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Armas - Declaración del CICR ante las Naciones Unidas, 2011

11-10-2011 Declaración

Debate general sobre todos los temas del programa relativos al desarme y la seguridad internacional (temas 87 a 106), Naciones Unidas, Asamblea General, United Nations, General Assembly, 66ª sesión, Primera Comisión, declaración del CICR, Nueva York, 11 de octubre de 2011.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), cuya misión es proteger y ayudar a las víctimas de los conflictos armados y otras situaciones de violencia, lleva desde finales de la década de los 90 advirtiendo del elevado coste humano de la falta de regulación sobre la disponibilidad de armas. Apoyamos firmemente la adopción, el próximo año, de un Tratado sobre el comercio de armas integral y eficaz. Un alto porcentaje de las muertes, las lesiones y la crueldad infligidas a los civiles año tras año se debe a que las armas son demasiado fáciles de conseguir, incluso para aquellos que las van a utilizar para violar el derecho internacional humanitario. Un Tratado sobre el comercio de armas eficaz no sólo protegería las vídas y los medios de subsistencia de las personas, sino que también reduciría el trastorno social y económico que acarrea la inseguridad ocasionada por las armas en numerosas regiones del mundo, y conllevaría importantes beneficios para la salud de poblaciones enteras.

En agosto de 2011, el CICR emprendió una iniciativa cuatrienal en torno al tema “Asistencia de salud en peligro”. Esta iniciativa se basa directamente en la experiencia del CICR sobre el terreno y en un estudio llevado a cabo en 16 países sobre los ataques a la asistencia sanitaria en los contextos en los que trabajamos. El estudio recogió 655 incidentes de ataques contra el personal, las instalaciones y los vehículos sanitarios en un período de dos años y medio. En estos incidentes, 1.834 personas perdieron la vida o resultaron heridas mientras prestaban o recibían asistencia médica. La consecuencia de estos ataques y de la violencia armada en los contextos abarcados por el estudio fue que miles y miles de personas dejaron de recibir asistencia sanitaria en lugares en los que las condiciones de salud y los sistemas de sanidad ya son de por sí precarios. Como se subraya en el estudio, la “inseguridad ocasionada por las armas” equivale, a grandes rasgos, a privar a la población civil de uno de los países más pobres del planeta de 150.000 consultas médicas al año, a privar de vacunas contra la polio a varios cientos de miles de niños de otra región, y a la pérdida de decenas de miles de vidas al mes en otra región. Estas consecuencias para la salud no son sino una pequeña muestra del terrible coste humano que supone el fácil acceso a las armas, que un futuro Tratado sobre el comercio de armas debe contribuir a evitar.

Exhortamos a todos los Estados que se encuentran aquí presentes a que se comprometan a trabajar denodadamente a lo largo del próximo año para que la Conferencia Diplomática sobre el Tratado sobre el Comercio de Armas del mes de julio sea todo un éxito. Desde nuestro punto de vista, un tratado exhaustivo y eficaz debería exigir un riguroso examen de todas las transferencias de armas convencionales y de sus municiones, para evitar que las armas caigan tan fácilmente en manos de quienes se prevé vayan a utilizarlas para cometer infracciones graves del derecho internacional humanitario. Elogiamos los elementos que componen el Borrador del Presidente, elaborado por el Embajador Moritán de Argentina. Dicho borrador constituye una base sólida sobre la que avanzar hacia el tipo de tratado que necesitan desesperadamente las personas, familias y comunidades de amplias regiones del mundo en las que, en ocasiones, resulta más fácil conseguir armas que alimentos, medicamentos o asistencia médica.

Desde la Conferencia encargada del examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares celebrada el pasado año, apenas se han registrado avances en el cumplimiento de los numerosos compromisos urgentes asumidos en dicha Conferencia para restringir el papel de las armas nucleares, seguir reduciendo su número e impedir su utilización. Cumplir los compromisos asumidos en la Conferencia es esencial, además de un imperativo humanitario, moral y político. Conviene también aprovechar el reconocimiento del Documento final de “las catastróficas consecuencias humanitarias de cualquier empleo de las armas nucleares”, así como la pertinencia del derecho internacional humanitario a este respecto. Todavía se debe hacer mucho más para informar a los responsables de la elaboración de políticas, los medios de comunicación y el gran público sobre el catastrófico coste humano de estas armas, la exigencia de que nunca más se vuelvan a utilizar, y la necesidad acuciante de contar con un instrumento internacional jurídicamente vinculante que prohíba su empleo y conduzca a su eliminación. El CICR, por su parte, ha trabajado a lo largo del año pasado para dar a conocer esta realidad en el seno del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y apoyaremos la labor que realicen las Sociedades Nacionales en el futuro sobre este particular.

Uno de los hitos del derecho internacional humanitario en los últimos años fue la adopción, en 2008, y entrada en vigor, en 2010, de la Convención sobre municiones en racimo. Décadas después de que la imprecisión y la poca fiabilidad de estas armas zonales asolaran las comunidades y los países en los que se utilizaron, la comunidad internacional se ha dado cuenta de que el coste humano de estas armas es, simplemente, inaceptable. La reciente reunión de los Estados Partes en esta Convención, celebrada en Beirut, fue una buena demostración de la eficacia de la Convención para acelerar la retirada y destrucción de los arsenales, atraer a nuevos Estados Partes, y movilizar recursos en favor de las víctimas de estas armas y de sus comunidades.

El CICR aprecia que algunos de los Estados que todavía no han podido adherirse a la Convención sobre municiones en racimo reconozcan ahora el impacto humanitario de estas armas y estén dispuestos a tomar algunas medidas para paliar sus efectos. Sin embargo, desde la perspectiva del derecho internacional humanitario nos parecería lamentable que se aprobaran nuevas normas que, en lugar de complementar la Convención sobre municiones en racimo, la contradijesen y permitiesen el desarrollo y la utilización de ciertos tipos de municiones en racimo que no harían sino perpetuar el problema humanitario. Sería la primera vez que los Estados habrían adoptado un tratado de derecho internacional humanitario que otorgase a la población civil una protección menor que la contemplada en un tratado ya vigente. Instamos a todos los Estados Partes en la Convención sobre ciertas armas convencionales y, especialmente, a los que también son Partes en la Convención sobre municiones en racimo, a que consideren detenidamente sus responsabilidades en este ámbito de cara a la Conferencia encargada del examen de la Convención sobre ciertas armas convencionales del próximo mes de noviembre.

En enero de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 65/41, refrendó el informe del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre los avances en la esfera de la información y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad internacional. En sus conclusiones, el grupo destaca que “cada vez son más numerosos los informes de que los Estados están desarrollando tecnologías de la información y las comunicaciones como instrumentos de guerra y para fines de inteligencia”. En este sentido, el CICR señala a la atención de los Estados las posibles consecuencias humanitarias de la guerra cibernética, es decir, del recurso a los ataques a redes informáticas en situaciones de conflicto armado. Dichas consecuencias podrían originar escenarios catastróficos, como la interferencia en los sistemas de control del tráfico aéreo, que puede causar choques o accidentes de aviones, la interrupción del suministro eléctrico o del abastecimiento de agua para la población civil, o daños a las instalaciones químicas o nucleares. Así pues, el CICR recuerda a todas las partes en los conflictos su obligación de respetar las normas del derecho internacional humanitario si recurren a medios y métodos de guerra cibernética, en particular, los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.