes du droit des conflits armés, 2ª ed., Bruylant, 1999 , p. 454 y ss.

20. Jean Pictet (éd.) Commentaire de la Convention de Genève relative à la protection des civils en temps de guerre , CICR, Ginebra, 1956, p. 70. V. también P. Malanczuk, Akehurt's Modern Introduction to International Law , 7ª ed., Routledge, Londres/Nueva York, 1997, pp. 151-154, y D. J. Harris, Cases and Materials on International Law , 5ª ed., Sweet and Maxwell, Londres, 1998, pp. 218-227.

21 . Commentaire, ibíd ., p. 69.

22. V. J.-M. Balencie/A. de La Grange, Mondes rebelles, Michalon, 1999, p. 983 .  

23. V. igualmente Commentaire. op. cit. (nota 20), pp. 69-70.

24. Y. Sandoz/C. Swinarski/B. Zimmermann (ed.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), CICR y Plaza & Janés Editores, Colombia S.A., Sante Fe de Bogotá, 2000, p. 105.

25. A/53/951-S/1999/513.

26. El acuerdo recuerda las resoluciones 1514 (XV), 1541 (XV) y 2625 (XXV).

27. Res. 1236 (1999).

28. Informe del Secretario General, Anexo II, doc. S/1999/513.

29. Apéndice al acuerdo de 5 de mayo de 1999, doc. S/1999/513, Anexo I.

30. Res. 1246 (1999) de 11 de junio de 1999. V . también res. 1257 (1999) de 3 de agosto de 1999 por la que el Consejo de Seguridad prorroga el mandato de la UNAMET hasta el 30 de septiembre de 1999, y después, h asta el 30 de noviembre de 1999 mediante la res. 1262 (1999).

31 V., por ejemplo, el informe del Secretario General al Consejo de Seguridad de 4 de octubre de 1999, doc. S/1999/1024.

32 Ibíd., punto 3.

33 Los comunicados de prensa de las organizaciones humanitarias evitan referirse a uno u otro término. V., por ejemplo, ACNUR, 6 de septiembre de 1999.

34 Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951.

35 V., por ejemplo la Convención de la OUA que rige los aspectos inherentes a los problemas de los refugiados de África (1969) o la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados (1984).

36 En particular, según el ACNUR, los países occidentales se niegan a conceder el estatuto de refugiado a quienes huyen de persecuciones generalizadas o de conflictos. V . < www.unhcr.ch/un & ref/who/whois.htm#war > .

37 Res. 1319 (2000) de 8 de septiembre de 2000.

38 Doc. S/2000/1105.

39 G. Goodwin-Gill, The refugee in international law, 2ª ed., Clarendon Press, Oxford, 1996, p. 29.

40. Res. 1264 (1999) du 15 septembre 1999.

41 Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad de 4 de octubre de 1999, doc. S/1999/1024, p. 2.

42 Se trata de una fuerza autorizada por la Naciones Unidas, conducida directamente por los Estados mediante contingentes que permanecen bajo su mando (como, por ejemplo, la acción en Corea, la Operación Turquesa, la UNITAF y la Operación Tormenta del desierto). V. M. Holly Mac Dougall, «United Nations Operations: Who Should Be in Charge?», Revue de droit militaire et droit de la guerre , Vol. XXXIII, 1994, pp. 21-87.

43 Res. 1264 (1999) de 15 de septiembre de 1999.

44 V. Human Rights Wat ch, World Report 2000 : «(…) los militares indonesios estuvieron organizando, armando y formando a la milicia proinpendentista   en cada uno de los trece distritos de Timor Oriental. Algunas de estas milicias existían desde finales de los años 70, otras estaban recién creadas. Pero el ejército, aparentemente bajo el mando de las fuerzas armadas especiales, conocidas como Kopassus, las integró en una red centralizada y coordinada con una organización política al frente como forma de defender la «autonomía»; lo que suponía no reforzar el autogobierno sino el status quo ».

45 Doc. S/1999/976 de 14 de septiembre de 1999.

46 Informe elaborado por la UNAMET, 11 de septiembre de 1999, Anexo al doc. S/1999/976.

47. Doc. S/1999/1024 de 4 de octubre de 1999, párr. 3.

48. Res. de la Comisión de derechos humanos, La situación de los derechos humanos en Timor oriental , párr. 3 (d), 20 de octubre de 1999.

49. Doc. E/CN.4/S-4/CRP.1 de 17 de septiembre de 1999.

50. Doc. A/54/660, Cuestiones relativas a los derechos humanos, 10 de diciembre de 1999.

51. Déclaration à la 54e session de la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission) de l'Assemblée générale des Nations Unies, Point 96 de l'ordre du jour, Question du Timor oriental, 6 octobre 1999.

52. Human Rights Watch, Forced expulsions to West Timor and the refugee crisis , diciembre 1999, Vol. 11, n° 7 (c).

53. Informe a la Asamblea General, doc. A/54/660: «Sin embargo, lamentablemente no se pudieron evitar del todo las bajas, y seis sospechosos de haber pertenecido a las milicias murieron en enfrentamientos armados con unidades de la INTERFE T.». Asimismo, en Jane's Intelligence Review , febrero de 2000, se lee «Tras el contacto entre una patrulla SAS australiana y la unidad de una milicia (…) el portavoz de la sede de INTERFET, Coronel Mark Kelly dijo: «[las milicias ] estaban empleando, sin duda alguna, la técnica de arrasar con el fuego cuando tropezaron con el lugar donde estaba la patrulla. En un incidente ocurrido el 15 de octubre, una patrulla SAS australiana integrada por seis hombres cayó en una emboscada tendida por unos 20 milicianos cerca de Marko (a 15 kilómetros de la frontera), que causó la muerte de tres milicianos antes de que se rescatara a la patrulla en helicóptero».

54.. Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Fond, C.I.J. Recueil 1986, párr. 109: « (...) los vínculos entre los contras y el Gobierno de Estados Unidos están tan marcados por la dependencia de uno y la autoridad de otro que estaría jurídicamente fundado asimilar los contras a un órgano del Gobierno de Estados Unidos o considerar que actúan en nombre de dicho Gobierno».

55. Ibíd., párr. 115: « (…) la participación de Estados Unidos en la organización, formación, equipamiento, financiación y aprovisionamiento de los contras; la selección de sus objetivos militares o paramiltiares; y la planificación de todas sus operaciones no bastan (...) para que se pueda atribuir a Estados Unidos los actos cometidos por los contras (...) todas las modalidades de participación que se acaban de mencionar, incluso el control general que ejercieron sobre una fuerza que dependía intensamente de dicho país, no significarían por sí solos, sin prueba complementaria, que Estados Unidos haya ordenado o impuesto la perpetración de actos contrarios a los derechos humanos o al derecho humanitario (...) se debería establecer, en principio, que tenía el control efectivo de las operaciones militares o paramilitares durante las cuales se produjeron las violaciones en cuestión».

56. Le Procureur c/Tadic , Affaire No. IT-94-1-A, Chambre d'appel, 15 de julio de 1999, párr. 137.

57. Ibíd., párr. 120.

58. Ibíd., párr. 162: « (…) debía considerarse que las fuerzas armadas de la República Srpska actuaban bajo el control general de la RFY y en su nombre. Por consiguiente (…) el conflicto armado en Bosnia-Herzegovina entre los serbios bosnios y las autoridades centrales de Bosnia-Herzegovina debe ser considerado un conflicto armado internacional.»

59. Kelly, Mc Cormack, Muggleton y Oswald, «Legal aspects of Australia's involvement in the International Force for East Timor», RICR, marzo 2001, nº 841.

60. Conferencia de prensa de 19 de abril de 2000 del asesor jurídico adjunto de la UNAMET: «Actualmente hay 65 personas detenidas en la prisión de Dili, de las cuales, unas 20 eran milicianas o personas sospechosas de participar en actos de violencia ocurridos en septiembre de 1999» (Traducción CICR).

61. Human Rights Watch , en su «World Report 2001», señala a este respecto que «casi todos los miembros de la civpol trataron todos los casos como habituales investigaciones por homicidio, sin tener en cuenta el papel del Estado indonesio o la relación entre los diferentes crímenes».

62. En el informe de la Misión del Consejo de Seguridad en Timor (S/2000/1105) se señala a este respecto las carencias en el funcionamiento de la justicia en Timor: «El sistema en vigor no puede someter a proceso judicial a los sospechosos que ya han sido arrestados, algunos de los cuales han permanecido detenidos durante casi un año».

63. III Convenio, art. 5, apartado 1.

64. Ibíd., art. 12.

65. Actualmente se reconoce la aplicación del derecho internacional humanitario a las fuerzas bajo mandato onusiano. V. en particular Observancia del derecho internacional humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas, Boletín del Secretario General, 6 de agosto de 1999, doc. ST/SGB/1999/13; y sobre este tema: A. Ryniker, «Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies», RICR , n° 836, diciembre de 1999, pp. 795-801; y R. Murphy, «International humanitarian law training for multinational peace support operations», RICR , n° 840, diciembre de 2000, pp. 953-968.

66. E. Benvenisti, The International Law of Occupation , Princeton University Press, Princeton, 1993, pp. 3-4.

67. Cabe señalar que aunque no reconociera la aplicación de jure del IV Convenio, INTERFET aplicó sus disposiciones en forma de directivas.

68. V. a este respecto Michael J. Kelly, Public Security in Peace Operations: The Interim Administration of Justice in Peace Operations and the Search for a Legal Framework , University of New South Wales, 1998.

69. Si INTERFET hubiera aplicado el IV Convenio más allá de su espíritu y de jure , hubiese planteado algunos retos, cual es la aplicación del Código Penal portugués de 1975.

70. Según un comunicado de 16 de enero de 2001 de AFP, más de 100.000 personas permanecen en los campos de Timor Occidental.




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