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Convención sobre la prohibición de minas antipersonal - la necesidad de una implementación más efectiva

29-11-2010 Declaración

Declaración del Dr. Jakob Kellenberger, presidente del CICR. Décima Reunión de los Estados Partes en la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción. Ginebra (Suiza), 29 de noviembre de 2010.

Hace un año, la Segunda Conferencia de Examen de esta Convención hizo un inventario del conjunto de logros alcanzados por los 156 Estados Partes y aprobó un ambicioso Plan de Acción para los años 2010-2014. El Plan de Acción de Cartagena pone de manifiesto importantes desafíos que debemos afrontar si queremos poner término al sufrimiento ocasionado por las minas antipersonal y lograr un mundo que esté libre de estas horribles armas. El tiempo pasa inexorablemente. Nos hallamos en un punto en la " vida " de la Convención en el que ya no son importantes sólo las reuniones, sino que es esencial una toma de acción más efectiva.

 
"Esta Convención contiene una elaborada serie de disposiciones para poner término al sufrimiento ocasionado por las minas antipersonal. Pero, como he dicho al principio, es necesaria una puesta en práctica más efectiva. (...)
No son las medidas puestas en el papel, sino las que se llevan a la práctica las que pondrán término para siempre al sufrimiento ocasionados por las minas antipersonal." 
 

Permítanme mencionar los cuatro principales retos a afrontar. Uno de los más importantes es lograr que mejore de forma manifiesta la calidad de vida de los supervivientes de las minas. El estudio sobre dichos supervivientes realizado por Handicap International en 2009, titulado Voices from the ground, contó en muchos países con el apoyo del CICR. Este informe mostró que de los supervivientes entrevistados en 25 países, sólo un 25% pensaba que los servicios a su disposición eran mejores en 2009 que en 200 5. El Plan de Acción de Cartagena expone las principales medidas que cada Estado Parte afectado debería tomar para garantizar atención de alta calidad, apoyo y oportunidades para las víctimas de las minas y otras personas con discapacidades. Asimismo, insiste en que para cumplir las promesas hechas a los supervivientes e incluidas en la Convención, son necesarios un mayor compromiso político y mayores recursos. 

Este año, el CICR propuso que los Estados Partes se centren cada vez más en el cumplimiento de los compromisos relativos a la asistencia a las víctimas en contextos nacionales específicos. El Comité Permanente de Asistencia a las Víctimas debería fomentar que se ahonde en la cuestión de los contextos y los retos nacionales. Al CICR le complace que esta propuesta esté en cierto modo incluida en el documento del presidente noruego sobre la revisión del Programa de Trabajo entre períodos de sesiones. Asimismo, agradece a aquellos Estados Partes que hicieron saber el pasado mes de junio que, en el marco de un proyecto piloto, están dispuestos a mantener discusiones pormenorizadas sobre las actividades y las necesidades relacionadas con la asistencia a las víctimas, durante las reuniones del Comité Permanente que se celebrarán en 2011. Reuniones menos convencionales, más pequeñas y concretas constituyen una herramienta primordial para que se logre mejorar de forma patente la calidad de vida de las víctimas de las minas terrestres y de las comunidades afectadas.

Un segundo desafío se refiere a los recursos . El éxito de la Convención depende casi exclusivamente de la movilización y eficaz empleo de recursos para la remoción de minas, la destrucción de existencias y la asistencia a las víctimas, a nivel nacional e internacional. El interés que la presidencia noruega ha puesto este año en la cuestión de los recursos es muy bienvenido. Los debates han revelado la necesidad de abordar esta cuestión con la mis ma dedicación que los otros compromisos de acción de la Convención en lo referente al desminado, la destrucción de existencias y la asistencia a las víctimas. Para lograrlo, el CICR insta a los Estados Partes a que apoyen la propuesta hecha por Zambia y por otros países en la Cumbre de Cartagena, y reiterada el pasado mes de junio, relativa a la creación de un nuevo Comité Permanente de Recursos. Dicho Comité Permanente u organismo similar podría ocuparse de todos los aspectos pertinentes para lograr los objetivos de la Convención, incluyendo la movilización y el establecimiento de prioridades a nivel nacional, el empleo de recursos, el acceso a los recursos destinados a la acción contra las minas obtenidos gracias a donantes específicos, el apoyo del sector privado y la necesidad de fondos asignados a fines específicos.

Hemos de admitir que los recientes niveles de financiamiento, aunque importantes, no son suficientes para cumplir los compromisos de la Convención relativos al desminado y a la asistencia a las víctimas. Consecuencias de ello son un excesivo número de solicitudes de prórroga en cuanto a los plazos para el desminado y, lo que es más grave aún, la pérdida de vidas debido a accidentes previsibles ocasionados por minas, así como la persistente marginación de las víctimas de minas en muchas zonas afectadas.

El tercer desafío, la destrucción de existencias , es uno de los grandes éxitos de esta Convención. Se han destruido más de 43 millones de minas antipersonal almacenadas. En los últimos seis años, 13 Estados Partes han cumplido las obligaciones dimanantes del Artículo 4. Sin embargo, nos hallamos ante una situación sin precedentes para esta Convención, puesto que cuatro Estados Partes no han cumplido los plazos establecidos para la destrucción de existencias. Esto debería preocupar seriamente a todos los Estados Partes, aún cuando puede aducirse razones específicas para cada caso. Cumplir con las obligaciones incluidas en la Convención es primordial para efectos de su credibilidad. Una " cultura de respeto " emite un mensaje claro a todos los Estados Partes que todavía tienen obligaciones que cumplir, ya sea con respecto a la destrucción de existencias, la limpieza de zonas minadas o la asistencia a las víctimas. Algunos de esos cuatro Estados han logrado avances a lo largo del año pasado; en otros casos, ha transcurrido un año sin que se haya destruido una sola mina. Instamos a los Estados Partes y a los donantes que prestan apoyo a las actividades de destrucción de las minas a que sigan poniendo un gran interés político en esta cuestión hasta que se hayan superado los restantes obstáculos administrativos y financieros, y se hayan destruido todas las existencias. 

El cuarto reto es la remoción de las minas . Cinco Estados Partes tenían hasta 2011 de plazo para el desminado. Solo uno de ellos, Zambia, no ha solicitado una prórroga, ya que ha cumplido su obligación a tiempo. De los cuatro países restantes, uno no ha hecho solicitud alguna ni ha confirmado que respetará el plazo inicial. Según el CICR, el elevado número de solicitudes es un dato desafortunado dadas las implicaciones humanitarias y la obligación enunciada en el Artículo 5 de destruir las minas colocadas en zonas minadas " lo antes posible " .

Esta Reunión tendrá que examinar y decidir si concede la prórroga a seis países, incluidos tres que la solicitan por segunda vez. Instamos a todas las delegaciones a que realicen ellos mismos un análisis de esas solicitudes con ayuda de los informes del grupo de análisis y de la valiosa información proveída por la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas. Ante todo, las decisiones relativas a las solicitudes y los comentarios que se hagan en esta Reunión deberán anteponer la protección de la población civil contra las minas terrestres a cualquier consideración de índole p olítica o regional.

Esta Convención contiene una elaborada serie de disposiciones para poner término al sufrimiento ocasionado por las minas antipersonal. Pero, como he dicho al principio, es necesaria una puesta en práctica más efectiva. No sólo necesitamos las medidas de seguimiento establecidas en Cartagena sino una relación mucho más estrecha entre las reuniones oficiales y las decisiones relativas a prioridades, planes y recursos que se toman en las capitales, tanto de los países afectados como de los países donantes.

El año próximo, está previsto que el país anfitrión de la Reunión de Estados Partes sea Camboya, país donde en 1995 la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas celebró -por primera vez en un país afectado por estas armas- una conferencia sobre el problema de las minas terrestres. En Camboya, esperamos contar con la presencia de nuevos Estados Partes a la Convención. Deseamos, en especial, un desenlace positivo del actual análisis de políticas por parte de EE.UU y de otros Estados. La labor que se está realizando aquí esta semana ha de garantizar que, para la Reunión de Camboya, se hayan alcanzado cuotas de remoción mucho más altas y que las víctimas gocen de más beneficios; que la asignación de recursos sea más elevada y que se haya dado un gran impulso a la Convención. No son las medidas puestas en el papel, sino las que se llevan a la práctica las que pondrán término para siempre al sufrimiento ocasionados por las minas antipersonal.