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4-11-1999    
XXVIIª Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: Informe de la Comisión Plenaria Tema I del Plan de Acción

(2, 3 y 4 de noviembre de 1999)

Protección de las víctimas de los conflictos armados mediante el respeto del derecho internacional humanitario


Presidente de la Comisión : Sr. Boris Shikhmuradov, Ministro de Asuntos Exteriores de Turkmenistan
Vicepresidentes : Sr. Christopher Lamb, Embajador de Australia, Sr. Teofilo Siman, Presidente de la Cruz Roja Salvadoreña
Relator : Sr. Tom Buruku, Presidente de la Cruz Roja de Uganda

Consideraciones Generales

Varias delegaciones deploraron que hoy se han generalizado las violaciones del derecho internacional humanitario y citaron muchos ejemplos sobre ello, como la limpieza étnica, los ataques deliberados contra la población civil o las masacres de civiles, violaciones sexuales, desplazamientos forzados, toma de rehenes y el reclutamiento de niños como combatientes.

Se reconoció unánimemente la universalidad de los Convenios de Ginebra y la importancia que revisten todos los tratados de derecho internacional humanitario. Algunas delegaciones pusieron de relieve el hecho de que no hay necesidad de nuevas normas o nuevos compromisos, ya que el origen de todos los problemas es la falta de observancia y de aplicación de las normas vigentes. Las violaciones del derecho humanitario prolongan y empeoran los conflictos y ello no ha de tolerarse. Una delegación señaló que las continuas violaciones y la falta de aplicación ponen en tela de juicio la credibilidad del derecho.

Varias delegaciones expresaron su satisfacción por lo que respecta a la nueva estructura de la Conferencia, que alienta a la acción concreta y garantiza un seguimiento. Muchas delegaciones destacaron la acuciante necesidad de ayudar a las víctimas de los conflictos, así como de promover y defender los valores humanitarios. Las más de las delegaciones expresaron su apoyo general al proyecto del Plan de Acción y acogieron favorablemente el hecho de que la Conferencia diera lugar a mayor diálogo y asociación entre los Estados y los componentes del Movimiento.

Prevención de los conflictos y promoción de una cultura de paz

"Si queremos la paz, debemos prepararnos para la paz"

Un gran número de delegaciones señalaron que los conflictos armados podían prevenirse y pusieron de relieve que es de vital importancia tratar las causas de las situaciones conflictivas, a menudo arraigadas en la pobreza, a fin de contenerlas o apaciguarlas. En todos los casos, se ha desplegar todo el esfuerzo necesario para arreglar los litigios pacíficamente. Muchas delegaciones mencionaron la necesidad de tender hacia un desarrollo sostenido y más equilibrado, con objeto de erradicar la pobreza y de prestar asistencia a los sectores más vulnerables de la población, especialmente en zonas inestables.

Una delegación gubernamental subrayó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el principal órgano responsable de mantener la paz y la seguridad internacionales y que habría que darle las posibilidades para que asuma cabalmente sus responsabilidades estipuladas en la Carta de las Naciones Unidas. Otra delegación admitió que también hay que examinar el problema de restaurar la paz: los conflictos no deben ser "congelados" u olvidados.

Varios oradores instaron al Movimiento para que participe más activamente en la prevención de conflictos étnicos, raciales, religiosos y políticos, así como en el abogamiento en pro de la paz.

Muchas delegaciones también pusieron de relieve la importancia de combatir la cultura de la violencia, que es un problema en todo el mundo, así como de desarrollar el reflejo humano de decir "no" a la violencia. Subrayaron la necesidad de promover una cultura de paz, entendimiento, tolerancia, amistad y diálogo entre las naciones, culturas y civilizaciones, y de educar a la gente en los valores y comportamiento humanitarios. Algunas delegaciones plantearon el problema de la manipulación de información por parte de los medios informativos y la incitación al odio y a la violencia. Una Sociedad Nacional propuso que se examinara el currículo de la formación en derecho internacional humanitario, a fin de tener en cuenta la psicología de las personas cuando portan armas.

Dos delegaciones gubernamentales declararon que es importante determinar las normas fundamentales de humanidad que reflejen tanto el derecho de los derechos humanos como el derecho internacional humanitario y que se apliquen a todas las partes en todas las situaciones de violencia.

Medidas de aplicación en tiempo de paz
Muchas delegaciones informaron de que el respectivo Gobierno ya había ratificado varios tratados de derecho internacional humanitario, o que consideraban hacerlo, entre otros el Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra (una delegación), el tratado de Ottawa, la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto amado y su Protocolo II, la Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales y sus Protocolos II y IV y el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Algunas delegaciones también comunicaron que el respectivo Gobierno estaba considerando retirar las reservas.

Un gran número de delegaciones enumeró las leyes y las medidas de aplicación promulgadas por el respectivo Gobierno o que estaban en proceso de promulgación, a fin de que la legislación nacional se avenga con sus obligaciones internacionales (persecución de los crímenes de guerra, protección del emblema, lista de bienes culturales protegidos, etc.). Sobre el particular, se reconoció el importante papel de las Sociedades Nacionales y la valiosa contribución del Servicio de Asesoramiento del CICR. Muchas delegaciones añadieron que las comisiones nacionales interministeriales habían sido constituidas para tratar estos asuntos de manera coordinada. Algunas delegaciones propusieron que se instalara un sistema para la comunicación voluntaria de información acerca de la aplicación nacional del derecho internacional humanitario. Una delegación informó que su Gobierno estaba haciendo traducir los Convenios de Ginebra en su idioma nacional.

Difusión
Muchos oradores hicieron hincapié en la descollante importancia de la difusión de las normas y principios del derecho internacional humanitario. Algunas mencionaron la necesidad de integrar el derecho en la formación de las fuerzas militares y de seguridad, así como en los procedimientos de mando, en los ejercicios a nivel de los puestos de mando, del Estado Mayor y en las maniobras militares. Una delegación propuso que el derecho internacional humanitario se imparta al personal religioso adscrito a las fuerzas armadas.

Muchas delegaciones pusieron de relieve la importancia de organizar programas de difusión para los funcionarios públicos y el público en general, en cooperación con las organizaciones e instituciones competentes. Una delegación gubernamental se comprometió a organizar una formación especial en derecho humanitario para sus magistrados.

Se reconoció con amplio margen el cometido crucial de las Sociedades Nacionales en la difusión del derecho humanitario, y varias delegaciones de las Sociedades Nacionales describieron brevemente los programas que estaban aplicando. Algunas expresaron su agradecimiento al CICR por haber contribuido en el respectivo programa nacional de difusión.

Mayor respeto del derecho internacional humanitario en tiempo de guerra
Un considerable número de delegados manifestó su grave preocupación por la falta de respeto debido a los principios básicos del derecho internacional humanitario. Muchos de esos delegados destacaron la necesidad de garantizar una protección especial a las mujeres y a los grupos vulnerables como los niños, los ancianos, las personas con discapacidades y las personas desplazadas. Algunas delegaciones

señalaron que los civiles nunca han de ser el blanco de los ataques y que está prohibida la destrucción deliberada de la economía de un país como método de guerra. Una delegación expresó su deseo de que se haga un mayor énfasis en el Plan de Acción por lo que atañe al respeto del derecho internacional humanitario en los conflictos armados no internacionales, que, hoy, son los más comunes y que causan grandes sufrimientos.

Un gran número de delegaciones puso de relieve que todos los beligerantes, cualquiera que sean su estatuto y sus razones para participar en un conflicto armado, han de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario. Ello concierne no sólo a los Estados sino también a los agentes no estatales, los grupos armados y las fuerzas supranacionales como las que están bajo el mando de las Naciones Unidas o de organizaciones zonales.

Haciendo hincapié en el derecho de las víctimas de los conflictos a la protección, la asistencia y a la ayuda, muchas delegaciones indicaron que es esencial garantizar que las organizaciones humanitarias imparciales tengan un rápido acceso a esas víctimas y faciliten su tarea de conformidad con el respectivo cometido. Varias delegaciones expresaron su agradecimiento al CICR por su valiosa ayuda en la protección y en la asistencia de la población en sus países devastados por la guerra.

Algunas delegaciones indicaron que los Estados que no participan en los conflictos armados deben hacer respetar el derecho internacional humanitario y tratar de influenciar el comportamiento de los beligerantes. Se señaló que no se debiera emplear la fuerza por razones humanitarias, a no ser que fuese el último recurso y que ello había de considerarse sólo en circunstancias extremas y si ello redundaría en beneficio de las víctimas. Además, el uso de la fuerza por razones humanitarias siempre ha de ser de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

Sobre este particular, muchas delegaciones gubernamentales advirtieron que las preocupaciones humanitarias no deben ser selectivas o basarse en un doble sistema de normas y que nunca han de ser pretexto para favorecer intereses estratégicos, militares o económicos o para justificar la injerencia en los asuntos internos de los Estados. Estas delegaciones pusieron de relieve la necesidad de respetar la soberanía y la independencia de los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

Comisión Internacional de Encuesta (art. 90 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra)
Algunas delegaciones declararon que el respectivo Gobierno había reconocido la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta (CIE). El presidente de la CIE apeló a todos los Gobiernos a hacer lo mismo y a todos los Estados para que recurran a este organismo. Informó brevemente acerca de las actividades de la Comisión y acerca de las propuestas de crear un mecanismo mediante el cual se reciban las quejas individuales (semejante al Comité de Derechos Humanos establecido en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Poner fin a la impunidad
Muchos discursos versaron sobre la necesidad de hacer que se dé cuenta acerca de las violaciones del derecho internacional humanitario. En varios se acogió favorablemente las medidas alentadoras tomadas recientemente para poner fin a la impunidad, en particular la aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, el trabajo actual de las dos Tribunales Internacionales ad hoc y las diligencias penales a nivel nacional, lo cual tiene un efecto disuasivo y preventivo. Un número de delegaciones gubernamentales anunciaron planes para ratificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional e hicieron un llamamiento para que los demás Estados también lo ratifiquen. Una delegación gubermanemental puso de relieve que la soberanía del Estado no sea pretexto para cometer impunemente grandes violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Varias delegaciones mencionaron los esfuerzos desplegados en el respectivo país para establecer, mediante leyes y procedimientos penales a nivel nacional, un marco apropiado en el que los tribunales nacionales puedan castigar los crímenes de guerra, cualquiera que sea la nacionalidad de la víctima o del autor del crimen, y dondequiera se haya cometido el crimen. También mencionaron las medidas que están tomando los Gobiernos para facilitar la cooperación con los tribunales internacionales y, en algunos casos, el apoyo práctico y financiero que sus países prestan a esos tribunales (expertos forenses para investigaciones, por ejemplo). Una Sociedad Nacional puso de relieve la necesidad de promover una mayor sensibilización acerca de los problemas relativos a la seguridad y al acceso que se pueden plantear a todo el Movimiento si un miembro de uno de sus componentes tuviese que dar testimonio contra presuntos criminales de guerra en un tribunal internacional.

Unas pocas delegaciones subrayaron la importancia de indagar la verdad acerca de violaciones pasadas, a fin de preparar el terreno para la reconciliación y facilitar el proceso de recuperación. Algunas delegaciones mencionaron la necesidad de tratar la cuestión del resarcimiento para las víctimas de las violaciones.

Problemas específicos de índole humanitaria
Un gran número de delegaciones gubernamentales y delegaciones de Sociedades Nacionales expresaron su profunda preocupación acerca de la trágica situación y los sufrimientos padecidos por los niños atrapados en conflictos armados y otras situaciones de violencia. Destacaron la necesidad de garantizar que sus necesidades específicas de protección y asistencia se satisfagan.

Muchos oradores instaron para que se tomen medidas para poner término a la participación de niños en las hostilidades armadas y su reclutamiento en las fuerzas armadas o en grupos armados, en violación del derecho internacional. Reiteraron que era urgente elevar a la edad de 18 años la edad de reclutamiento y de participación en las hostilidades armadas, tal y como ya había hecho un llamamiento la XXVI Conferencia Internacional, y renovaron su apoyo para la promoción y aprobación del Protocolo Opcional a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Muchas delegaciones deploraron las traumáticas experiencias que afectan para siempre a los niños, y añadieron que no se puede dejar de poner énfasis en la necesidad de apoyo psicosocial y de programas de rehabilitación. Una delegación mencionó que dichos programas no debían limitarse a zonas asoladas por la guerra, sino que también eran necesarias en países donde estos niños se han asilado.

Un número de delegaciones indicó que había de prestarse especial atención a problemas específicos que las mujeres enfrentan en los conflictos armados. Una delegación deploró que esta cuestión no se haya desarrollado más plenamente en el proyecto del Plan de Acción, pero expresó su disposición para esperar el conjunto de líneas directrices que el CICR trazaría con miras a enfocar mejor las necesidades de protección y de asistencia de las mujeres en los conflictos armados.

Algunas delegaciones gubernamentales llamaron la atención por lo que respecta a la situación de los prisioneros de guerra. Estos prisioneros deben ser protegidos y tratados con humanidad, y estar bajo el continuo control de un organismo internacional como el CICR, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho internacional humanitario. Debe abordarse sin demora la cuestión de los prisioneros que tenían que haber sido liberados hace mucho tiempo, al final de las hostilidades, pero que aún están en cautiverio. Algunas delegaciones plantearon la cuestión de las personas dadas por desaparecidas e hicieron un llamamiento para una mayor disposición para saber acerca de las suerte que han corrido e informar de ello a sus familiares.

Armas y otros medios de guerra
Es una preocupación general la proliferación de armas y su transferencia incontrolada, en especial las armas ligeras, ya que ello es el origen de violaciones del DIH y del número de víctimas civiles, incluso después de terminadas las hostilidades. Muchas delegaciones pusieron de relieve la necesidad de abordar activamente esta cuestión. Algunas destacaron la estrecha relación entre la tragedia de los niños soldados y la disponibilidad en grandes cantidades de armas ligeras, que pueden ser fácilmente manipuladas por los niños. Un número de delegaciones señaló que la responsabilidad también incumbe a los Estados que producen y venden dichas armas, y algunas dijeron que debería ser un ejemplo la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados.

Otros mencionaron la necesidad de tener mecanismos para restringir la disponibilidad de armas (una delegación propuso la clasificación de las armas), para controlar su transferencia y evitar que las empleen losbeligerantes que no observan el derecho internacional humanitario. Varias delegaciones gubernamentales sugirieron la posibilidad de que se considere recoger y destruir las armas existentes.

Algunas delegaciones plantearon la cuestión de las armas que pueden causar males superfluos o dañar sin discriminación y que son ilícitas en virtud del derecho internacional humanitario. Sobre este tema se expresó una preocupación particular acerca del empleo de armas biológicas y químicas. Una delegación de una Sociedad Nacional mencionó que el producto "agente anaranjado" continúa causando lesiones como malformaciones genéticas que persisten durante generaciones, después de terminado un conflicto, y apeló para que se solicite el apoyo internacional a fin de que la Federación haga una campaña destinada a aliviar los sufrimientos producidos por esta arma. Una delegación también puso de relieve la necesidad de combatir la proliferación de las armas nucleares.

El CICR declaró que sería de utilidad aprobar unos criterios comunes para ayudar a determinar qué armas ya empleadas o aún en etapa de planificación podrían causar sufrimientos innecesarios y que, por lo tanto, han de prohibirse.

Varias delegaciones mencionaron la tragedia actual causada por las minas, especialmente las minas antipersonal. Se señaló que las minas siguen matando mucho tiempo después de acabado un conflicto y que impiden la reconstrucción y la recuperación económica. Varias delegaciones dijeron que el respectivo Gobierno había ratificado o estaba en proceso de ratificación del tratado de Ottawa. Muchos instaron para que todos los Estados ratifiquen este tratado sin más demora. El problema de las minas terrestres también fue planteado por muchas delegaciones, algunas de las cuales mencionaron que el respectivo Gobierno planifica la ratificación del Protocolo II enmendado de la Convención de 1980.

Por lo que atañe al considerable problema de las minas ya existentes, algunas delegaciones destacaron la importancia de destruir las reservas y de asignar suficientes recursos para el desminado, para trazar programas de sensibilización acerca de las minas y asistir a las víctimas de las minas. Sobre el particular, incumbe una responsabilidad especial a los que han colocado minas. Una delegación mencionó la necesidad de formar capacidades a nivel nacional para la gestión de programas de acción contra las minas.

Emblema
Sólo algunas delegaciones mencionaron cuestiones relativas al emblema. Una expresó el deseo de que los asuntos pendientes relativos al emblema tendrían que resolverse rápidamente. Otras replicaron que ello había que hacerse de manera satisfactoria para todo el Movimiento. Algunos delegados observaron que la cruz roja y la media luna roja son ante todo los símbolos humanidad y de asistencia en favor de las personas que sufren.

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