De acuerdo con la exposición de motivos, esta iniciativa pretendía diversos fines. Por una parte, se buscaba modernizar y actualizar la legislación penal existente desde 1980, con el fin de enfrentar las nuevas realidades políticas, sociales y económicas de la sociedad. De otra parte, se pretendía unificar la dispersa legislación penal existente en un cuerpo de "derecho penal fundamental" sistematizado y coherente. Finalmente, se quiso adecuar la normatividad penal con los principios y postulados trazados por la Constitución Política de 1991 y con los compromisos adquiridos por Colombia frente a la comunidad internacional, particularmente en materia de derecho internacional humanitario.

La Constitución Política de 1991 introdujo profundos cambios institucionales, políticos y sociales. En materia de derecho internacional humanitario, concedió un nivel privilegiado a las normas internacionales que rigen esta materia, así como a los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano que incorporan esta normatividad. Así lo ha interpretado la Corte Constitucional en diferentes sentencias reiterando la importancia de un desarrollo legislativo que implemente las medidas internas necesarias en materia de derecho internacional humanitario.

Por otra parte, los compromisos internacionales asumidos por Colombia en materia de derecho internacional humanitario no pueden cumplirse satisfactoriamente sin una adecuada legislación penal que tipifique las infracciones graves contra esta normatividad internacional.

Además de los preceptos constitucionales y de los compromisos internacionales asumidos por Colombia en materia de derecho internacional humanitario, el legislador consideró la grave situación humanitaria del conflicto armado interno colombiano, y aprobó el Código Penal propuesto por el Fiscal, el cual incluye un título sobre "Delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario". Este título consagra una serie de tipos penales que describen y sancionan aquellas conductas que representan las infracciones más graves a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos Adicionales de 1977.

A continuación se analizará el nuevo Código Penal y su relación con el derecho internacional humanitario en el contexto colombiano. En una primera parte, se hará referencia a los compromisos del Estado en materia de derecho internacional humanitario tanto a nivel interno (principios constitucionales) como a nivel internacional (tratados internacionales). En una segunda parte, se estudiará el contenido mismo del Código Penal en materia de derecho internacional humanitario, su ámbito de aplicación y sus diferentes tipos penales en relación con las reglas de derecho internacional humanitario aplicables en un contexto de conflicto armado no internacional.