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Establecimiento de la Corte Penal Internacional

14-10-2002 Declaración

  Declaración Oficial  

  Asamblea General de las Naciones Unidas, quincuagésimo séptimo período de sesiones, Sexta Comisión, tema 158 del programa.  

  Declaración del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Nueva York, 14 de octubre de 2002.  

     

Señor Presidente:

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) celebra la entrada en vigor del Estatuto de Roma, por el que se establece una Corte Penal Internacional (CPI) permanente. El CICR se hace eco de lo que ahora es un consenso internacional refrendado acerca de que los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio conciernen a todos los Estados y a la comunidad internacional en su conjunto.

Hace cerca de ciento cuarenta años, Gustave Moynier, uno de los fundadores del CICR, propuso por primera vez la creación de una corte penal internacional. Se necesitaron ochenta años para que la propuesta fuera considerada seriamente y se incluyera en el orden del día de la Asamblea General de la entonces recién creada Organización de las Naciones Unidas. Pero aún habría que esperar otros cincuenta años más para que se estableciera efectivamente.

Esta tardanza pone no sólo de manifiesto la envergadura de los obstáculos que ha habido que superar, sino también las dificultades que aún persisten, si queremos conseguir una corte penal que sea verdaderamente internacional, creíble y eficaz.

Una de esas tareas es proporcionar a la Corte el mayor apoyo político y económico posible para garantizar su independencia y la universalidad de su cometido. En este sentido, es importante elegir un fiscal y jueces de la mayor competencia e integridad y que representen, al mismo tiempo, a un amplio espectro de Estados, culturas y sistemas jurídicos.

El segundo desafío es velar por que los Estados Partes en el Estatuto de Roma revisen sus leyes y procedimientos nacionales para que puedan cooperar con la CPI.

El tercer reto deriva del cometido intencionadamente limitado de la CPI, es decir, de su función de complementar y no de reemplazar las jurisdicciones penales nacionales. Dicho de otro modo, el propósito es que la Corte sea la última y no la primera instancia de justicia. Para lograr esto efectivamente, los Estados deben velar por que sus sistemas jurídicos nacionales repriman los crímenes que caen bajo la jurisdicción de la Corte y que hagan cumplir luego las prohibiciones pertinentes. En este sentido, el CICR insta a los Estados a que enjuicien esos crímenes sobre la base de una jurisdicción universal, es decir, sin importar el lugar donde se hayan perpetrado ni la nacionalidad del presunto infractor.

Mediante la promulgación de las leyes y los procedimientos judiciales adecuados, los Estados hacen efectivo su compromiso de cumplir con sus obligaciones internacionales por lo que respecta a la represión de los crímenes de guerra, como se indica en el Plan de Acción para los años 2000-2003, aprobado en la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Señor Presidente:

El Servicio de Asesoramiento del CICR está dispuesto a apoyar a los Estados en sus esfuerzos para ratificar y aplicar el Estatu to de Roma. En relación con los crímenes de guerra, los Estados deberían tener presente que la sola promulgación de leyes para tipificar como crímenes las infracciones definidas en el Estatuto de la CPI, no sea, quizás, suficiente para eximirlos de las obligaciones que puedan tener en virtud de otros tratados. Así pues, los Estados Partes en los Convenios de Ginebra de 1949 y en sus Protocolos adicionales de 1977, en la Convención de La Haya de 1954 sobre bienes culturales y en sus dos Protocolos, en la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales y en sus cuatro Protocolos, en la Convención de 1993 sobre armas químicas y en la Convención de Ottawa de 1997, deberán examinar qué obligaciones adicionales les imponen estos tratados para prevenir y castigar las violaciones del derecho.

Los Convenios de Ginebra, el Protocolo adicional I y el segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 sobre bienes culturales contienen la obligación de buscar y procesar o extraditar a las personas que hayan cometido o hayan dado órdenes para que se cometan infracciones graves de esos instrumentos. En el caso de los Estados Partes en el Protocolo adicional I, esta obligación abarca las infracciones graves que resulten de la omisión de actuar cuando se tiene la obligación de hacerlo.

Señor Presidente:

Para concluir, el CICR acoge con satisfacción la reciente aprobación formal, por los Estados Partes en el Estatuto de la CPI, de los Elementos de los Crímenes y de las Reglas de Procedimiento y Prueba. Quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a los Estados por haber reconocido el cometido específico del CICR, mediante el artículo 73, que exime al CICR de dar testimonio ante la Corte. Obviamente, para remediar la situación a la que se ven sometidas las víctimas de la guerra, se necesita tanto la acción humanitaria como el cumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario.

Muchas graci as, Señor Presidente.