• Enviar
  • Imprimir

Desafíos contemporáneos del DIH: el respeto

29-10-2010 Introducción

Los Estados y las otras partes en un conflicto armado tienen la obligación de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario (DIH) en toda circunstancia. Deben utilizar su influencia para prevenir y poner fin a las infracciones del DIH y abstenerse de alentar la comisión de infracciones por otras partes.

Los conflictos armados siguen afectando a muchas partes del mundo, causando devastación y destruyendo la vida y la dignidad humanas. La mayoría de los conflictos son de índole no internacional y dan lugar a graves infracciones del derecho internacional humanitario (DIH). Las principales víctimas de esas infracciones son personas civiles, que resultan desplazadas, heridas o muertas.

Con demasiada frecuencia, las personas civiles son blanco de ataques, son utilizadas como escudos o sufren la destrucción de sus medios de supervivencia (agua, alimentos y viviendas). Quienes más sufren son las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables.

Estos hechos demuestran a las claras la necesidad de que el derecho internacional humanitario se aplique con mayor rigor y eficacia, a fin de preservar la vida y la dignidad humanas. Esta responsabilidad incumbe a todos los Estados y a las otras partes que intervengan en un conflicto armado.

El CICR está convencido de que el respeto y la efectiva implementación del DIH son esenciales en los conflictos armados contemporáneos, se trate de guerras tradicionales entre Estados o de conflictos armados internos de carácter no internacional, cuyo número crece día a día.

El problema de preservar la vida y la dignidad humanas en estas situaciones no se origina en la falta de normas sobre la reglamentación de la guerra, sino al hecho de que no se las respeta.

Por esta razón, el CICR se esfuerza constantemente por fortalecer el cumplimiento de la ley, empezando por la obligación primaria,  que el artículo 1 de los Convenios de Ginebra impone a todos los Estados y a las otras partes en un conflicto armado, de respetar y hacer respetar el DIH.

La prevención de infracciones puede lograrse de forma individual, o colectivamente a través de mecanismos multilaterales y organizaciones internacionales como las Naciones Unidas.

El CICR tiene especial interés en que se revierta la tendencia de las partes en un conflicto a denegar las garantías de protección más fundamentales a las personas que se encuentran en su poder.

Esas garantías fundamentales están consagradas en el derecho convencional y en el derecho consuetudinario y son inalienables. Todas las personas que estén en poder de una de las partes en un conflicto tienen derecho a que se las trate con humanidad y sin ninguna distinción de carácter desfavorable por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, nacionalidad o categoría social.

Estas garantías fundamentales prohíben actos como la tortura, el trato degradante, los castigos colectivos, la violencia sexual, la desaparición forzada, la esclavitud, la toma de rehenes y los juicios injustos.

El CICR también aspira a mejorar el respeto del principio de distinción entre civiles y combatientes y del principio de proporcionalidad en la conducción de las hostilidades.

El DIH prohíbe los ataques indiscriminados. Los métodos y medios de guerra están sujetos a limitaciones y no deben causar daños desproporcionados. De esta manera, se limita el uso de ciertas armas y tácticas.

La pérdida incidental de vidas humanas, las lesiones a personas civiles y la destrucción de bienes de carácter civil no deben ser excesivos en relación con la ventaja militar directa que se prevé obtener mediante el ataque.

Los actos de violencia cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población civil o el uso de personas civiles como escudos son actos claramente ilegales.

Estos aspectos fueron enérgicamente reafirmados en una resolución redactada por el CICR y adoptada por la XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja celebrada en noviembre de 2007.  

En la resolución, se reafirmó la obligación de que los Estados adopten todas las medidas legislativas, normativas y prácticas necesarias para incorporar el derecho internacional humanitario en el derecho y la práctica nacionales. También es fundamental impartir la formación adecuada a las personas encargadas de hacer cumplir el DIH. El CICR presta apoyo a los Estados en estas actividades.

El CICR también insta a los Estados a poner fin a la impunidad, puesto que ésta no favorece la justicia ni la reconciliación tras un conflicto. Los Estados han de crear un marco jurídico nacional para la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de guerra y la extradición de personas sospechosas. Esos marcos deben establecer sanciones efectivas para las personas culpables de infracciones, que actúen como factores de disuasión, y compensaciones adecuadas para las víctimas.  


Fotos

 

© CICR / T. Gassmann / ch-e-00151