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Fortalecer el respeto por el DIH – el Servicio de Asesoramiento

29-10-2010 Introducción

Promover e implementar medidas de aplicación del derecho internacional humanitario es una responsabilidad que incumbe, en primer lugar, a los Estados. Esta disposición figura expresamente en los Convenios de Ginebra de 1949 y en sus Protocolos adicionales de 1977. El CICR ha instado siempre a los Estados a tomar esas medidas y el Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario de la Institución ayuda a los Estados a cumplir estas obligaciones.

Desde la firma del primer Convenio de Ginebra hace más de 140 años, los Estados han adoptado muchas medidas para limitar los efectos de la guerra en los combatientes y la población civil, y para respetar varios principios humanitarios fundamentales. Actualmente, los Convenios de Ginebra de 1949 gozan del respaldo universal y han sido ratificados por todos los Estados.

El CICR fue fundado como resultado del primer Convenio y, desde entonces, la Institución ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del extenso conjunto de tratados del derecho internacional humanitario vigente actualmente. El CICR también ha sido siempre el guardián de la aplicación eficaz tanto del derecho internacional convencional como del consuetudinario.

Es imprescindible que se lleve a la práctica el DIH mediante la adopción de legislación nacional y otras medidas administrativas, y así lo han reconocido en muchos foros, en particular en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, marco que reúne cada cuatro años a los Estados y al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Tras la Conferencia de 1993 se estableció un grupo de expertos para que formulara recomendaciones prácticas con objeto de mejorar el respeto y el cumplimiento del DIH. En cumplimiento de una de esas recomendaciones se creó en 1995 el Grupo de Asesoramiento en DIH del CICR, que comenzó a funcionar a plena capacidad a principios de 1996.

Este Servicio centra su labor en brindar asesoramiento jurídico especializado a los gobiernos e intercambiar información. Su finalidad es complementar y reforzar los recursos de cada país, y todos los Estados pueden solicitar sus servicios. El CICR puede también tomar la iniciativa y ofrecer sus servicios.