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La protección de los desplazados internos afectados por conflictos armados: concepto y desafíos

30-09-2001 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Marguerite Contat Hickel

  Resumen: En este artículo se exponen algunas reflexiones sobre la noción de protección de las personas desplazadas dentro de su propio país en una situación de conflicto armado. Tras recordar el contexto que ha hecho que la comunidad internacional se interese por los desplazados, la autora se detiene en el concepto de protección y los modos de proceder de las organizaciones humanitarias, entre ellas el CICR, en su actividad de protección. Al analizar los retos ligados a esta problemática, en particular la relación entre la consolidación de la noción de personas desplazadas y la puesta en peligro del estatuto de refugiado, destaca el papel asignado a las organizaciones humanitarias por los Estados. No es, sin embargo, la acción humanitaria la que podrá prevenir los desplazamientos masivos de población o resolver los problemas que plantean, sino la acción política: los Estados deben esforzarse en establecer un orden político justo, que contribuya a prevenir el fenómeno de los desplazados en sus propios territorios.  

     

     

 El quincuagésimo aniversario de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados nos brinda la ocasión de compartir algunas ideas acerca del concepto de protección de los desplazados internos, de los factores políticos que subyacen al problema de los desplazamientos, así como de sus implicancias humanitarias.
 

 En los últimos años, hemos visto que la atención de la comunidad intern acional, de los Estados, así como de los organismos de las Naciones Unidas y de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, se ha centrado en una nueva dimensión de los desplazamientos de población: los desplazamientos dentro de un país como resultado de un conflicto no internacional. A principios de los años noventa y finales de la Guerra Fría proliferó un nuevo tipo de conflictos internos, que dio lugar a un fuerte aumento del número de personas desplazadas dentro de su propio país. Las expresiones " conflictos de identidad " , " conflictos étnicos "  o  " conflictos religiosos "  se usan actualmente con el fin de caracterizar la índole de esas nuevas confrontaciones. De hecho en Estados de gran importancia estratégica, pero con una autoridad central debilitada, las causas políticas o religiosas de los conflictos están con frecuencia oscurecidas o manipuladas para servir a intereses económicos muchísimo más rentables. El control de los recursos naturales se ha convertido más que nunca, a menudo con apoyo extranjero, en un objetivo de las partes en conflicto.
 

 En tales circunstancias, el valor de un " civil " , es decir, de alguien que no participa directamente en las hostilidades, se mide en función de los potenciales beneficios que esa persona representa. Si las personas civiles eran antes las víctimas colaterales de las operaciones militares, ahora constituyen los instrumentos políticos preferidos de los beligerantes. En efectivo, cuando no son sencillamente el blanco directo de ataques, son tomadas como rehenes, reclutadas a la fuerza, obligadas a realizar trabajos forzosos y deportadas, incluso, para alcanzar un equilibrio demográfico, político o étnico. La comunidad internacional no podía permanecer indiferente a la realidad del desplazamiento de millones de personas como resultado de ciertos conflictos, un fenómeno que ha adquirido rasgos de ineludible tras la Guerra Fría. Algunas ONG (en particular, la Commisson of Churches on International Affairs and the Quakers ) plantearon inicialmente esta cuestión, de la que se ocuparon luego los mecanismos y organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, y que diversos debates de expertos, así como la presión de los países donantes, pusieron aún más de relieve. Los problemas de los desplazados internos fueron así ocupando poco a poco un lugar en la agenda de la diplomacia multilateral, para llegar finalmente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde los diplomáticos abordan los aspectos políticos como humanitarios.
 
El fenómeno de los " desplazados internos " (o DI) se reconoce actualmente como tal, y ha entrado a formar parte del ámbito político internacional como uno de los asuntos humanitarios pendientes. 

  La protección de los desplazados internos  

     
A pesar de que todos los desplazados internos tienen las mismas necesidades por lo que respecta a la seguridad, la subsistencia y la dignidad, se los agrupa en varias categorías en función de los entornos muy diferentes en que viven. En consecuencia, la respuesta ha de adaptarse a sus necesidades y tomar en cuenta los problemas específicos de cada categoría.
 
Aquí consideraremos la protección de los desplazados internos desde el punto de vista de la protección general de la población civil, la estrategia para su implementación y la complementariedad del modo de proceder de las diferentes organizaciones implicadas. No nos ocuparemos, pues, de las normas jurídicas de protección de los refugiados y desplazados internos, ni de los cometidos y las actividades respectivas del ACNUR y del CICR, ya que estos aspectos se tratan en otros artículos del presente número de la Revista .
 
Se entiende por " desplazado interno o DI " una persona que se ha visto obligada a desplazarse dentro del territorio de su propio país a raíz de un conflicto armado o de tensiones internas. Se trata principalmente de personas civiles que, como tales, están protegidas por el derecho internacional humanitario.
 
La definición de protección en la que nos basaremos es la que adoptaron los participantes –organizaciones humanitarias, ONG de derechos humanos y organismos de las Naciones Unidas– en uno de los cuatro talleres sobre protección organizado en 1999 por el CICR: " El concepto de protección abarca todas las actividades tendentes a conseguir el pleno respeto de los derechos de las personas, de conformidad con la letra y el espíritu de la normativa pertinente (derechos humanos, derecho humanitario y derecho de los refugiados). Los agentes humanitarios y los defensores de los derechos humanos deberán realizar esas actividades en forma imparcial, y no basándose en la raza, el origen étnico o nacional, la lengua, el sexo, etc. " [1 ]
 
Según esta definición, toda acción de protección se basa en las normas del derecho. En otras palabras, se puede argumentar que los problemas humanitarios, incluso los que resultan de desplazamientos ocasionados por conflictos, son consecuencia de una violación, deliberada o no, de las normas jurídicas y la responsabilidad de afrontarlos recae primordialmente en las autoridades nacionales, que tienen la obligación de prestar protección y asistencia a la población.
 
En la práctica actual, la falta de voluntad o la incapacidad de las autoridades para asumir esa obligación ha impulsado a las organizaciones humanitarias a desarrollar actividades asistenciales. La mayoría de éstas se han dado, además, cuenta de que no pueden limitar su acción a distribuir víveres o medicamentos. Sacando las debidas enseñanzas de su experiencia, ahora también quieren respaldar sus operaciones de emergencia con accio nes destinadas a proteger a las personas asistidas, y desean lograr un consenso sobre la distribución de las funciones.
 
¿Qué implica una acción destinada a proteger a una persona? Según los participantes en los talleres antes mencionados, tal acción o actividad, ya sea la prestación de ayuda material o de otro tipo, debe propiciar un entorno favorable al respeto de la persona humana, tanto si se pretende prevenir o poner fin a una violación, paliar sus efectos inmediatos o restaurar condiciones de vida dignas [2 ] . El ámbito de la protección comprende tres tipos de actividades:
 

  •   Las acciones reactivas : se llevan a cabo durante la fase de emergencia, con el fin de poner fin a las violaciones, paliar sus efectos o prevenir ulteriores violaciones (por ejemplo, prestando ayuda alimentaria de urgencia, instalando un campamento o haciendo gestiones ante las autoridades responsables para detener un desplazamiento de población);

  •   Las acciones correctiva s: se emprenden después de la fase de emergencia y están encaminadas a restaurar la dignidad humana o a brindar condiciones de vida apropiadas para las personas que han sido víctimas de violaciones del derecho (por ejemplo, un programa psicosocial para las mujeres víctimas de violaciones sexuales, la recogida y tramitación de solicitudes de búsqueda de familiares dispersos o la construcción de refugios que permitan regresar a los desplazados); y, por último,

  •   La construcción del entorno : para promover un entorno social, cultural y jurídico propicio al respeto por los derechos individuales, de conformidad con el espíritu y la letra de las normas correspondientes (como la enseñanza a oficiales de las normas relativas a la conducción de las hostilidades y el apoyo a programas preventivos sobre los peligros de las minas antipersonal).

  • Estos tres tipos de actividades puede una única organización realizarlos de manera simultánea, pero algunas prefieren concentrarse en un tipo particular de actividad. Las distintas organizaciones humanitarias pueden asimismo amoldarlos a sus modos de acción o métodos de trabajo propios en sus contactos con las autoridades [3 ] , como son:

  •   La persuasión : empleada para convencer a las autoridades, a través del diálogo (por ejemplo, mediante mensajes confidenciales escritos u orales), para poner fin a una violación o para ayudar a las víctimas de ésta;

  •   La denuncia : destinada a ejercer presión sobre la autoridad y apremiarla a poner fin a una violación de derecho o ayudar a las víctimas de una violación (mediante la publicación de informes sobre violaciones de los derechos humanos, por ejemplo, o mediante llamamientos públicos);

  •   La sustitución : cuando la organización actúa en lugar de la autoridad para poner fin a una violación o para ayudar a las víctimas de ésta (por ejemplo, mediante el suministro de alimentos o la instalación de letrinas). Otra forma de sustitución –apoyo indirecto o institucional– puede tener por objeto reforzar las capacidad operativa de las autoridades.

 
Cada organización suele utilizar un “modo de acción preferido”, y los modos de acción pueden combinarse. Ciertas organizaciones de derechos humanos se inclinan más por publicitar la información de que disponen, e incluso por denunciar a los responsables de las violaciones, mientras que otras organizaciones operacionales prefieren usar el modo de sustitución y asistir directamente a las personas desplazadas. En general, las organizaciones basarán sus acciones en la estrategia qu e juzguen más conveniente, en función de su cometido o pericia, así como de la actitud y la capacidad operativa de las autoridades.
 
El CICR, por su parte, cree en un modo de operar basado en la persuasión y el diálogo confidencial con todas las partes en conflicto, tanto con los actores gubernamentales como con los grupos armados de oposición. El despliegue de sus delegados sobre el terreno, sobre todo en las zonas sensibles, le permite mantenerse constantemente al corriente de la situación, velar por la aplicación del derecho y hacer las oportunas gestiones ante las autoridades políticas y militares para poner fin a una violación o prevenirla. Un proceder de este tipo depende del establecimiento de una relación de confianza con todas las partes. Según el CICR, es fundamental tener acceso a las víctimas y tener garantizada la protección del personal humanitario. Sus actividades en Colombia son un buen ejemplo de los modos de acción que le sirven de referencia.
 
Sin embargo, si esta manera confidencial de actuar no da resultado, el CICR puede movilizar a la comunidad diplomática e incluso, en casos excepcionales, realizar llamamientos públicos para resolver una situación. Ambos modos de proceder, la persuasión y la sustitución, se usan con frecuencia juntos. Y el CICR respaldará muchas veces sus iniciativas diplomáticas ante las partes con actividades operacionales sobre el terreno destinadas a que la población civil permanezca en sus hogares, a protegerla durante el desplazamiento o evitar futuros desplazamientos y a facilitar luego la integración local o el regreso de las personas desplazadas.
 
Concretamente, el CICR puede proporcionar ayuda material, médica o alimentaria (vivienda, agua, evacuación de los damnificados, etc.) a los necesitados y apoyo técnico a las autoridades (difusión y capacitación). En el caso de la protección activa, cuando se han interrumpido, por ejemplo, los contactos familiares a causa del conflicto, toma los datos de los desplazados y trata de localizar a los desaparecidos, facilita el intercambio de mensajes de Cruz Roja y trata de reunir a los miembros de familias dispersas. Ofrece asimismo sus servicios para visitar a las personas detenidas. Se presta especial atención a las personas y grupos considerados particularmente vulnerables (niños solos y mujeres, personas mayores, etc.).
 
En situaciones de conflicto armado y de disturbios internos, el CICR procura siempre dar prioridad a quienes presentan las necesidades más urgentes. Debido a la precariedad de su situación, las personas desplazadas forman parte con frecuencia, aunque no exclusivamente, de los principales beneficiarios de su acción. Por otro lado, las poblaciones de acogida, que son a veces grupos minoritarios o residentes que no han podido abandonar el lugar, se encuentran a menudo en una situación tanto o más difícil que la de los desplazados. En lugar de desarrollar programas ajustados a las necesidades de los desplazados, será, pues, necesario un planteamiento global y definir los modos operacionales apropiados para cada contexto [4 ] . Por último, y en virtud de su reconocido derecho de iniciativa y de su estatuto de institución neutral e independiente, el CICR podrá actuar como intermediario entre las partes beligerantes o entre estas partes y las personas desplazadas para facilitar los contactos entre ellas o para solucionar un problema humanitario [5 ] .
 
Con mucha frecuencia, los desplazamientos de población pillan desprevenidas a las organizaciones asistenciales, obligándolas a atender a los problemas más urgentes y a reaccionar de una forma más bien desorganizada y poco profesional. De ahí la importancia que reviste para las organizaciones el intercambio de información, el constante análisis de cada situación y la planificación concertada de las operaciones, preparando los planes de intervención y constituyendo reservas de emergencia de equipos y alimentos, etc. Ni que decir tiene que la calidad de una re spuesta humanitaria por lo que atañe a la protección y la asistencia depende en gran medida del grado de preparación de la organización de socorro a una emergencia.
 
Por último, no tendría hoy en día sentido hablar de protección de los desplazados sin plantear la cuestión del acceso a las víctimas: demasiadas poblaciones desplazadas permanecen actualmente sin protección por su inaccesibilidad. Raras veces las razones son logísticas (falta de vías de comunicación, dificultades del terreno) o políticas. La mayoría de las veces se trata simplemente de un problema de seguridad: las partes en el conflicto deniegan el acceso o toman incluso como blanco, de manera deliberada, al personal humanitario. Sin entrar en detalles, señalemos que el debate acerca del posible o deseable papel de las fuerzas armadas o de mantenimiento de la paz en la tarea de proteger las actividades humanitarias, e incluso en los campamentos de refugiados, está dando frutos. Pero, los riesgos inherentes a la politización de la labor humanitaria, así como al amalgamiento de las responsabilidades políticas, militares y humanitarias, deberían tenerse presentes, en particular en situaciones de crisis prolongadas [6 ] .
 
De todos modos, no se puede proyectar ninguna acción para prestar protección efectiva y duradera si no existe un entorno suficientemente seguro y si los beligerantes no comprenden y aceptan el papel de las organizaciones humanitarias. 

  Coordinación para la protección  

 
El marco de protección desarrollado por las ONG y las organizaciones humanitarias antes descrito puede ser operacionalmente útil para los agentes humanitarios por lo que respecta la complementariedad de varias de sus actividades. Gracias a estos conceptos, no sólo sería posible hacer más coherente y predecible la intervención humanitaria, sino también más efectiva para las víctimas de infracciones, inc luidas las personas desplazadas.
 
Asimismo, dentro del sistema de las Naciones Unidas, se ha realizado un estudio con vistas a conceptualizar la idea de protección y a establecer un mecanismo de coordinación [7 ] . Más recientemente, el Comité Permanente entre Organismos (IASC) le encargó a la Red Superior sobre Desplazamientos Internos evaluar la calidad de las acciones humanitarias en favor de los desplazados, determinar las lagunas en la protección y la asistencia y hacer recomendaciones a los organismos pertinentes.Cuatro misiones y seis meses más tarde, en abril de 2001, se propuso la creación de una pequeña oficina de coordinación no operacional: la Unidad sobre Desplazamientos Internos, dentro de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, con el fin de formalizar y reforzar la coordinación de la intervención humanitaria y el apoyo de la comunidad internacional para el problema de los desplazados internos.
 
Por último, y en el plano normativo, el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para los Desplazados Internos, Francis Deng, inició una importante supervisión, que culminó – entre otras cosas – con la publicación en 1998, de los " Principios rectores sobre el desplazamiento de personas en su propio país " . Estos Principios, que ofrecen una definición muy amplia del concepto de desplazado, incluyen elementos de derecho internacional humanitario, de derechos humanos, de derechos de los refugiados, cubriendo todas las fases del desplazamiento interno. Sin embargo, los Principios Rectores, que forman parte del derecho indicativo (soft law ), no son jurídicamente vinculantes. Y, en una situación de conflicto armado en particular, parece fundamental invocar en primer lugar la norma perentoria, es decir, las normas del derecho internacional humanitario aplicables a los conflictos armados internacionales y no internacionales, que son vincul antes tanto para los actores gubernamentales como para los grupos armados de oposición [8 ] . Por último, la defensa de la causa de los desplazados internos constituye otro punto importante de la función del Representante del Secretario General para los asuntos de protección.

  El problema del desplazamiento interno: ¿un desafío humanitario o una escapatoria para la comunidad internacional?  

 
La atención prestada por la comunidad internacional al problema del desplazamiento interno ha contribuido ciertamente a concienciar a la gente sobre las dificultades de millones de personas civiles desarraigadas, así como a describir el fenómeno que algunos, con razón, han llamado “éxodo dentro de las fronteras” [9 ] .
 
Aunque nos congratulemos de este interés, debemos analizar sus consecuencias operativas y políticas:
 

  • En primer lugar, en cuanto a la definición: las organizaciones humanitarias, los Estados y los donantes usan la misma expresión –“desplazados internos”– y las mismas siglas –DI– para designar a categorías de personas confrontadas con situaciones diferentes. Pero, ¿de quién hablan? ¿De personas que se han desplazado recientemente a raíz de un conflicto? ¿De personas desplazadas, reagrupadas o reinstaladas a la fuerza? ¿De desplazados que se han reinstalado o se han integrado, más o menos, en los suburbios de una ciudad? ¿De migrantes económicos? ¿O de desplazados a raíz de una catástrofe natural? El uso de unas únicas, siglas simplista y abarcador, por no hablar de su índole deshumanizadora, induce a establecer estimaciones incorrectas y cifras exageradas, así como a una reacción humanitaria inapropiada, escasamente coordinada e incluso peligrosa por lo que se refiere a la protección. La confusión semántica genera una confusión operacional.

  • En segundo lugar, por lo referente al grupo destinatario: el focalizar la ac ción en los desplazados internos a causa de conflictos acarrea el riesgo evidente de que la protección se limite a esa categoría específica de personas, en detrimento del resto de la población. Es esencial repetir aquí que un conflicto interno afecta a todos los sectores de la población. Quienes no han podido huir o las comunidades anfitrionas sufren a menudo una suerte muy similar a la de los propios desplazados. Si la segmentación de la asistencia por grupos destinatarios no se enmarca en un planteamiento global, es muchas veces fuente de tensiones entre la población anfitriona y los desplazados, que resultan estigmatizados. En un país azotado durante años por conflictos y desplazamientos, y que se desliza lentamente hacia la pobreza extrema, no deben subestimarse las consecuencias de esas tensiones. Con el tiempo, las distinciones claras entre las categorías se irán borrando, pero sin dar lugar a una integración armónica de los venidos de afuera. En tales situaciones, ¿no se debería prestar atención también al problema, mucho más serio que otros, de las decenas de miles de desplazados de largo plazo y al de los “migrantes urbanos”?

  • En tercer lugar, por lo que atañe a la coordinación y a las normas: el especial interés que evidencia la comunidad internacional por los desplazados internos se ha traducido –por presión de los países donantes– en el establecimiento de un sistema que define los principios rectores, la coordinación de mecanismos y la implementación de estrategias. Evidentemente, aún no podemos decir si la nueva Unidad sobre Desplazamientos Internos,   creada dentro del OCAH, permitirá que las intervenciones humanitarias de los organismos de las Naciones Unidas estén mejor coordinadas o si esta estructura sólo contribuirá a perpetuar las conocidas dificultades de coordinación. Sería, sin embargo, lamentable que estos cambios en la coordinación de Naciones Unidas afirmaran, o incluso refo rzaran, el carácter “discriminatorio” de este proceder, al establecer mecanismos específicos para hacer frente a las necesidades de una categoría particular. También cabe temer que el recurso cada vez más frecuente a principios concebidos específicamente para ocuparse de los desplazados internos y que no son vinculantes para los actores gubernamentales y no gubernamentales reduzcan, en definitiva, el alcance de la protección que el derecho internacional humanitario otorga a toda la población civil.

  • Por último, por lo que se refiere a los factores políticos y humanitarios: la pregunta que deberíamos hacernos con razón es “¿Por qué tanto interés de repente?” En la introducción de este artículo se expuso el contexto político, pero quedó por decir que mientras aumenta el interés por el problema de los desplazados internos, se está debilitando el derecho de asilo y se refuerzan los obstáculos y los medios utilizados por los Gobiernos para controlar los flujos migratorios y para contener a los potenciales refugiados en sus países de origen. Las “medidas preventivas” y la “repatriación” están a la orden del día, con el fin de evitar el cruce de fronteras –poniendo así a las organizaciones humanitarias en el centro de las situaciones de conflicto– y de reexpedir a los refugiados a los lugares de donde partieron, en condiciones cada vez menos compatibles con los principios de protección.
     

Nosotros, como otros, tenemos derecho a preguntar si vamos hacia el final del estatuto de “refugiado”. El debate se plantea sobre el telón de fondo de una reducción de la ayuda pública al desarrollo, que disminuyó de 63 a 53 mil millones de dólares estadounidenses entre 1992 y 1998 [10 ] , y de una creciente proporción de la ayuda otorgada a la asistencia humanitaria. Las consecuencias de esta tendencia también pueden verse en el caso de los desplazados internos de largo plazo o en el de los que se han in stalado en los suburbios de las ciudades. La modesta respuesta de los Estados es más que evidente: están más inclinados a sufragar actividades operacionales visibles, preparadas sectorialmente y destinadas a ciertos grupos de beneficiarios, que a comprometerse, de manera responsable y sostenida, en la tarea de reforzar las estructuras gubernamentales y el desarrollo económico de las poblaciones afectadas. Este hecho resulta paradójico cuando se piensa que esos mismos países donantes reclaman constantemente una actuación coordinada, e incluso integrada, de los agentes humanitarios.
 

 El problema de los desplazados internos forma parte, en realidad, de una problemática mayor, la que plantea la acción humanitaria, que algunos querrían ver como un instrumento para otros propósitos o como un sustituto del compromiso político. Sus expectativas son ilusorias: estamos efectivamente lejos de creer que la acción humanitaria sola pueda actuar como un regulador de las perturbaciones a lo largo y lo ancho del planeta, y de servir a la estrategia de los Estados de restringir los flujos migratorios. En una época de crisis duraderas y de marginación de los Estados más pobres o de los considerados de poco interés estratégico, creemos que es de suma importancia que la política ocupe de nuevo su lugar con su coraje, que la acción humanitaria encuentre de nuevo su propio espacio, y que ambas se movilicen para responder conjunta y eficazmente al verdadero desafío del futuro: la necesidad del respeto universal de la persona humana.

  Marguerite Contat Hickel es asesora diplomática y miembro de la División de Organizaciones Internacionales del CICR, para el cual ha efectuado diversas misiones sobre el terreno.

  Notas  

1. Third Workshop on Protection for Human Rights and Humanitarian Organizations: Doing Something about It and Doing It Well , 18-20 enero de 1999, informe del CICR, Ginebra, p. 21.

2. Fourth Workshop on Protection for Human Rights and Humanitarian Organizations: The Challenges of Complementarity , 16-18 de febrero de 2000, informe del CICR, Ginebra.

3.   V. también Paul Bonard, Modes of Action Used by Humanitarian Players: Criteria for Operational Complementarity, CICR, Ginebra, 1999.

4.   Como en el caso de Angola, donde el CICR está desarrollando programas asistenciales (agua, alimentos, distribución de semillas, etc.) tanto para los residentes como para la población desplazada de los suburbios de Huambo; o el caso de Afganistán, donde ayuda a la población in situ para evitar los desplazamientos. 

5.   Como el regreso en botes desde Monrovia a su región natal en el sudeste de Liberia, organizado a principios de 2001, de varios centenares de desplazados que habían escapado de diez años de conflictos y habían estado viviendo desde entonces en condiciones de pobreza en la capital liberiana. O el caso de Sri Lanka, donde a pedido de las fuerzas de seguridad y de los Tigres de Liberación de Tamil Eelam (LTTE), el CICR está facilitando el paso de personas y de provisiones de alimentos para la población civil a través de las líneas divisorias.

6.   Meinrad Studer, “El CICR y las relaciones cívico-militares " , RICR Nº 842, junio de 2001, p. 367

7.   “Protección de los desplazados internos " , aprobado en 1999 por el IASC y terminado en abril de 2001: “Plan de acción para el seguimiento de la política del IASC sobre la protección de los DI " y “Supplementary guidance to humanitarian/ resident coordinators on their responsibilities in relation to internally displaced persons”.

8.   V. al respecto Jean-Philippe Lavoyer, “Principios rectores relativos al desplazamiento de personas en el interior de su propio país " , RICR , no 147, septiembre de 1998, pp. 509-522.

9.   David A. Korn, Exodus within Borders. An introduction to the Crisis of Internal Displacement, The Brookings Institution, Washington DC, 1998.

10. Global Humanitarian Assistance 2000 , informe independiente, encargado por el IASC, sobre las iniciativas para el desarrollo, mayo de 2000.




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