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Servicio Internacional de Búsquedas e investigaciones históricas

21-03-2006 Declaración

Desde 1955, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dirige el Servicio Internacional de Búsquedas (SIB), sito en Bad Arolsen, Alemania. El Servicio se esfuerza por ayudar a las personas que fueron perseguidas durante el régimen nacionalsocialista, cumpliendo un cometido estrictamente humanitario que le fue encomendado en los Acuerdos de Bonn del 6 de junio de 1955.

 

© International Tracing Service 

El archivo del SIB conserva más de 50 millones de tarjetas de información. 


 

Este cometido le fue encomendado en un acuerdo internacional concertado con la Comisión Internacional para el Servic io Internacional de Búsquedas (CISIB), hoy integrada por 11 Estados miembros (Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Gran Bretaña, Grecia, Francia, Israel, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Polonia).

Los archivos del SIB relativos a alemanes y no alemanes que estuvieron detenidos por los nacionalsocialistas en campos de concentración o de trabajo, o los relativos a no alemanes que fueron desplazados a raíz de la Segunda Guerra Mundial, están en un fichero central que consta de más de 50 millones de fichas relativas a más de 17,5 millones de civiles que fueron perseguidos y de más de 25.000 metros lineales de estanterías de documentos que contienen información personal sobre esas personas.

En su reunión anual celebrada en 1998, en Londres, la CISIB decidió acerca del principio de abrir esos archivos para la investigación histórica, aunque no precisó las modalidades jurídicas y prácticas. Habida cuenta de los problemas que estriban en la diversidad de sus jurisdicciones nacionales sobre la protección de datos de índole personal, los Estados miembros de la CISIB no han podido convenir, hasta la fecha, en una decisión, mediante la cual se concilie el interés de los historiadores con la protección de la privacidad de las personas que fueron perseguidas.

Los últimos años, diversas subcomisiones y grupos intergubernamentales de expertos, en los cuales han participado ocasionalmente el CICR y el SIB, se han reunido para trazar un nuevo marco jurídico que determine, dado el carácter muy sensible de la información que obra en poder del SIB, dónde, cómo y en favor de quién se ha de realizar esta nueva actividad.

Por último, en la reunión de la Comisión Internacional de mayo de 2005, Estados Unidos propuso que cada Estado miembro de la Comisión reciba una copia digitalizada del conjunto d el fondo y la haga accesible a los investigadores, según la respectiva legislación nacional.

Desde 1998, la posición tanto del CICR como del SIB han sido muy claras.

El CICR reconoce el valor histórico del fondo de archivos, del cual es depositario el SIB. Reconoce también que la investigación histórica acerca de un tema tan doloroso entraña un valor humanitario para numerosas personas que fueron perseguidas. Por último, el CICR y el SIB son favorables a la apertura de dicha documentación a los investigadores, y alientan vivamente a la CISIB a que tome las decisiones indispensables para su aplicación práctica.

Incumbe sólo a los Estados miembros de la Comisión Internacional estatuir sobre el establecimiento y la entrega eventual de las copias digitalizadas del conjunto del fondo, y sobre las salvaguardias que deberían emitirse, tanto para el CICR como para el SIB, contra posibles demandas de daños y perjuicios dimanantes de una utilización ilícita de los datos puestos a disposición por dicho medio.

El CICR y el SIB esperan sinceramente que los trabajos del grupo intergubernamental de expertos, cuya reciente reunión se celebró los días 20 y 21 de febrero de 2006, bajo presidencia holandesa, convengan en una propuesta aceptable para todos los países miembros de la CISIB y que se pueda realizar rápidamente una actividad que se acepte unánimemente.

En 2005, el SIB dio 226.535 respuestas a 150.828 solicitudes registradas, procedentes de personas que fueron perseguidas o de sus familias. En dos años, el SIB ha dado más de 950.000 respuestas en el marco del procedimiento de indemnización de personas que tuvieron que hacer trabajos forzados bajo el régimen nacionalsocialista.

Vea también

 
  • Carta abierta al Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos.