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Avances en el cumplimiento del compromiso de la Convención para la prohibición de minas antipersonal

28-11-2011 Declaración

Declaración de Olivier Vodoz, vicepresidente del CICR, undécima reunión de Estados Partes en la Convención para la prohibición de minas antipersonal, , Phnom Penh, Camboya, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2011

Han transcurrido dos decenios desde los primeros llamamientos radicales para poner fin al sufrimiento y la muerte que ocasionan las minas antipersonal. En esa época, las minas antipersonal se consideraban algo normal, indispensable e insustituible. La muerte y la mutilación de civiles como consecuencia del uso de las minas eran considerados "daños colaterales".

Asia ha sido, y sigue siendo, una de las regiones particularmente afectadas por esta lacra. Los campos minados y las municiones en racimo han ocasionado terribles pérdidas de vidas humanas, especialmente en Camboya, Tailandia, República Democrática Popular de Lao, Vietnam, Afganistán y Pakistán. Como puede verse todos los días en Camboya, esas insidiosas armas siguen destruyendo vidas y afectando a las comunidades mucho tiempo después del cese de hostilidades.

Gracias al inicio de la Campaña internacional para la prohibición de las minas terrestres, comenzó a gestarse la visión de un mundo sin minas antipersonal. Para el Comité Internacional de la Cruz Roja, el punto de inflexión llegó hace 20 años precisamente, cuando nuestros cirujanos de guerra publicaron datos sobre el tipo de lesiones que habían observado en nuestros hospitales de campaña en las fronteras entre Tailandia y Camboya y entre Pakistán y Afganistán. Las pruebas presentadas demostraban sin lugar a dudas que las minas antipersonal habían creado una “epidemia” de víctimas civiles que debía detenerse desde su origen.

¡Cuánto hemos avanzado desde entonces! Con el apoyo de la sociedad civil, ustedes –los 158 Estados Partes de la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal, y los Estados que aún no se han adherido pero que, no obstante, apoyan los objetivos de la Convención– pueden sentirse orgullosos de los diversos logros alcanzados.

Al día de hoy ya se ha puesto freno al comercio mundial de minas antipersonal, salvo por casos esporádicos. Se han destruido casi 45 millones de minas antipersonal, 18 países han cumplido sus obligaciones de remoción de minas, y en los países en que se continúa con las actividades de remoción, un gran número de hectáreas de tierras fértiles sigue devolviéndose a las comunidades todos los años. Decenas de miles de sobrevivientes de las minas terrestres han recibido ayuda para recuperar su movilidad y confianza, y el número de nuevas víctimas de las minas antipersonal es cada vez menor. Con la adhesión a la Convención este año de Tuvalu y Sudán del Sur, y la prevista adhesión de otros tres Estados en 2012, la universalización de la Convención sigue en marcha.

Se trata de genuinos casos de éxito, y nuestro anfitrión, el Reino de Camboya, está sentando un notable ejemplo en el ámbito de las actividades relacionadas con las minas. Sin embargo, no podemos caer en un sentimiento de complacencia. No debemos olvidar jamás que las víctimas de las minas antipersonal no son simples cifras estadísticas. Son seres humanos, cuya vida y la de sus familiares cambió irreversiblemente a causa de estas terribles armas. Es inaceptable que decenas de miles de personas en todo el mundo sigan sin poder cultivar sus tierras o abastecerse de agua sin correr grave peligro de morir o sufrir mutilaciones.

Preocupan hondamente al CICR las informaciones aparecidas este año sobre el uso de las minas antipersonal por parte de cuatro Estados y una serie de actores armados no estatales. Debemos trabajar sin descanso para poner fin a ese uso, sea por parte de los Estados o de grupos armados no estatales. Nadie puede negar ya el indecible sufrimiento humano que ocasionan las minas antipersonal, y los devastadores efectos que pueden tener en la población civil, además de perjudicar el desarrollo económico y la reconstrucción. Es preciso exhortar a quienes aún defienden la "necesidad" de esos artefactos, a considerar la limitada utilidad militar de esas armas en comparación con sus consecuencias humanitarias. Tienen que encontrar otros medios.

Los Estados Partes todavía hacen frente a una serie de importantes desafíos en la implementación de la Convención. En primer lugar, no debemos olvidar la promesa hecha a los sobrevivientes de las minas terrestres cuando se aprobó la Convención – "poner fin" al sufrimiento que ocasionan las minas antipersonal. Poner fin a ese sufrimiento significa más que atención médica inmediata; significa rehabilitación física e inclusión social y económica en la sociedad. El CICR agradece el generoso apoyo de numerosos Estados y organizaciones a sus actividades en todo el mundo, en especial a los servicios de rehabilitación física y a nuestro Fondo Especial para los Discapacitados, que asegura la continuación de esos servicios tras la finalización de las operaciones del CICR en un determinado país. También acogemos con agrado la mayor atención que se presta en una serie de Estados a las cuestiones relacionadas con la ayuda a las víctimas y la discapacidad.

Es de lamentar, sin embargo, que sean tantos los Estados que aún carecen de datos amplios o de un plan nacional para alcanzar mejoras concretas en los servicios a disposición de los sobrevivientes de las minas y otras personas con discapacidades. Es indispensable que cada Estado Parte adopte nuevas medidas basadas en el Plan de Acción de Cartagena para mejorar la vida de los sobrevivientes de las minas terrestres, tanto dentro de sus fronteras como en el extranjero.

El CICR también continúa preocupado por el hecho de que varios Estados siguen sin cumplir sus plazos de destrucción de arsenales. Aunque tenemos entendido que algunos de esos Estados están avanzando en sus planes de destrucción de arsenales, el incumplimiento por parte de cualquier Estado de sus plazos con arreglo al artículo 4 sería muy lamentable, dado el excelente historial de cumplimiento de esa obligación de los Estados Partes. No obstante el difícil entorno económico actual, los Estados interesados deben hacer todo lo que esté a su alcance para destruir con carácter urgente todas las minas almacenadas, de modo que retornen a una situación de cumplimiento de las disposiciones de la Convención.

Otra cuestión que preocupa al CICR es el número de Estados que retienen arsenales de minas antipersonal, sin reducción aparente. Ello plantea la cuestión de determinar si esas minas son realmente necesarias para tareas de capacitación, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Convención. En caso negativo, deben ser destruidas. El CICR exhorta a los Estados que retienen minas con arreglo al artículo 3, a examinar periódicamente la necesidad de mantener esas armas y a reducir al mínimo absolutamente necesario las minas antipersonal retenidas, como se pide en la medida No. 56 del Plan de Acción de Cartagena.

La remoción de minas sigue siendo una de las mayores dificultades en el contexto de la Convención. Afortunadamente, el financiamiento internacional de las actividades relacionadas con las minas, incluida la remoción, ha sido estable en los últimos años, y muchos Estados están alcanzando notables progresos en lo que respecta al cumplimiento de sus obligaciones de remoción. Sin embargo, alrededor de 30 Estados Partes no han podido cumplir sus plazos de destrucción de minas y han solicitado una prórroga, o han indicado que tienen previsto hacerlo. Figuran entre ellos Estados con niveles de contaminación sumamente elevados, para los cuales la remoción en un plazo de 10 años fue siempre una tarea descomunal, si no imposible. Pero también hay casos de contaminación a escala más limitada, a los que no se ha asignado una prioridad adecuada. Es necesario desplegar mayores esfuerzos para asegurar que sean muy pocos los Estados que necesiten prórrogas en el futuro. Los Estados Partes también deben ser conscientes de que el incumplimiento de las obligaciones de remoción de las minas antipersonal puede constituir una utilización de facto.

Aparte de los desafíos prácticos del cumplimiento de las obligaciones de remoción estipuladas en el artículo 5, los Estados Partes que asisten a esta reunión deben examinar los medios para responder a una situación en la que un Estado no pueda cumplir sus obligaciones derivadas del artículo 5, o presente una solicitud de prórroga dentro de su plazo de remoción de 10 años. En el transcurso del próximo año, los Estados Partes deberán también adoptar una posición en relación con los mejores medios de abordar el descubrimiento de nuevas zonas minadas tras el vencimiento del plazo de remoción correspondiente a un determinado Estado. Esas situaciones están surgiendo ahora, pero no se tuvieron en cuenta en la época en que se elaboró la Convención. Hacen falta ideas innovadoras para encontrar una solución que establezca un buen precedente y mantenga firmemente la eficacia y la credibilidad de la Convención a corto y largo plazo.

Por último, insto a todos los presentes a invertir más en la movilización de recursos –humanos, financieros y técnicos– con el propósito de asegurar tanto la remoción de las minas como la ayuda a sus víctimas. Complace de sobremanera al CICR la creación del Comité Permanente sobre Recursos, Cooperación y Asistencia durante la última reunión de los Estados Partes. Ahora debemos hacer de ese foro un instrumento eficaz para determinar los recursos cruciales para el éxito de esta Convención.

Hace veinte años, la prohibición completa de las minas antipersonal parecía solo un sueño. Pero ese sueño se está haciendo realidad. Hay quienes podrían hoy día que la plena aplicación de las disposiciones de la Convención también es un sueño, habida cuenta de la situación económica mundial y otros retos. La comunidad de Estados, la sociedad civil y las organizaciones internacionales que crearon esta Convención no deben aceptar jamás esa posición. Tengo plena confianza en que esta importante reunión de los Estados Partes, que se celebra a raíz del legado de los campos minados en Camboya y la experiencia de sus sobrevivientes de las minas, será otro paso para tornar esos sueños en realidad. Las vidas de innumerables personas y el futuro de miles de comunidades afectadas en todo el mundo dependen de que se cumplan las promesas de la Convención. 

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Fotos

 

Olivier Vodoz, vicepresidente del CICR