• Enviar
  • Imprimir

El privilegio del CICR de no testificar: confidencialidad en la acción

31-03-2002 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Gabor Rona

  Un memorando aclaratorio [1]  

Los delegados tienen frecuentemente la oportunidad de explicar el régimen jurídico excepcional de que goza el Comité Internacional de la Cruz Roja en el derecho internacional. Para explicar qué es el CICR, qué hace y con qué autoridad, ningún elemento de ese régimen sirve mejor de punto focal que el privilegio que tiene de declinar la cooperación con las autoridades investigadoras y judiciales [2] . Pero otra razón de mayor peso aún para analizar este tema es la posibilidad bien real de que, en cualquier momento, un delegado se vea confrontado con una demanda oficial de información, un requerimiento que le exige moverse en la línea que separa la satisfacción de las legítimas expectativas de las autoridades (y, en realidad, de la humanidad) y los legítimos derechos e intereses del CICR. En consecuencia, el doble propósito del presente documento es proporcionar:

  • unos fundamentos para debatir la condición jurídica internacional del CICR, en general, y su política testimonial, en particular, y

  • un marco para responder a los requerimientos de cooperación con las autoridades que recaban información acerca de las actividades del CICR.

En la sección I de esta nota se describe la naturaleza excepcional de la condición jurídica internacional del CICR, de la cual se deriva su inmunidad testimonial. En la sección II se resumen las tres fuentes específicas del derecho internacional que estipulan la protección testimonial del CICR: las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional (CPI); una decisión del Tribunal Penal Internacional para Ex Yugoslavia (TPIY); y los acuerdos de sede entre el CICR y sus Estados anfitriones . En la sección III se describen las razones en que se basa la política del CICR en esta materia. En la sección IV se muestra lo acertado de esta política en situaciones en que los principios de procedimiento judicial son comúnmente aceptados. La sección V se centra en la aplicación de la política testimonial del CICR sobre el terreno.

  La situación jurídica internacional del CICR  

La capacidad de los individuos, Estados y organizaciones para ejercer derechos y asumir responsabilidades jurídicas depende de si esas entidades están reconocidas –y en qué medida– según el derecho. Este reconocimiento es lo que se denomina «personalidad jurídica». El Estado ha sido la entidad históricamente reconocida en derecho internacional. 

El reconocimiento de las organizaciones en derecho internacional deriva generalmente de su asociación con estructuras estatales. Así pues, se considera que las Naciones Unidas y sus organismos, al igual que otras organizaciones intergubernamentales, tales como la Organización de los Estados Americanos, gozan de personalidad jurídica internacional. Por otra parte, organizaciones que no están integradas por Estados o que carecen de un componente participativo estatal, es decir, las organizaciones no gubernamentales (ONG), como Amnistía Internacional, no poseen personalidad jurídica internacional, a pesar de que su ámbito de acción es internacional. Pero, a diferencia de otras organizaciones que carecen de componente estatal, el CICR tiene personalidad jurídica internacional. En el siguiente cuadro se resumen los regímenes jurídicos de los individuos, Estados y organizaciones, tanto en el derecho interno (nacional) como en el derecho internacional:

¿Quién tiene personalidad jurídica?

 

Derecho nacional

Derecho internacional

Individuo

limitada

Estado

Organización

varía en función de las leyes del Estado y de la índole de la organización

sí para el CICR y para las organizaciones intergubernamentales;

no para las organizaciones no gubernamentales

Quizá la mejor forma de describir la condición jurídica sui generis otorgada al CICR es calificarla de análoga a la de las organizaciones intergubernamentales. Los siguientes factores contribuyen a este régimen:

  • El CICR es el sujeto de cometidos internacionales que le han sido encomendados mediante tratados de derecho internacional humanitario. 

  • La condición jurídica internacional del CICR es reconocida en sus relaciones con las Naciones Unidas, organización en la cual goza del estatuto de observador, de conformidad con la Resolución 45/6 de la Asamblea General adoptada por consenso el 16 de octubre de 1990. Además, la delegación del CICR en Nueva York se reúne mensualmente con el presidente del Consejo de Seguridad, y el presidente del Comité se reúne anualmente con el Consejo de Seguridad en pleno.

  • Aunque no está vinculado a país alguno, el CICR es miembro integrante del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuya Conferencia Internacional –su supremo cuerpo deliberativo– participan los Estados a fin de determinar la autoridad estatutaria del CICR, ya sea para ofrecer sus servicios o para intervenir en caso de conflicto armado.

  • La condición jurídica internacional del CICR se halla implícitamente reconocida en las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional, las cuales basan el reconocimiento de la exención testimonial del CICR en el respeto de los cometidos internacionales que le asigna el derecho internacional humanitario.

  • La condición jurídica internacional del CICR se halla explícitamente reconocida en la decisión del 27 de julio de 1999 de la Sala de Primera Instancia del TPIY en el caso Prosecutor c. Simic et al ., en la que se reconoce el derecho del CI CR, fundado en el derecho internacional consuetudinario, a negarse a prestar declaración.

  • Muchos Estados dan al CICR el mismo trato que a organizaciones intergubernamentales como el ACNUR. El CICR mantiene relaciones diplomáticas con Estados y con organizaciones internacionales en un plano de coordinación, más que de subordinación. Así por ejemplo, en 1993 el CICR y Suiza firmaron un acuerdo sobre la situación jurídica por el cual el Consejo Federal Suizo «reconoce la personalidad jurídica internacional y la capacidad jurídica» del CICR. Hasta octubre de 2001, en más de 60 Estados el CICR tenía acuerdos de sede como éste, en los que se reconocen sus inmunidades y privilegios diplomáticos [3 ] .

Este resumen de los fundamentos de la personalidad jurídica internacional del CICR constituye el marco en el que deben examinarse las fuentes más específicas del privilegio testimonial del CICR.

  Las fuentes jurídicas del privilegio del CICR de exención testimonial  

En derecho internacional existen tres fuentes en las que se reconoce el derecho del CICR a negarse a aportar pruebas:

1. Las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional (CPI), negociadas y aprobadas por la Comisión Preparatoria de la CPI en su sesión de junio de 2000. La regla 73 cubre las comunicaciones e información privilegiadas. La parte de la regla que alude al CICR es el resultado de una avenencia: el CICR recomendó la inclusión de una regla que garantizara absoluta protección. Varios Estados, no obstante, insistieron en una regla por la cual la Corte participara en la determinación, caso por caso, de qué tipo de información debería revelar el CICR si hubiere lugar a ello. En consecuencia, la regla dispone que el CICR debe celebrar consultas con la Corte cuando ésta considere que una información reviste «gran importancia para una determinada causa». Con todo, el CICR tiene la última palabra sobre la revelación de su información [4] .

A ninguna otra organización, no gubernamental o intergubernamental, como Médicos sin Fronteras (MSF) o el ACNUR, se le ha otorgado este privilegio. Este trato excepcional que recibe el CICR evidencia el reconocimiento de los Estados de su condición jurídica y su papel únicos en el mundo. La regla 73 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la CPI es una piedra angular de la inmunidad testimonial del CICR en el futuro. 

2. Una Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia (TPIY), en su Decisión del 27 de julio de 1999 en el caso Prosecutor c. Simic et al . [5] , emitió un fallo en el que se establece que el derecho internacional consuetudinario estipula que el CICR tiene el privilegio absoluto de no revelar la información confidencial de que disponga. 

La decisión del TPIY concluye que:

  • el CICR es una entidad e institución excepcional que posee una personalidad jurídica internacional y una condición especial según el derecho internacional;

  • el cometido del CICR de proteger a las víctimas de los conflictos armados, de conformidad con los Convenios de Ginebra, los Protocolos adicionales y los Estatutos del Movimiento, representa un «poderoso interés público»;

  • la capacidad del CICR para cumplir su cometido depende de la buena voluntad de los beligerantes para garantizar el acceso del CICR a las víctimas del conflicto, la cual depende, a su vez, de la adhesión del CICR a sus principios de imparcialidad y neutralidad, así como de a la norma de confidencialidad; y

  • la ratificación de los Convenios de Ginebra por 189 Estados [6] , el reconocimiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas del particular papel del CICR en las relaciones internacionales, la práctica histórica y las opiniones oficiales expresadas por los Estados respecto de la confidencialidad del CICR han configurado una norma de derecho internacional consuetudinario que confiere al CICR el derecho absoluto a no divulgar información relativa a su labor [7] .

3. Los Acuerdos de Sede son tratados internacionales. Puesto que contienen una aceptación explícita del Gobierno de respetar la confidencialidad del CICR, son el medio más directamente ejecutable para establecer privilegios testimoniales en las diligencias judiciales a nivel nacional. En la actualidad, el CICR tiene acuerdos de sede con más de 60 Estados [8] , en los cuales se estipulan, entre otros privilegios e inmunidades, diferentes grados de protección contra los requerimientos para prestar declaración. Las variaciones son el resultado de dos circunstancias: en primer lugar, no existe un modelo único de acuerdo de sede, o sea, que los términos de cada acuerdo deben negociarse de manera independiente con las autoridades del Estado concernido; en segundo lugar, «el estado actual» de la propuesta del CICR ha variado con el tiempo. En el Anexo 2 se incluyen las disposiciones tipo relativas a su condición jurídica y a los requerimientos para dar testimonio propuestas por el CICR para sus acuerdos de sede.

  Las razones de la política testimonial del CICR  

Sobre el terreno s e suelen comprender bien las razones que respaldan la política testimonial del CICR. La Decisión del TPIY resume acertadamente la cuestión. Antes de que la Corte sentenciara que el derecho del CICR a la confidencialidad absoluta debía respetarse en todos los casos, el fiscal trató de que declarara como testigo un antiguo empleado del CICR. Arguyó para ello que la decisión de confirmar o rechazar la confidencialidad del CICR debía tomarla la Corte, analizando caso por caso. Se alegó que, dado que sólo se pediría revelar información en «casos excepcionales», el interés del CICR estaría adecuadamente protegido mediante un análisis ecuánime que permitiera a la Corte sopesar la importancia del testimonio en cuestión y el interés de confidencialidad del CICR.

Pero la propia Corte rechazó este argumento y reconoció que la preocupación no era determinar si la Corte protegería o no la información del CICR en caso dado, si no saber, por el contrario si el CICR estaría en condiciones de garantizar la confidencialidad a los combatientes si la autoridad final sobre su información se hallaba fuera de su control. Obviamente, la respuesta es no. La mera existencia de un poder judicial que pueda no aceptar la confidencialidad del CICR o, el día, a más tardar, en que se ejerciera por primera vez ese derecho, significarían el fin de la antigua capacidad del CICR de garantizar a las partes en guerra la confidencialidad, de lo cual depende su acceso a las víctimas de los conflictos armados. En vez de pedirle que «confíe en la Corte», se debería reconocer al CICR la facultad discrecional de permitir que preste declaración en los casos excepcionales en que considere que los riesgos que puedan resultar para sus operaciones son tolerables. Este es el efecto de la decisión del TPIY, de la regla 73 y de los acuerdos de sede del CICR.

En los debates para analizar los intereses de la confidencialidad del CICR con el mundo exterior, es importante destacar que esta falta de cooperación del CICR con los tribunales penales no ha de interpretarse en absoluto como hostilidad o indiferencia a la labor de éstos. En la medida en que el CICR y los tribunales tienen un propósito común, a saber: garantizar el respeto del derecho internacional humanitario, el CICR respalda con entusiasmo la existencia de mecanismos para reprimir las violaciones criminales del derecho internacional humanitario. Pero como, además, el CICR tiene el cometido de asistir y proteger a las víctimas, lo que no le permite poner en peligro ni perder su acceso a ellas, su papel debe considerarse como complementario, pero no idéntico, al de los tribunales.

     

  Coherencia del derecho de no divulgación con los principios de justicia comúnmente aceptados  

Generalmente, en derecho se desaprueban los privilegios probatorios (el derecho a negarse a declarar como testigo), por ser contrarios a la premisa de que se hace mejor justicia cuando se dispone de todas las pruebas pertinentes. Esto es particularmente cierto en el caso de las acciones penales, y aún más indudable en el caso de los crímenes internacionales, que suelen ser particularmente horrendos y, no por casualidad, el marco en el que se solicita más a menudo el testimonio del CICR. Y para hacer las cosas todavía más difíciles, puede haber casos en que este testimonio sea la única prueba disponible para sentenciar al culpable o, peor aún, la única para absolver al inocente. Sin embargo, los privilegios probatorios existen, en reconocimiento del hecho de que la protección de algunos intereses, respetando la confidencialidad, puede, en algunos casos, tener mayor peso que el interés en revelar toda la información en un juicio. Así por ejemplo, las leyes de algunos Estados desaconsejan, e incluso prohíben, el testimonio de abogados, doctores y personal religioso acerca de conversaciones confidencia les con clientes, pacientes y penitentes, a fin de fomentar el intercambio libre y pleno de tales informaciones entre ellos. En estos casos, la validez o necesidad del testimonio desestimado no es un elemento de juicio.

Los privilegios probatorios plasman la aceptación de un pequeño riesgo de justicia imperfecta, a deferencia de otros intereses importantes. Uno de esos intereses es la confidencialidad, cuyo respeto es decisivo para que el CICR pueda cumplir la obligación que le impone el derecho internacional humanitario de proteger a las víctimas de los actuales y futuros conflictos armados. A fin de cuentas, esta preocupación es mayor que la posibilidad de que la información del CICR pueda ser pertinente, e incluso decisiva, en un juicio por crímenes cometidos en el pasado .

  La política testimonial del CICR en acción  

Suele escucharse entre los miembros de su personal que «el CICR no da testimonio». Éste es con frecuencia el resultado de la aplicación de la política del CICR, pero no la política en sí. La conclusión unánime de las autoridades jurídicas citadas en esta nota es de que «el CICR no necesita testificar». Dicho de otra forma, la regla estipula que el CICR no puede ser obligado a testificar, pero la decisión de hacerlo (o no) debe tomarla el propio CICR, sobre la base de un análisis de cada caso.

Por consiguiente, todas las demandas o requisiciones de cooperar en las investigaciones externas o diligencias judiciales deben dirigirse al jefe de delegación, quien debe luego consultar con la sede en Ginebra. Sólo así es posible desarrollar una práctica coherente en tal sentido, centrada en el problema fundamental, a saber: ¿en qué medida nuestra decisión aumen tará o disminuirá nuestra capacidad para prestar protección y asistencia a las víctimas del conflicto?

Es oportuno analizar brevemente la cuestión testimonial en relación con los otros componentes del Movimiento. La protección probatoria concedida al CICR no es extensiva a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Rojas. Ni las Reglas de la CPI ni ningún tribunal internacional han reconocido esta protección. Aunque la Federación puede gozar de ella en virtud de sus acuerdos de sede con Estados individuales, las Sociedades Nacionales no pueden reivindicar este beneficio. Sin embargo, esto no quiere decir que la Federación (donde no goza de privilegio testimonial refrendado por un acuerdo de sede) y las Sociedades Nacionales carezcan de protección. Siempre que los miembros de su personal estén temporalmente adscritos al CICR, también podrán reivindicar un privilegio testimonial. En todo caso pueden elaborar estrategias prácticas de protección, tales como el establecimiento de normas para responder a las demandas oficiales de cooperación. Se está estudiando actualmente la adopción de estas y otras medidas similares.

Y una salvedad : la lectura de este memorando podría inducir a pensar que la protección testimonial del CICR es una cuestión resuelta y que no puede cuestionarse. De hecho, los beneficios logrados no están esculpidos en piedra. La decisión del TPIY puede ser revocada mediante un recurso de apelación. La regla de la CPI que se ocupa de dicha protección puede ser desestimada o revisada cuando la Corte empiece a funcionar. Los Estados pueden poner término a los acuerdos de sede. La cooperación de otros componentes del Movimiento, e incluso de otras organizaciones externas como el ACNUR y MSF, con los mecanismos judiciales podría afectar la capacidad del CICR para mantener su condición jurídica protegida. Habida cuenta de que los privilegios probatorios no se obtienen n i mantienen fácilmente, y de que sus ventajas no se reconocen fácilmente, debemos ser cautelosos en proclamar o hacer uso de sus beneficios.

  Conclusión  

No se puede impartir justicia sin la cooperación de quienes poseen información pertinente. Sin embargo, para apoyar otros valores, se reconocen desde hace mucho tiempo ciertas inmunidades testimoniales, a pesar del potencial conflicto con los intereses de la justicia. Uno de esos otros valores es el trabajo que realiza el CICR, que no podría llevarse a cabo sin garantías de confidencialidad. Sin inmunidad testimonial no hay tales garantías.

Los Estados han encomendado al CICR el cometido de asistir y proteger a las víctimas de los conflictos armados. Su situación jurídica en cuanto sujeto de derecho internacional humanitario goza de reconocimiento. De esta condición se deriva la capacidad del CICR para reivindicar la necesidad de gozar de inmunidad testimonial. El éxito de esta aspiración queda manifiesto en el acuerdo de los Estados y los tribunales internacionales en que la comunidad internacional no podía asignar al CICR su cometido sin proporcionarle igualmente las herramientas necesarias para desarrollar su labor.
 

No existe ninguna solución que permita garantizar el cumplimiento del cometido del CICR y satisfacer los intereses de la justicia. Debemos sencillamente admitir el conflicto entre ellos. Comprender las bases jurídicas y el fundamento práctico de la inmunidad testimonial del CICR nos servirá no sólo para aplicarla, sino también para explicarla a los demás.
 

Gabor Rona

Asesor jurídico de la División Jurídica del CICR

  Anexo 1  

     

  Corte Penal Internacional: Reglas de Procedimiento y Prueba [1]  

Regla 73 - Comunicaciones e información privilegiadas  

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 b) del artículo 67, las comunicaciones que tengan lugar en el contexto de la relación profesional entre una persona y su abogado se considerarán privilegiadas y, en consecuencia, no estarán sujetas a divulgación, a menos que esa persona:

a) Consienta por escrito en ello; o

b) Haya revelado voluntariamente el contenido de la comunicación a un tercero y ese tercero lo demuestre.

2. En cuanto a la subregla 5 de la regla 63, las comunicaciones que tengan lugar en el contexto de una categoría de relación profesional u otra relación confidencial se considerarán privilegiadas y, en consecuencia, no estarán sujetas a divulgación en las mismas condiciones que en las subreglas 1 a) y 1 b) si la Sala decide respecto de esa categoría que:

a) Las comunicaciones que tienen lugar en esa categoría de relación forman parte de una relación confidencial que suscita una expectativa razonable de privacidad y no divulgación;

b) La confidencialidad es esencial para la índole y el tipo de la relación entre la persona y su confidente; y

c) El reconocimiento de ese carácter privilegiado promovería los objetivos del Estatuto y de las Reglas.

3. La Corte, al adoptar una decisión en virtud de la subregla 2, tendrá especialmente en cuenta la necesidad de reconocer el carácter privilegiado de las comunicaciones en el contexto de la relación profesional entre una persona y su médico, psiquiatra, psicólogo o consejero, en particular cuando se refieran a las víctimas o las involucren, o entre una persona y un miembro del clero; en este último caso, la Corte reconocerá el carácter privilegiado de las comunicaciones hechas en el contexto del sacramento de la confesión cuando ella forme parte de la práctica de esa religión.

4. La Corte considerará privilegiados y, en consecuencia, no sujetos a divulgación, incluso por conducto del testimonio de alguien que haya sido o sea funcionario o empleado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la información, los documentos u otras pruebas que lleguen a manos de ese Comité en el desempeño de sus funciones con arreglo a los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la media Luna Roja o como consecuencia del desempeño de esas funciones, a menos que:

a) El Comité, tras celebrar consultas de conformidad con la subregla 6, no se oponga por escrito a la divulgación o haya renunciado de otra manera a este privilegio; o

b) La información, los documentos o las otras pruebas consten en declaraciones y documentos públicos del Comité.

5. Nada de lo dispuesto en la subregla 4 se entenderá en perjuicio de la admisibilidad de la misma prueba obtenida de una fuente distinta del Comité y sus funcionarios o empleados cuando esa fuente haya obtenido la prueba con independencia del Comité y de sus funcionarios o empleados.

 
6. La Corte, si determina que la información, los documentos u otras pruebas en poder del Comité revisten gran importancia para una determinada causa, celebrará consultas con el Comité a fin de resolver la cuestión mediante la cooperación, teniendo presentes las circunstancias de la causa, la pertinencia de la prueba, la posibilidad de obtenerla de una fuente distinta del Comité, lo s intereses de la justicia y de las víctimas y el desempeño de sus funciones y las del Comité.

  Anexo 2  

     

  Selección de artículos del modelo de Acuerdo de Sede del CICR  

     

  Artículo 1 - Estatuto del CICR  

El estatuto del CICR será comparable al de las organizaciones intergubernamentales y en ningún caso su trato podrá ser menos favorable que el garantizado a ellas.

  Artículo       2   -   Personalidad Jurídica  

El CICR tendrá personalidad jurídica. El Estado de [nombre del Estado ] reconoce que el CICR tiene capacidad para contraer obligaciones, incoar procesos judiciales y adquirir derechos, y para adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos.

  Artículo 3 - Inmunidad del CICR, de sus bienes y de sus haberes  

El CICR, sus bienes y sus haberes, dondequiera que estén y quienquiera que los tenga, se beneficiarán de la inmunidad de jurisdicción contra todas las formas de procesos judiciales y administrativos, salvo en los casos en que el CICR renuncie expresamente a esa inmunidad.

  Artículo 4 - Inviolabilidad de los locales, los bienes y los haberes del CICR  

Los locales del CICR serán inviolables. Los bienes y los haberes del CICR, dondequiera que estén y quienquiera que los tenga, gozarán de inmunidad contra el registro, la requisa, el embargo, la expropiación y cualquier otra forma de injerencia, sea mediante acción ejecutiva, judicial, administrativa o legislativa.

  Artículo 5 - Inviolabilidad de los archivos del CICR  

Los archivos del CICR y, en general, todos los documentos de su propiedad o en su posesión, serán inviolables, dondequiera que se hallen.

  Artículo 10 - Estatuto de los miembros de la delegación  

1.  Los miembros expatriados de la delegación del CICR y sus cónyuges y otros dependientes tendrán el mismo estatuto que el asignado a los miembros de misiones diplomáticas.

2.  Gozarán de inmunidad contra el arresto o la detención y el embargo de su equipaje personal, así como contra procesos judiciales de cualquier índole, incluso después de que hayan cesado de estar al servicio de la delegación. No serán llamados a declarar como testigos.

3.  Sus residencias, vehículos, documentos, manuscritos personales y demás enseres personales serán inviolables.

(...)

10. Además de los privilegios y las inmunidades más arriba señalados, el jefe de la delegación del CICR, su asistente y sus cónyuges y otros dependientes se beneficiarán del mismo estatuto que el asignado en la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas del 16 de abril de 1961 a los j efes de misiones diplomáticas acreditados en [nombre del Estado ] .

11.  Los miembros de la delegación que sean ciudadanos de [nombre del Estado ] o residan permanentemente en ese país no se beneficiarán de las inmunidades, privilegios y facilidades señalados en el artículo 10, párrafos 1 a 9 más arriba, excepto por lo que atañe a la inmunidad contra procesos judiciales, incluso contra arresto o detención personal, con respecto a los actos realizados en el desempeño de su deber, aún después de que hayan cesado de estar al servicio de la delegación. No serán llamados a declarar como testigos.

  Notas
 

[1 ]  Este memorando fue elaborado para los delegados del CICR.

[2 ]  Las expresiones «cooperación con las autoridades investigativas o judiciales», «rendir testimonio», «presentar pruebas», y las similares, se utilizan indistintamente, aunque en situaciones específicas cada una de ellas puede tener diferentes implicaciones.

[3 ]  Las expresiones «acuerdo de estatuto» y «acuerdo de sede» se utilizan indistintamente.

[4 ]  Regla 73, párrs. 4-6, véase Anexo 1. Para mayor información acerca de la historia de negociación de la Regla 73, v. Stéphane Jeannet, «Testimonio de los delegados del CICR ante la Corte Penal Internacional», RICR , Selección de artículos 2000, n° 156, diciembre, pp. 287-293.

[5 ]  IT-95-P.

[6 ]  Hasta octubre de 2001.

[7 ]  Para mayor información acerca de la Decisión del TPIY, v. Stéphane Jeannet, «Reconocimiento de la Regla Tradicional de la Confidencialidad del CICR : Una Decisión Importante del Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia», RICR , Selección de artículos 2000, n° 154, junio, pp. 125-143.

[8 ]  Cabe señalar, no obstante, que en los lugares donde el CICR no tiene un acuerdo de sede éste puede, a la luz del derecho internacional consuetudinario, reclamar un derecho para declinar cualquier requerimiento de presentación de pruebas. La Decisión del TPIY puede invocarse como justificativo explícito de esta propuesta.

 Asimismo, puede citarse la Regla de la CPI como prueba de la opinión jurídica de los 139 Estados Signatarios, los cuales reconocen, bien sea mediante la labor de la Comisión Preparatoria de la CPI, o mediante su posterior ratificación del Estatuto de Roma, la protección testimonial del CICR.

Nota Anexo 1

[1 ]  Texto en borrador: UN Doc. PCNICC/2000/Add.1. Debe ser aprobado por la Asamblea de Estados Partes.




Secciones relacionadas

Páginas relacionadas