La responsabilidad que tienen los delegados del CICR que visitan a las personas privadas de libertad a raíz de un conflicto armado internacional o de disturbios internos es poco envidiable. Durante las entrevistas sin testigos, a veces toman conocimiento de la comisión de infracciones graves del derecho internacional humanitario, como torturas o tratos arbitrarios, lo que les provocará un deseo incontenible de hablar, de denunciar públicamente a los autores de los abusos, con la esperanza de que se les ponga término lo más pronto posible. Esa actitud respondería a un reflejo natural muy entendible, pero que no necesariamente redundará en beneficio de las personas privadas de libertad. Los delegados también comprenden la importancia crucial que tiene el hecho de poder continuar efectuando visitas a los lugares donde se encuentran personas detenidas.

La presencia regular del CICR en lugares de detención le permite realizar su acción de asistencia y de protección, y actuar como intermediario entre el detenedor y el detenido a fin de que se mejore, si es necesario, el trato que éstos reciben y de garantizar el contacto entre las personas privadas de libertad y sus allegados. No obstante, el hecho de que el CICR trabaje discretamente detrás de escena nunca debería confundirse con docilidad o con colusión. El CICR hace gestiones muy vehementes ante las autoridades detenedoras en todo el mundo cuando las personas están detenidas en condiciones inferiores a las requeridas por la legislación pertinente. Si el CICR se abstiene de denunciar públicamente infracciones del derecho internacional humanitario, no es por temor o por negligencia, sino porque su experiencia de más de ciento cuarenta años le ha demostrado que su modalidad de trabajo basada en la persuasión, el diálogo y la diplomacia humanitaria es apropiada. Numerosas personas que estuvieron detenidas y fueron visitadas por delegados del CICR han sido testigos de las mejoras que la Institución puede negociar.

El particular énfasis que el CICR pone en el mantenimiento del acceso a las personas privadas de libertad a través del contacto directo con las partes beligerantes también deriva de su misión humanitaria única de proteger la vida y la dignidad de las personas afectadas por la guerra y los conflictos armados. A veces éstos hacen surgir los peores sentimientos humanos, y las personas privadas de libertad se vuelven por ello sumamente vulnerables. Ese fenómeno fue reconocido por los más de ciento noventa Estados Partes en los Convenios de Ginebra, así como por numerosas entidades. Muy respetado en su calidad de guardián imparcial del derecho internacional humanitario, el CICR tiene la autorización de controlar la situación de miles de lugares de detención en todo el mundo, a los que ninguna otra organización tiene acceso.

Eso no significa que el CICR esté en condiciones de erradicar toda violación del derecho internacional humanitario en todos los lugares donde está presente. Sin embargo, las denuncias públicas también tienen sus propios límites. En numerosas regiones donde el CICR efectúa su labor, la población no se interesa para nada en los detenidos y las declaraciones públicas pueden pasar inadvertidas. En otros casos, muchas organizaciones internacionales respetadas utilizan la presión del público para mejorar la situación, pero si no lo logran, el CICR seguirá tratando de estar presente, como en la última línea de defensa. El mayor temor de todo delegado del CICR es perder el contacto, sobre todo cuando los abusos son manifiestos.

De todos modos, la confidencialidad no es incondicional. En última instancia, el CICR se reserva el derecho de denunciar públicamente las violaciones del derecho internacional humanitario en las circunstancias siguientes: si las violaciones son graves y repetidas, si las gestiones del CICR no lograron que se les ponga término, si la denuncia pública es la medida más beneficiosa para las personas privadas de libertad, si los delegados fueron testigos directos de violaciones o si la autenticidad y la envergadura de éstas fueron documentadas de manera comprobable y digna de confianza. Aun cuando debiera utilizarse este último recurso, el CICR insistiría para mantener el acceso al lugar de detención a fin de proteger a las personas detenidas.

De manera general, el CICR sigue convencido de que su política de confidencialidad es la más beneficiosa para las personas privadas de libertad en todo el mundo. Donde están presentes, los delegados del CICR realizan su labor con dedicación, profesionalismo y coraje, y lo hacen en condiciones difíciles, dialogando con los detenidos, las autoridades, los interrogadores y la jerarquía militar y civil. Trabajan discretamente pero con dinamismo, suelen estar en la primera y en la última línea de la defensa en favor de las personas detenidas a raíz de un conflicto armado, esforzándose tenazmente, detrás de la escena, para proteger la vida y la dignidad humanas.