''La persistencia en el empleo de detenidos como cargadores para las fuerzas armadas es motivo de grave preocupación desde el punto de vista humanitario. Las acciones de las autoridades también han dado lugar a inmensos sufrimientos entre miles de personas en zonas afectadas por el conflicto", dijo el señor Kellenberger. "El CICR ha llamado repetidamente la atención respecto de estos abusos, pero las autoridades no han puesto término a éstos".

Las conclusiones resumidas más abajo, se basan en observaciones hechas por delegados del CICR y en numerosas denuncias de abusos recogidas por el CICR durante sendas entrevistas mantenidas en privado con miles de civiles y detenidos, principalmente entre 2000 y 2005. Los abusos sistemáticos contra detenidos y civiles son la principal causa de grave preocupación.

Abusos contra los detenidos

Cada año, bajo sistema carcelario establecido por el Gobierno, miles de detenidos han sido obligados a apoyar a las fuerzas armadas prestando servicio como cargadores. Esta práctica institucionalizada y generalizada ha dado lugar frecuentemente a situaciones de abuso de los detenidos y los ha expuesto a los peligros del conflicto armado. Muchos detenidos empleados como cargadores han sufrido agotamiento y malnutrición y han sido objeto de tratos degradantes. Algunos han sido asesinados.

''Actualmente, a pesar de las numerosas protestas del CICR, aún persiste la práctica conocida como transporte de cargas. Es una violación grave de varias disposiciones del derecho internacional humanitario", dijo el señor Kellenberger.

Abusos contra los civiles

Las fuerzas armadas de Myanmar han cometido repetidamente abusos contra hombres, mujeres y niños que viven en comunidades afectadas por el conflicto armado a lo largo de la frontera de Tailandia y Myanmar. Entre otras cosas, han cometido abusos se cometen abusos como la destrucción de gran envergadura de suministros de víveres y de medios de producción. Las fuerzas armadas han restringido severamente la libertad de circulación de la población en estas zonas, imposibilitando a muchos aldeanos efectuar la labranza en sus campos. Esto ha tenido importantes repercusiones en la economía, y ha agravado la situación de índole humanitaria, que ya era precaria. Además, las fuerzas armadas han cometido numerosos actos de violencia contra las personas que viven en estas zonas, incluido el homicidio, y las han sometido arbitrariamente a arrestos y detenciones. También han obligado a los aldeanos a apoyar directamente las operaciones militares o a abandonar sus viviendas.

El comportamiento y las acciones de las fuerzas armadas han propiciado un clima de miedo constante entre la población y han obligado a miles de personas a aumentar el número de las personas desplazadas en el interior del país o a huir al extranjero.

''Los repetidos abusos cometidos contra hombres, mujeres y niños que viven en la frontera entre Tailandia y Myanmar violan muchas disposiciones del derecho internacional humanitario '', declaró el señor Kellenberger.

La negativa del Gobierno a entablar un diálogo

''A pesar de las repetidas solicitudes del CICR, las autoridades han rechazado constantemente entablar un debate serio sobre estos abusos, a fin de ponerles término", dijo el señor Kellenberger. También, restricciones cada vez más severas impuestas la CICR por el Gobierno han imposibilitado al personal de la Institución desplazarse independientemente en las zonas afectadas y han obstaculizado la prestación de ayuda con fines estrictamente humanitarios y apolíticos. Desde finales de 2005, las autoridades también impidieron al CICR efectuar visitas a lugares de detención según las modalidades de trabajo de la Institución, entre las cuales figura la de efectuar entrevistas en privado con los detenidos.

''El continuo estancamiento del diálogo con las autoridades ha llevado al CICR a tomar la excepcional medida de dar a conocer públicamente sus preocupaciones", expresó el señor Kellenberger. "La Institución emplea preferentemente el diálogo confidencial y bilateral como medio para lograr resultados. Sin embargo, esto supone que las partes en un conflicto tienen la voluntad de entablar un debate serio y tener en cuenta las recomendaciones del CICR. Esto no ha sido así con las autoridades de Myanmar y, por eso, el CICR ha decidido expresarse públicamente".

"Insto al Gobierno de Myanmar a poner término a todas las violaciones del derecho internacional humanitario y a velar por que no se repitan", dijo, por último, el señor Kellenberger. "También quiero recordar a todos los Estados Partes en los Convenios de Ginebra su obligación, en virtud del artículo 1, de respetar y hacer respetar los Convenios".


El CICR está dispuesto a hacer cuanto sea posible para proseguir sus actividades humanitarias en favor de las personas que requieren asistencia en Myanmar, de conformidad con su cometido reconocido internacionalmente en los Convenios de Ginebra, los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y de conformidad con sus modalidades habituales de trabajo.