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Los Convenios de Ginebra en la actualidad

09-07-2009 Declaración

Discurso de Knut Dörmann, jefe de la División Jurídica, Comité Internacional de la Cruz Roja, Londres, 9 de julio de 2009.

Señoras y Señores:

Quisiera expresar mi agradecimiento a la Oficina de Relaciones Exteriores y del Commonwealth y a la Cruz Roja Británica por la organización de esta conferencia conjunta en conmemoración del 60.º aniversario de los Convenios de Ginebra. Es para mí muy grato dirigirme a esta distinguida audiencia.

El aniversario es, sin duda, un importante momento para poner de relieve la función desempeñada por los Convenios de Ginebra durante los últimos diez decenios y la protección que han ofrecido en las últimas guerras. También es una valiosa oportunidad para reflexionar y hacer una evaluación sobre la función de los Convenios y las dificultades que se plantean en el contexto de los conflictos actuales.

 
"Los Convenios de Ginebra siguen siendo la piedra angular para la protección y el respeto de la dignidad humana en los conflictos armados. Han ayudado a limitar o prevenir el sufrimiento humano en guerras pasadas, y continúan siendo relevantes en los conflictos armados contemporáneos." 
 

Como ya han puesto de relieve otros oradores, los Convenios de Ginebra son la piedra angular del derecho internacional humanitario contemporáneo. Contienen las normas básicas relativas a la protección de las personas que no participan, o que ya no participan, directamente, en las hostilidades, cuando caen en poder de la parte adversaria: a saber, se otorga protección a los heridos y a los enfermos, a los náufragos, a los prisioneros de guerra, a los internados civiles, a los civiles que viven bajo la ocupación y a la población civil en general. El concepto del “respeto” es la base de los Convenios: el respeto de la persona atrapada en el conflicto y el respeto de su vida y dignidad. Los que sufren en un conflicto deben ser ayudados y atendidos sin discriminación. En los Convenios también se refrenda y fortalece el cometido de la misión médica. Muchas de estas normas se basan en principios que son tan antiguos como el propio conflicto armado.

Los Convenios no deben considerarse por separado. Desde su concertación en 1949, han sido complementados y desarrollados en virtud de tres Protocolos adicionales. En esos Protocolos, por ejemplo, se han codificado y, por primera vez, especificado muchas de las normas de la conducción de las hostilidades. En los Protocolos adicionales también se amplió la lista de garantías fundamentales aplicables a todas las personas en poder de una parte adversaria. Muchas de esas normas son ya parte del derecho internacional consuetudinario.

Quisiera ahora examinar brevemente ciertos aspectos de los Convenios, y su importancia en el contexto de la guerra contemporánea.

Es importante señalar, en primer lugar, que los Convenios se orientan principalmente a la reglamentación de los conflictos armados internacionales. Que esos conflictos sean tal vez menos frecuentes, o de menor envergadura, que en el pasado es algo que no incide en la pertinencia o la validez de los Convenios en la actualidad. Los Convenios no son menos válidos y siguen proporcionando importantes formas de protección. Todas las disposiciones de los cuatros Convenios eran aplicables en los conflictos recientes, incluidos las hostilidades en Afganistán (2001-2002), la guerra en Irak (2003-2004) y el conflicto entre Rusia y Georgia (2008). Ta mbién hay razones para creer que el surgimiento de nuevos conflictos armados internacionales, incluidos conflictos de gran envergadura, sigue siendo una posibilidad concreta en el futuro. Persisten las tensiones entre diversos Estados y es fácil imaginar circunstancias en las que los Estados podrían recurrir al uso de la fuerza armada.

En situaciones de conflicto armado internacional, incluidas las situaciones de ocupación militar, los Convenios de Ginebra revisten crucial importancia para garantizar la protección de las víctimas. Las disposiciones de los Convenios –por ejemplo, las relativas a las condiciones materiales de la detención – han sido fundamentales para salvar la vida y garantizar el bienestar de numerosos detenidos. Basándose en esas normas, el CICR recuerda a los Estados el hecho de que han consentido en acatar ciertas normas relativas al trato de los detenidos en tiempo de conflicto armado; y de conformidad con esas normas se otorga al CICR la posibilidad de desempeñar su misión humanitaria sobre el terreno.

Las cifras relativas a recientes conflictos armados internacionales demuestran la continua pertinencia de los Convenios de Ginebra. Durante el conflicto entre Eritrea y Etiopía, el CICR visitó –tan sólo en el año 2000– a más de 1.000 prisioneros de guerra etíopes y a 4.300 internados civiles. Además, facilitamos el intercambio de 16.326 mensajes entre prisioneros de guerra etíopes y eritreos y sus familiares. El CICR también organizó, en favor de 12.493 civiles de origen etíope, el paso seguro a través de las líneas del frente. En cooperación con la Cruz Roja de Eritrea, el CICR distribuyó ayuda para más de 150.000 civiles afectados por el conflicto, y proporcionó suministros quirúrgicos para el tratamiento de 10.000 heridos de guerra, en cooperación con el Ministerio de Salud de Eritrea.

En Irak, entre abril de 2003 y mayo de 2004, el CICR visitó a 6.100 prisioneros de guerra y a 11.146 detenidos e inte rnados civiles que se encontraban en poder de las potencias ocupantes; asimismo, se realizó el intercambio de más de 16.000 mensajes de Cruz Roja entre los prisioneros y sus familiares. Incluso en el conflicto bastante breve entre Rusia y Georgia en 2008, cierto número de prisioneros de guerra se benefició del estatuto y la protección que se les confiere en el III Convenio de Ginebra. Basándose en ese Convenio, el CICR pudo efectuar visitas a los prisioneros de guerra en cuestión.

Aunque no todos los efectos positivos de los Convenios de Ginebra pueden reflejarse en cifras concretas, eso no significa que no los haya. Los delegados del CICR, en conflictos armados en diversas partes del mundo, pueden dar fe de ello. Sabemos, por ejemplo, que los emblemas distintivos de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han protegido a numerosos hospitales, unidades médicas y personal de salud, así como a un sinnúmero de heridos y enfermos. Esos emblemas, cuyo valor protector dimana de los Convenios de Ginebra, son conocidos en todo el mundo.

Sin embargo, la mayoría de los conflictos armados recientes es de carácter no internacional (por ejemplo, los actuales conflictos en Sri Lanka, Sudán, Colombia y Afganistán); y cuando reflexionamos sobre la función de los Convenios de Ginebra actualmente, debemos hacerlo teniendo presente esa circunstancia. Los conflictos de esa índole varían grandemente. Pueden ser guerras civiles tradicionales, conflictos que rebasan las fronteras de un país, o conflictos armados no internacionales multinacionales o internacionalizados (es decir, conflictos armados en los que intervienen terceros Estados para ayudar a las fuerzas armadas del Gobierno en su lucha contra grupos de oposición armados organizados).

El artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra –el artículo 3 común– versa sobre ese tipo de situaciones. Fue la primera disposición de un tratado referida específicamente a los conflictos armados no int ernacionales. El artículo 3 común es, en muchos aspectos, un mini-convenio dentro de los Convenios. A causa del gran número de casos de conflictos armados no internacionales, el artículo 3 común reviste trascendental importancia. Se dispone allí un conjunto de normas fundamentales que deben respetarse en todas las circunstancias. También se establecen normas jurídicas mínimas relativas al trato debido a todas las personas que están en poder del enemigo, independientemente de la clasificación que se les pueda dar, en términos jurídicos o políticos, o de quiénes sean los que ejercen su custodia. Lo cierto es que no se puede juzgar ni tratar a nadie como persona al margen de la protección de la ley. Debe velarse por que todos sean tratados con humanidad.

El artículo 3 común ha sido complementado en varios importantes ámbitos por el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra, de 1977 (Protocolo adicional II). A pesar de ello, subsisten varios elementos de ambigüedad y vacíos en el derecho internacional humanitario que rige en situaciones de conflicto armado no internacional.

En primer lugar, puede ser difícil determinar en qué momento, y bajo qué circunstancias en particular, una situación equivale a conflicto armado no internacional –tanto de hecho como, en ocasiones, legalmente. Puede resultar difícil, por ejemplo, determinar el nivel de violencia existente, o el grado de organización de un grupo armado, elementos que son indispensables para evaluar si la intensidad de las hostilidades se ajusta a la definición de ‘conflicto armado’, o si el grupo armado en cuestión puede calificarse como parte en el conflicto. El artículo 3 común no ofrece mucha orientación en esos ámbitos. A veces, la falta de criterios claros ha sido utilizada por las partes para refutar la existencia de un conflicto armado, impidiendo así por completo la aplicación del derecho internacional humanitario, y privando a los afectados de l a protección indispensable a que tienen derecho. Los tribunales internacionales, en particular el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, han ayudado a esclarecer algunas cuestiones, pero subsisten importantes dificultades.

En segundo lugar, el derecho convencional todavía dista de satisfacer algunas de las necesidades básicas de protección en los conflictos armados no internacionales. Por ejemplo, las normas por las que se rige la conducción de las hostilidades son bastante rudimentarias, y no hay normas pormenorizadas sobre el modo de hacer cumplir el derecho en situaciones de conflicto armado no internacional. El progresivo surgimiento de nuevas normas consuetudinarias ha colmado algunos de esos vacíos.

Por último, hay ámbitos en los cuales ni el derecho convencional ni el derecho consuetudinario dictan normas. ¿Cómo se podrían remediar esas deficiencias? Por ejemplo, si bien el derecho internacional humanitario consuetudinario prohíbe la privación arbitraria de la libertad, no señala de manera precisa cómo debe entenderse esa prohibición en un conflicto armado no internacional. Ni el artículo 3, ni el Protocolo adicional II, o el derecho internacional humanitario consuetudinario ofrecen un marco reglamentario detallado de garantías procesales en relación con el internamiento. El CICR ha propuesto un conjunto de principios y garantías procesales que deberían aplicarse —como cuestión de derecho y de política— cuando menos, en todos los casos de privación de libertad por razones de seguridad. Ese documento ha servido, y continúa sirviendo, de base para intervenciones y propuestas cuidadosamente calibradas del CICR en una serie de contextos operacionales.

A raíz de los traumáticos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 y sus desastrosas consecuencias, los Convenios de Ginebra y el derecho internacional humanitario están bajo rigurosa supervisión. La denominada " guerra global contra el terrorismo " ha planteado importantes cuestiones jurídicas, su significado y su aplicación. Esas cuestiones han obligado a muchos actores, incluido el CICR, a examinar exhaustivamente el derecho internacional humanitario, a fin de determinar la idoneidad del marco jurídico que ofrece para la protección de las víctimas de los conflictos armados.

Esa situación ha dado lugar a que en varios Estados se proceda a una nueva evaluación del equilibrio entre los requisitos de seguridad del Estado y la protección de las personas. En muchos casos, se han tomado medidas en detrimento de las personas. Mencionaré sólo un ejemplo: después de todas las mejoras introducidas en las normas internacionales que rigen el trato de las personas privadas de libertad, trabajo que tomó muchos decenios, han vuelto a surgir debates sobre la validez de la tortura en determinadas situaciones, a pesar de que esa odiosa práctica está prohibida en todas las circunstancias y es un delito en el marco del derecho internacional humanitario y de otros conjuntos de normas jurídicas.

Creemos firmemente que el equilibrio entre la necesidad militar y las consideraciones de humanidad, que es la base de las disposiciones de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos adicionales, sigue siendo pertinente, no obstante las características del mundo después del 11 de septiembre, y a pesar de las controversias en relación con cuestiones jurídicas muy precisas. El derecho internacional humanitario no impide que los Estados hagan frente a las amenazas que plantea el terrorismo:

 
  • De conformidad con el derecho internacional humanitario, las personas que cometen actos de terrorismo en el contexto de un conflicto armado (que algunos Estados llaman combatientes ilegales o, en términos más correctos, "beligerantes no privilegiados"), pierden la protección contra el ataque directo cuando participan directamente en las hostilidades. Eso significa que pueden ser blanco de ataques.
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  • Esas personas también pueden ser detenidas por razones de seguridad imperativas, en tanto representen una amenaza para la seguridad y, de ser necesario, durante toda la duración del conflicto armado, siempre que se respeten los principios y garantías procesales pertinentes.
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  • Por lo demás, de conformidad con las disposiciones del artículo 5 del IV Convenio de Ginebra, puede considerarse que una persona protegida que ha sido capturada en el contexto de un conflicto armado internacional ha quedado privada de ciertos derechos y privilegios, que de aplicarse en su favor podrían causar perjuicio a la seguridad del Estado. En esos casos, siguen siendo aplicables ciertas garantías fundamentales del derecho convencional y del derecho internacional consuetudinario.
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  • Las personas que cometen actos de terrorismo también pueden ser enjuiciadas, no sólo por crímenes de guerra sino también en virtud de las leyes nacionales del Estado que practica la detención, por su participación en las hostilidades.
 

Con esas posibilidades a disposición de los Estados, el CICR no tiene en claro qué nuevas medidas deberían, o podrían, aplicarse a los denominados combatientes “ilegales” sin correr el riesgo de violar gravemente las normas de humanidad fundamentales. En otras palabras, ¿qué hace falta? Evidentemente, no apoyamos la opinión de que sea necesario volver a examinar las normas en las que se prohíbe la tortura y otras formas de malos tratos. Tampoco creemos que las garantías judiciales deban moderarse, ya que el juicio equitativo es una garantía fundamental del derecho internacional.

Consideramos que el respeto de la dignidad humana es, y debe seguir siendo, una inversión en segurid ad a largo plazo. Esa opinión parece estar ganando terreno nuevamente, lo que es una señal alentadora. El derecho internacional humanitario y los Convenios de Ginebra siguen siendo pertinentes, aun cuando los conflictos armados se libran en el contexto de una “lucha contra el terrorismo” de carácter más amplio.

Señoras y Señores:

Examinando la realidad de los conflictos contemporáneos, la conclusión que parece desprenderse es que gran parte del sufrimiento no se debe a la falta de disposiciones jurídicas. Pero, incluso las normas más elementales del derecho internacional humanitario suelen ser conculcadas por las fuerzas armadas estatales y los grupos armados no estatales. Casos de asesinato, desaparición forzada, tortura, trato cruel o inhumano, violación sexual y otras formas de violencia sexual son lamentablemente comunes en los conflictos armados. Las razones de esas faltas de cumplimiento de las normas jurídicas son diversas pero incluyen, con mucha frecuencia, la falta de voluntad política para respetar y hacer respetar el derecho, el incumplimiento de las obligaciones existentes y la impunidad de los infractores.

Habida cuenta de esas realidades, la acción más importante para abordar las dificultades que se plantean en relación con los Convenios de Ginebra, y el derecho internacional humanitario en términos más generales, consiste en trabajar con mayor ahínco aún para garantizar el respeto de las normas existentes. Si se observan esas normas, gran parte del sufrimiento que ocasiona un conflicto armado podría evitarse. Todas las Altas Partes Contratantes tienen un particular cometido que desempeñar en ese sentido, dada su obligación de hacer respetar los Convenios de Ginebra.

Consideramos que, en 2009, los Convenios de Ginebra no son menos pertinentes que años atrás. Pero eso no significa que no sea necesario esclarecer o desarrollar el derecho. Subsisten dificultades -en la aplicación y en la interpretación de la ley– pero creemos que pueden superarse. Las relacionadas con los conflictos armados no internacionales ya se han mencionado. Permítanme citar algunos otros ejemplos.

Hay varias dificultades con las cuales se tropieza en relación con la conducción de las hostilidades. Una de ellas es la creciente participación de la población civil en los conflictos armados. Desde tiempos inmemorables, la población civil ha contribuido a los esfuerzos bélicos, a través de la producción y el abastecimiento de armas, equipos, alimentos y refugios, o prestando apoyo político y financiero. Recientemente, sin embargo, los civiles han estado participando cada vez más en actividades estrechamente relacionadas con los combates propiamente dichos; y eso contribuye a dificultar la distinción entre civiles y combatientes. En consecuencia, el CICR consideró necesario esclarecer el concepto de ‘participación directa en las hostilidades’ según el derecho internacional humanitario. Ésa es la norma que se aplica para determinar en qué momento los civiles pierden su protección contra los ataques directos. Como quizás saben ustedes, el CICR publicó recientemente un documento, en el cual se define una guía para facilitar la interpretación coherente de ese concepto.

Dicho documento es fruto de 6 años de consultas intensivas con expertos. En el documento no se refleja una opinión unánime o necesariamente mayoritaria de los expertos consultados, ya que algunas cuestiones muy concretas siguen siendo polémicas. En el documento se dan a conocer las recomendaciones del CICR para interpretar, con arreglo al derecho internacional humanitario, la noción de ‘participación directa en las hostilidades’, en los conflictos armados contemporáneos. Cabe esperar que esas recomendaciones se pondrán en práctica donde verdaderamente importa, es decir, en el contexto de los conflictos armados, y que el resultado será una mejor protección para las víctimas de esos conflictos.

Otra cuestión se refiere a la utilización cada vez mayor de empresas militares y de seguridad privadas. Esas empresas son contratadas para prestar una gran variedad de servicios, que las sitúan en el centro de las operaciones militares y en estrecha proximidad de personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Las actividades que llevan a cabo esas empresas a veces incluyen verdaderas operaciones de combate. Sea cual fuere nuestra opinión con respecto a la legalidad, utilidad o conveniencia de utilizar los servicios de esas empresas, lo más importante es que asuman la responsabilidad por sus actos.

Cabe subrayar que los Estados no pueden eximirse de sus obligaciones y responsabilidades con arreglo al derecho internacional humanitario recurriendo a la utilización de empresas militares y de seguridad privadas. Las responsabilidades que incumben a los Estados subsisten, independientemente de que diversos aspectos de la guerra sean subcontratados con entidades privadas. Además, esas mismas empresas tienen una función que desempeñar por lo que respecta a impedir la violación de las normas; por ejemplo, podrían cerciorarse de contratar sólo a personas competentes, y de que todos sus empleados reciben el entrenamiento adecuado.

A fin de abordar esas y otras cuestiones, Suiza, en cooperación con el CICR, emprendió una iniciativa cuya finalidad es esclarecer y reafirmar las normas jurídicas aplicables a las empresas militares y de seguridad privadas y a formular recomendaciones para mejorar el control del Estado sobre dichas empresas. Una consulta, en la que intervinieron 17 Estados, se tradujo en la aprobación del " Documento de Montreux " , finalizado en septiembre de 2008. En ese documento se indica de qué modo deben interpretarse los Convenios de Ginebra en relación con las empresas militares y de seguridad privadas. Desde septiembre de 2008, otros 14 Estados han expresado su apoyo al “Documento de Montreux”. Confiamos en que un mayor número de Estados dará su apoyo al documento y que, en algún momento, los Estados adoptarán un marco reglamentario que mejore la rendición de cuentas de las empresas militares y de seguridad privadas.

La última dificultad que quisiera destacar se relaciona con las operaciones militares a cargo de fuerzas multinacionales. Esas operaciones plantean una serie de cuestiones que obligan a una mayor reflexión. Por ejemplo, ¿cómo se determina que las fuerzas multinacionales son partes en un conflicto y, en consecuencia, procede la aplicación del derecho internacional humanitario? Si esas fuerzas son partes en un conflicto armado, la siguiente pregunta es ¿se aplica el derecho internacional humanitario que rige en los conflictos armados internacionales o el que rige en los conflictos armados no internacionales? ¿En qué se apoyan las fuerzas multinacionales para detener a una persona? ¿Qué normas se aplican al trato de los detenidos y qué normas rigen el traslado de esas personas? ¿De qué modo pueden conciliarse las diferentes obligaciones jurídicas en casos de operaciones combinadas? ¿Qué interrelación existe entre las obligaciones que impone el derecho internacional humanitario y las que impone el derecho internacional de los derechos humanos? Frente a dificultades de esa índole, Dinamarca ha tomado la iniciativa de identificar un enfoque común en relación con el trato de los detenidos en operaciones multinacionales. Esas preguntas también son pertinentes para las operaciones de las Naciones Unidas.

  Conclusión  

Los Convenios de Ginebra siguen siendo la piedra angular de la protección y el respeto de la dignidad humana en los conflictos arm ados. Ayudaron a limitar o impedir el sufrimiento humano en las guerras en el pasado, y siguen siendo pertinentes en los conflictos armados contemporáneos. El artículo 3 común es una disposición clave del derecho internacional humanitario y reviste crucial importancia actualmente a causa del gran número de conflictos armados no internacionales.

Sin embargo, los Convenios de Ginebra son sólo una parte del marco del derecho internacional humanitario y queda aún una labor por realizar para esclarecer y, posiblemente, desarrollar ese marco, a fin de abordar nuevas amenazas, nuevos actores y nuevos medios y métodos de guerra. El CICR tiene el firme propósito de examinar las iniciativas para esclarecer o desarrollar el derecho, y hacer el correspondiente aporte, con vistas a fortalecer las protecciones existentes. Comprendemos plenamente la necesidad de prepararse para el futuro.

Pero mirar hacia adelante no debe dar lugar a perder de vista la necesidad inmediata de poner en práctica, aplicar y hacer cumplir los Convenios de Ginebra hoy. De hecho, si se respetaran las normas existentes, la mayor del sufrimiento ocasionado en los conflictos armados contemporáneos podría evitarse.

El derecho internacional humanitario puede no ser un régimen jurídico perfecto. Eso, naturalmente, apenas sorprende, dado que su propósito es imponer mecanismos jurídicos de verificación de la conducción de la guerra. Sin embargo, por estar basado en un delicado equilibrio entre la necesidad militar y las consideraciones de humanidad, es el único régimen jurídico que puede aspirar a aliviar el sufrimiento humano en tiempo de guerra. Puede que sea necesario reformar algunas de sus normas específicas, pero la esencia de los Convenios de Ginebra es tan pertinente hoy como lo era hace 60 años.

Gracias